La conciencia devuelta.
Por: Teodoro Rentería Arróyave - 2/10/2005

http://www.radioformula.com.mx/rf2001.asp?ID2=27605

A los queridos catalanes, Juan, Paquita, Meritxell, José y Gloría Vila.

Cataluña ha tenido que esperar 25 años para la determinación que supone la devuelta de la conciencia, esto es: el Archivo General de la Guerra Civil y la Represión, guardado hasta ahora por designio de la dictadura en Salamanca; documentos todos incautados, en momentos trágicos, a sindicatos, partidos políticos y particulares. Pese a los opositores, este ya es el camino abierto a la verdad histórica.

Es de recordarse que en 1977, según documentado estudio del diario La Vanguardia de Cataluñy, se crea la Sección de la Guerra Civil del Archivo Nacional de Salamanca, que incluye los documentos incautados por la dictadura franquista y los generados por el horror que representó el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. En 1979, los gobernantes en turno, Josep Benet y Antonio Senillosa por Cataluya con Manuel Fraga y Ricardo de la Cierva por el nacional, acordaron el retorno “con discreción" de los documentos a la Generalitat.

En nuestro reciente viaje por Cataluya, pudimos enterarnos que la Comisión de Expertos nombrada por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como consecuencia de sus estudios y análisis concluyó en la recomendación al Ministerio de Cultura de la devolución de todos los fondos documentales de la Generalitat, actualmente identificados como tales en el Archivo de la Guerra Civil, por considerar justas y legítimas las razones expuestas en el diferendo. Decisión ya avalada y hecha suya por el gobierno de Rodríguez Zapatero.

El conocimiento de la verdad siempre ha estado vedado a los pueblos. En el tiempo del caudillo sólo bastaba su orden para que se cumplieran las peores ignominias, exacto como ahora ocurre en México y en muchas naciones en las que se inventan leyes mordaza con nombres subyugantes, como la engañosa y supuesta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que nos impusiera la vergonzante LVIII Legislatura del Congreso de la Unión; para así “legalmente", los gobernantes en turno determinen a su conveniencia las informaciones susceptibles del conocimiento público y, las importantes, que consideren reservadas para evitar su difusión, cuando el derecho internacional ha determinado que toda información gubernamental, por así serlo, es patrimonio de los pueblos.

En 1992, La Generalitat denunció que sólo había recibido la mitad de los documentos copiados, ante esta situación en 1995, el Consejo de Ministros aprueba devolver a Cataluña los papeles de la Generalitat. Miles de salmantinos, convocados por su alcalde Jesús Málaga del Partido Socialista Obrero Español, se manifestaron en contra de la determinación gubernamental. Otro líder, Torrente Ballestes arengó a la multitud y defiendió el “derecho de conquista". El propio presidente José María Aznar del Partido Popular, aprovechó la situación y declaró que con la devolución se “pone en cuestión la estructura nacional". La ministra de cultura de ese entonces, Carmen Alborch (PSOE), creó una primera comisión de expertos para estudiar los documentos que habría que restituir. El PP ganó las municipales de Salamanca.

Definitivamente la decisión de la Comisión de Expertos, que preside el intelectual Federico Mayor Zaragoza, es también ampliamente beneficiosa para Salamanca puesto que recomienda la transformación del Archivo de la Guerra Civil y la Represión, concentrando en él toda la documentación dispersa –dentro y fuera de España, original o digitalizada- y dotarlo de todos los medios modernos para mejorar su actividad.

En 1999, se creo el Archivo Nacional de la Guerra Civil en Salamanca y su Patronato que presidió la ministra de Cultura, Maragall quien acusó al Gobierno de no haber logrado “dividendos culturales" de su pacto con el PP. En el 2001, se formó una comisión más para estudiar que documentos no referentes a la Guerra Civil pudieran ser devueltos. Los demás a la congeladora, como sucede actualmente en los países obligados ha imponerse leyes mordaza.

Con este informe, el controvertido caso de los papeles de Salamanca entra en su recta final, a pesar de los reaccionarios y encapuchados de siempre, tras más de un cuarto de siglo de reclamaciones, negociaciones, trampas, ardides y engaños. La Comisión de Expertos, después de una larga reunión celebrada en el Ministerio de Cultura, aprobó su resolución por 14 votos a favor y tres abstenciones. El resultado se destaca porque no hubo un solo voto en contra.

EN LA ESQUINA DE LA INFORMACIÓN. Los expertos finalmente concluyen, que su resolución debe de respetar dos principios: “La condena de las incautaciones de documentos con finalidad represiva y el derecho a la reparación del atropello", y “la salvaguarda de los derechos de las víctimas de la represión política, que hoy usan esa documentación para fines de reparación y la protección de los bienes culturales hoy concentrados en el Archivo de la Guerra civil". La enseñanza es más que significativa para todos los pueblos de la tierra, más aún para aquellos, que como México, les han impuesto leyes mordaza.

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