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Identidad democrática y herencia fascista
Pedro A. García Bilbao - 4 de diciembre del 2003 - Rebelión

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En diciembre de 2003 se cumplen 25 años de la proclamación de la actual Constitución Española. Una constitución supuestamente hecha por consenso pero en cuya elaboración no pudieron participar los republicanos españoles pues sus partidos no fueron legalizados a tiempo y no pudieron concurrir a las elecciones de 1977. Una constitución que el Rey no ha jurado, pues su proclamación como Rey no fue mediante un compromiso de acatamiento a la libertades del pueblo expresada en el texto constitucional que ahora se recuerda, sino algunos años antes a través de su genuflexión a los designios del dictador en un vergonzoso acto de acatamiento. El actual régimen democrático en España sí es legítimo por algo no es por aquella constitución redactada bajo mínimos y desde el olvido y la coacción. Lo será, si acaso, pues, tras la disolución del gobierno legítimo de la República Española en el exilio, ocurrido en el verano de 1977, la restauración borbónica pasó a ser el único gobierno de hecho del Estado Español; como quiera que pese a todas sus imperfecciones ese gobierno se configuró como un estado democrático, desde entonces ha estructurado nuestra convivencia de forma efectiva. No se trata de un éxito de ese «estado», en el que tanto hay de continuísta con el anterior régimen, sino de un éxito del pueblo en su conjunto, que ha sabido demostrar su voluntad y capacidad para vivir en democracia. Pero este actual régimen de la Transición que padecemos nos hace agradecer las libertades como si fueran un regalo y no una conquista, nos obliga al olvido de nuestra tradición de lucha y sacrificio por las libertades y condena al olvido más miserable a quienes entregaron sus vidas en el pasado por esos mismos valores.

En estos días del 25 aniversario no solamente la posición oficial del régimen de la Transición es que la historia de España empezó en 1977. Esto es algo a lo que estamos acostumbrados y que ha sido combatido de forma muy efectiva por la sociedad civil con el desarrollo de una intensa campaña ciudadana en defensa de la recuperación de la memoria histórica. Labor de la ciudadanía, pero también de los gobiernos autonómicos de Euskadi, Catalunya, Andalucia entre otros, además de numerosos ayuntamientos, que han asumido posiciones de claro compromiso con la tradición y la historia democrática colectiva. No se trata, decía, de que la posición oficial sea la de olvido a lo anterior a 1977, es algo mucho peor: En el último año hemos asistido a un sorprendente auge editorial de publicaciones de claro corte revisionista y neofascista y que han contado con nutrido apoyo de los medios de comunicación oficiales. El caso más flagrante es la generosa y anual subvención estatal a la Fundación Francisco Franco,que publica obras encaminadas a exaltar el genocidio franquista y lo califica de doloroso pero necesario, pero no es el único. Con fuerza inusitada, auxuiliada por la ingenuidad de un público no educado gracias a los olvidos de la Transición y a un continuo apoyo mediático, vivimos el éxito en ventas de libros supuestamente desmitificadores sobre la Guerra Civil pero que no son sino verdaderos mensajeros del odio.

Resulta curioso como desde esas posiciones neofranquistas se insiste en negar el carácter democrático de la IIª República Española y se estigmatiza a los antifascistas que lucharon ante la agresión germano italiana que apoyó a los golpistas fracasados de julio de 1936, por nutrirse de todas las fuerzas políticas con sensibilidad y respeto a los valores democráticos y de la izquierda en su más amplio sentido, en un abanico político tan amplio como el que dio la victoria a los aliados frente al Eje en la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española (GCE) mantiene todavía un enorme poder simbólico y pedagógico: en ocasiones hay que elegir, o con el fascismo o contra él.

¿Por qué ese odio actual a la memoria de la República Española? Hay una explicación clara a este fenómeno: el enorme complejo de inferioridad del fascismo hispano; para instalarse en el poder tuvieron que proceder a un verdadero genocidio entre la población española y luchar en una cruenta guerra civil iniciada por los enemigos del régimen constitucional republicano, guerra en la que sólo vencen con ayuda extranjera de la Alemania Nazi y la Italia fascista, además de la errónea política de apaciguamiento frente a Hitler practicada por los gobiernos británicos de la época y que dejó indefensa a la República española frente a los chacales.

No podemos dejar de reparar en el hecho de que una de las principales acusaciones que se realizan sobre las fuerzas democráticas de los años de la República y que realizan estos neofascistas actuales es criticar de forma desaforada la huelga general revolucionaria de 1934. Lo que no fue sino un movimiento defensivo de los sectores de vanguardia del movimiento obrero de la época ante el peligro real de vaciado fascista de las instituciones democrática y que se consideró que debía atajarse con una movilización clara y rotunda, se convierte así en prueba de que la república debía ser destruida. Un hecho que une a los huelguistas asturianos de octubre de 1934 con los insurrectos de Viena de febrero de ese mismo año, movilizados a la desesperada contra la deriva neofascista de su país, es visto por estos falsos demócratas como prueba de cargo. Podemos comprender que se diga que tales acciones fueron un error, sobre todo en el caso español, pero afirmar que no son comprensibles desde una óptica antifascista en una época histórica como aquella es faltar a la verdad. Con esa lógica revisionista un movimiento insurrecional contra la República de Weimar el mismo día que Hitler fue nombrado primer ministro o en los días previos a que Mussolini suspendiera la Constitución italiana también sería «condenado» por estos exquisitos demócratas que critican a la República Española pero disculpan y comprenden al franquismo.

Lo cierto es que los fascismos de otros países europeos se instalaron con poca oposición efectiva y sólo pudieron ser derribados en el marco de la Segunda Guerra mundial; el fascismo español, la variante local de este fenómeno de la europa de entreguerras, por el contrario, necesitó acumular una inmensa pila de cadáveres de sus propios compatriotas para vencer e instalarse en el poder. En ese sentido la lucha del pueblo español frente al fascismo y la de todas sus históricas organizaciones políticas y sindicales democráticas y populares constituye un elemento imprescindible para su identidad democrática colectiva, pasada, presente o futura; defender públicamente los valores democráticos que hoy son la base de nuestra convivencia hubiera bastado para encontrarse frente a un piquete de ejecución de los verdugos de Franco. Frente a a esta identidad democrática compartida, los mensajeros del odio neofascista no consiguen encontrar otra línea argumental que atacar y calumniar a la memoria de la República y a los republicanos, a la izquierda en todas sus organizaciones y tradiciones y en cantar loas al dictador y justificar una y mil veces sus crímenes contra el pueblo español. Su mensaje falsea de forma extrema la realidad histórica y hace lo imposible por identificar derecha con fascismo e izquierda y demócratas con sangre y caos; pretenden escribir desde posiciones supuestamente democráticas para luego concluir que, en realidad, no hubo demócrata alguno durante la República y que la guerra civil y el genocidio posterior fueron «necesarios», el «castigo justo» a los errores del pueblo español en su aberrante visión de la historia colectiva. Imaginemos lo que podría ocurrir si alguien se atreviera a decir en cualquier país europeo de los que fueron ocupados por los nazis que la deportación a los campos de concentración no fue tan cruel porque muchos de los así fallecieron «eran criminales», pues eso mismo ha afirmado en la televisión pública en hora de máxima audiencia sin que en la España del Partido Popular haya ocurrido nada.

Constituye un hecho muy preocupante que un partido de gobierno como el Partido Popular comprenda y justifique la violencia y el genocidio franquista fomentando el olvido y el desprecio institucional a las victimas del fascismo. En el Homenaje a las Víctimas del fascismo convocado para los primeros días de Diciembre en Las Cortes, el Partido Popular no estará presente y gracias a su voto en contra el homenaje no tendrá carácter oficial. Si eso ocurre enlodando las instituciones democráticas, la deriva neofranquista del Partido Popular encuentra su mejor prueba en el apoyo en los medios de comunicación públicos, y en algunos privados de su área de influencia, a obras de propaganda neofascista de nulo valor historiográfico, relectura actual de las consignas de Serrano Suñer para calumniar y descalificar a la asesinada República Española, o de ese monumento a la mentira y a la infamia que es la «Historia de la Cruzada» de Joaquín Arrarás y Ciriaco Pérez-Bustamante publicada en los años 50 bajo los auspicios del régimen genocida del ex-general Franco.

Que en la Europa democrática del siglo XXI se empleen los mismos recursos a la infamia y a la calumnia a quienes dieron sus vidas en defensa de la democracia y la libertad frente al fascismo, que los empleados por los regímenes nazi-fascistas contra sus enemigos, y que todo ello se haga con dinero público o comprensión y apoyo desde el gobierno es algo imposible de comprender fuera de nuestras fronteras y que situa al Partido Popular como una fuerza de corte neofascista, aunque eso sí, en su variante reaccionaria española envuelta en el papel couché de un centrismo que a nadie engaña. Los 25 años de constitución no han calado en quienes nunca defendieron la democracia y tuvieron ellos o sus padres un lugar cara al sol del régimen genocida.

Es doloroso constatar que la única idea de España que es defendida públicamente desde el poder central es la heredada del franquismo y que coincide con la de los autores de las obras revisionistas que tanto dan que hablar en estos días. Al desterrar la memoria de la República se ha perdido la posibilidad imaginar una España democrática y respetuosa con los pueblos y naciones que la componen, un espacio de ciudadanía compartida y sentida como propia por todos. Al pretender imponer un modelo de España sobre el aplastamiento de la memoria individual y colectiva lo único que se ha logrado es sembrar la confusión y favorecer la disgregación. Hace tres años -sírvanos de muestra- se celebró en Irún un acto de homenaje y recuerdo a Don Luis Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, refugiado en Francia tras la derrota republicana en 1939 y detenido por la Gestapo durante la ocupación nazi. Companys fue entregado por los nazis a la policía franquista y posteriormente ejecutado. A ese acto de homenaje acudieron todos los partidos políticos democráticos de ámbito estatal (PSOE, I.U., Catalunya y Euskadi, y contó con el apoyo de los gobiernos vasco y catalán. El Partido Popular no acudió, el gobierno de España no acudió; el mensaje es claro, se sienten herederos de los asesinos de Companys, aunque no les parece conveniente decirlo abiertamente.

Si existe una derecha democrática en la España actual, con una visión conciliadora de la nación y que no se sienta ligada ni complice del horror franquista es el momento de que se pronuncie publicamente ante la oleada de revisionismo neofranquista que se vive. Es hora de asumir que la Ruptura Democrática está todavía pendiente y que la actual monarquía parlamentaria o rompe amarras con la herencia fascista que supura cada día por sus junturas o de lo contrario estará abriendo paso a la futura IIIª República. Federal, por supuesto.