DESAPARECIDOS. APROXIMACIÓN A UN TRATAMIENTO
COLECTIVO DE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
José Mª Pedreño - Presidente de Foro por la Memoria - Madrid, 2 de julio de 2003
Si bien, desde hace unos años, diversas asociaciones habían
estado trabajando sobre la Recuperación de la Memoria Histórica,
es Emilio Silva quien hace tres años, empecinado en encontrar
los restos mortales de su abuelo, pone en evidencia, al localizar
y exhumar su cadáver de la fosa común donde se encontraba,
uno de los muchos problemas que la llamada transición española
dejó sin resolver: los desaparecidos de la Guerra Civil Española
y la dictadura franquista. Durante los primeros años posteriores
a la muerte del General Franco, ya se habían realizado numerosas
exhumaciones y recuperaciones de desaparecidos y fusilados
y, desde las instituciones, se organizaban y se impulsaban
exposiciones y actos públicos para divulgar el conocimiento
de la Guerra Civil. A partir de 1981, coincidiendo con la
intentona golpista del '23-F', un manto de silencio se arroja
sobre nuestra historia reciente y no se vuelve a hablar de
ello -fuera de círculos académicos y pequeñas asociaciones
empeñadas en esta tarea- durante años. Sin querer obviar a
organizaciones que venían reivindicando nuestra Memoria anteriormente,
la excavación que se desarrolló en Priaranza del Bierzo (León)
supuso para la Memoria Histórica la entrada en una nueva dimensión.
Todo el movimiento se vio fortalecido y se abrieron nuevos
cauces de conocimiento y participación de la sociedad gracias
al impacto mediático de este hecho.
A partir de aquellos hechos, miles de familias que nunca supieron
que ocurrió con los suyos, empezaron a buscar afanosamente,
dando pié para que se fundase la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica. Esta asociación nació con el objetivo
de crear marcos adecuados para que los familiares -y otras
personas de buena fe- se organizasen. Desde ese momento, cada
vez un número mayor de personas se ha involucrado en esta
noble tarea y otras asociaciones, con fines similares, se
han unido a ella, desde distintos enfoques y con matices diferenciadores
respecto a como acometer el trabajo, pero todos con el mismo
talante positivo con el que ARMH comenzó su andadura. Sin
embargo, la localización de fosas comunes en lugares recónditos
y el efecto social de las exhumaciones ha dejado en segundo
lugar otras cuestiones -muy importantes también- a tener en
cuenta, para abordar este problema.
Para situar las cosas en su verdadero contexto, deberíamos
hablar, más que de desaparecidos, de todas las víctimas causadas
por el bando franquista durante y después de la guerra civil.
Esto situaría el asunto circunscrito a una dimensión mayor,
que nos permitiría poder establecer objetivos claros y concisos
que dieran la posibilidad de crear, también, marcos más amplios
de actuación capaces de involucrar a un mayor número de personas
e instituciones. Y no es que estemos poniendo el problema
de los desaparecidos en segundo lugar, sino que pensamos que
son una parte de la historia que tenemos que rescatar, pero
no su totalidad. Con esto no se quiere obviar el trabajo realizado
hasta la fecha por numerosos colectivos, pero sí intentar
aclarar que si no partimos de un tratamiento global del problema,
difícilmente podremos dar soluciones que vayan más allá de
unos pocos casos aislados. Si centramos la cuestión en las
víctimas causadas por un solo bando, es por que el bando franquista
-salvo casos excepcionales a los que también se debe dar respuesta-
realizó esta labor con sus partidarios que habían sufrido
lo que, desde sus filas llamaron, 'terror rojo'.
A nuestro entender, una vez definido el problema global, deberíamos
situar toda la cuestión sobre los tres pilares fundamentales
o aspectos en los que creemos debe descansar toda actuación
de justicia histórica -nos referimos a los aspectos humanos,
los culturales y los políticos- y establecer, al mismo tiempo,
los distintos colectivos afectados por la represión.
Si bien, y de forma obvia, la vulneración de los derechos
humanos de los represaliados políticos es un hecho de sobra
conocido, queremos acentuarlo por que aún no ha sido reconocido
por el conjunto de la sociedad española, ni sus instituciones,
quedando los asesinos impunes no sólo ante la justicia, sino
ante la Historia.
La Guerra Civil Española fue el resultado de un golpe de estado
fracasado contra el régimen democrático republicano del que
el Pueblo Español se dotó el 14 de abril de 1931. Este golpe
fue iniciado por una trama militar y civil, que venía conspirando
desde el advenimiento de la II República y financiado por
los poderes económicos occidentales, la Italia fascista de
Mussolini y la Alemania Nazi.
En un primer momento, la violencia ciega y la venganza se
dan cita en un apocalíptico baño de sangre que viste de luto
miles de pueblos y ciudades españolas. El terror se da cita
en ambos campos contendientes, pero de forma muy distinta.
Mientras en la zona que queda bajo control del gobierno legal
de la II República, es la violencia de las masas la que provoca
el llamado 'terror rojo' y son, en numerosas ocasiones, individuos
o grupos aislados los que asesinan sin compasión a los presuntos
partidarios de los militares sublevados, en la zona donde
dominan los militares sublevados y sus aliados, el terror
se ejerce de arriba hacía abajo, con la dirección, connivencia
y apoyo de las autoridades. La violencia que se genera en
la zona gubernamental no es aprobada por las autoridades y,
una vez reconstruidas las instituciones y las fuerzas de orden
público republicanas, que habían quedado deshechas tras el
alzamiento militar, el llamado 'terror rojo' desaparece y
se suspende la aplicación de la pena de muerte. En el bando
sublevado, las cárceles, los campos de concentración, el trabajo
forzado, el exilio, la tortura, las vejaciones y la muerte
son los destinos de cientos de miles de personas leales al
gobierno republicano. El olvido de las víctimas y la exaltación
de los verdugos son el reflejo actual de la victoria de los
fascistas.
En la zona sublevada, los militares rebeldes, mediante bandos
y órdenes concretas, impulsan el exterminio de toda oposición,
tanto real, como posible. Los primeros meses, la represión
se desarrolla de forma indiscriminada y sin juicio previo;
las víctimas son -literalmente- secuestradas de sus casas
y asesinadas en lugares desconocidos. En 1937, para dar un
aspecto de legalidad a estos asesinatos, los militares rebeldes
empiezan a usar la formula del 'Procedimiento Sumarísimo de
Urgencia', condenando a muerte a miles de personas por el
simple hecho de estar adscritos o pertenecer a organizaciones
democráticas. Estos juicios eran una autentica comedia en
la que no existía ninguna garantía legal para el procesado.
Desde el inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936,
hasta la muerte del general Franco miles de personas fueron
asesinadas por este procedimiento. Transcurridos 28 años desde
la muerte del dictador no se ha dado posibilidad a las familias
de saber que ocurrió con los suyos, ni de recuperar sus cadáveres
y tampoco se ha dado una respuesta a la sociedad española.
Existe un profundo desconocimiento del alcance y magnitud
de la represión y, además, se ha perpetuado la memoria de
los asesinos transformándoles en héroes y benefactores.
Una primera violencia asesina se usó contra los demócratas
que vivían en las zonas sublevadas. Nuestra experiencia en
provincias como Burgos, Segovia, Valladolid, Ávila, Navarra,
Sevilla, Cádiz, Granada, etcétera, dónde triunfó inicialmente
el alzamiento militar fascista, es de que se habían preparado
previamente 'listas negras' para aniquilar violentamente,
en los primeros momentos, a todos los dirigentes políticos
y sindicales que pudieran articular la oposición al golpe
de estado. Normalmente, una comisión compuesta por el párroco,
la autoridad correspondiente de orden público y una persona
de orden (normalmente un terrateniente o el jefe de Falange
de la localidad), deciden sobre la vida y la muerte. Curiosamente,
en los 'Procedimientos Sumarísimos de Urgencia' son los informes
de las mismas personas los que determinan la condena o salvación
del reo. Los desaparecidos son sacados de sus casas, normalmente
a altas horas de la noche, por fuerzas de orden público y/o
falangistas y son asesinadas y enterradas en descampados,
montes, bosques e incluso en tumbas anónimas de cementerios.
Conforme avanza la guerra y, después de la misma, la forma
de asesinar a los opositores políticos se fue sistematizando.
En 1975, poco antes de morir el General Franco, son dictadas
las últimas sentencias de muerte. Pero la violencia no se
ejerció exclusivamente mediante el asesinato, cientos de miles
de personas pasaron por los campos de concentración, los batallones
de trabajadores forzosos y las cárceles o fueron al exilio,
donde los padecimientos no fueron, en muchas ocasiones, menores.
Una primera aproximación al problema, nos hace separar a las
víctimas en distintos colectivos con el objetivo de analizar
la vulneración de los derechos fundamentales de cada unos
de ellos, tanto durante la guerra, la dictadura y la actualidad.
Nos encontramos ante una situación en la que se han vulnerado
reiteradamente, a lo largo de 67 años los derechos humanos
de todas estas personas y las de sus familiares, tanto antes
de 1948, como después.
Para establecer los distintos grupos de víctimas hemos realizado
el siguiente esquema:
- Desaparecidos y asesinados.
- Presos Políticos.
- Prisioneros en campos de concentración.
- Prisioneros usados como esclavos
- Soldados desaparecidos
- Guerrilleros antifranquistas
- Militares y fuerzas de orden público leales al Gobierno
republicano.
- Exiliados
- Niños de la guerra
- Españoles muertos en campos de concentración nazis como
resultado de acuerdos entre las autoridades españolas
franquistas y alemanas.
- Españoles obligados a enrolarse en la Legión Extranjera
muertos y desaparecidos en Indochina y Argelia.
- Españoles caídos en la Resistencia Francesa y en todos
los campos de batalla de la II Guerra Mundial luchando
junto a los aliados.
- Familiares de todos ellos
Una vez situado el problema en un contexto más amplio, debemos
pensar en todo el conjunto de víctimas de forma colectiva.
Es un problema humano, colectivo, social y político, por eso
debemos dar una respuesta humana, colectiva, social y política.
El primer problema con el que nos encontramos es con la vulneración
del derecho de igualdad. Por parte del Gobierno Español no
se está dando el mismo tratamiento a las personas desaparecidas
durante la guerra civil y la dictadura que a las personas
desaparecidas en la actualidad. Pero no sólo eso, los acuerdos
parlamentarios de 20 de noviembre de 2002 vulneran los tratados
internacionales ya que, al poner la legitimidad de la reclamación
en manos de las familias, pasan por encima del principio de
igualdad al no dar solución a las víctimas que no están siendo
reclamadas por nadie. Es por eso que no deben ser las familias
las únicas que deben dar legitimidad a la búsqueda de los
desaparecidos, sino la sociedad en su conjunto. Por lo tanto,
las iniciativas deben partir de las instituciones con la participación
de todos los implicados: familiares, organizaciones de derechos
humanos, asociaciones, universidades, partidos políticos y
sindicatos.
Hasta ahora, no se están poniendo los medios necesarios para
dar solución al problema. El acuerdo parlamentario de 20 de
noviembre de 2002, ha quedado en una gran declaración de intenciones
que no ha servido absolutamente para nada al no obligar, de
forma expresa, a las instituciones a facilitar la tarea. La
negativa en las Cortes, por parte del PP, para crear las partidas
presupuestarias que posibilitasen esta labor, sitúa al Gobierno
negando el derecho a la dignidad a estas personas.
El hecho de que la mayor parte de las víctimas del fascismo
perteneciesen, bien por sensibilidad, bien por simpatía o
afiliación, a organizaciones sociales, sindicales y políticas
contrarias al bando vencedor de la guerra civil, hace que
el gobierno esté dando distinto tratamiento a los caídos del
bando franquista (cuyos cuerpos fueron localizados y enterrados
dignamente durante la dictadura) que a los caídos del bando
que perdió la guerra. Con esto, el Gobierno, está negando
derechos fundamentales al hacer distinciones respecto a la
opinión política de los desaparecidos. El derecho a la libre
opinión política no fue respetado por los militares rebeldes,
ni está siendo respetado por las actuales autoridades españolas.
En este sentido debemos mostrar un profundo respeto por las
ideas de las víctimas. Los ideales políticos de las víctimas
deben prevalecer sobre los de los demás actores implicados.
Este hecho es fundamental a la hora de abordar el problema.
Los familiares deben entender que, independientemente se su
pensamiento político actual, sus seres queridos asesinados
por los fascistas eran defensores de la legalidad republicana,
normalmente anticlericales y de izquierdas y, por tanto, llevarles
al cementerio acompañados por un sacerdote católico, enterrarles
bajo una cruz y no recordar las ideas que defendieron es asesinarles
nuevamente.
El derecho a la vida, la libertad y la seguridad fue negado
a todos los desaparecidos y a sus familias que no sólo sufrieron
la perdida de los suyos, sino que además sufrieron toda clase
de persecuciones y vejaciones. Los militares sublevados no
respetaron ni a sus opositores políticos, ni a sus familiares.
La tortura, el trato cruel y degradante fue aplicado tanto
a las víctimas directas como a sus familias. La justicia reparadora
debe encontrarse en el guión de elementos que componen la
solución del problema.
La actuación de los jueces hasta la fecha, obviando y archivando
las denuncias para proteger estos enterramientos, y proceder
al rescate e identificación de los restos humanos que están
en ellos vulnera, de forma flagrante, el derecho a la igualdad
de protección de la Ley. Se necesitan establecer normativas
adaptando los tratados y leyes internacionales al problema
español, mientras que no se haga así, deben prevalecer las
normas y tratados firmados por el Estado Español. Los jueces
que no apliquen las normativas internacionales suscritas por
nuestro Estado deben ser denunciados y procesados por no actuar
debidamente.
El reconocimiento colectivo a todas estas personas, los homenajes
y la divulgación de su historia y procedimientos empleados
en su recuperación deben ser la conclusión final a la que
debemos llegar en cada actuación. La participación de especialistas
en diversas disciplinas, el informe final elaborado con las
aportaciones de cada uno de ellos, su publicación, la creación
en cada lugar donde ocurrieron hechos similares de monumentos
y pequeños museos dedicados a la lucha antifascista, deben
ser el resultado final y deseable.
Foro por la Memoria ha decidido, yendo más allá, promover
métodos de trabajo que nos den la posibilidad de solucionar
el problema de forma colectiva y social. Las excavaciones
no pueden seguir siendo un mero ejercicio de cambiar de lugar
unos restos mortales, eso es matar a las victimas dos veces
y sepultarlas definitivamente en el olvido. Hay que rescatar
su historia, sus pensamientos, sus ideales, ponerlos en primer
lugar y divulgarlos. La transparencia en el trabajo, el respeto
a los tratados internacionales, la creación de estructuras
colectivas y el tratamiento global del problema para dar respuesta
a todos los olvidados son el único y legítimo camino para
devolver la dignidad a todos ellos y al Pueblo Español.
José Mª Pedreño
Presidente de Foro por la Memoria
Madrid, 2 de julio de 2003
|