2. LA INVESTIGACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO
Si analizamos las normativas e infraestructuras destinadas a la investigación que han ido apareciendo en los últimos años, nos encontramos con un enjambre de iniciativas que tienden todas ellas en una misma dirección: hacia la asunción, por parte de la Universidad, de la ideología empresarial capitalista en el ámbito de la transferencia de conocimiento.
En el campo normativo, la LRU en su artículo 11 permitía los contratos universidad-empresa, aunque dado que la Universidad se situaba mayoritariamente al margen del sistema tecnológico, esta única norma no fue suficiente para el cambio ideológico que necesita la estrategia neoliberal.
Así, tanto la LOU, en su forma de 2001, como la LOMLOU, tras la reforma en 2007, refuerzan la vinculación de la universidad con el mundo empresarial, permitiendo la creación de institutos mixtos de investigación (art. 10), la creación de empresas a partir de los resultados de la investigación universitaria con participación del personal docente e investigador de las universidades (art. 41.2) y, por último, en 2007, se añade la posibilidad de que el profesorado pueda incorporarse temporalmente a una empresa creada para explotar patentes obtenidas en proyectos financiados con fondos públicos y realizados en la universidad (art. 83.3). Asimismo, se establece (art 41.3) que «la transferencia del conocimiento es una función de las universidades […] Las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83. A tal efecto, promoverán la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros o estructuras mixtas y la pertenencia y participación activa en redes de conocimiento y plataformas tecnológicas». Todo ello, considerado en conjunto, implica un refuerzo considerable para la privatización y comercialización del conocimiento, dentro del esquema «inversiones públicas-beneficios privados».
Así, al amparo de la ley y con el soporte económico del Estado, se han reforzado en los últimos años las infraestructuras asociadas a la transferencia de tecnología desde el sistema público de investigación al sistema privado empresarial. Nacidas con la LRU, las fundaciones universidad-empresa se asocian en red en 1997, con el objeto de fomentar «la cultura empresarial en el ámbito universitario». La participación de un número importante de universidades da significación a esta entidad privada. Actualmente, son 31 fundaciones en las 17 comunidades autónomas. En 1997, la CRUE crea, a partir de las oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI) existentes, la red OTRI que, en 2007, reunía a 67 OTRIs universitarias y que, como su nombre indica, son los gestores de la transferencia de conocimiento, estando sus objetivos plenamente de acuerdo con el modelo actual de tecnología. Entre los mecanismos de transferencia, destacan los Parques Científicos: en la actualidad, hay 82 parques tecnológicos, de los que 35 son participados por universidades y que cuentan con el pleno apoyo de la administración. Durante el periodo 2004-2007 «la financiación pública de los parques sube de 5,4 millones de euros a 404,7 millones de euros, es decir se incrementa en un 7.500%». Otro mecanismo de comercialización del conocimiento son las empresas creadas por los propios investigadores universitarios para explotar los resultados de la investigación (spin off), de cuyo fomento se encargan las OTRIs universitarias, habiéndose creado entre 2003 y 2007 un total de 528 empresas, si bien tienden a concentrarse en algunas universidades. Si sumamos a los cambios legislativos y a la creación de infraestructuras de apoyo a la transferencia, los objetivos de transferencia de gran parte de la ayuda pública en I+D+i, encontramos la construcción de un entramado Administración-Universidad-Empresa de cuyo éxito o fracaso depende el futuro de la Universidad, tal como ahora la conocemos.
En todo este proceso está en juego el concepto de universidad como servicio público: no sólo porque la privatización de los resultados de la investigación lleva asociada la privatización de sus objetivos, sino porque a ésta le puede seguir fácilmente el sometimiento de los estudios universitarios a los intereses del empresariado privado. Esta situación, todavía lejana, se puede conseguir sin afectar la autonomía de las universidades, sin más que cambiar la percepción de la realidad de los miembros de la comunidad universitaria. Los cambios asociados a la comercialización del conocimiento tienden a modificar el conjunto de intereses de un amplio sector de la comunidad universitaria, pudiendo alterar su cultura académica hacia los valores propios de la empresa capitalista. Este cambio cultural introduciría los intereses del empresariado en el ámbito universitario, incluido el docente.
El sistema tecnológico actual es fuertemente competitivo, se basa en el secreto industrial y en el derecho de patentes que privatiza los resultados de la investigación y, por lo tanto, es incompatible con la ética y los valores universitarios. Un análisis somero del mismo muestra que existen un buen número de razones para no participar en él e incluso que se debe trabajar para modificarlo. Así, por ejemplo, el sistema tecnológico imperante:
Necesita unas inversiones mucho mayores que un sistema cooperativo, debido a la multiplicación de investigaciones y errores, y a su supeditación a los intereses del mercado.
Supone un coste económico excesivo para el consumidor, un derroche de materias primas y una fábrica de residuos debido, por ejemplo, a la aparición en el mercado de productos análogos con elementos no intercambiables.
La publicación de resultados es incompleta (se limita a patentes, obviando información relevante) y está sujeta a los intereses del empresariado y a los avatares del mercado.
El uso de los resultados no es libre y, por lo tanto, no tienen el beneficio social que por defecto se les atribuye, al tiempo que se limita su uso como creador de progreso tecnológico.
Implica una pérdida de diversidad, ya que los criterios de elección temática se centran en los posibles beneficios empresariales, lo cual, entre otras consecuencias, evita investigaciones necesarias para sectores de población que no pueden pagar la tecnología.
No existe el reconocimiento debido a las bases teóricas y tecnológicas en que se basa el objeto comercializado: en ciencia, el reconocimiento es de carácter intelectual y es obligado reflejarlo en las publicaciones, mientras que en el sistema actual de tecnología el reconocimiento lo es en lo económico y, si es posible, no se comparte con nadie.
En consecuencia, el sistema actual de tecnología es caro, poco sostenible desde una perspectiva económica y medioambiental, profundamente injusto y supone un claro factor de retraso respecto a un sistema tecnológico de carácter cooperativo. Sería lógico que la Universidad, donde debe imperar la razón y el sentido crítico, trabajase por modificar un sistema tan irracional y absurdo, y optase por un modelo diferente, modelo que puede encontrarse en el sistema científico, de carácter fuertemente cooperativo, basado en la libre —y necesaria— comunicación y el libre uso de los resultados de la investigación científica.