Memoria Histórica y Causa General
alberto ramos - Diario de Cádiz - 21/12/2004

alberto ramos santana catedrático de historia contemporánea de la universidad de cádiz

LLEVAN cierto tiempo algunos historiadores tratando de difundir la idea de que la guerra que se desarrolló en España entre julio de 1936 y marzo de 1939 comenzó realmente con la revolución de Asturias de octubre de 1934, es decir, 21meses antes de la sublevación militar y, como consecuencia de ello, deducen que la guerra no la iniciaron los militares sublevados contra el legítimo Gobierno republicano, sino que la iniciaron los partidos de izquierda, con especial protagonismo del PSOE. Tras semejante aserto, con aparente generosidad, insisten en que no hay nada que investigar sobre los desgraciados acontecimientos del periodo de guerra y la represión que se produjo posteriormente, pues eso supondría volver a abrir heridas cicatrizadas.

La idea se reitera cada vez que se habla de la Memoria Histórica, es decir, de la corriente de investigación que trata de conocer una parcela oculta de la historia reciente de España, una época y unos actos que, primero por impedirlo la dictadura y después por un pacto de sosiego que facilitaba el camino de la transición a la democracia, estaba sin investigar.

En el discurso de los que se oponen a la investigación, tras el argumento de que los rojos fueron los responsables de la guerra, se esgrime una queja: ya que no se admite la generosidad de olvidarlo todo, ¿por qué se excavan sólo las víctimas de un bando? ¿por qué no se investiga y se homenajea también a las víctimas de los crímenes del Frente Popular? La idea ha sido tan reiterada que ya algunos políticos de la derecha española la recogen con fervor. Así lo hizo Ángel Acebes en su discurso en el Congreso Nacional del Partido Popular, cuando, tras edulcorar la guerra calificándola como la "discordia civil" –es decir, desavenencias de opiniones–, lanzaba una invectiva contra el Gobierno de Zapatero acusándolo de rescatar la guerra como un acto de revancha.

Hay que decir que los investigadores rigurosos, no los que han tratado de lucrarse con este asunto, trabajan sin sesgo maniqueo, pues lo que buscan es la verdad sobre un pasado que fue secuestrado y manipulado durante la dictadura franquista, pues parece olvidarse que de la mayoría –algunos olvidos hubo– de las víctimas del bando vencedor ya fue recuperada su memoria, en muchas ocasiones manipulando su desgracia, mediante la llamada Causa General.

Antes de terminar la guerra se inició un inmenso proceso judicial promovido directamente por Franco para averiguar y castigar los "hechos delictivos" cometidos en la "zona roja desde el 18 de julio hasta la liberación". Para ello, se dictó la Ley de Responsabilidades Políticas, a la que siguieron otras que condujeron al Decreto de 26 de abril de 1940 de Instrucción de la Causa General, gran proceso dedicado a investigar, preferentemente, las víctimas del "terror rojo" y a inventariar los daños causados en los ataques a iglesias y conventos.

A pesar de que se decía que se investigaría desde el 18 de julio, el periodo inculpatorio acabó remontándose a la propia proclamación de la Segunda República en abril de 1931. Mediante la Causa General se calculó que hubo más de 80.000 las víctimas del "terror rojo", aunque investigaciones posteriores han rebajado la cantidad a algo más de 50.000.

Es cierto que, comenzada la rebelión militar, en muchos lugares miembros del Frente Popular practicaron detenciones ilegales, cometieron asesinatos, atacaron iglesias y conventos, realizaron expropiaciones y confiscaciones de sus bienes, cuando no se destruyeron. Pero para reponer los bienes cuando eso fue posible, y para realizar justicia –aunque más que justicia fue un verdadero ajuste de cuentas–, se inició la Causa General, que condujo a unos juicios que en la mayor parte de las ocasiones fueron una verdadera burla. Basta recordar que muchos de los procesados fueron condenados a muerte o prisión por el delito de "auxilio a la rebelión", que en realidad era todo lo contrario: oponerse a la ilegal rebelión militar, en una sarcástica y sangrienta demostración de lo que es la justicia al revés. Como ejemplo de lo que fue el proceso judicial franquista basta recordar que Blas Infante fue juzgado y condenado cuatro años después de ser fusilado.

Mientras que unas víctimas –las pertenecientes al bando franquista– tuvieron una cierta compensación, las otras, las del bando republicano que murieron durante la guerra y durante la represión de posguerra, fueron alevosamente silenciadas y olvidadas. Se trató de borrar la memoria de los que lucharon por la legítima República, mientras que las listas de los fallecidos "por el bando nacional" durante muchos años se pudieron leer en edificios públicos.

Lo que los investigadores de la Memoria Histórica pretenden es simplemente recuperar del olvido a muchas víctimas de la represión y de la guerra y, en este sentido, no se descuida rescatar a todas las víctimas, a las de ambos bandos; lo que ocurre es que los que fueron proscritos, incluso del recuerdo, fueron los que defendieron la legitimidad democrática, es decir, aquellos a los que durante años sus familiares tuvieron, incluso, miedo de nombrar en público. Por eso ahora, en el momento del rescate de su memoria, son inmensa mayoría. Por eso lo que se quiere hacer es, también, un acto de reposición de la justicia.