Asociación de víctimas del franquismo Geureak 1936. Las víctimas del franquismo irán a los tribunales para reclamar las ayudas
elcorreodigital - 24 de septiembre de 2004

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GUERRA CIVIL. Exhumación de víctimas en Elgeta. / MIGURA

Los afectados, que se reunieron ayer con el Ararteko, anuncian un millar de recursos contencioso-administrativos

C. BENITO/BILBAO

La asociación de víctimas del franquismo Geureak 1936 anunció ayer su propósito de acudir a los tribunales para reclamar las compensaciones que ha denegado el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Los responsables del colectivo, que se reunieron con el Ararteko para exponerle sus quejas, estiman que esta iniciativa dará lugar a un millar de recursos contencioso-administrativos. «Esto prolongará la situación por un periodo de, al menos, tres años -lamentaron- con lo que previsiblemente fallecerá una buena parte de las víctimas, que, como es bien conocido, son personas mayores de 85 años».

La mayor parte de los solicitantes de las ayudas ha olvidado hace tiempo aquella ilusión inicial, alentada por el Gobierno autónomo con el decreto de compensaciones por privación de libertad, y siente ahora un profundo desánimo ante la evolución de los acontecimientos. El departamento de Javier Madrazo anunció en mayo que, de los 8.680 ciudadanos que habían solicitado una asignación, sólo 2.529 (el 29%) iban a disfrutarla finalmente. El resto -añadió el consejero- no recibiría el dinero esperado, sino sólo una carta en la que se explicaba el porqué de la denegación, con un plazo de un mes para recurrir.

«Costosa campaña»

A lo largo de julio y agosto, una vez llegada la comunicación oficial, cientos de afectados acudieron a interponer los correspondientes recursos de alzada. A falta de un dato oficial, Geureak calcula que se tramitaron unos 2.000. «El Gobierno tenía un plazo de respuesta de tres meses, que se está cumpliendo en este mes de septiembre, y que sepamos nadie ha recibido contestación -critican-. Nos vemos abocados al contencioso-administrativo». Fuentes del colectivo no descartaron la posibilidad de emprender también acciones civiles contra Madrazo.

«Es muy duro tener que ir con un abogado a pedir algo que te han ofrecido», resumió ayer una portavoz de la asociación, tras recordar que las solicitudes se multiplicaron por «la costosa campaña publicitaria» que llevó a cabo en su momento Asuntos Sociales.

El propio consejero admitió en mayo que «el quid de la cuestión» es, en la mayoría de los casos, la falta de documentación que permita justificar la privación de libertad, pero añadió que su departamento «no tiene la solución porque tampoco tiene la competencia en esta materia». Los 2.529 solicitantes que sí obtuvieron el visto bueno han cobrado una media de 8.200 euros, después de que el Gobierno vasco sextuplicase la dotación inicial para hacer frente al desembolso: de los 3,6 millones de euros previstos, se pasó a 21. «Si es preciso ir más allá, estamos en buena disposición, pero habrá que hacerlo en colaboración con el Estado», planteó Madrazo.