LA FINANCIACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
GRup de treball
sobre UNiversitat i INVestigació de la FIM-PV
La crisis económica del
capitalismo está golpeando sobre todo a la clase trabajadora y, dentro de la
clase trabajadora con especial dureza a ciertos colectivos como los parados no
cualificados de más de 45 años, y, en una cultura patriarcal, a las mujeres y a
los jóvenes.
Si resulta urgente en esta
crisis proteger, afianzar y ampliar los derechos de la clase trabajadora, no lo
es menos aprovechar la creciente indignación de las clases populares para ir
construyendo otro modelo económico, otro modelo de producción. En esta
ponencia, trataremos estas dos cuestiones desde la perspectiva de la
financiación del estudiantado universitario.
Formación universitaria
elitista, de masas y universal
Entre los elementos que Hobsbawm identifica como claves en las revoluciones
culturales de la segunda parte del siglo XX, uno
destacado es el aumento del número de estudiantes, sobre todo en las economías
centrales del capitalismo y en los países socialistas.
Este proceso supone cierta
democratización del acceso a los estudios superiores y se debe a cambios en la
naturaleza del trabajo de las fuerzas productivas cambios que responden al paso del maquinismo basado en la
máquina-herramienta a la automatización basada en el uso de ordenadores[1].
La universidad ha dejado de ser el privilegio de un porcentaje muy reducido de
la población. Actualmente es el lugar de formación de más o menos el 50% de las
fuerzas productivas: hemos pasado del paradigma elitista a otro de acceso masivo,
y ahora debemos dirigirnos hacia un paradigma universal, en términos de Trow. Sin embargo, como el mismo Trow
señala, el paso de una universidad elitista a una universidad de masas ha
provocado una serie de problemas ya que se ha producido en un proceso de
globalización capitalista de la producción y de la producción del saber en la
cual tanto las empresas transnacionales como los gobiernos de los países del
sistema económico capitalista central son conscientes de la importancia del
conocimiento y de los avances tecnológicos para la “competitividad”. Esto se
traduce en una amenaza cada vez mayor de la mercantilización del conocimiento,
un marco conceptual que introduce metáforas empresariales en la concepción de
la universidad, una creciente disfunción provocada por unas prácticas
pedagógicas todavía basadas en las de la universidad elitista aplicadas a la
realidad de una universidad de masas, y, sobre todo en el caso de Europa, una subfinanciación pública de las universidades.
Esta subfinanciación
afecta a todos los sectores PAS, PDI y estudiantado,
pero nos centraremos en sus consecuencias para el estudiantado en el Estado
Español en los últimos lustros.
Financiación del
estudiantado en España en el paso problemático de un sistema universitario
elitista a otro de masas
A lo largo de los años
noventa, se incorporaba a la universidad un porcentaje cada vez mayor de la
población, pero este fenómeno iba acompañado de un aumento progresivo de la
tasa de abandono de los estudios[2].
Por otra parte, entre 2001 y 2006, el número de alumnos matriculados disminuyó,
al contrario de la mayoría de los países de la OCDE y en el contexto de una
llegada importante de inmigrantes que supuso una tasa de crecimiento de la
población de en torno del 1,7% anual desde 2001. El colectivo de inmigrantes
tiene serias dificultades culturales y administrativas para acceder a la
educación superior, de forma que algunos estudiosos han alertado sobre el
peligro de una sociedad “etnificada” en la que "la
población autóctona, blanca, española, ocupe las posiciones altas y disponga de
mano de obra barata de distintos orígenes" [3].
En cuanto a la creciente
tasa de abandono de estudios, se trata de un problema multicausal
en que confluyen diferentes factores. Los estudios al respecto señalan diferentes
factores, entre los cuales cabe destacar tres. En primer lugar, el problema
antes señalado de unas prácticas pedagógicas arraigadas en la universidad
elitista aplicadas a una universidad de masas. En segundo lugar, la edad a la
que se empieza la carrera: aquí se trata principalmente de personas que cambian
de carrera y que son proclives a abandonar su segunda opción. Sobre este punto
habría que señalar, por una parte, una falta de coordinación entre la enseñanza
preuniversitaria y la universitaria y, por otra, la concentración geográfica de
las matrículas, que junto con la escasa movilidad de estudiantes dentro del
Estado Español, debida probablemente a la falta de financiación del
estudiantado, que hace muchas personas no puedan matricularse en su carrera
preferida.
En tercer lugar, todos los
estudios coinciden en que el nivel de estudios de los padres influye de forma
decisiva en el abandono de estudios. Así, según el borrador de Libro Blanco de las Universidades Catalanas
“la
tasa de abandono de los estudiantes de extracción social humilde, cuyo padre
tiene un trabajo no cualificado, es 10 veces superior a la de los hijos de
directivos, licenciados y asimilados de las clases medias”. Algunos
estudios relacionan este fenómeno con la cultura
familiar o la presión familiar,
pero es evidente que el salario de los padres, junto con la subfinanciación
del estudiantado, resulta decisivo.
La subfinanciación
del estudiantado es una cuestión compleja, ya que no queda claro cómo se
calcula la financiación. La forma de calcular la financiación es claramente una
cuestión ideológica. Actualmente la financiación depende, dentro de ciertas
coordinadas fijadas por el Gobierno estatal, de las comunidades autónomas. En
el caso del País Valenciano, por ejemplo, la Coneselleria
divide la cantidad de dinero total de los presupuestos para universidades por
el número de estudiantes y, como ningún de los valores es cero, sale un número.
Ahora bien, está claro que este número representa de forma muy particular la
financiación del estudiantado, en la medida en que la representa.
Como los números son muy sufridos, describiré a
grandes rasgos la evolución de la financiación de las universidades. Si bien la
financiación ha ido aumentando paulatinamente cada año, en comparación con los
países de nuestro entorno (UE-15, UE-19, OCDE) estamos en el furgón de la cola.
Nuestra situación mejora un poco si, en lugar de la financiación en términos
absolutos, calculamos la financiación como porcentaje del PIB, pero seguimos
codeándonos con Portugal, Grecia, Italia (Apéndice I) en una situación que Vicenç Navarrro califica, de forma
acertada,.de subdesarrollo social..
Según un estudio del MEC del 2007, España tiene un gasto por estudiante un 26,9% inferior al de la media de la OCDE.
La distribución de esta subfinanciación
tiene dos rasgos que destacan varios estudios: en primer lugar, las tasas de
matrícula son relativamente baratas y suponen menos del 20% de los costes
reales de la tuición y, en segundo lugar, el porcentaje de la financiación
dedicada a la financiación directa del estudiantado es bajo con respecto a los
países de nuestro entorno.
En cuanto al primer punto, cabe destacar que
nuestra postura debe ser reivindicar la gratuidad de la enseñanza superior y
que, si bien las tasas son relativamente baratas, no todo el mundo las puede
aprovechar, ya que, como hemos comentado, la tasa de abandono de estudios está
directamente relacionada con el nivel de ingresos de los padres. Así, los hijos
de los/las trabajadores menos cualificados pueden tener acceso a los estudios
superiores, pero la probabilidad de que los acaben es sensiblemente inferior a
la de los hijos de familias más acomodadas. Así, en la actualidad, las tasas
baratas, subvencionadas por el dinero de tod@s, favorecen
a las clases más acomodadas.
Esto nos lleva al segundo punto, la financiación
directa al estudiantado: los datos por comunidad autónoma se encuentran en el
Apéndice II. Lo más importante es que el promedio es
claramente insuficiente para financiar a un/a estudiante-trabajador/a.
Finalmente hay que denunciar el aumento de tasas de
los masteres oficiales. A título de ejemplo, en mi universidad, la Universidad
Politécnica de Valencia, el precio público por crédito para los primeros tres
años de la mayoría de las titulaciones (nivel de experimentabilidad
4) es 12,30 euros y el de los nuevos masteres oficiales se dispara hasta 29,87
euros.
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/08/05/pdf/2008_9753.pdf
Esta subida ha venido acompañada de una campaña
mediática, con juego de palabras incluido, “el precio de los masteres
(privados) ha bajado” cuando hay que decir que “el precio del segundo ciclo ha
subido”. En el acuerdo de 2 de junio de 2008, de la Conferencia General de
Política Universitaria, se estipula que, en cuanto al rango de precios públicos
de los estudios universitarios de posgrado, excepcionalmente, las Comunidades Autónomas
podrán modificar el límite superior hasta un máximo equivalente al 30 % del
coste (http://www.lexureditorial.com/boe/0806/10059.htm). Esta subida del
precio de las tasas, junto con la insuficiencia de las “subvenciones directas”
al estudiantado parece abrir el camino a una creciente elitización
de los estudios de posgrado.
Es interesante ver la apreciación que hace una
parte del mundo empresarial sobre la financiación del estudiantado. Alberto Terol, miembro de la Junta Directiva y presidente del
Comité Especial de Educación del Círculo de Empresarios y Presidente de Deloitte para Europa, Oriente Medio y África escribe:
la
universidad española cuenta con una financiación insuficiente e ineficiente. En
efecto,
en el año
2004 el gasto público en educación superior en España alcanzó el 0,9% del PIB,
ligeramente inferior a la media de la OCDE, y claramente inferior a los países
punteros en la materia (Finlandia, Suecia, Dinamarca, etc.). … Además, las
tasas tienen un peso muy reducido en la financiación de la universidad pública,
por debajo del 20% del coste y, en algunos casos –las politécnicas incluso
inferior. Unas tasas muy reducidas subvencionan por igual para todos el acceso
a la educación superior, sea cual sea su extracción socioeconómica, lo que
choca frontalmente con el principio de equidad. Al mismo tiempo en España no se
ha desarrollado un sistema de subvenciones directas al usuario (becas) ágil y atractivo.
Hasta el empresariado “ilustrado”
parece preocuparse por la falta de equidad, y por tanto de eficiencia, del
sistema actual.
Los compromisos internacionales del Estado: el
proceso de Bolonia
Los gobiernos de España han
suscrito las diferentes declaraciones asociadas al proceso de Bolonia y si cumpliesen
los compromisos adquiridos en estos documentos, las preocupaciones del
empresariado “ilustrado” resultarían vanas. Desde la Declaración de Bergen de
2005, se incorpora con nitidez la “dimensión social” al proceso de Bolonia:
renovamos nuestro compromiso de hacer la educación
superior de calidad igualmente accesible para todos e insistimos en la
necesidad de establecer las condiciones apropiadas para que los estudiantes,
puedan completar sus estudios sin obstáculos relacionados con su origen social
y económico. La dimensión social incluye medidas adoptadas por los gobiernos
para ayudar a los estudiantes, especialmente a los sectores socialmente
desfavorecidos, en aspectos financieros y económicos y proporcionarles
servicios de orientación y asesoramiento con vistas a facilitar un acceso más
amplio.
http://www.institucional.us.es/eees/formacion/html/bergen_declaracion.htm#iii
Es evidente que el Estado
no cumple este compromiso. Su falta de interés se manifiesta en el informe
nacional sobre le Proceso de Bolonia 2005-2007. En el apartado 26, que pide una
descripción de las medidas que ayuden al estudiantado a completar sus estudios
sin obstáculos relacionados con su origen social o económico (“Describe any measures to
help students complete their studies without
obstacles related to their social or economic background”), Encontramos
la respuesta concisa, escueta y algo misteriosa: “This
type of aid
is mainly provided at institutional
level” (Este tipo de ayuda se proporciona
principalmente a nivel institucional).
En los informes de otros país participantes, más
locuaces, la información ocupa varias páginas e incluye tablas con cifras.
Hay que denunciar el incumplimiento de este
compromiso y, a la vez, en lugar de una declaración de intenciones, proponer medidas
concretas para universalizar el derecho a acceder a la universidad y a completar
los estudios superiores, ya que, ante esta situación, cabe esperar que la
actual crisis económica provoque una disminución en los/las matriculados de la
clase trabajadora y un aumento del abandono de estudios. Es dentro de este
contexto donde planteamos una alternativa de izquierdas para la financiación
del estudiantado.
Una propuesta desde la
izquierda
Nuestra propuesta parte de
varias premisas:
1)
que la persona que inicia estudios superiores está contribuyendo a la riqueza
futura de la sociedad y, dentro del cambio de paradigma del paso del
mecanicismo a la automatización, a ampliar la participación de la clase
trabajadora en su gestión;
2)
que todas las personas desde los 18 años tienen derecho a ser independientes de
sus familias;
3)
que la creación de riqueza en nuestra sociedad permite este gasto y que los
modos de producción lo requieren (sin que esto implique que la Universidad sea
un mero productor acrítico de personas calificadas
para incorporarse al mercado de trabajo capitalista).
Nuestra
propuesta a largo plazo es la universalización de los estudios superiores y un
salario para el estudiantado que remunere su trabajo.
En
una fase intermedia de transición hacia el socialismo, hay que introducir
algunas matizaciones que no se pueden precisar de forma completa, ya que los
recursos que una sociedad todavía capitalista pueden dedicar a la formación dependerán
de múltiples factores: el sistema fiscal, los costes de servicios básicos,
tales como el transporte, la sanidad, la vivienda etc.
Sin
embargo, incluso en una etapa transicional, nuestra
propuesta debe ser una tendencia a la universalización de los estudios
superiores y una beca salario para el estudiantado, independientemente de la
renta de los padres. De esta manera, se asegura la propiedad social de la
formación superior, dado que la sociedad ha sufragado íntegramente el trabajo
del alumnado, trabajo que revertirá a la sociedad en el futuro ejercicio de su
profesión. Por tanto, en una sociedad igualitaria, no debería haber diferencias
sensibles en la retribución al trabajo de los graduados y los no graduados.
Ahora
bien, en una fase transicional, también se puede dar
la situación en que la sociedad costee la formación de una persona y que esta
persona puede hacer valer sus estudios bajo la forma de un salario más alto a
cambio de su fuerza de trabajo. Aquí hay cifras para todos los gustos, pero parece
ser que, aunque en un primer momento el salario de un trabajador graduado
difiere poco del salario de un trabajador sin formación superior, a lo largo de
toda la vida laboral, la persona con formación universitaria recibirá un
salario notablemente más alto. Es en este contexto donde se podría plantear la
posibilidad, como mal menor, de un préstamo-renta para estudios de segundo
ciclo, aunque siempre manteniendo la gratuidad y la beca salario en para los
estudios de grado. Pero siempre que se entienda que tal préstamo sea con dinero
público y jamás de la banca privada, que la devolución del préstamo sólo
empezaría a devolverse sólo a partir de alcanzar la renta media, y de forma
proporcional la cantidad en que la persona supera esta renta media y que, efectivamente
sea un “préstamo-renta” y no un simple préstamo a 20 años con una carencia de 5
años para su devolución, como estableció la Ministra Garmendia,
por orden ministerial el pasado 14 de octubre.
La palabra “universidad”
proviene del latín y, en última instancia hace referencia a la totalidad o a la
universalidad; en el bajo latín, una aceptación de la palabra “universitas” es
“corporación” o “sociedad” – una organización en la que prima la cooperación -
la palabra actual proviene de una forma abreviada de la expresión “universitas magistrorum et scholarium”, algo
así como una “comunidad de maestros y estudiantes” (no había muchas maestras
por aquel entonces).
La palabra tiene que ver con
universalidad y cooperación. Hace una distinción entre “maestros” y
“estudiantes” y, en el tardocapitalismo, esta
distinción tiene que hacerse borrosa ya que se tiende hacia una producción del
conocimiento centrado en el contexto, centrado en el lugar de trabajo. “Conjuminar” una enseñanza universitaria basada en la lógica
de las disciplinas científicas y otra basada en la resolución de problemas
concretos y en los procesos cognitivos y metacognitivos
del estudiantado es un problema serio para el capitalismo y un reto para las
izquierdas.
Finalmente, una reflexión
dirigida hacia las generaciones venideras: en una sociedad plenamente
igualitaria, este debate sobre la financiación del estudiantado de la enseñanza
universitaria será de difícil comprensión ya que todas las personas tendrán
acceso gratuito y “financiado” a los máximos niveles de formación y,
probablemente se habrá vuelto borrosa la distinción entre “formación” y
“conversación entre personas”.
[1] Pla, R. (2009) Fundamentos de la renovación pedagógica.
[2] Las cifras son bastante confusas, pero cabe
destacar la distinción, que no siempre se hace con nitidez, entre el abandono
de la carrera inicialmente elegida para pasar a otra carrera y el abandono de
los estudios universitarios. Por lo que se refiere al primer punto, cabe
destacar que, a pesar del aumento del número de universidades, sigue habiendo
una concentración geográfica alarmante ([m]ás del 60% de los matriculados y graduados se localizaron
en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad
Valenciana. Y más del 80% estaban concentrados en siete comunidades: además de
las cuatro anteriores, Castilla y León, Galicia y el País Vasco, mientras
que la movilidad del alumnado dentro del Estado es escaso, sólo el 12,6% de los
estudiantes estaban matriculados en universidades situadas fuera de su
comunidad autonómica - datos de la señora Botín). En cuanto al segundo punto,
ya lo trato en el texto.
[3] Es significativo que en el informe para España de Education at a Glance de la OCDE de 2007, en el apartado dedicado a la
integración de inmigrantes, encontramos la escueta frase “No data available for Spain”
(http://www.oecd.org/dataoecd/22/31/39317551.pdf
pàg. 7)