Casi un año del Decreto 334/2003 de Andalucía
Luis García - Foro por la Memoria - 10/11/2004

El presidente de la Comunidad Autonómica Andaluza, Manuel Chaves, anunciaba que por fin se hará un mapa donde estén indicados todas las fosas comunes y enterramientos aislados de quienes fueron fusilados por el fascismo en la guerra y la posguerra.

Por fin se daba un paso importante y muchas familias albergaban la esperanza de poder saber qué fue de sus seres queridos; por fin se iban a tener en cuenta los derechos humanos en nuestro país, los cuales durante tanto tiempo habían sido pisoteados por un régimen totalitario que siempre hizo caso omiso a derechos de los seres humanos como:

- EL DERECHO A SABER

- EL DERECHO A LA JUSTICIA

- EL DERECHO A LA REPARACIÓN

La luz se veía: no quedarían en la impunidad tantos crímenes contra la humanidad que afectaban a muchas familias y supervivientes de nuestro pueblo.

A partir de aquel momento se ponía en marcha un mecanismo para confeccionar un decreto se sirviera en Andalucía para recuperar la Memoria Histórica de todos aquellos hombres y mujeres que dieron sus vidas por la libertad y confeccionar un mapa autonómico donde estuvieran indicados todas las fosas comunes y enterramientos.

Empezaron a saltar a la prensa y demás medios de comunicación noticias tales como:

“La Junta no promoverá procesos por víctimas de la Guerra Civil",
Granada. 01/10/2003

La Consejería de Justicia advierte de la inviabilidad de la identificación masiva de los muertos

La Consejería de Justicia y Administración Pública del Gobierno andaluz tiene perfilado el borrador del decreto que el Consejo de Gobierno aprobará a finales del próximo mes de noviembre para regular los procesos de localización de fosas comunes de la Guerra Civil, la exhumación de los restos de las víctimas y el eventual traslado de éstos a cementerios.

En este proceso, el viceconsejero de Justicia, Jesús María Rodríguez, descarta que el Gobierno andaluz vaya a dar cobertura a procesos penales por crímenes de lesa humanidad. Aunque esta posibilidad aparece reflejada en un informe jurídico preliminar del Servicio de Justicia de la Junta de Andalucía, Rodríguez avanzó a este periódico que el decreto no contendrá ningún aspecto que permita abrir la vía judicial contra los autores de fusilamientos y promotores de desapariciones masivas, actuaciones delictivas que, como advierte el documento jurídico, no prescriben.

Es cierto que esa advertencia existe, pero en ningún caso tendrá reflejo en el decreto. No es eso lo que se persigue. La iniciativa del presidente de la Junta de Andalucía es recuperar la memoria histórica y reconocer a las víctimas y desaparecidos de la Guerra Civil y la posguerra', explicó el viceconsejero de Justicia.

La Consejería dispone de un informe técnico del Instituto de Medicina Legal sobre el modelo de actuación para los trabajos de exhumación de fosas comunes. El protocolo, según José María Gutiérrez, advierte de la 'enorme complejidad' e 'imposibilidad' de hacer identificaciones masivas de los restos óseos".

“Reunión en Sevilla del Foro por la Memoria con Julio Samuel Coca Blanes (Director General de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Junta de Andalucía)"
Sevilla (29-10-2003)

Sevilla (29-10-2003) - Julio Samuel Coca Blanes (Director General de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Junta de Andalucía) recibió en su despacho a José Mª Pedreño Gómez (Presidente de Foro por la Memoria) y a Luis García Bravo (Delegado de esta asociación en la Comunidad Andaluza)

El objeto de la reunión fue intercambiar impresiones respecto a la recuperación de la memoria histórica de los republicanos asesinados en Andalucía por la dictadura franquista y la entrega a la Junta, por parte de Foro por la Memoria, de un proyecto de trabajo para actuar en todas las provincias de esa comunidad autónoma. El proyecto, está basado en el método de trabajo desarrollado y puesto en práctica, por la asociación, en este año. El Protocolo de Foro por la Memoria parte de las recomendaciones de organismos internacionales para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad (ONU, Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional). Se desarrolla a través del trabajo colectivo de equipos multidisciplinares (historiadores, arqueólogos, antropólogos, abogados, psicólogos, documentalistas) apoyados por voluntarios.

El objetivo de Foro por la Memoria es dar un tratamiento global, respecto a la represión franquista, acometiendo el trabajo desde todos los aspectos (humanos, culturales y políticos) que se dan cita en la recuperación de la memoria histórica.

12 de noviembre de 2003
El borrador del decreto de las fosas comunes no contempla las exhumaciones salvo en casos excepcionales

El viceconsejero de Justicia se reunirá el próximo viernes con la asociación granadina que realizará el mapa de las fosas
GRANADA, 12 (EUROPA PRESS)

El borrador del decreto de la Junta de Andalucía para dignificar a las víctimas de la Guerra Civil en Andalucía, unas 15.000 personas, establece dos años para realizar un mapa de localización de las fosas comunes, el estudio y localización de los restos humanos, el esclarecimiento de los crímenes, y la colocación de monolitos o monumentos
conmemorativos, todo ello con una inversión de 300.000 euros previstos ya en los Presupuestos 2004, pero no contempla la exhumación de los cuerpos y su traslado a los cementerios, calificando de "excepcionales" tales actuaciones.
El texto provisional del decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que las exhumación de los cuerpos, una reclamación fundamental para las familias y las asociaciones sin ánimo de lucro que han impulsado la redacción del proyecto, se autorizarán de forma "excepcional", y sólo si cuentan con un informe previo del Comité Técnico de Coordinación que se designará para llevar a cabo el Plan de Actuaciones, y las autorizaciones judiciales y legales pertinentes.
La asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, que será con toda probabilidad la responsable de diseñar el mapa andaluz de fosas comunes donde se iniciarán las excavaciones, ha discrepado en este punto con la Consejería de Justicia y Administración Pública, al considerar que lo "excepcional" deberán ser aquellas exhumaciones que no se lleguen a realizar, ya que con este condicionante se hará imposible cualquier actuación reclamada por los familiares.
El viceconsejero de la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía, Jesús María Rodríguez Román, se reunirá el próximo viernes en Granada con el presidente de la mencionada asociación, Francisco González, para discutir éste y otros puntos, con los que en principio, el colectivo está disconforme.
Uno de los temas a debatir será la extensión del proyecto, previsto para dos años prorrogables, tiempo "más que insuficiente" en palabras de González, ya que serían necesarios ocho años, "dos para realizar el mapa de las fosas comunes, no sólo en Granada sino en toda Andalucía, y cuatro como mínimo para realizar las exhumaciones que nos permitan".
El tercer asunto que debatirán el próximo viernes será determinar si dicha asociación formará parte o no del Comité Técnico de Coordinación, aspecto que no aparece contemplado en el borrador del decreto, bastante ambiguo en este tema, donde se establece como miembros a las universidades andaluzas, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, "y aquellas entidades asociativas más representativas".
Para González, es "lógico" que su asociación esté presente en dicho Comité y en la toma de decisiones, "ya que seremos nosotros quien realice la ruta de las fosas", aunque no quiso entrar en detalles en cuanto a las subvenciones que por ello podrían percibir, "ya que sólo nos mueve la dignificación de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad".

40.000 DESAPARECIDOS

El borrador del decreto establece, según los trabajos de investigación llevados a cabo para la determinación de las consecuencias derivadas de la Guerra Civil, que murieron entre 600.000 y un millón de personas, 40.000 de las cuales, aproximadamente, fueron ejecutadas "sin juicio y hechas desaparecer, ocultando sus cuerpos en fosas excavadas por la noche, para enterrar en ellas el recuerdo de lo sucedido y la memoria de las personas".
Asimismo, menciona que el denominado "bando nacional" tuvo un tratamiento específico de exhumación y traslado de cadáveres a sus lugares de origen o al Valle de los Caídos, "mientras que las víctimas del bando republicano siguen en fosas comunes para imposibilitar el restablecimiento de su memoria con el paso del tiempo".
El texto insta a los familiares a canalizar sus peticiones a través de los ayuntamientos o de las asociaciones involucradas "para llevar a cabo de forma coordinada y operativa sus pretensiones", al tiempo que deja la puerta abierta para futuros convenios de colaboración en materia de investigación científica con las universidades de Andalucía, sin especificar si la de Granada liderará dichos proyectos.
El decreto, que entrará en vigor este mes, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, basa su legitimidad de actuación en la resolución de Naciones Unidas de la 'Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones forzosas', aprobado en diciembre de 1992, que contempla las investigaciones oportunas en cuanto se tenga conocimiento de personas desparecidas "sin que el tiempo transcurrido desde que se produjo la desaparición suponga un obstáculo".
En este sentido, el texto del borrador reconoce la "incompresión y el miedo" que han padecido las familias de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura del Régimen Franquista, estableciendo como objetivo de la Junta de Andalucía "poner fin a un olvido injusto e interesado por medio de la distorsión de lo sucedido, por haber ignorado o por la negación de los hechos".

14 de noviembre de 2003, 18h00
La Junta andaluza indemnizará hasta con 600.000 euros a los presos políticos de la Guerra Civil

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía aprobará en las próximas dos semanas un decreto por el que se indemnizarán con hasta 600.000 euros a los presos políticos andaluces que sufrieron entre tres meses y tres años de cárcel, durante la Guerra Civil española y la posguerra, unos 2.000.
El viceconsejero de Justicia de la Junta, José María Rodríguez, anunció en su visita a Granada, que dicho decreto, que contará con un presupuesto de seis millones de euros, supone una segunda
fase del aprobado en 2001, donde se indemnizó a los andaluces que estuvieron privados de libertad por un periodo superior a los tres años como consecuencia de su ideología política, con cantidades que oscilaron entre 661.000 y 915.000 euros.
Ante la "avalancha" de peticiones que se produjo, la Administración autonómica ha decidido ampliar el decreto inicial de forma que todos los represaliados durante la Guerra Civil o la Dictadura Franquista o en su defecto, sus herederos, que se quedaron fuera de las primeras indemnizaciones, puedan reclamar ahora un dinero que dependerá del número de meses en prisión y cuyo máximo será de 600.000 euros.
A partir de la aprobación del decreto y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se abrirá un plazo de dos meses para presentar las solicitudes, de forma que "con toda probabilidad se empezarán a pagar las primeras el próximo mes de enero", según el viceconsejero.
Rodríguez sostuvo que hasta la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ya han llegado "un buen número" de estas solicitudes, de las que 200 están en espera de aportar la documentación requerida, dados los problemas para acceder a ciertos archivos militares.
Las solicitudes, que deberán incorporar una fe de vida en caso de fallecimiento del subsidiario directo, se incorporarán a la base de datos ya existente en la Consejería y serán estudiadas de forma individual.
Este decreto será aprobado conjuntamente con otro que determinará las actuaciones a llevar a cabo en las ocho provincias andaluzas para la localización y exhumación "en su caso", de las fosas comunes donde fueron fusilados los andaluces del 'bando republicano'.

Ese primer borrador fue corregido y debatido en reuniones posteriores, viendo por fin la luz el 2 de diciembre de 2003 el Decreto 334/2003 de Andalucía para la recuperación de la memoria histórica.

Durante los primeros meses del año tuvieron lugar varias reuniones donde se fue conformando el Comité técnico que regiría dicho decreto

¿PERO QUÉ HA PASADO A PUNTO DE CUMPLIR UN AÑO EL DECRETO?
 
Al Decreto 334/2003 de 2 diciembre de 2003 para la recuperación de la Memoria histórica en Andalucía le falta escasamente un mes para cumplir un año, y salvo nombrar y asistir a las reuniones los representantes de las Asociaciones que han hecho propuestas y denuncias y han sugerido cómo organizar el asunto tienen las manos atadas pues nuestras asociaciones no pueden hacer más que lo que hacen con sus medios y con lo único que cuentan, el factor humano; los demás medios debe ponerlos la Administración a su alcance.

De no ser así todo se irá dilatando en el tiempo y quedará solo en un cúmulo de buenas intenciones y proyectos sin ejecutar.

Mientras existan estas dilaciones en el tiempo no se hará nada porque los pocos testimonios orales que quedan van desapareciendo por razones de edad; las fosas en que se han intervenido siguen sin solución alguna desde hace casi un año, y las exhumaciones hechas están durmiendo el sueño del olvido de nuevo en almacenes de cementerios, esperando soluciones burocráticas, judiciales y en algunos caso políticas del político local al que le da igual todo.

Por poner algunos casos de nuestra comunidad mas relevantes:

- Fosa común de El Bosque (Cádiz)

- Fosa común de Santaella (Córdoba)

- Cementerio de Cádiz (Capital), “La gran incógnita"

- Fosa del Cementerio de Ubrique (Cádiz)

Y un largo etc. que está parado debido a temas de ADN y lagunas legales, que solo hacen crispar a familiares, que no tuvieron bastante con sufrir las pérdidas de sus seres queridos, una represión sobre ellos hasta la transición por el mero hecho de ser familiares, y ahora se les da una ilusión en que creer y vuelta a esperar.

Creo que ya está bien. El decretó no servirá para nada mientras las lagunas legales no se solventen, mientras las informaciones no se comuniquen claramente con respecto al reconocimiento del ADN y mientras los políticos locales y ayuntamientos no ofrezcan todo el apoyo y medios a los familiares y a las asociaciones.

Las trabas legales, administrativas y políticas que existen en torno a los derechos humanos en nuestro país siguen igual. Se incumplen, como se ha dicho antes, derechos fundamentales del ser humano citados con anterioridad y los cuales forman parte del documento NIZKOR, el cual cuenta con el apoyo de nuestra asociación.

La inobservancia de los derechos de las víctimas y familiares de las víctimas de la represión franquista se enmarca en el contexto de la impunidad que aún hoy existe en España.

La impunidad.

La impunidad se define como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas".
[Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1997/20. 26 de junio de 1997, en adelante E/CN.4/Sub.2/1997/20].

El derecho a saber.

El derecho a saber, "No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo".

El deber de recordar

El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacioncitas".

El derecho de las víctimas a saber

Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima."
[E/CN.4/Sub.2/1997/20]

El derecho a saber conlleva también la necesidad de preservar los archivos. En relación a esta cuestión, el Principio 13 establece:

" Se deberán adoptar medidas cautelares para impedir el secuestro, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos en que se recogen las violaciones cometidas.

Derecho a la justicia.

En cuanto al derecho a la justicia, el Principio 19 establece:

" No existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia; el perdón es, sin duda, un factor importante de la reconciliación, pero supone, como acto privado, que la víctima o sus derechohabientes conozcan al autor de las violaciones y que éste haya tenido la posibilidad de reconocer los hechos y manifestar su arrepentimiento."

Los crímenes de la represión franquista tuvieron un carácter sistemático y a gran escala, lo que los convierte en violaciones graves a los derechos humanos no sujetas a la prescripción, esto es, el delito continúa y es susceptible de enjuiciamiento, o lo que es lo mismo, existe impunidad.

En relación con la imprescriptibilidad, el Conjunto de Principios dispone:

Restricciones a la prescripción

La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción.

La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme al derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles.

Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación."

Derecho a la reparación.

En cuanto al derecho a la reparación:

Derechos y deberes dimanantes de la obligación de reparar

Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor.

Procedimientos de recursos en solicitud de reparación

Tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria, toda víctima debe tener la posibilidad de ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz, que incluirá las restricciones que a la prescripción impone el Principio 27; en el ejercicio de dicho recurso, debe beneficiarse de una protección contra actos de intimidación y represalias.

El ejercicio del derecho a obtener reparación comprende el acceso a los procedimientos internacionales aplicables."

El derecho a obtener reparación engloba, por una parte, medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de alcance general, como medidas de satisfacción y garantías sobre la no repetición. Las medidas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la reparación han de incluir la cuestión de la sustracción de bienes y todo daño material, físico y moral.

La situación actual con respecto a los proyectos presentados en su ultima reunión del mes de Octubre de 2004 dice el informe:

Resumen de la reunión del Comité Técnico de la Junta:

1.- Se informa de la importante demanda social respecto a la Memoria Histórica. Se han solicitado subvenciones por parte de 72 ayuntamientos andaluces dentro de plazo y otros tantos fuera de plazo (hay 770 municipios en Andalucía). El importe de las subvenciones solicitadas es de unos quinientos millones de pesetas (3 millones de euros) y sólo hay un presupuesto de 50 millones de pesetas (300 mil euros). Se prevé que la demanda social siga en aumento.

2.- Hay dos proyectos globales andaluces: Mapa de fosas (para realizar por provincias). Proyecto "Todos los nombres" (base de datos para ir incorporando los nombres de todos los asesinados).

3.- Entre los proyectos presentados por los ayuntamientos muy pocos presentan proyectos integrales.

4.- El Comité plantea reunirse de forma periódica todas las semanas y en día de diario.

Queda en el aire el acuerdo tomado y aprobado de que se presentará el decreto en todas las mancomunidades de municipios de Andalucía. Solo, por parte de la consejera, se ha presentado en Sevilla y otras capitales; también se ha presentado en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El decreto no se ha seguido presentando, lo que de alguna manera sirve aún hoy para que en determinados lugares aleguen quienes no están por la recuperación de la memoria el no saber nada de dicho decreto, justificación que no pueden dar al ciudadano desde ningún ayuntamiento andaluz dado que según se nos dice desde la Consejería a los ayuntamientos oficialmente sí les llegó información; distinto es que se la nieguen al ciudadano/a.

Tras unas un trabajo de recopilar testimonios orales en toda la comunidad autonómica Andalua se hzo un DVD para estas presentaciones del decreto que junto con una información clara servirían para repartir en uiversidades, institutos, clegios, etc. No solo no se ha hecho sino que además ni el DVD y ni el programa se han vuelto a reeditar.

RESUMEN

La recuperación de la memoria histórica se basa en tres pilares fundamentales que son:

LA HISTORIA - MOVIMIENTOS SOCIALES - PODER POLÍTICO

Los tres son fundamentales para recuperar nuestra memoria y que no quede impune el genocidio que se cometió en España y concretamente en la comunidad autonómica andaluza.

La Historia

Componen este pilar las universidades, historiadores, investigadores, archivos, y la cultura.

Movimientos Sociales

Componen este pilar movimientos de familiares, supervivientes, asociaciones y ciudadanos en general.

Poder Político

Componen este pilar partidos políticos de la izquierda, sindicatos, ayuntamientos y la Administración superior a la local.

Si el pilar histórico y el de movimientos sociales están unidos, para lo cual los movimientos sociales deben en primer lugar unificar criterios y formar una federación en Andalucía donde estén representados todos, la unión entre estos dos pilares obligará a que el tercer pilar inexcusablemente no tenga más remedio que tomar conciencia y dotar de medios a los otros pilares para que la recuperación de la memoria histórica comience a ser una realidad total y no lo que hasta el momento es.

Actualmente al estar cada uno por su lado da pie al poder político a ver esa división y a querer ser él quien dirija y realice esa recuperación cuando en verdad, como se ha dicho antes, lo que tiene que hacer es que dotar de medios y presupuestos los proyectos presentados por los otros dos pilares.

Si no es así la recuperación de la memoria histórica terminará convirtiéndose en una memoria “light", de homenajes y proyectos estériles, dando al traste a la larga con el olvido y quedando lo que llamamos la ventanilla única de la Memoria Histórica, la cual regirá quien esté en el poder político.

También es verdad que se han conseguido cosas pero en su gran mayoría gracias al esfuerzo titánico de los movimientos sociales que en algunos casos apoyados por la historia han sacado y están sacando proyectos serios adelante.

Pero es hora ya de unirnos y aunar esfuerzos. Hay que tener muy en cuenta el documento Nizkor y no solo apoyarlo si no que sirva para, amparados en los derechos humanos, empezar a pedir responsabilidades y esa toma de conciencia en común de los tres pilares.

Esta actitud de lentitud, de desorden y de no querer que se digan verdades es hora ya de abortarla. Se nos recuerda a diario que somos europeos; pues bien, hagamos valer nuestros derechos como tales y pidamos a Europa qué es lo que pasa con nuestro país, que aún hoy todavía está por recuperar nuestra memoria histórica, a diferencia de otros europeos que sí la tienen recuperada en su totalidad. Pidamos a nuestros vecinos que nos ayuden con su experiencia y demanden que ya está bien de dar más plazos. Hay muchos crímenes que están impunes y tienen que ser reconocidos por la historia de España y del mundo.

Y hay que decir ya basta de camelos y medias tintas. Solo así conseguiremos que la recuperación de la memoria histórica de tantos hombres y mujeres que sufrieron y fueron asesinados se coloque donde debe estar en los libros de textos y en la historia.

UNIDOS TODOS SUMAREMOS VOLUNTADES POR LA JUSTICIA HISTÓRICA

Luis Garcia