PRESENTACIÓN

I. UN GIRO SINDICAL A LA IZQUIERDA

Celebramos nuestro VII Congreso cuando comienza un nuevo siglo y un nuevo milenio en el que se le deberían de abrir grandes expectativas al ser humano. Pero vivimos en un tiempo en el que, a pesar de un progreso científico y tecnológico sin precedentes, no se han logrado reducir las desigualdades entre las personas y los países. Competitividad, globalización, producción flexible, etc., son conceptos, maquillados con el lenguaje de la modernidad, que utiliza el capitalismo más salvaje. Paro, precariedad, desregulación, protección social insuficiente, bajos salarios, jornadas ilegales, economía sumergida, siniestralidad laboral, deterioro medioambiental, explotación del Tercer Mundo, son las consecuencias. La economía está al servicio del capital especulativo y financiero, se propicia una distribución de la renta y de la riqueza cada vez más desigual, el modelo de desarrollo destina menos plusvalía a la inversión de bienes y servicios sociales, las relaciones de producción fragmentan la clase, la ideología fomenta la pérdida de conciencia. Frente a este panorama, el sindicalismo de clase resulta imprescindible.

Una estrategia sindical equivocada

Ahora bien, el sindicalismo no ha estado a la altura de las circunstancias mientras se venía aplicando la política neoliberal en nuestro país. Cuando el Partido Popular ganó las últimas elecciones generales, España no cumplía ninguna de las condiciones de convergencia. Dos años después las cumplía todas. ¿Qué había sucedido? Algo muy sencillo, se ha aplicado uno de los ajustes más duros del periodo democrático, reduciendo la inversión pública y los gastos sociales en educación, sanidad, desempleo, recortando las pensiones, privatizando las empresas públicas, etc. Unido lo anterior a un ciclo económico expansivo y a una inestimable paz social, el PP ha podido construir el marketing político del "España va bien", que le ha permitido ganar las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 13-J.

Durante cuatro años se ha venido aplicando una estrategia sindical errónea, basada en la continua firma de pactos con el gobierno y la patronal. La principal conclusión que se desprende de un análisis riguroso es que los resultados obtenidos por el modelo de concertación aplicado son absolutamente insuficientes, e incluso negativos, no han modificado la política económica del gobierno, han deteriorado la unidad de acción sindical y han contribuido a la legitimación de la derecha en el poder. En efecto

• La reforma laboral de 1.997 ha fracasado. El empleo creado ha sido insuficiente y ha dependido más del ciclo económico expansivo que del acuerdo, los asalariados temporales siguen siendo el 33% a pesar de la fuerte política de subvenciones a los empresarios (más de medio billón de pesetas), el despido se ha abaratado en un 20% y los contratos indefinidos que se realizan son mayoritariamente con indemnizaciones más bajas.
• El desmantelamiento del sector público ha sido prácticamente completo, con lo que supone de enajenación de patrimonio público, disminución del peso del Estado en la economía y renuncia a su presencia en sectores estratégicos. Ante ello, pasividad, e incluso en algunos casos comprensión sindical.
• Con el acuerdo sobre el Pacto de Toledo (ampliación del período de cálculo, reducción de los porcentajes,...) se han recortado los derechos potenciales de los trabajadores en materia de jubilación, entre un 7% y un 21% y el gobierno quiere reabrir el debate sobre nuevos ajustes en el sistema pensiones.
• Han retrocedido los salarios de los empleados públicos y se ha producido una congelación en el sector privado en la práctica, ya que los incrementos se han movido en torno a la tasa de inflación sin mejoras de poder adquisitivo.
• El acuerdo sindical sobre el proyecto de Estatuto de la Función Pública, que afectará a mas de un millón y medio de trabajadores, supone una desregulación de las condiciones de trabajo y una discrecionalidad ilimitada para el gobierno de turno, con graves consecuencias para el futuro de los trabajadores y para la imparcialidad de la administración
• No han avanzando los acuerdos en la negociación entre gobierno, sindicatos y patronal ni sobre la reducción de la jornada a 35 horas, ni sobre el aumento y la mejora de la cobertura al desempleo, ni sobre otros temas relacionados con la estabilidad de la contratación, ni sobre la reforma fiscal y la nueva ley del IRPF.

Esta estrategia sindical ha tenido importantes consecuencias. Por un lado, en las elecciones sindicales, se ha producido un fuerte retroceso de la ventaja de CC.OO., de la representatividad sindical y a la participación de los trabajadores. Por otro lado, la unidad de acción sindical está atravesando un momento muy difícil. Lo más grave es que CC.OO., a nivel confederal, ha defendido una estrategia más moderada que UGT, lo que es un espectáculo penoso, dadas la cultura, la historia y la combatividad de la militancia de CCOO. El retroceso en la democracia interna ha dado lugar a una gravísima represión, no conocida en CC.OO., contra el sector crítico (900 sancionados). Afortunadamente, cada vez son más las sentencias de los tribunales (incluyendo el Tribunal Supremo) que condenan estas prácticas y obligan a cumplir la libertad sindical.

Todo lo anterior nos reafirma en la necesidad de seguir manteniendo una referencia de clase y de izquierdas para defender eficazmente los derechos de los trabajadores y para la recuperación de la democracia y la participación de los trabajadores.

Un giro sindical a la izquierda

Para cambiar esta situación, es preciso que el VII Congreso de CC.OO., que se celebrará en abril del 2000, bascule sobre dos grandes líneas: un giro sindical a la izquierda y la recuperación de la democracia en CC.OO.

Por lo que respecta al primero, se trata de insistir en estrategias sindicales a la ofensiva (la lucha contra la política económica neoliberal, la defensa firme de los derechos de los trabajadores, la recuperación del papel del Estado, una política fiscal progresista), en los programas de transformación de medio alcance (legislación laboral progresista, la ampliación de los derechos sociales), en la participación de los trabajadores y en el desarrollo de una política de alianzas de amplio espectro frente a la derecha y a las políticas neoliberales.

El giro sindical a la izquierda debería dar una respuesta a la política de ajuste del PP y apostar por un nuevo marco europeo para la acción sindical. Para ello, es necesario reivindicar una política económica generadora de empleo, socialmente avanzada y ecológicamente sostenible (para lo que sería necesario una ley de 35 horas, la jubilación a los 60 años, la prohibición de horas extras, la supresión de las ETTs, la lucha contra la precariedad, las políticas activas de empleo, la ampliación de la protección del desempleo, etc); una política Industrial alternativa y el fortalecimiento del sector público; una mejor distribución de la renta y de la riqueza, con una política salarial a la ofensiva y una mayor progresividad fiscal basada en un aumento del peso de los impuestos directos; un mayor bienestar social público, siendo para ello imprescindible la defensa de la sanidad pública, la mejora de la calidad de la enseñanza, una política de mejora de las pensiones y el rechazo de nuevos recortes, la protección a los parados y el salario social, y la lucha contra el deterioro medioambiental

Mejorar la relación de fuerzas a favor de los trabajadores exige poner en primer plano el papel de la movilización, revitalizar una negociación colectiva que está en crisis, apostar por la unidad sindical, buscar alianzas con los sectores progresistas y una organización sindical adecuada a la diversa composición de la clase trabajadora, dando un nuevo papel de las uniones y federaciones, con nuevas propuestas organizativas hacia colectivos desprotegidos (parados, inmigrantes, jóvenes, precarios, etc.).

La apuesta por la independencia sindical es clave para el futuro del sindicato. Ello pasa por una toma de decisiones democrática, una política de relaciones sin complejos ni dogmatismo y unas finanzas más equilibradas y transparentes, recuperándose, para ello, la cultura de la militancia, del compromiso y del trabajo voluntario.

Recuperar la democracia en CC.OO.

Una de las claves del VII Congreso del sindicato deberá ser la recuperación de la democracia. Defendemos la idea de que CC.OO. debe ser el sindicato de todos y de todas y ello pasa por el respeto al pluralismo, la supresión de todo tipo de exclusiones y la amnistía a los represaliados, cerrando así una etapa interna totalmente negativa. Hay que avanzar en la democracia interna en la toma de decisiones, en la participación de los trabajadores (asamblea, consultas), en el fortalecimiento de las estructuras sindicales de base (secciones sindicales, etc.) y configurar una dirección integradora de la pluralidad.

Es decir, exactamente lo contrario de lo que se pretende con la propuesta de modificación de los Estatutos: aplicar un auténtico código penal-sindical, más preocupado por cómo sancionar que por fomentar la afiliación y que coarta la libertad de expresión; la verticalización del sindicato a través de un grave recorte de la autonomía y de las funciones de las secciones sindicales y organizaciones confederadas, eliminando toda participación de los afiliados y las secciones sindicales; una estructura de órganos que quiebra la pluralidad y legaliza la exclusión de las posiciones sindicales que sean representativas en los Congresos.

Para frenar esta involución democrática y que se abra una perspectiva nueva e ilusionante, es fundamental organizar el debate desde el análisis, la reflexión y la propuesta sindical, sabiendo que las verdades absolutas no existen y que la organización se enriquece con las aportaciones de todos. Esto exige un Congreso en el que no se vuelva a repetir la situación anterior y se promuevan los cauces necesarios (normas democráticas consensuadas y participación de los afiliados) para debatir los proyectos en liza con libertad absoluta e igualdad de oportunidades. La desmovilización de los trabajadores, el individualismo y su fragmentación, unido a la consolidación de la derecha, son dificultades reales para una política sindical a la ofensiva. Estando así de complicadas las cosas, la regeneración del sindicalismo de clase es una tarea de futuro y requiere un esfuerzo de titanes. En ella, deberían de participar la mayoría de los militantes sindicales, empezando por los que están, recuperando a los que se han ido y, sobre todo, incorporando a los sectores más jóvenes del mundo del trabajo.

Como aportación al contraste sereno de ideas y de estrategias, proponemos una serie de enmiendas, que expresan una alternativa sindical, programática y organizativa, a las ponencias oficiales, tanto en relación a los problemas de los trabajadores como a las respuestas necesarias para defender los derechos laborales y avanzar hacia una transformación social. Se necesitan cambios profundos de estrategia y de método y es preciso normalizar el debate y la discrepancia, sin exclusiones ni intolerancia. Los afiliados y afiliadas del sindicato deben asumir el protagonismo del debate y de las decisiones con su participación activa. Si toman conciencia de lo que está en juego en este Congreso, son fundamentalmente ellos los que pueden defender la democracia, la pluralidad y las posiciones de clase en Comisiones Obreras.
 

1. EL NEOLIBERALISMO EN SU APOGEO

1.1. La fuerza y las debilidades del neoliberalismo

La hegemonía del neoliberalismo en la conformación de la economía mundial y en la política económica y social de todos los países ha abierto hasta limites insuperables la brecha Norte-Sur, ha desencadenado un insólito proceso de concentración del capital en todos los sectores y actividades, ha reforzado el predominio de las multinacionales en detrimento del poder económico y la capacidad de regulación de los Estados, ha generado un paro estructural masivo, ha profundizado las desigualdades en todos los sentidos y ha supuesto, como rasgo general, un retroceso de los derechos y condiciones de vida de los trabajadores y de la fuerza de los sindicatos. Sin embargo, estas conquistas que el capital ha conseguido con el arma del neoliberalismo no han permitido:

• Restablecer un crecimiento sostenido y elevado de la economía mundial que ponga fin al periodo de bajo crecimiento que se inicio al principio de la década de los setenta. Después de más de un cuarto de siglo, el capitalismo no ha emprendido una nueva fase expansiva de larga duración.
• Lograr una situación estable en la que estén descartados los sobresaltos y crisis en la economía mundial.
• Imponer un orden mundial que pueda considerarse consolidado, libre de rechazo y de graves convulsiones políticas y sociales en muchos países.

Antes al contrario, el cuadro de la situación política y económica mundial pone de manifiesto una agudización creciente de las tensiones y contradicciones introducidas por el neoliberalismo, hasta el punto de que existen unos elementos estructurales de crisis que explican la agitada y decepcionante evolución de la economía en los últimos tiempos y los conflictos sociales y políticos que en bastantes países se vienen desarrollando. Más allá de ello, hay que resaltar que la humanidad ha logrado progresos colosales en la ciencia y la tecnología inimaginables hace tan sólo pocas décadas. Sin embargo, el control de estos avances por parte de la burguesía no ha evitado que asistamos al surgimiento de brotes de barbarie que amenazan a millones de hombres y mujeres en todo el mundo.

La insuficiencia de la demanda

En primer lugar, cabe hablar de una debilidad estructural de la demanda y de una situación de exceso de capacidad en la mayoría de los sectores productivos. Si el cambio de tendencia en la economía mundial al principio de los setenta pudo explicarse como una crisis de oferta, es decir, que los problemas surgieron porque la rentabilidad del capital era insuficiente para mantener un ritmo adecuado de inversión, con el paso del tiempo y la aplicación sistemática de las recetas neoliberales, ha acabado apareciendo un problema generalizado de demanda.

Uno de los objetivos fundamentales del neoliberalismo era, precisamente, elevar la rentabilidad del capital. La disminución de los salarios reales, la reducción de las prestaciones sociales y los gastos públicos, la reestructuración del aparato productivo con cargo al empleo, la flexibilización del mercado laboral, los cambios fiscales regresivos, que con mayor o menor intensidad se han impuesto en todas las economías durante las últimas décadas, han tenido como consecuencia una redistribución de la renta favorable al capital y elevar la tasa beneficio, pero han terminado por minar las posibilidades de crecimiento de la demanda, de modo que la inicial crisis de oferta se ha convertido en una situación que puede diagnosticarse como de insuficiencia general de la demanda.

La debilidad del consumo privado, por el paro y los bajos salarios; la reducción de los gastos públicos, como consecuencia de las políticas orientadas a acabar con el déficit presupuestario y a recortar el peso del sector público, y la insuficiente inversión real, debida a la baja rentabilidad de las inversiones, ha generando una debilidad estructural de la demanda interna en la mayoría de los países, que todos han tratado de paliar a través de las exportaciones. Sin embargo, la demanda externa no ha podido compensar esa debilidad general, pues al tiempo que crecían las exportaciones también se han incrementado las importaciones, anulando el efecto expansivo sobre la producción (a escala mundial, las exportaciones son iguales a las importaciones). Por lo que se refiere a la Unión Europea, la política de convergencia para poner en marcha la unión monetaria, con su insistencia en la reducción de la inflación y la disminución de los déficit públicos ha contribuido a reforzar los rasgos de la política neoliberal. Y otro tanto puede decirse de los países del Tercer Mundo, sometidos la mayoría de ellos a las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el objetivo de reconvertir estas economías para impulsar las exportaciones y pagar así la deuda externa.

La recesión azota en estos momentos a áreas muy importantes del globo. El sudeste asiático no ha recuperado la normalidad después de la crisis de los "dragones" de 1997; Japón, a pesar de una contundente política fiscal expansiva, no ha conseguido remontar la profunda depresión de1997-98; América Latina está sumida de nuevo en crisis y las viejas economías del Este, con diferencia entre ellas, no acaban de encontrar remedio en el neoliberalismo a las convulsiones que sufrieron con la transformación al capitalismo salvaje, con una Rusia en bancarrota a la cabeza. Las zonas del mundo que presentan una evolución favorable –Estados Unidos y la Unión Europea-- sólo registran crecimientos moderados desde una perspectiva histórica, que son insuficientes para acabar con el paro (mas del 10% en la Unión Europea) y están acompañados en algunos casos de desequilibrios importantes. Tal es el caso de la economía norteamericana, paradigma del neoliberalismo, ensalzada por su dinamismo y sostenido crecimiento. Su evolución en los últimos tiempos ha estado determinada por el empuje del consumo privado, el cual ha descansado en tasas negativas del ahorro de las economías familiares y en las ganancias derivadas del alza especulativa e inquietante de Wall Street, y ha conducido a que el saldo comercial y las cuentas exteriores registren un agudo deterioro. El déficit por cuenta corriente de Estados Unidos pasó de 155,000 millones de dólares en 1997 a 233.000 en 1998, equivalentes al 2,7% del PIB, previéndose el 3,3% en 1999. Este enorme déficit está contribuyendo en grado no desdeñable a impedir un hundimiento mayor de otras economías, pero a medio plazo no dejará de crear problemas al conjunto de la economía mundial por el papel central del dólar y el peso de los Estados Unidos.

En segundo lugar, la actividad y la especulación financieras han alcanzado proporciones insólitas, colocando al entramado financiero internacional en una situación de extrema inestabilidad. Los gobiernos e incluso los organismos internaciones, tienen muchas dificultades para hacer frente a sus convulsiones y se reconoce que no están en condiciones de controlarlas o impedirlas.

Es un hecho que en las fases recesivas de larga duración como la actual, el capital, a falta de una compensación suficiente en la esfera productiva, se dirige hacia los mercados de capitales y de divisas, dando lugar a una hiperactividad y a una esfera financiera cada vez más separada, ajena y perturbadora de la economía real (la que tiene que ver con la producción, la distribución, el consumo, los intercambios internacionales de bienes y servicios) y convirtiendo a la especulación en los mercados financieros y de cambios en una de las actividades más rentables. Pero en la actualidad, estos fenómenos han alcanzado unas dimensiones que rozan lo sideral. Las magnitudes de las operaciones en los mercados financieros no guardan relación alguna con los procesos económicos reales. La libertad casi absoluta de los movimientos de capital, el desarrollo tecnológico de la información y las comunicaciones, los enormes desequilibrios de balanza de pagos que se registran entre países, el elevado endeudamiento de todos los agentes económicos, la inexistencia de un sistema monetario internacional, han promovido una densa nube financiera, cuya intrínseca inestabilidad constituye un rasgo esencial de la actual situación de económica mundial. Los mercados no dejan de reflejarla y de dar frecuentes avisos sobre su peligrosidad –el último, el hundimiento de los mercados de valores en el verano de 1998--. Voces autorizadas, incluidos los propios organismos internacionales encargados de evitarla, muestran su preocupación por las repercusiones que una grave crisis financiera internacional tendría sobre la economía mundial, cuyo carácter global sería inevitable.

En efecto, si en algún aspecto puede hablarse de la "globalización" sin matices es en el de la globalización financiera. Siendo, por un lado, tantos los focos de inestabilidad, tantos los puntos débiles de ese castillo de naipes que constituye el sistema financiero internacional, tan incontrolables y potentes las fuerzas de la especulación, siendo, por otro, las relaciones internacionales tan intrincadas y las perturbaciones tan fácilmente transmisibles, y envolviendo, en fin, la esfera financiera a unas economías que arrastran tantos problemas, todo ello es lo que da a la actual situación del capitalismo en su globalidad una precariedad inquietante, que resulta paradójica con la firmeza con que se han asentado las concepciones neoliberales.

Frente a la homogeneidad que se observa –la política parece ser la misma en todos los lugares-- y con independencia de los acontecimientos futuros --no es conveniente hacer presagios--, al valorar la situación económica internacional hay que tener en cuenta que existen muchos factores de inestabilidad, que potencialmente pueden ocasionar graves perturbaciones económicas.

En tercer lugar, como un aspecto particular de esa inestabilidad, existen profundos desequilibrios económicos entre los países, que son insostenibles en el tiempo y expresan el modo desigual en que el modelo neoliberal repercute en los países imperialistas y en los subordinados: en provecho de los primeros y perjuicio de los segundos.

Las últimas grandes convulsiones económicas –la que se originó en el sudeste asiático en el verano de 1997 y la que se viene desarrollando en América Latina desde 1998--, tuvieron como sustrato por los acusados desequilibrios de las cuentas exteriores de la mayoría de los países. Unos, los fuertes y avanzados, acumulan superávit, fuentes de fondos para especulación, las exportaciones de capital y la extensión de sus multinacionales, y otros incurren en sistemáticos déficits, que en algún momento del tiempo los mercados califican de insostenibles.

El auge de libre cambio y la expansión del comercio mundial no han sido neutrales, a causa de la muy diferente posición competitiva de los países en el mercado mundial, determinada por factores económicos profundos difíciles de modificar. En líneas generales, con la excepción destacada de los Estados Unidos, que por su privilegiada posición de emisor de la más importante moneda de reserva internacional ha podido permitirse un prolongado e intenso déficit de la balanza por cuenta corriente, los países industrializados (Japón, la Unión Europea en su conjunto) se han beneficiado de la exaltación del libre cambio. Han registrado excedentes e invadido los marcados de los países atrasados, que, por su parte, han acumulado, en la mayoría de los casos, importantes déficit comerciales y déficit corrientes, incurriendo en un creciente endeudamiento.

En una primera fase, las facilidades de financiación otorgadas por la "desregulación" y la hiperactividad de los mercados ocultaban el problema, al tiempo que permitían la colocación de los excedentes de los países con superávit de la balanza de pagos. Con el tiempo, la situación ha llegado a ser fuente de graves desequilibrios, generándose para esos países un volumen de deuda externa y unos compromisos de pago -intereses y amortizaciones- imposibles de cumplir. En un momento dado, aparecidas las dificultades, se originan cambios acelerados del sentido de los flujos financieros - la huida de capitales -, obligándolos a drásticas devaluaciones (como las que tuvieron que asumir los países del sudeste asiático o Brasil) y colocándolos al borde de la bancarrota. Un somero repaso de la evolución de la balanza de pagos durante los últimos años, de la magnitud de los déficit acumulados por algunas importantes economías y del volumen de la deuda externa, deja poca duda de que la situación esta minada, al tiempo que dejan constancia de cómo la brecha Norte-Sur sigue ampliándose hasta extremos vesánicos.

Cabe, en fin, destacar los destrozos y las reacciones contra el neoliberalismo en las sociedades y economías del Tercer Mundo como otro rasgo estructural del estado de cosas gestado bajo su hegemonía. Los efectos del neoliberalismo están siendo devastadores, en términos de retroceso económico, destrucción de aparatos productivos, dependencia, invasión del capital exterior, cargas de la deuda, con las harto conocidas y dramáticas secuelas sociales. Pero la rebelión contra el desorden existente cobra cuerpo y se suceden las luchas y protestas en muchos e importantes países (Brasil, Méjico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Corea, Indonesia, etc.). El neoliberalismo, a pesar del debilitamiento que ha logrado de los trabajadores y de las organizaciones de la izquierda, a pesar de intentar cerrar las puertas a cualquier otra alternativa que no asuma sus dogmas –el pensamiento único-, no puede impedir que las fuerzas progresistas de la historia se sigan expresando, negando el orden establecido.

La hegemonía del neoliberalismo parece indiscutible, Las restricciones de todo tipo que la creciente globalización impone a las aspiraciones y objetivos de la clase trabajadora son innegables y actúan como leyes de hierro. Sin embargo, la situación mundial no está bloqueada. El fin de la historia no ha sobrevenido, entre otras razones porque son muchas las contradicciones que encierra el capitalismo en su versión extrema neoliberal y porque son muchas las víctimas de sus aberraciones. El triunfo del neoliberalismo lleva en sí el germen de su fracaso.

El movimiento obrero afronta un panorama complejo. Por un lado, el predominio ideológico, y sobre todo práctico, de las concepciones neoliberales golpea de modo demoledor a los trabajadores y ciega las alternativas. Por otro, al neoliberalismo le resulta imposible y se muestra incapaz no sólo de dar respuesta a los problemas del conjunto de las sociedades sino de responder a los problemas, no ya del conjunto de las sociedades, sino también de garantizar la propia estabilidad del sistema. Por último, las consecuencias del neoliberalismo, como no puede ser de otro modo, con menor o mayor dificultad, están reavivando la lucha de clases. La situación abre unas tareas estratégicas al movimiento obrero que pueden resumirse en dos puntos:

• Seguir oponiéndose a la ofensiva neoliberal en todas sus vertientes. Esta continuará porque es inseparable del propio modelo que ha establecido, con la exaltación del mercado y la competencia como motor de la sociedad, y porque, como se ha señalado, el capitalismo aún no ha podido entrar en una fase de crecimiento sostenido y elevado, para lo cual, en términos de sus leyes, se exige una más alta tasa de ganancia y, por tanto, una mayor explotación de los trabajadores.
• Programar, exigir otra política económica y otro modelo social, que respondan a las necesidades y aspiraciones de la mayoría de la población y corrijan las enormes desigualdades existentes.

Como combinación de esta estrategia de resistencia y de proposición alternativa, hay que impedir que el neoliberalismo haga tabla rasa de todos aquellos instrumentos, resortes e instituciones –la moneda, el sector público empresarial, los servicios públicos, el control de capitales, las aduanas-- que serán necesarios para reconstruir la sociedad con otros fundamentos, de modo que no se llegue al punto crítico de no retorno en el camino recorrido.

1.2. La globalización económica

La globalización económica no es más que la expresión actual de la tendencia a la internacionalización del ciclo productivo del capital. Uno de los aspectos en los que la globalización es más evidente es en el enorme papel que desempeñan actualmente las grandes corporaciones multinacionales. Este no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia del capitalismo, se ha registrado un proceso de concentración y centralización del capital que ha llevado a la existencia de corporaciones industriales cada vez mayores a las que se les quedaba pequeño el restringido marco de las fronteras nacionales. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, este proceso se ha acelerado notablemente y los grandes grupos multinacionales se han convertido en un dato de la situación

En la actualidad, existen más de 35.000 empresas multinacionales, entendiendo por tales a aquellas que operan en varios países. Su participación en el comercio mundial es el 70% del total, más del 40% de las transacciones internacionales de mercancías y servicios se realiza entre multinacionales o entre las casas matrices de éstas y sus filiales y controlan el 75% de las inversiones mundiales. Tienen, por tanto, una gran influencia en las relaciones políticas y económicas internacionales y son en gran parte responsables de la globalización económica que se está produciendo.

Pero la importancia de las multinacionales rebasa con creces los aspectos cuantitativos derivados de la mayor o menor penetración de sus mercancías en los mercados. En primer lugar, tienen una gran influencia en las relaciones económicas y políticas internacionales y, en gran parte, han desempeñado un papel decisivo en el proceso de integración europea. En segundo lugar, la inmensa mayoría de los avances tecnológicos parte de ellas. La mejora de los productos y de los procesos de producción y los nuevos productos y los nuevos procesos casi siempre tienen su origen en una multinacional o, para su éxito, terminan siendo absorbidos por una de ellas. En tercer lugar, las multinacionales tejen una red de empresas proveedoras, de comercialización de sus productos, de asistencia técnica posventa y de servicios relacionados con sus productos o su actividad que dependen considerablemente de las decisiones de la casa matriz. Formalmente, estas empresas no son de la multinacional, pero su actividad y su propia existencia depende totalmente de la misma. Finalmente, sus enormes volúmenes de capital, cifra de negocio y empleo las sitúan en una buena posición negociadora con los gobiernos, las convierten en uno de los principales operarios de los mercados financieros, etc.

Sin embargo, la estructura de las relaciones económicas internacionales muestran, también, que la realidad está muy alejada de lo que a menudo se propugna interesadamente. Si es verdad que no existen dudas sobre la internacionalización de los mercados financieros, en los que la globalización económica ha sido completa, no sucede otro tanto con las relaciones reales, como lo muestra el hecho de que el comercio exterior de la denominada tríada, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que en 1980 suponía el 18% del PIB conjunto, en la actualidad continúa situado en ese mismo porcentaje. Esto parece indicar que la internacionalización se ha producido dentro de cada uno de los componentes de la "tríada", pero no entre ellos. No estaríamos, por tanto, en presencia de un fenómeno de globalización sino más bien ante procesos de integración regionales y ante un cambio del papel desempeñado por el Tercer Mundo para el capitalismo

La denominada globalización económica es un proyecto político y un arma ideológica de gran eficacia. Es un proyecto político, pues se trata de construir una organización económica internacional en la que la libre circulación de mercancías y de capitales no encuentre el más mínimo obstáculo, en la que los gobiernos se vean incapacitados para realizar cualquier política social contradictoria con los intereses del capital o que dificulte el libre funcionamiento de las leyes del mercado, sea cuales fueren sus resultados, algo que, a pesar de las apariencias, todavía está muy alejado de la realidad. Y es un arma ideológica para imponer las condiciones de vida y laborales que el capital necesita para ser rentable. La globalización justifica las políticas recesivas, las agresiones al estado del bienestar, la flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación económica, etc., todo ello, en función de conseguir una competitividad sin la cual no es posible sobrevivir. Este aspecto ideológico de la globalización es, sin duda, el que tiene más repercusiones en la situación actual en la medida en que está sirviendo para imponer de forma generalizada las políticas económicas y sociales neoliberales.

1.3. La Europa del euro

La entrada en vigor del euro el 1 de enero de 1999, como unidad de cuenta por el momento, ha despejado en gran medida el horizonte de la unidad europea, bastante incierto hasta entonces por las incógnitas que hasta última hora existieron sobre la viabilidad del proyecto de la moneda común y el número de países que debían compartirla. Sin embargo, el paso dado no ha acabado con los problemas, contradicciones y dificultades que entraña la existencia de una única moneda y una política monetaria común para un conjunto de países muy diferentes en cuanto a potencia y situación económicas y todavía muy poco integrados en otros muchos aspectos, tanto política como económicamente. Lo de precipitado y prematuro que tenia el proyecto de Maastricht no ha desaparecido porque los gobiernos europeos decidieran, con más voluntad política que por condiciones económicas, dar por fin vía libre a un euro integrado por un amplio número de países (todos los aspirantes). Se ha emprendiendo una etapa que tiene bastante de aventura, tanto más cuanto que, una vez lograda la unión monetaria, el proceso de la integración de Europa ha perdido impulso. Los intereses nacionales, la visión de los estados, predominan sobre los proyectos comunes y no existe, una vez lograda la unión monetaria, ideas claras, ni voluntad, de cómo continuar el proceso de la construcción de Europa.

Para los trabajadores, el nuevo modelo económico surgido con la implantación del euro, al margen de las dudas que el mismo suscita, es un hecho de suma trascendencia por definir un contexto adverso para sus reivindicaciones y propicio para las políticas económicas y sociales regresivas. Sin perjuicio de que desde la firma del Tratado de Maastricht la política ha estado supeditada al cumplimiento de las condiciones de convergencia, y con dicho objetivo se han justificado los retrocesos impuestos en los derechos sociales y laborales, la existencia de la moneda única abre una nueva situación en la que, por un lado, será más duro y costoso lograr mejoras sociales y, por otro, se reducen los márgenes para llevar a cabo políticas económicas en cada país que respondan a sus necesidades y problemas. Para empezar, porque la política monetaria es única y porque el Pacto de Estabilidad sobre los limites del déficit público impone restricciones muy severas a la política fiscal. Antes, se trataba de cumplir unos objetivos –los requisitos de Maastricht--, pero con cierta flexibilidad en la medida que su incumplimiento era bastante generalizado, y siempre quedaba la posibilidad de postergar la incorporación a la moneda única. Ahora, vigentes ya los tipos de cambio irreversibles entre las monedas europeas, se actuará con la amenaza perramente de graves consecuencias para el empleo y la posición competitiva de cada país si no se respetan las líneas generales de la política europea, basada en la ortodoxia neoliberal. Con el euro, concepción y producto del neoliberalismo, se ha pretendido dejar todo bien atado, eliminando la posibilidad de políticas alternativas de signo progresista, supeditando la política y las opciones ideológicas a la ley del mercado, vaciando, en suma, de contenidos a la democracia.

Con los tipos de cambio irreversibles, todos los países han de afrontar la carrera de la competitividad sin contar, ni siquiera en situaciones extremas, con el recurso a la devaluación de su moneda. El intento de impulsar una política expansiva, de aplicar una política fiscal anticíclica, de ampliar los gastos sociales, de permitir una recuperación de los salarios, se pagará muy cara en términos de la actividad y el empleo. Los organismos internacional y el propio Banco Central Europeo, extralimitándose en sus funciones, no dejan de aconsejar endurecer las políticas de austeridad y revisar los fundamentos del Estado del Bienestar, con las pensiones siempre en el punto de mira, como única alternativa coherente con el modelo económico instaurado con el mercado y la moneda únicos. Tal es el dogal que el euro impone a todos los países, aunque aprieta particularmente a los países más atrasados, como resulta ser el caso de nuestro país.

Siendo la economía española menos competitiva por su retraso histórico, habrá de sostener su competitividad a fuerza de acosar los salarios, recortar los derechos laborales y degradar los servicios públicos. Estos objetivos se presentarán socialmente cada vez como más inevitables cuando, con el paso del tiempo, la debilidad de la economía española con respecto a los principales países europeos socave su equilibrio exterior, no existiendo posibilidad alguna de restaurarlo modificando el tipo de cambio de la moneda. Están todavía muy recientes las cinco devaluaciones que tuvo que soportar la peseta entre 1992 y 1995, y sus efectos decisivos a través de las exportaciones para lograr sacar a la economía de la grave recesión que sufrió en 1992-93, como para pensar que ya no se repetirán este tipo de situaciones en el futuro, por disciplinada y sometida que sea la política económica a partir de ahora.

Por otra parte, no es necesario insistir en la gravedad comparativa del problema del paro en nuestro país, en el retraso de la renta media española respecto a la europea y en el insuficiente desarrollo de las prestaciones y servicios sociales, también en comparación con la Unión Europea, como para reconocer la necesidad de aplicar una política con rasgos propios, tendente a reforzar el crecimiento y a impulsar la redistribución, que ahora se argumenta imposible.

La sociedad española, en la Europa de Maastricht, queda de este modo atrapada en un marco o contexto económico que le resulta desfavorable por sus debilidades y excesivamente rígido para sus necesidades. Esta condenada a no desviarse un ápice de las exigencias del mercado y las directrices que impongan la burocracia del Banco Central Europeo, cuya política está diseñada, no para lograr el pleno empleo, sino para estabilizar el valor interno y externo del euro. Sin embargo, las principales víctimas de la nueva situación son los trabajadores, sobre los que se tenderá a descargar siempre el peso de los ajustes y la austeridad. El proceso de la integración europea nunca fue neutro en términos de las clases sociales y mucho menos lo ha sido esta etapa impregnada de neoliberalismo de la unidad monetaria. Los trabajadores tendrán que romper con sus reivindicaciones, luchas, movilización, organización y solidaridad este marco opresivo que se les ha impuesto.

 
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Los ejes fundamentales de la política de agresión neoliberal al empleo son los siguientes:
 

a) La reducción de los costes laborales Desde el inicio de la crisis, los organismos internacionales, los gobiernos de los países industriales y una legión de teóricos de la economía no han cesado de insistir en que los salarios son los principales responsables de la crisis y del enorme volumen de desempleo inexistente. Y han conseguido su objetivo: al menos desde 1980, en la mayoría de los países industriales, los salarios reales han crecido menos que la productividad, lo que significa que la renta se ha redistribuido en contra de ellos. Pero no han logrado que el paro disminuya pues, desde la irrupción de la crisis económica en los primeros años setenta, cada recuperación cíclica se ha mostrado incapaz de absorber el paro que generaban la recesión anterior y el aumento de la población activa. Hoy son más de 30 millones los parados que acumulan los países que componen la OCDE y más de 16 los de la Unión Europea. Así pues, la reducción de los salarios no sólo no ha conseguido que el paro disminuya sino que, por el contrario, ha aumentado convirtiéndose en el primer problema social de los países industriales. Pero esto no debe extrañar porque, en las economías capitalistas, los salarios desempeñan un papel contradictorio: son una parte de los costes de los empresarios, pero también son el componente más importante de la demanda agregada. La economía capitalista se mueve pues, por el «filo de un cuchillo»: los salarios no pueden crecer demasiado, porque los beneficios se reducirían, ni demasiado poco, porque no habría demanda efectiva suficiente. Con su insistencia en la política de oferta y en la reducción de los salarios, el neoliberalismo ha olvidado su papel como motor de la demanda, provocando una debilidad estructural del consumo que pesa como una losa en la recuperación de la actividad económica y en la reducción del paro.

b) La flexibilización del empleo y el cambio en las condiciones laborales. Para el neoliberalismo, la legislación laboral excesiva es la causa fundamental de que los mercados de trabajo no funcionen eficientemente. Según ellos, impide que los empresarios puedan utilizar discrecionalmente a la mano de obra, la protección contra el desempleo desincentiva a los parados, los trabajadores disponen de ciertos resortes legales para dificultar el ajuste de las plantillas y la deseada movilidad de la mano de obra en el proceso productivo, evita el abaratamiento de los despidos, etc. Estos argumentos son utilizados para justificar una desregulación del mercado de trabajo que convierta a las relaciones laborales en la ley de la selva.

Por un lado, la necesidad de aumentar sustancialmente la productividad exige rentabilizar al máximo la utilización de la fuerza de trabajo, lo que implica la flexibilización del empleo y la eliminación de todo tipo de controles, ya sea por parte de la autoridad administrativa como por parte de los propios trabajadores y sus organizaciones. Para ello hay que flexibilizar la entrada en el puesto de trabajo (precarizando el empleo), la permanencia (movilidad funcional y geográfica y desregulación del tiempo de trabajo) y la salida del mismo (con el despido libre) para que los empresarios puedan ajustar sus plantillas a las variaciones de la producción y la demanda, consiguiendo así que éstas sean las mínimas indispensables.

Por otro lado, es necesaria la flexibilización de los salarios. Aunque la flexibilización del empleo es un factor que presiona a la baja los salarios, los neoliberales no lo consideran suficiente y proponen cambios legales que garanticen una reducción salarial. Para ello buscan cambios en la estructura del salario, que reduzca su parte fija y aumente la variable, que esté ligado a los beneficios de las empresas, a la productividad, etc. También quieren modificar la legislación que ampara a la negociación colectiva para primar las relaciones individuales y eliminar derechos laborales.

c) Una concepción reaccionaria de las llamadas "políticas activas de empleo". Conseguida una reducción apreciable de la participación de los salarios en el PIB y una flexibilización de los mercados de trabajo más o menos intensa según los países, el neoliberalismo ha desarrollado una concepción reaccionaria y peligrosa de lo que se conoce como "políticas activas de empleo". Tratan, por un lado, de mejorar las condiciones de la oferta de trabajo, de modo que los empresarios puedan encontrar fácilmente el tipo de mano de obra que más les beneficia, y, por otro, de externalizar una parte de los costes de formación de los trabajadores que hasta ahora se realizaban en el seno de la empresa. Sus principales elementos son los siguientes:

La gestión del empleo. El objetivo declarado de las medidas para gestionar el empleo es conseguir que el trabajador desempleado vuelva a encontrar empleo lo antes posible pero, si existe paro, la causa no es que sea difícil encontrar un puesto de trabajo porque se desconozca donde está, sino porque la demanda de trabajo es menor que la oferta. Las políticas de gestión del empleo, por sí solas, no sirven para crear puestos de trabajo. No en balde, se reconoce, por ejemplo en los documentos de la cumbre del G8, que este tipo de políticas sólo funcionan "en presencia de una fuerte demanda de mano de obra", es decir, cuando la actividad económica general genera nuevos puestos de trabajo. Pero los empresarios quieren utilizarlas para encontrar una mano de obra más "a la carta" y como coartada para privatizar una parte importante de las gestión pública del empleo (las agencias privadas de colocación), para justificar el prestamismo laboral que suponen las Empresas de Trabajo Temporal o, incluso, para intentar implicar a los sindicatos en la gestión de la miseria.

La construcción de un sistema de formación continua. Desde el punto de vista del movimiento sindical, la inversión en formación es la más rentable para los trabajadores, pero no es esto lo que pretende la patronal. Por un lado, tratan de externalizar unos costes de formación que hasta ahora recaían en las empresas. La tecnología actual exige que los trabajadores tengan un elevado nivel de formación básico, que es el que deben facilitar los diferentes niveles de enseñanza reglada, que permita y facilite el aprendizaje en cada puesto de trabajo concreto. Esta formación específica es la que, hasta ahora, dependía de cada empresa en particular, y pretenden que se financie con cargo a fondos públicos o a las cuotas de los trabajadores. Es evidente la legitimidad de los sindicatos para gestionar unos fondos de formación que, en la mayoría de los países europeos, provienen de las cuotas que se les descuentan a los trabajadores, pero no lo es menos que también se persigue que la formación puede ser uno de los elementos fundamentales para implicar a los sindicatos en la gestión de la política de empleo neoliberal. Se está poniendo en manos de los sindicatos un volumen enorme de fondos para una actividad cuya eficacia para los trabajadores como clase, en ocasiones, no está clara, y que puede crear unos intereses materiales en los sindicatos que les disminuya su grado de autonomía.

Exenciones y bonificaciones para una supuesta creación de empleo. Ocupan un lugar secundario pero, en la mayoría de los países, su volumen no es en absoluto despreciable. Se trata de subvencionar, mediante exenciones en las cuotas sociales, la conversión del empleo temporal en fijo, la contratación de jóvenes, mujeres, o minusválidos, etc.

Rechazo de un crecimiento con mayor contenido de empleo. Ante el potencial de creación de empleo, prácticamente ilimitado, en muchos sectores en los que las necesidades sociales se encuentran insatisfechas (educación, sanidad, desarrollo sostenible, etc.), los neoliberales se suelen oponer porque, en general, no son rentables para el capital privado y exigen inversiones públicas, pues no es por casualidad que el mercado no responda a estas necesidades. Como mucho, prefieren plantear un concepto de "nuevos yacimientos de empleo" que supone la búsqueda de la creación de empleo asalariado en actividades que hasta ahora están fuera del mercado (cuidado de niños o ancianos, por ejemplo) o que pueden suponer nuevos servicios (vigilantes de aparcamientos, por ejemplo).

Desde el punto de vista de los trabajadores, el reaccionario concepto neoliberal sobre el empleo y los derechos laborales, es un camino equivocado para acabar con el paro y suele encubrir fuertes agresiones a los intereses de los trabajadores. Son un camino equivocado porque, al contrario de lo que sostienen los neoliberales, la reducción del paro no depende de que se mejore la oferta de trabajo, sino, por un lado, de que aumente la demanda de empleo, lo que requiere una política económica expansiva, en la dirección opuesta a la neoliberal, y, por otro, de la reducción de la jornada laboral porque, dados los avances tecnológicos que se han producido, es imposible conseguir el pleno empleo sin chocar con el equilibrio ecológico. Y a menudo encubren fuertes agresiones a los derechos de los trabajadores, porque se contraponen a las llamadas políticas pasivas, esto, se propugna que los fondos dedicados a lucha contra el paro se dediquen a gestionar el empleo, la formación, la subvención de ciertos puestos de trabajo, y no a la cobertura del desempleo mediante el seguro de paro. Desde el punto de vista de los trabajadores, la exigencia fundamental es la consecución de un puesto de trabajo para todo aquel que lo necesite pero, mientras tanto, si el sistema no es capaz de garantizarlo, la exigencia de un seguro de paro o un subsidio de desempleo para todos los parados es fundamental.

Desde el mismo momento en que ganó las elecciones, el gobierno del PP ha venido practicando una política de ajuste permanente que ha cumplido los requisitos fundamentales exigidos por el neoliberalismo. En un principio, dicha política fue justificada por la necesidad de cumplir las condiciones de convergencia exigidas para la incorporación al grupo de países que crearían la moneda única. Alcanzado este objetivo, la política de ajuste se ha justificado por la necesidad de mantener la competitividad en las nuevas condiciones creadas por la globalización, en general, y la moneda única, en particular. Dicha política, que ha supuesto una importante profundización de la que venían practicando los gobiernos del PSOE, ha tenido los siguientes componentes:
 

a) Una política fiscal restrictiva y regresiva. El objetivo fundamental de la política fiscal ha sido la reducción del déficit público, relegando para mejores tiempos la política necesaria para combatir el paro, y a ello se ha subordinado toda la actividad presupuestaria. Para conseguirlo, el gobierno del PP ha infligido una severa pérdida de poder adquisitivo a las remuneraciones de los funcionarios, ha reducido las plantillas de los mismos por la vía de no renovar la mayor parte de las vacantes que se iban produciendo, ha recortado los gastos sociales con criterios antisociales y ha procedido a la liquidación de una gran parte de las empresas públicas que todavía lo eran. Esta política restrictiva se ha desarrollado paralelamente a reformas impositivas de marcado carácter regresivo: reducción de tipo impositivo de las plusvalías, aumento de los impuestos indirectos, exoneración de beneficios mediante la regularización de balances, aumento de las desgravaciones en el IRPF de las aportaciones a los fondos de inversión, etc. Y a todo ello hay que unir la reforma realizada en el IRPF en 1998, que supondrá un trato de favor aún más acusado para las rentas altas y las rentas del capital, y que acentuará el carácter regresivo del sistema fiscal.

b) Una política de revisión permanente del estado del bienestar. Más allá de la necesidad de reducir el gasto público, el gobierno del PP ha puesto en marcha continuas medidas de adelgazamiento sistemático del raquítico estado del bienestar existente en España. Los objetivos fundamentales son: rentabilizar al máximo las prestaciones sociales, conseguir una reducción a largo plazo de los costes sociales y privatizar todas aquellas actividades que puedan ser rentables para el capital privado. En este sentido han ido las reformas efectuadas en el sistema de pensiones (ampliando el plazo para la percepción de la pensión y reduciendo las prestaciones), la sanidad (medicamentazo, creación de las fundaciones sanitarias), la enseñanza, las prestaciones por desempleo, etc. Esta política se ha concebido de una forma dinámica, de modo que, una vez conseguidos unos objetivos, rápidamente se comienza a trabajar por otros más ambiciosos. Así, por ejemplo, una vez consolidada la contrarreforma del sistema de pensiones que supuso el Pacto de Toledo, el gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una nueva contrarreforma que vaya mucho más allá de la anterior.

c) La flexibilización del empleo y el deterioro de las condiciones laborales. El gobierno del PP ha profundizado en la política de flexibilización del empleo y rentabilización de la fuerza de trabajo que se ha venido practicando en España desde el inicio de la transición política. Este es el sentido que tienen la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1997, abaratando el despido y creando un nuevo contrato con menos derechos (el denominado "fijo barato"), los cambios en la legislación del empleo a tiempo parcial, las subvenciones a los contratos temporales y a tiempo parcial, etc. Lejos de los propósitos anunciados en cada una de estas reformas, el empleo precario no ha registrado ninguna reducción significativa y el paro continúa en porcentajes muy superiores a los que rigen en el resto de los países europeos. Por lo que respecta al empleo público, el Estatuto de la Función Pública va en la misma dirección de rentabilizar al máximo el empleo público introduciendo medidas de flexibilización en el mismo sentido de las que ya existen en el sector privado.

d) Las privatizaciones. En lo que respecta a las privatizaciones, el gobierno del PP ha realizado un salto cualitativo respecto a la política que habían practicado los gobiernos del PSOE hasta el punto de que puede decirse que el sector público empresarial es prácticamente inexistente o está a punto de ser vendido al capital privado y/o a las multinacionales. En este sentido no se ha tratado sólo de obtener recursos para financiar el déficit público, sino también de devolver actividades rentables al capital privado y, como se corresponde con su ideología, reducir el sector público tanto cuanto sea posible.

Esta política de ajuste permanente ha rendido frutos apreciables para las clases dominantes. Si se compara la situación de la economía española en la actualidad con la que existía en el momento en el que el PP ganó las elecciones, siguiendo los criterios de la derecha, la patronal y las clases dominantes, no hay duda de que el gobierno lleva razón cuando dice que España va bien. Sin embargo, desde el punto de vista de los trabajadores todo va bastante mal. Un total de 2.550.700 personas, el 15,6% de la población activa, se encuentran desempleados y otras 3.524.400, el 32,7% de los asalariados, cuentan con un empleo en precario. La situación está tan deteriorada que casi la mitad de la clase obrera está parada o cuenta con un trabajo en precario, a lo que hay que unir la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el deterioro de las condiciones laborales que han supuesto las dos últimas contrarreformas de 1994 y 1997, el crecimiento alarmante de la siniestralidad laboral, el deterioro de las prestaciones sociales, que ha hecho que las pensiones de dos tercios de los jubilados están por debajo del salario mínimo, el retroceso de las prestaciones por desempleo, que se encuentran en un nivel históricamente mínimo, etc. Conquistas sociales que les costaron décadas de lucha a los trabajadores, hoy se han visto desaparecer una tras otra y el proceso, si no se le pone coto, está aún muy lejos de terminar.

Así pues, la clase trabajadora se encuentra en muy malas condiciones. Las causas que han hecho que se llegue a esta situación son múltiples y tienen raíces profundas: los efectos objetivos que ha tenido la crisis económica sobre los trabajadores, la hegemonía del imperialismo americano y de las ideas neoliberales que ha supuesto la caída del socialismo real, la ofensiva ideológica desencadenada por el neoliberalismo y, porque no decirlo, los errores políticos de la mayoría de la izquierda política y del movimiento sindical. Pero sobre todos estas causas, durante los últimos años se ha superpuesto una estrategia sindical equivocada. Frente a la dura política económica y social aplicada por el gobierno de la derecha, los sindicatos no hemos sido capaces de articular ni la necesaria contestación, ni una política sindical eficaz para defender los intereses de los trabajadores y fortalecer al movimiento sindical. Antes al contrario, hemos estado empeñados en una continua política de negociación con el gobierno y la patronal que no sólo no ha supuesta ninguna mejora apreciable en las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, sino que se ha traducido en retrocesos en las prestaciones sociales y en los derechos de los trabajadores. Pero lo más grave es la desmovilización y el descenso del nivel de conciencia de la clase trabajadora frente a las agresiones del neoliberalismo y del capitalismo que se han producido.

2. LAS TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO DEL TRABAJO

El intenso proceso de cambio productivo y tecnológico, unido a la ofensiva neoliberal, ha ido configurando una nueva realidad sobre la que actúa el movimiento sindical y que altera de manera sustancial el marco previo en el que se desenvolvía, colocándole ante difíciles retos. Las principales repercusiones de dichos cambios son las siguientes

2.1. Los cambios en el mercado de trabajo

Como consecuencia de la crisis económica, pero también a causa de la estrategia seguida por el capital, se han producido cambios profundos en el mercado de trabajo.

El paro masivo

El paro masivo se ha convertido en un dato de la situación en la mayoría de los países industriales y, desde luego, en el Tercer Mundo. En la actualidad (marzo de 1999), en la Unión Europea existen 16,3 millones de parados, lo que equivale al 10,4% de la población activa de los quince. En los peores momentos de la pasada recesión, en 1993, el número de parados era de 18 millones, equivalentes al 11,5% de la población activa. Así pues, 6 años de recuperación coyuntural no han servido para reducir significativamente el desempleo. Por lo que respecta a la economía española, el paro afecta al 15,6% de la población activa.

Las causas de que se haya llegado a esta situación son varias. Por un lado, se ha producido una reducción drástica del ritmo de crecimiento respecto al que se dio en las décadas de pleno empleo posteriores a la Segunda Guerra Mundial: la UE que creció el 4,8% al año de 1960 a 1973, lo ha hecho al 2% desde entonces. Por otro, el paro masivo es también consecuencia de la política económica neoliberal, enormemente restrictiva, hegemónica desde el principio de los ochenta. Finalmente, el desempleo es también consecuencia los fuertes aumentos de la productividad que se han producido. Un ejemplo es lo sucedido en la economía española. En 1996 sólo eran necesarios 61 trabajadores para producir el equivalente a lo que producían 100 en 1975. La jornada de trabajo necesaria para producir el mismo producto con el mismo empleo debería haberse reducido a 24 h y 24m en 1996. Este problema se agudizará en los años venideros como consecuencia del progreso tecnológico.

Durante las décadas de expansión posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el mercado de trabajo de los países industriales estuvo regido más por la regulación, ya sea legal o convencional, que por los mecanismo de mercado, lo que contribuyó decisivamente a mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores. Con el ascenso del neoliberalismo y su conversión en ideología hegemónica, la desregulación ha sido la norma dominante, de modo que la tendencia es hacia el pleno funcionamiento del mercado de trabajo, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. En este sentido, la política neoliberal puesta en práctica por la mayoría de los gobiernos de los países industriales ha tenido los mismos componentes.

La desregulación laboral ha tenido unos efectos desastrosos sobre la clase trabajadora. La elevada proporción de trabajadores que se ven afectados por contratos temporales, una parte significativa de los mismos con una duración muy corta, y a tiempo parcial, unidos al abaratamiento y a las mayores facilidades para los despidos, han hecho que se desarrolle una sensación de gran inseguridad e inestabilidad en el empleo en un sector importante de la clase obrera que aún cuenta con un puesto de trabajo. En estas condiciones, y teniendo en cuenta que el empleo temporal afecta fundamentalmente a los jóvenes, es imposible que estos se construyan su futuro estando como están a merced de que el empresario de turno decida periódicamente renovar el contrato que les permite mantenerse ocupados. Además, ¿alguien piensa que es posible mantener la dignidad en el trabajo sin ir rápidamente al paro en estas condiciones laborales? Téngase en cuenta además que una parte importante del empleo temporal lo es a través de las Empresas de Trabajo Temporal, una forma intolerable de prestamismo laboral..

El debilitamiento de los servicios públicos y, en particular, de la política social es un factor adicional de precariedad, cuyo impacto es particularmente importante sobre las mujeres, lo que hace más precarias las condiciones en las que estas efectúan lo esencial del trabajo de reproducción. La aplicación de políticas de ajuste y restrictivas basadas en presupuestos restrictivos que sacralizan la reducción del déficit público, y el consiguiente recorte de los gastos públicos en protección social, afecta a contingencias como el seguro de desempleo, las pensiones, la sanidad y los servicios sociales, produciéndose una pérdida de la cobertura y de calidad de dichos servicios que viene así a agravar aún más las consecuencias del paro y la precariedad.

El pleno empleo, uno de los elementos fundamentales del estado del bienestar durante las décadas de expansión económica posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es un objetivo que ha desaparecido completamente de los programas de la mayoría de los partidos políticos (salvo de IU) ante la evidencia del alto volumen de paro y su resistencia a reducirse. Cada vez es mayor la proporción de parados que no perciben ninguna prestación económica, lo que se traduce en una aumento preocupante de la pobreza. Se ha procedido a un asalto de los sistemas de pensiones públicas, endureciendo considerablemente las condiciones para acceder a las mismas y reduciendo fuertemente su importe. La tendencia privatizar los servicios públicos, en general y la sanidad y la enseñanza, en particular, es creciente. La lista podría continuar, pero lo anterior basta para llegar a una conclusión clara: el retroceso del estado del bienestar en la mayoría de los países ha sido enorme

2.2. La descentralización de la producción y el empleo flexible

Las nuevas tecnologías y los cambios en la organización del trabajo que llevan aparejadas, están teniendo consecuencias importantes para los trabajadores.

La descentralización de la producción

Durante las últimas décadas, se ha registrado un proceso de internacionalización creciente de los factores productivos. Un caso evidente e ilustrativo en grado sumo ha sido el de la industria del automóvil, donde una misma multinacional puede vender un coche en Alemania que ha sido montado en el Estado español con un conjunto de piezas producidas en tres países diferentes. Las nuevas tecnologías inciden en este proceso, acelerándolo y llevándolo al extremo. El desarrollo de la informática y de las redes de transmisión de datos permite, por una parte, una mayor descentralización de la producción entre países, entre regiones de un mismo país, entre los distintos establecimientos de una empresa, etc., y, por otra, una mejor y más barata gestión de los stocks (en la industria del automóvil, por ejemplo, da igual cual sea el concesionario que dispone del color del vehículo que ha pedido un cliente, si ello puede ser conocido sin más que acudir a la terminal dei ordenador), lo que supone un mayor abastecimiento de los mercados potenciales, sea cual sea el lugar donde se produzca la mercancía correspondiente.

Estas nuevas posibilidades de descentralizar la producción, unidas al cambio en la cualificación de los trabajadores que han implicado las nuevas tecnologías, tiene algunas consecuencias importantes. Por un lado, permite al capital huir de las concentraciones obreras tradicionales, en general más conflictivas, e instalarse en zonas rurales más tradicionales, ya que los establecimientos pueden ser más pequeños, pueden estar más dispersos geográficamente, las tareas de los trabajadores que se ocupen en ellos no requieren una elevada especialización, por lo que puede emplearse mano de obra que antes era agrícola, etc. Por otro lado, estas mismas características suponen nuevas posibilidades de potenciar el trabajo a domicilio, con el consiguiente desarrollo de las formas flexibles y clandestinas de trabajo. Ambos fenómenos están provocando un cambio profundo en la clase obrera, si, por un lado, se desmontan los grandes núcleos obreros tradicionales y, por otro, parte de la producción se saca de las fabricas y se relega a los hogares de los trabajadores.

Las nuevas tecnologías implican, pues, un desarrollo del empleo precario, pero no es ésta la única flexibilidad que llevan aparejadas. Implican también un trabajo más flexible dentro de las fábricas, lo que supone un deterioro de las condiciones laborales hasta ahora existentes.

En primer lugar, la posibilidad de una menor formación y cualificación profesional de una parte de los trabajadores ocupados en ellas permite una reducción de la proporción de la plantilla que cuenta con un puesto de trabajo fijo y un aumento de la correspondiente a trabajadores eventuales, con contratos temporales o a tiempo parcial. Ya no es tan importante como antes la permanencia de largo tiempo de todos los trabajadores en la misma fábrica, como una condición para mejorar su destreza, habilidad y el producto que se obtiene en la misma, mientras que sí resulta conveniente dotarse de mayores posibilidades para reducir las plantillas, no sólo ante las variaciones de la demanda de las mercancías, sino también ante los cambios tecnológicos que se puedan producir.

En segundo lugar, la mayor simplificación y parcelación de las tareas para la mayoría de los trabajadores implica un mayor control del coste de la fuerza de trabajo por parte del capital, que buscará que éste sea el menor posible. Por tanto, supone un empleo más flexible en todos sus aspectos. Por un lado, el empresario tratara de ajustar temporalmente el total de horas trabajadas al año a las variaciones de la demanda, lo que implicara el cómputo de la jornada en términos anuales (lo que significa que no en todos los meses se trabaja el mismo numero de horas), la libertad para establecer turnos, la flexibilidad de las horas extraordinarias, etc. Por otro lado, la minimización del gasto de trabajo implica la posibilidad de utilizar a todos los trabajadores en todas las tareas, lo que supone la movilidad funcional y la polivalencia de los puestos de trabajo, o su traslado de unos establecimientos a otros, lo que representa la movilidad geográfica.

Finalmente, el empresario buscará dotarse de la posibilidad de cerrar unos establecimientos que hayan dejado de ser rentables para abrir otros, de suprimir ciertas líneas de producción que la tecnología haya dejado obsoletas e incluso de cerrar toda la fabrica sin problemas si la actividad que emprendió, que consideraba en la frontera de la tecnología y altamente rentable (lo que se conoce como empresas de "capital-riesgo"), luego no lo ha sido. Las nuevas tecnologías, al menos en la fase de recesión, implican que el capital avance sobre el despido libre.

Las nuevas tecnologías, suponen una sofisticación hasta ahora desconocida de los procesos de producción. No es ya sólo que, en algunas industrias, muchas actividades sean realizadas por robots, o que los ordenadores y la informática se introduzcan crecientemente en la mayoría de ellas, sino que las diferentes fases del proceso productivo están cada vez más parceladas, la coordinación de cada una de ellas es cada vez más compleja, etc. Esto tiene algunas repercusiones importantes.

Las nuevas tecnologías suponen una mayor separación del trabajo intelectual y manual. El diseño tanto de los procesos productivos como de los productos ha pasado a ser realizado por un número muy reducido de técnicos que diseñan una ejecución muy simplificada y parcelada para la mayoría. Se ha producido una separación entre unos pocos "gestores" de los procesos productivos y una mayoría de "ejecutores" pasivos. Esta simplificación de tareas para la mayoría de trabajadores afecta a las clasificaciones por categorías que hasta ahora se habían manejado, a las definiciones de puestos de trabajo, etc. Fresadores, ajustadores, en la industria, u oficiales administrativos de primera, cajeros, contables, etc., en los servicios, son categorías que han comenzado a perder su significado en la práctica. La mayoría de las tareas que se realizan en una empresa, ya sea industrial o de servicios, puede ser realizada por la mayoría de los trabajadores de la misma, sea cual sea la categoría profesional de cada uno de ellos. La movilidad funcional, la polivalencia de los puestos de trabajo, etc., son, por tanto, los elementos básicos de la nueva organización del trabajo que necesita el capital.

Esta simplificación y parcelación de las tareas para la mayoría de los trabajadores lleva aparejada un aumento del control del gasto de la fuerza de trabajo por parte del capital, impidiendo que lo haga el trabajador. Si con el montaje en cadena los ritmos de trabajo desempeñaron un papel fundamental, con las nuevas tecnologías cada tarea especifica es simplificada y parcelada al extremo, controlada la cantidad de trabajo que requiere, organizada en un conjunto más amplio con ninguna participación del trabajador. El mayor aprovechamiento del gasto de la fuerza de trabajo implica un empleo y una jornada más flexibles.

Como una consecuencia de lo anterior, las nuevas tecnologías y la nueva organización del trabajo suponen una aceleración del proceso de descualificación de la clase obrera. La banca, sector en el que ya es muy difícil encontrar a algún trabajador que sepa contabilidad, pues la mayoría de ellos se limitan a teclear en la terminal del ordenador un conjunto de operaciones previamente codificadas pero que no sabe lo que significan es, a este respecto, paradigmático, pero en muchas industrias ocurre otro tanto. Esta realidad de que el capital necesita una mano de obra profesionalmente menos cualificada, afecta al sistema educativo.

Por un lado, es preciso preparar muy profundamente a esa minoría de técnicos "ideadores" de los procesos productivos. Para el capital, no tiene ningún sentido que la mayoría de la población acceda a la enseñanza superior, pues no la necesita para nada, sino que ésta se dedique a formar cada vez mejor a una minoría de dirigentes. Por otro, para la mayoría de los trabajadores ya no se trata de darles una formación profesional de torneros, ajustadores o contables, sino de prepararles a nivel general para que puedan comprender y ejecutar las tareas simplificadas especificas que los "ideadores" de cada fábrica concreta han diseñado previamente para ellos.

2.3. Los cambios en la clase obrera

Durante las últimas décadas, la clase obrera ha sufrido cambios profundos de composición que los sindicatos no podemos ignorar. Por lo que se refiere a España, los más importantes son los siguientes:

Los efectos del paro y la precariedad.

La política neoliberal ha tenido unos efectos desastrosos sobre los trabajadores. En el segundo trimestre de 1999, había 2.550.700 parados, el 15,6% de la población activa, el empleo temporal afectaba a 3.524.400 asalariados, el 32,7% del total, y el empleo a tiempo parcial, una parte del cual también era temporal, a 1.145.900 personas, el 10,6% del total. El grado de rotación de los contratos, y por tanto la inestabilidad en el empleo, era muy elevado, como lo muestra el hecho de que durante 1998 se había necesitado realizar 26,7 contratos por cada puesto de trabajo neto creado. Las consecuencias de todo ello han sido desastrosas para los trabajadores. Si definimos como clase obrera a todas aquellas personas que se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir y lo medimos por los asalariados más los parados de la EPA, el resultado que se obtiene es que, en el segundo trimestre de 1999, casi la mitad de la clase obrera española, el 45,6%, se encontraba parada o contaba con un trabajo en precario. Por lo que se refiere a los jóvenes menores de 24 años, este porcentaje se aproximaba a la insólita cifra del 80%.

• La segmentación de la clase obrera. La clase obrera se encuentra fuertemente segmentada: entre parados (19,1% en el segundo trimestre de 1999) y ocupados (80,9%), dentro de los ocupados, entre trabajadores fijos (el 67,3%) y temporales (el 32,7%), los trabajadores fijos, a su vez, se ven subdivididos entre a tiempo completo y a tiempo parcial, con contratos anteriores a la reforma de 1997 o "fijos con despido barato" introducidos con esa reforma, sometidos a expedientes de regulación de empleo o no, en sectores "con futuro" o no, en pequeñas o en grandes empresas, etc.
• La pérdida de peso de los trabajadores industriales y la terciarización del empleo. Esta tendencia es especialmente marcada en algunos países. Por ejemplo, en España, en el segundo trimestre de 1999, el sector secundario ocupaba solamente al 30,6% de la población ocupada, la industria sin construcción al 20,2%, y la agricultura solamente al 7,4%. Por el contrario, lo que convencionalmente se denomina como "servicios" ocupaban al 62,0% del empleo total.
• Una nueva composición de la clase obrera. La incorporación al mercado de trabajo de mujeres y de jóvenes con otra cultura; la persistencia de una elevadísima tasa de paro y los millones de trabajadores precarios son colectivos muy numerosos y difíciles de representar; se desarrollan nuevas profesiones y desaparecen otras, produciéndose un doble proceso de aumento de la cualificación y de descualificación; crecen el sector servicios y el público; aparecen nuevos fenómenos como el teletrabajo; crecen los falsos autónomos (ya sea porque se lo exige la empresa para aumentar la productividad o porque, ante el paro, se ven empujados a tratar de vivir con pequeños negocios en hostelería, en el comercio, etc), y los trabajadores clandestinos e inmigrantes.

Todo lo anterior, en paralelo a la pérdida de peso de los sectores más tradicionales, exige por parte del movimiento sindical y especialmente de CCOO un relanzamiento de la acción sindical reivindicativa. Somos conscientes que debido a la ofensiva patronal los obstáculos a la sindicación de estos nuevos actores son obvios. Pero a la desregulación del mercado laboral amparada y apoyada a veces por una práctica sindical que se ha alejado crecientemente de un contenido de clase, no son insuperables. Precisamente porque estos sectores de la clase obrera son los más oprimidos, los que no tienen derechos, los que peores condiciones salariales disfrutan, deben ser un terreno prioritario para nuestra intervención. Muchos de estos sectores tienen una composición mayoritariamente de jóvenes. Atraerlos al sindicato pasa porque aparezcamos con unas señas de identidad diferentes a las que hasta ahora hemos podido presentar. Una acción sindical que abandone la política de pactos y colaboración con el gobierno del PP y se centre en la acción movilizadora, ofreciendo el respaldo del conjunto del sindicato a estos sectores más oprimidos. Sabemos que la lucha por la organización de estos cientos de miles de trabajadores, en su mayoría jóvenes, será difícil, pero no vale buscar excusas para seguir instalados en la inacción y la parálisis

2.4. La ofensiva ideológica del neoliberalismo

El neoliberalismo ha tratado de introducir con cierto éxito la cultura del triunfo individual y de la resignación social, habiéndose producido un avance de la ideología basada en el triunfo, como aventura individual, en el enriquecimiento personal y en la aplicación competitiva del «sálvese quien pueda». El enriquecimiento súbito es el paradigma del ascenso social en un mundo en el que prevalece la ética del beneficio y de la especulación. Ello genera cambios subjetivos en el trabajador, que afloja los lazos solidarios y debilita la conciencia social Al no tocarse los parámetros redistributivos, se crea la conciencia falaz de que el individuo no se ha esforzado lo suficiente y es el culpable de su situación, ya que el Estado ha cumplido. De esta forma se desresponsabiliza al sistema y se culpa a los sujetos individualmente considerados. Así se fomenta una cultura de la resignación ante las altas tasas de paro, la precariedad, la desprotección y el dualismo social creciente, con sus amplias franjas de pobreza y marginación. Es la aplicación práctica de aquella vieja divisa liberal, puramente darwinista, de «cada hombre para sí y al último que se lo lleve el diablo».

Coherentemente con lo expuesto, la ofensiva liberal-conservadora ha venido acompañada de medidas tendentes a debilitar a los sindicatos en su papel representativo y de defensa de intereses de carácter general y particular. Así, se han endurecido las legislaciones antihuelga, la aplicación de los servicios mínimos, se ha dificultado la sindicación, se ha reprimido la contestación social, se ha negado el apoyo institucional a la actividad sindical, etc.

En resumen, la combinación de los cambios productivos y tecnológicos y la aplicación de políticas liberales ha restado centralidad a la clase trabajadora, a pesar del o cual, su actitud, su disposición a participar en movilizaciones en defensa de sus conquistas y derechos no se puede poner en duda, como lo muestran las luchas que se han sucedido durante los últimos años en Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, etc. Pero tampoco hay duda de que se ha debilitado la figura obrero-masa que fue el símbolo de las grandes luchas sindicales y que aparecía como protagonista político y social unificante de las grandes masas del trabajo dependiente. Esta política, de altos costes sociales, ha dado frutos positivos para el capital, pero no ha resuelto los problemas estructurales de la economía. Desgraciadamente, el desideratum individualista, el egoísmo, la quiebra de valores solidarios que producen determinadas políticas económicas, incluso desde la llamada socialdemocracia, deben obligar a los sindicatos a reforzar su lucha contra el nuevo paradigma de desigualdad social a través de la propuesta, la movilización y la negociación
 

3. UNA ESTRATEGIA SINDICAL DE CLASE

3.1. Las opciones estratégicas del movimiento sindical
Para que los sindicatos puedan desempeñar un papel eficaz en la defensa de los derechos sociales, es preciso diseñar una estrategia sindical adecuada para defender a los trabajadores y recomponer su unidad y cohesión. Se trata de insistir en estrategias sindicales con un fuerte componente de clase que tiendan a cohesionar a los trabajadores, en los programas de transformación de medio alcance, en la participación de los trabajadores y en el desarrollo de una política de alianzas de amplio espectro frente a la derecha y a las políticas neoliberales. Los elementos fundamentales de esta estrategia sindical son los siguientes:

La unidad y la cohesión de los trabajadores

La desarticulación de los trabajadores como clase es uno de los rasgos fundamentales de la situación sindical. Elementos de división y desagregaron siempre han existido, pero es un hecho que, con respecto al pasado reciente, a la experiencia vital de los actuales trabajadores, la clase obrera se encuentra menos cohesionada. En este cambio han influido, por un lado, factores objetivos. Los cambios tecnológicos, la concentración del capital, el avance de los medios de comunicación y el transporte, la "desmaterialización" de la producción, la mayor interdependencia económica, etc. se dejan sentir de modo negativo hasta en el agrupamiento físico de los trabajadores. Por otro, la situación viene determinada por la política de burguesía que, bajo la bandera del neoliberalismo, ha tratado de atomizar, dividir y enfrentar a los trabajadores. La desregulación del mercado laboral, la creciente subcontratación, la "deslocalización" cualquiera que sea su entidad, son armas económicas, pero también políticas, para elevar la explotación de los trabajadores. Los efectos de los mismo factores objetivos no son independientes de las opciones políticas aplicadas, pues el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el avance de las fuerzas productivas podría dar lugar a otros modelos sociales y situaciones muy distintas de las que surgen, por ejemplo, de la desregulación total de los mercados financieros o el libre comercio entre países radicalmente desiguales.

Siendo la desarticulación de la clase obrera un hecho fundamental en la actual correlación negativa de fuerzas, el movimiento sindical ha de tener como estrategia recomponer los lazos entre los trabajadores. En primer lugar, a través de un discurso ideológico, harto más necesario cuanto que uno de los elementos de la disgregación son los cambios políticos desfavorables que han tenido lugar en los últimos lustros. En segundo lugar, combatiendo todas aquellas manifestaciones de la política del capital tendente a debilitar y desarticular a los trabajadores: precariedad, flexibilidad de horarios, subcontrataciones, falta de capacidad negociadora en los convenios, relaciones extraconvenio. En tercer lugar, tratando que aquellos cambios inducidos por los avances tecnológicos no se hagan en detrimento de los trabajadores. Por ultimo, afrontando la tarea siempre pendiente de organizar a los trabajadores internacionalmente y estrechar la solidaridad entre ellos.

Estos objetivos son esenciales. No hay sindicalismo digno de tal nombre sin fuerza de la clase obrera. No hay fuerza sin unidad y sin cohesión de los trabajadores. Impulsar la unidad y la cohesión, detener la "desvertebración", es un objetivo estratégico.

El giro sindical a la izquierda debe dar una respuesta a la política de ajuste del PP y apostar por un nuevo marco europeo para la acción sindical. Para ello, es necesario reivindicar una política económica generadora de empleo, socialmente avanzada y ecológicamente sostenible (para lo que sería necesario una ley de 35 horas, la jubilación a los 60 años, la prohibición de horas extras, la supresión de las ETTs, la lucha contra la precariedad, las políticas activas de empleo, la ampliación de la protección del desempleo, etc); una política Industrial alternativa y el fortalecimiento del sector público; una mejor distribución de la renta y de la riqueza, con una política salarial a la ofensiva y una mayor progresividad fiscal basada en un aumento del peso de los impuestos directos; un mayor bienestar social público, siendo para ello imprescindible la defensa de la sanidad pública, la mejora de la calidad de la enseñanza, una política de mejora de las pensiones y el rechazo de nuevos recortes, la protección a los parados y el salario social, y la lucha contra el deterioro medioambiental.

Para conseguir todos estos objetivos es necesario mejorar la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores, lo que exige poner en primer plano el papel de la movilización, reforzar la negociación colectiva, apostar por la unidad sindical, desarrollar una amplia política de alianzas y una organización sindical adecuada a la composición diversa de la clase trabajadora, dando un nuevo papel de las uniones y federaciones, con nuevas propuestas organizativas hacia colectivos desprotegidos (parados, inmigrantes, jóvenes, precarios, etc)

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3.2. La política de empleo

3.2.1. Una política generadora de empleo, socialmente avanzada y ecológicamente sostenible

Frente a la política neoliberal, es necesario levantar una política económica cuyo objetivo fundamental ha de ser generar empleo y activar la utilización de los recursos productivos, en la perspectiva de crear una sociedad de pleno empleo. Se trata, además, de cubrir las necesidades sociales y potenciar el bienestar general, preservar el equilibrio ecológico y practicar la solidaridad con el Tercer Mundo. El logro de estos fines exige cambios profundos en la orientación, prioridades y medios de la política económica.

Los objetivos macroeconómicos fundamentales no deben ser la reducción de la inflación y el déficit público y que el paro sea el que resulte. La creación de empleo debe tener una prioridad absoluta y la inflación debe subordinarse a ello, aunque sin duda habrá que buscar que se mantengan dentro de unos límites razonables. El problema no es la reducción de los costes laborales o el aumento de la productividad del trabajo, sino admitir el hecho de que, dado el desarrollo tecnológico que se ha producido, no es posible dar un empleo a todo el que lo busca si se mantiene la actual jornada laboral. Y para conseguir todo ello se requiere un cambio en el papel del Estado en la economía. Por tanto, la política económica y social necesaria para construir una sociedad de pleno empleo pasa por:

El fomento de la actividad económica

La lucha real contra el paro y la búsqueda de una sociedad de pleno empleo exigen, en primer lugar, una política que impulse el nivel de actividad económica, sin perjuicio del respeto al equilibrio ecológico, al que hay que consagrar esfuerzos y recursos como un aspecto más del bienestar general. Esa necesidad de reactivación implica una reconsideración profunda del modelo de desarrollo y de los medios para conseguirla.

La prolongada ofensiva contra los salarios ha acabado por provocar una insuficiencia de la demanda que estrangula las posibilidades de un desarrollo sostenido. Son muchas las contradicciones que tanto a escala internacional como en el ámbito interno se derivan de la pretensión de todos los países de aumentar su competitividad y de lograr cotas crecientes del mercado mundial por medio de imponer reducciones salariales y degradar las condiciones laborales. Desde el punto de vista de la izquierda, en su aspiración por lograr una sociedad más justa y reducir la explotación y en su intento por responder con coherencia a los problemas universales, pero también por imperativos económicos inmediatos, hay que rechazar la pretensión de culpabilizar a los salarios de los problemas que recorren al capitalismo y de los intentos de solucionarlos reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores y de las capas populares. Sólo un crecimiento sostenido de los salarios permitirá el crecimiento del producto social y sólo un crecimiento sostenido de este dará lugar a una creación continua de empleo. La política salarial debe contribuir al mantenimiento del consumo, lo que exige, por un lado, que el salario real medio por persona crezca al mismo ritmo en que lo haga la productividad aparente para que, al menos, no se siga ampliando el bache de demanda, y por otro, cerrar el abanico salarial, haciendo que el crecimiento real de los salarios bajos, que tienen una propensión al consumo mayor, sea mayor que el de los salarios elevados. Además, se debe eliminar la elevada precariedad en el empleo que existe actualmente, uno de los factores que más influyen sobre la debilidad del consumo.

La política fiscal ha de tener como preocupación básica el estímulo de la economía a través de impulsar la inversión pública y una eficaz redistribución de la renta. Ha de garantizarse el poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios y de la mejora de las pensiones y de los servicios sociales, con los objetivos de elevar el bienestar general, corregir las desigualdades y fomentar el consumo de las capas sociales más desfavorecidas. La preocupación por el déficit público debe relegarse hasta conseguir un crecimiento sostenido. La expansión de la economía es el mejor antídoto contra dicho déficit ya que, por un lado, hace aumentar la recaudación impositiva y, por otro, reduce ciertos gastos, como el seguro de paro. Por lo demás, el problema del déficit podría resolverse con una eficaz política de persecución del fraude, reformando el sistema impositivo para hacerle más equitativo y a la vez con una mayor capacidad recaudatoria, revisando el enorme volumen de exenciones, subvenciones y gastos fiscales que disminuyen los impuestos que gravan sobre los beneficios y el capital, aliviando la carga de los intereses de la deuda pública y eliminado gastos de nulo interés social.

El fomento de la actividad económica debe servir para satisfacer las necesidades sociales y, al mismo tiempo, combatir la crisis ecológica. No se trata, pues, de producir una expansión indiscriminada de la economía, sino de ir sentando las bases para construir una sociedad de pleno empleo, socialmente avanzada y ecológicamente sostenible. Esto requiere:

Una política activa del sector público para compensar la debilidad de la demanda del sector privado, crear empleo, proteger y potenciar el aparato productivo interno para evitar dependencias asfixiantes y cubrir las deficiencias del mercado cuando entran en consideración las necesidades sociales, los desequilibrios regionales o la atención debida al medio ambiente. Se requiere un cambio del papel del Estado en la economía para que la política de fomento de la actividad económica no se base en la rentabilidad privada, sino en la rentabilidad social, en la que la defensa de la naturaleza debe ser uno de los elementos más importantes a considerar. Se trata de hacer que el mercado retroceda progresivamente y su lugar vaya siendo ocupado por la satisfacción directa de las necesidades de la población. Esta política activa se opone frontalmente a las privatizaciones que se están llevando a cabo de empresas publicas y los intentos de privatizar muchos servicios públicos. En nombre de la eficiencia del sector privado, se crean actividades rentables para el capital privado, en detrimento de una correcta atención de los servicios públicos y del mantenimiento de las infraestructuras necesarias para el bienestar de la población.

Acabar con las altas tasas de paro existentes actualmente y elevar las tasas de actividad, sobre todo de mujeres y jóvenes, a los niveles de los países más desarrollados exigirán la creación de un volumen elevado de puestos de trabajo. El fomento de la actividad económica debe servir para que se cubra una parte importante de este volumen de puestos de trabajo, pero no es posible confiar en que el mercado por si solo solucionará el problema, por lo que es necesaria una política activa de creación de empleo por parte del sector público.

Se trata de poner la actividad económica al servicio de las necesidades reales de la población y no al de los intereses de los empresarios. Se trata, por tanto, de proceder a una reindustrialización que, al mismo tiempo que desarrolla el tejido industrial y lo redistribuye geográficamente, acerca la producción material a las necesidades; de aumentar la participación en el PIB de los bienes y servicios colectivos que se prestan fuera del mercado; de promocionar las actividades dedicadas a las atenciones personales y culturales y a la protección medioambiental antes que impulsar el crecimiento de los bienes materiales; de aumentar las prestaciones sociales; de afrontar decididamente el problema de la vivienda, etc.

Una política de empleo ecológicamente sostenible
 

La política de fomento de la actividad económica debe ser respetuosa con el medio ambiente y no contribuir al deterioro ecológico sino que, antes al contrario, debe ser un instrumento para combatirlo. Hay que partir de que es necesario cambiar los hábitos de consumo y la estructura de la producción capitalista para hacerlos más compatibles con el equilibrio ecológico y el hecho de que uno de los objetivos fundamentales sea satisfacer las necesidades reales de la población lo puede facilitar considerablemente. Un crecimiento basado en el desarrollo de la seguridad social, la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos colectivos, como el transporte por ejemplo, no solamente no supondría una agresión ecológica, sino que podría contribuir poderosamente a cambiar los hábitos de la sociedad, dando prioridad al consumo en servicios en contra del de mercancías, del consumo de bienes y servicios públicos sobre los privados, etc. De la misma forma, la creación activa de empleo y la reindustrialización deberán realizarse mediante inversiones que tengan como objetivo no sólo poner la producción material al servicio de las necesidades reales de la población, sino también combatir la crisis ecológica, lo que requiere, además, una lucha activa contra el deterioro del medio ambiente y el despilfarro actual de energía y materias primas.

Esta orientación del desarrollo tiene la ventaja económica adicional de eliminar la objeción inmediata que suscita toda política expansiva. La internacionalización de la economía conduce fácilmente a que una expansión de la demanda se canalice hacia las importaciones, aumentando el empleo en otros países y agravando el desequilibrio exterior. La expansión basada en los servicios y en el desarrollo ecológicamente sostenible mitiga en parte ese problema, sin perjuicio de admitir que toda expansión origina una necesidad de nuevos bienes, pues hay demandas de una buena parte de la población insatisfechas, y que la mejora de algunos servicios, como la sanidad, requieren de bienes que incorporan altos costes y alta tecnología.

a) Repartir todo el trabajo

En nuestra sociedad hay mucho trabajo, si bien sólo una parte de él se ha convertido en empleo. Hay una gran cantidad de trabajos que se realizan, que son necesarios para el funcionamiento social y para el desarrollo de las personas, cuya realización se da por resuelta sin que forme parte de las preocupaciones públicas. La mayor parte de estos trabajos se realizan en el ámbito doméstico, tienen que ver con el cuidado de las personas y son responsabilidad de las mujeres.

El trabajo doméstico, reproductivo, familiar, o de cuidado de las personas, es un trabajo invisible, tanto por su realización en el ámbito privado como por su inexistencia como dato en la contabilidad del Estado, invisibilidad que repercute en quienes lo realizan, las mujeres, que, como grupo social, están excluidas de la participación en el ámbito público.

Históricamente este trabajo ha sido adjudicado a las mujeres, reservándose los trabajos fuera de casa, los empleos, a los hombres, en virtud de una división de papeles según el sexo que significa, además, y sobre todo en una sociedad que gira en torno al trabajo productivo, jerarquización: se ha valorado y se valora lo que se produce en el ámbito público, lo que se genera en el mercado, y se desvalora lo que tiene que ver con la reproducción, con el ámbito privado. Se produce con ello una situación de discriminación de las mujeres, de quienes realizan ese trabajo reproductivo, base del funcionamiento social pero sin valor social.

Y, sin embargo, el trabajo familiar tiene valor. Además de ser un trabajo necesario del que ninguna sociedad puede prescindir, supondría un buen porcentaje del PIB de cada país, si se cuantificara y se contabilizara en las economías nacionales. Además, se sustenta en una ética social cuyos contenidos serían deseables para el conjunto de las personas: valores como la responsabilidad por los demás, la preocupación por adoptar el punto de vista del otro, por resolver las necesidades de cada persona en función de su propia situación... son valores que se dan en el ámbito doméstico, que las mujeres han desarrollado más, fruto de esa responsabilidad del trabajo familiar y que deberían también formar parte de la identidad masculina mediante su participación en las responsabilidades familiares. Valores que, por otra parte, sería necesario incorporar al ámbito público para corregir las manifiestas desigualdades entre las personas que un sistema económico liberal genera.

La adjudicación en exclusiva del trabajo doméstico a las mujeres ha supuesto su relegamiento del empleo, su exclusión del trabajo productivo y, a partir de ello, su dependencia económica y su exclusión social. A pesar de que muchas mujeres a lo largo de la historia se han rebelado contra esta discriminatoria división de papeles y de que poco a poco se han ido incorporando al mercado laboral, aún hoy, las tasas de ocupación femeninas siguen siendo muy bajas y el paro femenino muy alto --en nuestro país, el doble que el masculino--, los empleos están segregados por sexos, siendo los que ocupan las mujeres frecuentemente una continuidad de los trabajos desempeñados en el hogar y manteniendo con ello una importante infravaloración salarial y social, los índices de precarización son más altos para las mujeres, para éstas se reserva la mayor parte de los empleos a tiempo parcial...

Por todas estas consideraciones, reclamamos repartir el trabajo, todo el trabajo realmente existente, el empleo y también el trabajo doméstico. La sociedad en su conjunto, mujeres y hombres, debe asumir todo el conjunto de trabajos que se ejercen y debe dar soluciones contra una discriminatoria división sexual de papeles. Las mujeres deben tener derecho a incorporarse al trabajo productivo en igualdad de condiciones que los hombres, con las mismas cargas familiares unas y otros. Si no es así, las mujeres se seguirán situando en desventaja ante el mercado laboral, con una menor disponibilidad para ser contratadas, con la obligatoriedad de realizar una doble jornada de trabajo... Si no es así, la discriminación seguirá existiendo.

La reducción de la jornada laboral, la eliminación de las horas extras y otras posibles medidas que pretendan crear empleo pueden repercutir positivamente en las mujeres si se insertan dentro de una perspectiva más amplia de reparto de todo el trabajo. Por el contrario, las propuestas de reparto del empleo que no cuestionen los límites del androcentrismo del mercado laboral, sólo afectarán a la parte masculina de la sociedad, manteniéndose la división de papeles según el sexo y reforzándose las desigualdades existentes, reservando a las mujeres el empleo a tiempo parcial o el menos cualificado, el menos estable y el peor remunerado.

Por lo tanto, debemos plantear:

• La necesidad de compartir las tareas domésticas por todos los miembros de la unidad de convivencia, hombres y mujeres.
• El mercado de trabajo debe asumir que todas las personas tienen responsabilidades familiares que atender y que, por tanto, su disponibilidad para el trabajo productivo está condicionada por esas responsabilidades familiares.
• El Estado debe favorecer la visibilización del trabajo doméstico, recogiendo su valor en la contabilidad nacional, por un lado, y por otro, apoyando la creación de estructuras de servicios públicas o semipúblicas que den respuesta a muchas de las tareas que se realizan en el ámbito privado, tareas que, lejos de disminuir, se incrementan cada vez más al producirse nuevas necesidades sociales de cuidado de las personas.

Nos proponemos, por tanto, la búsqueda de una profunda reorganización social, tanto del mercado laboral como del trabajo doméstico, que facilite el acceso de las mujeres al ámbito productivo en igualdad de condiciones que los hombres. Reorganización que nada tiene que ver con la recién aprobada Ley de conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, cuyo objetivo no es precisamente la incorporación de los hombres a las exigencias diarias del trabajo reproductivo, sino el mantenimiento de las mujeres en estas tareas.

Y, para empezar, es necesario que animemos un importante debate social alrededor de estas cuestiones. La reorganización que proponemos es de tal calado que nos supondrá mucho tiempo y esfuerzos. Significa, en primer lugar, un importante cambio de enfoque por nuestra parte, pues supone que nos planteemos los cambios sociales no desde una perspectiva androcéntria, lo que ha sido una constante en la historia, sino desde la perspectiva del conjunto de las personas, sabiendo que hombres y mujeres partimos de situaciones desiguales y que ellos gozan de privilegios sociales gracias a la posición subordinada de las mujeres.

b) El reparto del empleo y la reducción de jornada

Con ser indispensable una política económica basada en la creación de empleo, por si sola no solucionaría el problema del paro. Podría paliarlo, pero nunca acabar con él definitivamente. Y es que hay que partir del hecho histórico de que, dado el avance tecnológico, el capital no puede dar empleo a todos los trabajadores si se sigue manteniendo la actual jornada laboral.

El reparto del empleo ha cobrado gran interés social porque los niveles de paro en los países industriales son insostenibles, y no se ve por ningún lado cómo se puede reducir. Las causas de estos elevados niveles de paro son varias.

• Se ha producido una reducción drástica de los ritmos de crecimiento: la Unión Europa, por ejemplo, creció el 4,8% al año de 1960 a 1973 y lo ha hecho al 2% desde entonces. Dados los aumentos de la productividad, el menor crecimiento económico se ha traducido en una generación insuficiente de puestos de trabajo.
• El aumento del paro es una consecuencia de la política económica neoliberal, hegemónica desde el principio de la década de 1980. La gravedad actual del problema se produce también como consecuencia de la necesidad de cumplir las condiciones de convergencia de Maastricht, que implican una política económica fuertemente recesiva, y se verá prolongada por las consecuencias del Pacto de Estabilidad que obliga a la reducción continua de los déficits públicos.
• Los elevados niveles de paro son también una consecuencia de los fuertes aumentos de la productividad que se han producido en las últimas décadas. La economía española puede servir como ejemplo. Desde 1982, año en el que el primer gobierno del PSOE redujo la jornada laboral máxima legal a 40 horas semanales, hasta 1998, la productividad aparente de la economía española ha crecido a un ritmo del 1,4% al año, lo que significa que, en 1998, sólo eran necesarios 81 trabajadores para producir el equivalente a lo que producían 100 en 1983. Dicho de otra forma, la jornada de trabajo necesaria para producir el mismo producto con el mismo empleo se debería haber reducido de 40 horas semanales, en 1983, a 31 horas y 24 minutos, en 1998. El aumento de la productividad y la ausencia de reducción equivalente de la jornada laboral son unos de los factores fundamentales que explican el retroceso de la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB, desde el 49,4% en 1983 hasta el 46,6% en 1997 (último dato disponible), esto es, un retroceso de 2,8 puntos en esos 14 años.

• Reducción de la jornada máxima legal a 35 horas semanales, en cómputo semanal, sin reducción de salarios a partir del 2000, como paso a posteriores y más ambiciosas reducciones, tal como la propuesta del CES de llegar a 32 horas semanales.
• Supresión de las horas extraordinarias, excepto las de "fuerza mayor". Ninguna medida de reducción de la jornada puede tener un efecto real mientras que los empresarios tengan libertad casi absoluta para que los trabajadores realicen horas extraordinarias. De la misma forma, hay que eliminar las ampliaciones de jornada, una práctica que tiene una gran amplitud en el sector financiero y en los servicios administrativos en estos momentos. Todo ello exige reforzar el control por parte de los sindicatos y las inspecciones del Ministerio de Trabajo.
• Reducción de la edad de jubilación a 60 años con todos los derechos salariales plenos, y que el puesto de trabajo sea cubierto por un trabajador/trabajadora en desempleo.
• Supresión de las empresas de trabajo temporal y medidas para acabar con el empleo precario

La reducción del tiempo de trabajo productivo es la propuesta central, correspondiéndose con una necesidad histórica ante el desarrollo de las fuerzas productivas. A lo largo de las ultimas décadas, se ha registrado un crecimiento sistemático e intenso de la productividad --del 6% anual en los años 1960-73 y del 3% desde entonces--, que no se ha traducido ni lejanamente en una reducción paralela de la jornada laboral. Más bien hay que destacar que en los últimos años la reducción de la jornada pactada en los convenios está prácticamente estancada, existiendo una tendencia al aumento real. El problema del paro, es en gran medida consecuencia de esa falta de sincronía entre el aumento de la productividad y la reducción de jornada, hasta el punto de que puede afirmarse que en la actualidad no es posible concebir una sociedad de pleno empleo con la vigente jornada. Piénsese que en estos momentos se necesitan 25 personas para producir lo mismo que producían 100 en 1960, o que se requieren solo 54 trabajadores para producir lo mismo que 100 en 1973.

Manteniéndose la actual jornada y teniendo en cuenta el avance de la productividad, para eliminar el paro seria preciso un crecimiento del PIB que no es posible alcanzar en las condiciones económicas presentes ni es sostenible ecológicamente. Por tanto, la reducción de la jornada esta a la orden del día, como una respuesta histórica al avance económico y como una necesidad social para afrontar el nivel abrumador del desempleo. La jornada de 35 horas es insuficiente para atender ambas necesidades y no cierra el desfase acumulado entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el tiempo de trabajo, pero debe ser un primer paso para iniciar un proceso continuo en el que los incrementos de productividad deben traducirse prioritariamente en reducciones de la jornada laboral.

La reducción a 35 horas, para que tenga efectos inmediatos y futuros sobre el empleo, ha de tener carácter general, por lo que debe instrumentarse mediante la aprobación de una ley, y ha de trasladarse de un modo automático a todos los trabajadores cuya jornada normal es inferior a las 40 horas legales de la actualidad.

Sin perjuicio de que es necesario trabajar coordinadamente con otros sindicatos europeos por la reducción de la jornada, los argumentos de que un país no puede avanzar aisladamente en este objetivo, dada la internacionalización de las economías, hay que rechazarlos por varios motivos: en nuestro país se trabajan más horas anuales que en otros de la Unión Europea y en nuestro país la dramática situación del paro no tiene parangón con ningún otro.

La cuestión de como ha de reflejarse en los salarios la reducción de la jornada ha de quedar marginada en la propuesta de las 35 horas. Durante los últimos años se ha producido una perdida del poder adquisitivo de los salarios y un crecimiento acusado de los beneficios. Desde 1982 se viene registrando un avance de los salarios reales por debajo de la productividad y, por tanto, viene operando una redistribución de la renta a favor de los beneficios. Esto es, las empresas tienen en estos momentos márgenes sobrados para absorber una importante reducción de la jornada, sin contar con que esa reducción ira acompañada de un incremento de la productividad por hora trabajada. Por otra parte, la situación económica exige una evolución más favorable de los salarios. El retroceso prolongado en los últimos años ha debilitado el consumo, lo que esta ahogando la recuperación y repercutiendo negativamente en el crecimiento económico, y, por tanto, en el empleo.

3.2.3. La lucha contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo

De todas las leyes democráticas, las referidas al campo laboral, y en especial las correspondientes a la entrada y salida del mercado de trabajo (contratación y despido) son las que más se han modificado, en una loca carrera por la flexibilización, entendida como el poder casi absoluto del empresario sobre la organización del trabajo. Como ya afirmamos en anteriores congresos, una vez mas se vuelve a confirmar como las medidas precarizadoras adoptadas por los sucesivos gobiernos, antes del Partido Socialista, ahora del PP, no han disminuido de forma sustancial, nuestro nivel de desempleo, ni tampoco reducido de forma significativa la precariedad, ello se traduce en que España triplica en temporalidad a la media europea y casi la duplica en número de parados.

El Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo, firmado en abril de 1997 entre CC.OO, UGT y CEOE, ha supuesto importantes concesiones del movimiento sindical en aspectos cruciales como la disminución de la indemnización en caso de despido objetivo improcedente o las rebajas en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social con una transferencia de cientos de miles de millones de pesetas de los fondos del desempleo a las cuentas de resultados de las empresas.

Todos estos sacrificios de los asalariados y las asalariadas no han servido para cumplir, ni de lejos, las previsiones y el objetivo de los firmantes: reducir la precariedad, asi, a pesar de todas estas concesiones, los datos reflejan, como en una etapa importante de crecimiento económico, superamos el 15% de desempleo y las personas con contrato precario siguen en cifras prácticamente iguales a 1997.

En efecto, analizados los datos del periodo comprendido entre la firma del acuerdo (1997) hasta el tercer trimestre de 1999 la tasa de temporalidad sólo se ha reducido un 0,3%. Ello significa que el 33,3% de los trabajadores y trabajadoras tienen un contrato temporal. A cambio, las indemnizaciones por despido se han reducido el 20% en ese mismo periodo.

Para disminuir sustancialmente la temporalidad proponemos abordar los aspectos siguientes:

a) La restitución de la causalidad en la contratación

Restitución efectiva de la causalidaden la contratación, modificando o suprimiendo las modalidades contractuales que impidan o dificulten dicho objetivo, en especial las dos más utilizadas: Contrato por Obra o Servicio Determinado y Eventual por Circunstancias de la Producción. El contrato de Obra o Servicio deberá limitarse exclusivamente a aquellos supuestos regulados en convenio colectivo de ámbito provincial o estatal, asimismo se recogerá el porcentaje máximo de contratos a efectuar por esta modalidad sobre el total de la plantilla indefinida correspondiente. El contrato Eventual por Circunstancias de la Producción tendrá una duración máxima de cuatro meses en el periodo de un año, utilizándose fundamentalmente para sustituir a las horas extraordinarias. Si se trata de actividades que se suceden año tras año, o actividades de temporada se recurrirá al contrato de Fijos Discontinuos, que pasará a ser una modalidad del contrato indefinido. El contrato a Tiempo Parcial modalidad contractual totalmente feminizada (dos tercios son mujeres) deberá de tener un número de horas a la semana mínimas para que no se convierta en una forma de pobreza encubierta. Deberá ser voluntario y gozará de todos los derechos de protección social en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores y trabajadoras a tiempo completo, no podrá partirse la jornada en contratos inferiores a las 20 horas semanales y estarán prohibidas las horas complementarias. La negociación colectiva podrá actuar dentro de estos límites sin ampliarlos.

Otras medidas adicionales serán las siguientes

• Establecimiento de contratos formativos que ayuden a la inserción y formación de los jóvenes.
• Establecimiento de topes porcentuales máximos de contratación temporal en relación con el número de trabajadores fijos en plantilla.
• Penalizar eficazmente el uso de la contratación temporal. Se ha demostrado que la reducción a casi la mitad de las cotizaciones de la Seguridad Social solo ha incrementado un uno por ciento los trabajadores indefinidos. Aumentar la penalización progresivamente para actividades y empresas que mantengan tasas de temporalidad y/o rotaciones del empleo superiores a los promedios sectoriales.
• Control de la legalidad de la contratación temporal: reforzar el papel de vigilancia de la Inspección de trabajo dotándola de mayores recursos.
• Todo tipo de relación laboral tendrá igualdad de derechos y de prestaciones sociales.
• Establecimiento de una indemnización de 30 días por año trabajado cuando se produzca la extinción de cualquier contrato temporal.
• Reducir los periodos de prueba de los contratos temporales, modificando el E.T. para que sean más acordes con la duración de los contratos: máximo dos meses para los técnicos y titulados y quince días para el resto.

La legalización de las ETT en 1994 supuso dar carta de naturaleza al prestamismo laboral y ahondar aún más la fragmentación de los trabajadores y trabajadoras, en especial jóvenes. La evolución de los últimos cuatro años de estas empresas y su incidencia en la precarización del mercado de trabajo, ha confirmado las perspectivas más pesimistas, por lo que con mayores argumentos que en anterior Congreso Confederal, seguimos apostando por su desaparición.

A pesar de que la última modificación legal de 1999 haya supuesto algunos avances, como el salarial, siguen existiendo importantes discriminaciones con respecto a los trabajadores de la empresa usuaria, que han de ser erradicados.

Proponemos:

• Equiparación de derechos para los trabajadores y las trabajadoras cedidos en relación con los de plantilla.
• Reducción de las modalidades de contratación a utilizar por las ETT.
• Exclusión de su campo de actuación de sectores peligrosos
• Principio de igualdad de trato en las condiciones laborales.
• Determinar los trabajos que pueden ser contratados por las empresas a las ETT, orientando su tarea hacia actividades y trabajos no habituales y extraordinarios de las empresas.
• Limitación de su actividad a determinados sectores.
• Indemnización de 30 días por año trabajado.
• Incremento del porcentaje dedicado a formación.

El Grupo de Empresa, como concentración económica y de capital constituye un fenómeno importante en la realidad económica, sin que haya tenido su justo traslado al ámbito laboral. Existe por tanto un vacío normativo en el ordenamiento laboral que permite que se generen efectos de desprotección para el trabajador derivados de la ausencia de derechos colectivos y de representación., por lo que es necesario regular la figura de los Grupos de Empresa desde los siguiente criterios:

• Definición precisa de la figura.
• Establecimiento de responsabilidad solidaria de todas las empresas del grupo, en los aspectos salariales, de protección social y de salud laboral.
• Especial regulación del derecho de información y puesta a disposición de la documentación de toda la unidad económica, en especial en casos de despido.
• Regulación legal de los derechos sindicales y de representación unitaria en el ámbito del grupo.
• Regulación de la negociación colectiva en el ámbito del Grupo.

El proceso de descentralización productiva y funcional de la empresa es un fenómeno que se ha desarrollado de forma especial en las últimas décadas, generando efectos lesivos para los derechos de los trabajadores, problemas de evadir la responsabilidad empresarial, fragmentación de las estructuras productivas y vulneración de derechos colectivos y de representación. La regulación actual del Estatuto de los Trabajadores al no adaptarse a los nuevos acontecimientos, la ha convertido en totalmente obsoleta. Los criterios de modificación tendrían que recoger las siguientes líneas generales:

• Definición técnico-jurídica más concreta de esta figura jurídica, suprimiendo el concepto de "propia actividad" recogida en el Art. 42.1 del E.T. por otro más concreto y ajustado ligado al concepto de "proceso productivo".
• Reforzar los elementos de responsabilidad de la empresa principal, en los conceptos salariales, extrasalariales, indemnizatorios, de Seguridad Social, salud laboral, etc.
• Supresión del fenómeno de la subcontratación en cascada a través del establecimiento legal de prohibición a partir de la segunda subcontratación.
• Reforzar los derechos colectivos y específicamente los de información, audiencia y participación de los representantes de los trabajadores en estos procesos.

La legislación con relación al despido ha sido flexibilizada de forma excesiva tanto en la reforma Laboral de 1994 como en el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 1997, por lo que corresponde retomar los siguientes criterios:

• Todos los contratos indefinidos tendrán una indemnización por despido improcedente de 45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. Será el trabajador, y no la empresa como sucede ahora, el que elija entre la readmisión o la indemnización.
• Cambios legales que aseguren unas normas más ajustadas y garantistas de las causas del despido de los arts. 51.1 y 52.c del Estatuto de los Trabajadores, en su vertiente de despidos objetivos, excluyendo la Competitividad y las Exigencias de la Demanda, como criterios causales para el despido .
• Reducir el número de trabajadores afectados para considerarse despido objetivo.
• Reforzar los derechos de información, audiencia, negociación y participación de los representantes de los trabajadores en estos supuestos.
• Tener en cuenta la dimensión empresarial de referencia: centro de trabajo, empresa, grupos de empresa.
• Exigencia de planes sociales y de viabilidad negociados con los representantes de los trabajadores, en todos los supuestos, en empresas de más de 50 trabajadores.
• En el supuesto de Grupos de Empresa, la información y toda la documentación para los representantes, deberá contener y contemplar la situación real del Grupo.

3.3. La mejora de la protección del desempleo y la defensa de los derechos de los parados y paradas

El reforzamiento de los derechos sociales y la ciudadanía social

La situación de paro o precariedad laboral afecta a cerca de la mitad de la población trabajadora y es una realidad estable a largo plazo que está generando una situación de vulnerabilidad y exclusión a amplios sectores de personas en precario. Ante el deterioro del estado de bienestar y el recorte de las prestaciones sociales es necesario el reforzamiento de los derechos sociales, en especial, de las personas en paro o sin recursos.

Por tanto, se exige el derecho a un trabajo para las personas paradas o bien las prestaciones e ingresos mínimos necesarios para vivir dignamente. Así, en la medida en que no hay empleo, y mientras la sociedad no pueda ofrecerlo para todas las personas que lo deseen, la propia sociedad debe garantizar las prestaciones básicas a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, hay una parte importante de personas subempleadas y temporales, a veces en rotación con el desempleo, que también están en la precariedad social y laboral, mantienen una situación de vulnerabilidad y no llegan a conseguir unos ingresos salariales suficientes y estables. Por lo tanto en la medida que no tengan prestaciones de desempleo o recursos suficientes también deben tener derecho a un salario social o ingreso social.

Para evitar las dinámicas de exclusión social y de segmentación de la sociedad hay que favorecer la ciudadanía social, la solidaridad y la integración social, y deben suponer un avance contra los efectos del paro y la desigualdad. El derecho a unas prestaciones básicas para todas las personas que no tienen recursos económicos suficientes y no tienen acceso a un empleo, está basado en el derecho universal a una vida digna. También se trata de realizar una redistribución de la riqueza, en favor de la gente más desfavorecida y que permita cubrir sus necesidades básicas.

Por tanto hay que garantizar el derecho al trabajo con medidas para favorecer un empleo estable y con derechos y con el reparto del trabajo y, al mismo tiempo, hay que ampliar las actuales prestaciones y subsidios sociales y el acceso a los bienes sociales y culturales. Pero, además, es necesario potenciar la participación en la vida asociativa y pública de las personas precarias y con riesgos de exclusión y favorecer su vinculación en la actividad asociativa y cultural y en las redes comunitarias. Al mismo tiempo se debe reconocer la utilidad social del trabajo doméstico, estimular el voluntariado y la acción de cooperación y solidaridad y la economía social y alternativa en sentido amplio. Todos ellos son elementos importantes para ampliar la participación democrática y reforzar los mecanismos de integración y de ciudadanía social.

Para garantizar los derechos sociales es necesario impulsar una nueva la ciudadanía social. Se trata de reforzar los derechos subjetivos, especialmente de la gente en paro y en precario, y profundizar en una nueva cultura solidaria y una ética universalista. La acción a favor de una nueva ciudadanía basada en la solidaridad y la cohesión social y por unas protección plena y un salario social como derechos universales basados en la dignidad de las personas, también ayuda a oponerse a la división social y la cultura insolidaria e individualista dominantes.

En definitiva hay que garantizar la protección social, y un salario social o ingreso social para todas las personas desempleadas o sin recursos económicos suficientes y exigir una carta de los derechos de las personas desempleadas

La mejora de la protección del desempleo

Es necesario denunciar la separación entre medidas "activas" y "pasivas" y la demonización de estas últimas, que viene siendo la tónica general del gobierno en las Directrices para las Políticas de Empleo. Con relación a lo que desacertadamente se denominan "políticas pasivas", en especial la cobertura al desempleo, se está produciendo en España, un auténtico atentado, de la que son víctimas cientos de miles de trabajadores, las medidas adoptadas, por los sucesivos gobiernos, primero el PSOE y con más entusiasmo si cabe el PP, han hecho que esté disminuyendo de forma dramática en España el número de perceptores, (19 puntos en los últimos cinco años, o lo que es lo mismo, un 28,5 por ciento menos), al mismo tiempo que se produce un excedente de recaudación de más de cuatrocientos mil millones de pesetas que se transfiere a los empresarios, con la excusa de apoyar las llamadas "medidas activas".

Comisión Obreras debe rechazar cualquier justificación que pretenda enfrentar y menos sustituir las "medidas pasivas" por las "medidas activas", subrayando la aportación positiva de los subsidios de desempleo. Hay que añadir que, lejos de estimular una dependencia social, los subsidios facilitan la búsqueda de un empleo regular y permiten evitar la marginación y la exclusión. No podemos perder de vista que las prestaciones constituyen una compensación debida por las aportaciones pasadas, el calificativo de "pasivo" es, dentro de este contexto, peyorativo porque condena a los parados al calificativo de prácticamente parásitos sociales.

El desempleo es uno de los principales problemas que sufren los trabajadores y las trabajadoras sin que se reduzca sustancialmente en etapas de crecimiento económico como la actual, por lo que la creación de puestos de trabajo y, mientras tanto, la atención a las personas que lo sufren, proporcionándoles una protección suficiente, debe ser el objetivo prioritario de la política social y económico, así como elemento fundamental de presión y negociación por parte de CC.OO.

Los sucesivos Presupuestos Generales del Estado han venido disminuyendo su aportación y recortando sistemáticamente el gasto destinado a prestaciones, alcanzando en el presupuesto del INEM para el año 2000 una aportación testimonial. Asimismo, la normativa en materia de protección por desempleo ha venido endureciendo los requisitos para poder acceder a la misma, lo que ha hecho que disminuya dramáticamente el número de perceptores de prestaciones por desempleo alcanzando mínimos históricos, lo que se ha traducido en el incremento de la pobreza de importantes colectivos.

El efecto y repercusión en la protección al desempleo de estas medidas, sumada a otros factores, tales como el paro de larga duración que no disminuye sustancialmente en épocas, como la actual, de crecimiento económico y creación de empleo, la altísima rotación en el empleo junto con la precarización del mismo, no paliado por el Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo pactado en Mayo de 1997, se pueden resumir en:

• Menos parados con derecho a protección: ni siquiera la mitad de los parados registrados en 1999 cobran algún tipo de prestación económica y cerca de dos millones si consideramos los parados de la EPA están sin protección.
• Disminución de la cuantía y del período de las prestaciones al desempleo. La mitad de las personas perceptoras de prestación son de tipo asistencial (subsidios) que alcanza sólo el 75% del SMI excluidas las pagas extraordinarias.
• Práctica desaparición de la aportación del estado al desempleo. Los Presupuestos generales del estado de 1994 financiaban el 39,7% del presupuesto de INEM, el resto provenía de las cuotas de empresarios y trabajadores, en 1999 con una aportación estatal testimonial, finalizará el ejercicio con un superávit de varios cientos de miles de millones y el Presupuesto para el año 2000 es aún más regresivo.
• Aumento de las transferencias a los empresarios por bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. Los empresarios se llevarán en 1999 del presupuesto al desempleo 290.570 millones de pesetas, con un incremento del 183% respecto a 1998 para financiar las contrataciones indefinidas, que como muestran las estadísticas, tiene muy escasa repercusión en la generación de empleo estable y para el año 2000 aumenta aún más esta aportación a la cuenta de resultados de las empresas.

CC.OO se marcará como prioridad en esta próxima etapa la revisión y mejora del actual sistema de protección a las personas desempleadas, unido a programas reales de empleo-formación, incidiendo especialmente en los colectivos más golpeados por el desempleo: parados y paradas de larga duración, mujeres, mayores de 45 años y jóvenes sin suficiente formación.

Es necesario exigir, con las medidas de presión y movilización necesarias, ya que la sola negociación no ha tenido ningún éxito hasta ahora, la modificación de la normativa de protección al desempleo, al menos en los puntos siguientes:

Propuestas generales

• Destino finalista de la cuota del desempleo, por lo que la recaudación por este apartado será destinada exclusivamente para financiar la prestación contributiva.
• Creación de un fondo de reserva con los excedentes de recaudación, que garanticen la prestación suficiente, durante los ciclos recesivos .
• No podrán utilizarse fondos procedentes de la protección al desempleo para financiar ERE de empresas con beneficios.
• Penalizar eficazmente el uso de la contratación temporal aumentando el recargo progresivamente para actividades y empresas que mantengan tasas de temporalidad y/o rotación en el empleo superiores a los promedios del sector o empresa de similares características.
• Los ERE que incluyan jubilaciones anticipadas susceptibles de pasar al Subsidio por Desempleo, deberán tener causas económicas claras y no podrán efectuarse en empresas con beneficios.
• Todos los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y con cualquiera de las modalidades de contratación, tendrán derecho, si tienen suficientes cotizaciones, a la protección por desempleo.
• Reducción del tiempo mínimo necesario para poder percibir prestaciones contributivas al desempleo, adaptándolo a la rotación existente en el mercado de trabajo -80% de los contratos temporales tienen una duración inferior a seis meses-. Este período mínimo exigible sería de 180 días cotizados para tener derechos a tres meses de prestación.
• Equivalencia más justa entre lo cotizado y la cantidad a percibir, con un mínimo equivalente al S.M.I., revalorizándola en función del IPC.

• Revisar el mínimo de rentas para poder tener derecho al subsidio: elevarlo hasta el 100 por 100 del S.M.I. incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
• La cuantía será el Salario Mínimo Interprofesional, dado que se concede a quienes carecen de rentas.
• Extender el derecho al subsidio a parados y paradas sin cargas familiares (cada vez son más las personas que viven solas, familias monoparentales y no tienen derecho, cayendo en situación de exclusión social).
• Revisar, elevando las cotizaciones del INEM en casos de subsidio indefinido para mayores de 52 años, para evitar que después de haber cotizado muchos años, los afectados se queden con la pensión mínima.

CC.OO. se compromete a relanzar la acción específicahacia este colectivo con una Plataforma Sindical contra el Paro, unido a una CARTA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DESEMPLEAS, a negociar en los distintos niveles: estatal, autonómico, y local., con las principales reivindicaciones contra el desempleo y a favor de los parados y paradas. Los objetivos se centrarían: en TRABAJO CON DERECHOS Y PROTECCIÓN SOCIAL SUFICIENTE e incluiría: protección al desempleo suficiente, formación acorde con las necesidades, transporte, residencias del tiempo libre (equivalente a los pensionistas), ayuda a vivienda en casos extremos y Salario Social o Ingreso Social y derecho de acceso a los bienes culturales.

Con esta Carta de Derechos se trata de recoger las reivindicaciones más urgentes de las personas paradas y en precario, estimular el debate social y generar una dinámica de apoyo y solidaridad contra el paro.

Los criterios que recogería el ingreso social, salario social o ingreso mínimo de inserción son los siguientes:

• La cuantía será suficiente para cubrir las necesidades básicas y evitar la vulnerabilidad social.
• Serán beneficiarios de este derecho aquellas personas, mayores de 16 años, desempleadas o sin recursos económicos.
• Es una medida individual, no familiar, y será compatible con otro tipo de ingresos, siempre que no exceda la cuantía acordada.
• Se financiará a través de los presupuestos de las Administraciones Públicas, pudiéndose crear una nueva figura impositiva de solidaridad

El balance de la incidencia del sindicato en los colectivos de desempleados no es positivo, (la afiliación de los parados y paradas al sindicato no llega al 0,5% de los parados EPA). Asimismo, el sindicato confederalmente ha estado al margen de las esporádicas y espontáneas movilizaciones reivindicativas promovidas por los parados y paradas, habiendo sido más receptivos a las reivindicaciones organizaciones como Cáritas, asociaciones de vecinos, colectivos de iglesia etc.

La organización y puesta en marcha durante este periodo congresual de servicios institucionales en colaboración con el INEM o algunas comunidades autónomas con transferencias, los llamados SIPEs, tampoco parece que según están orientados haya tenido alguna eficacia en cuanto a aumentar la incidencia del sindicato en este colectivo y sea la mejor fórmula de avanzar en su organización a pesar de haber pasado por ellos varios miles de personas.

Es necesario que ganemos la confianza de los desempleados y desempleadas en el sindicato, para ello es importante que nos vean más como un elemento de ayuda que de control.

Es necesario ganar la confianza de los parados y paradas en el sindicato para ello se hace necesaria una organización específica para ellos en CC.OO. en la que se sientan protagonistas, con los medios necesarios para llevarlo a cabo y con ámbito sindical propio, al margen de que continuemos dando formación y orientación con las modificaciones necesarias analizada la experiencia de estos cuatro años.

Los SIPES y los servicios de empleo en CC.OO.

CC.OO, a partir de la privatización de algunas de las funciones que venían siendo exclusivas del servicio público de empleo, ha empezado a desarrollar, financiadas con los presupuestos del INEM, además de formación profesional ocupacional, acciones de información, orientación y búsqueda de empleo.

Lo que se conoce por SIPEs (servicios integrados para el empleo) e IOBEs (información, orientación y búsqueda de empleo) responden a una ideología que sustenta que el mercado debe serlo de libre concurrencia, regulado por sus mecanismos internos de competencia, y donde el trabajador, en estos casos parado, es un sujeto dotado de libertad y de capacidad de instrumentalizar los pocos recursos a su disposición para diseñar su vida productiva, concluyéndose con todo ello que la relación entre oferta y demanda es un acto individual.

Sin apenas reflexión sobre la trascendencia ideológica de estos nuevos instrumentos, cuyo objetivo por parte del INEM es, en muchos casos, el mero control penalizador de la población parada (la carta que dicho organismo envía a los y las paradas para que se presenten en sus centros colaboradores lo deja bien claro) nuestro sindicato aceptó participar en la desvertebración de un servicio público, renunciando a propuestas sindicalmente más genuinas como las del ASEM.

La rotación laboral existente, obliga a un replanteamiento de los servicios públicos de empleo para prestar una mejor formación, orientación y colocación; paro y trabajo se intercambian cada vez con más facilidad. El desinterés de los y las paradas por la afiliación, entendida ésta como la toma de conciencia de su condición de clase, se mantiene en su situación de trabajador eventual, acrecentado, además, por el temor a que cualquier manifestación de desagrado ponga en peligro su salario. Es por ello que la orientación al empleo es también orientación en el empleo, y la que pudiera darse desde un sindicato de clase es difícilmente compatible, tanto con los contenidos que vienen impuestos en los SIPES, que no va más allá de técnicas rudimentarias que por lo general chocan con la realidad que impera en el mercado, como con el corsé administrativo que los sostiene (subvención en razón del número de usuarios atendidos, vinculación entre asistencia al servicio y cobro de las prestaciones, etc.).

Nadie duda de la preocupación de nuestro sindicato por los y las trabajadoras en paro, ni se cuestiona que no debamos desarrollar acciones para atenderlos. Defendemos impregnar dichas acciones de acción sindical. Recordemos que el argumento para acogerse a los SIPEs fue el mismo que el empleado con la formación ocupacional: el solo hecho de ser sindicato garantiza una gestión distinta de la de los centros privados. Argumento harto discutible sino va acompañado de una claro contenido de clase.

El servicio de orientación para el empleo que proponemos en CC.OO. tiene que desprenderse de la condición de exclusiva de "política activa" tal y como vienen considerándola las administraciones y pasar a considerar, al menos, los siguientes objetivos:

• Ofrecer asesoramiento legal a los parados, básicamente sobre sus derechos a recibir cobertura social y en sus relaciones con las instituciones y organismos públicos.
• Intervenir en los planes de ocupación y mesas de empleo de ámbitos locales, comarcales o autonómicos.
• Ofrecer información sobre los mercados de trabajo.
• Ofrecer orientación profesional.
• Propiciar el sentido asociativo en el colectivo.
• Incidir en su organización sindical.

Dado el importantisimo número de personas paradas que reciben formación ocupacional en CC.OO., el servicio de orientación puede ser, a la vez, un instrumento que aumente nuestra calidad formativa. Vinculados a la formación, los orientadores pueden intervenir en la fase inicial (orientación profesional y selección del alumnado para cada curso), durante la acción formativa (tutorías laborales personalizadas, módulos formativos sobre mercado de trabajo y técnicas de búsqueda de empleo) y seguimiento posterior (encuestas, convocatorias a reuniones, envío de información actualizada). Todo lo cual acerca el alumnado al sindicato, crea las circunstancias idóneas para su organización y lleva a un diseño distinto del actual, cuya excelencia parece descansar en el aspecto "técnico" de la cuestión.

3.4. Una política industrial alternativa y el fortalecimiento del sector público

3.4.1. La política industrial

La política industrial practicada durante los últimos años ha reunido todas las características requeridas por el neoliberalismo, esto es, se ha limitado a crear las condiciones generales para que las empresas fueran más competitivas, sin realizar prácticamente ninguna medida industrial activa, salvo cuando se ha tratado de resolver la crisis de alguna empresa o sector determinado con cargo al empleo. Dadas las debilidades estructurales de que partía la industria española ?dimensión reducida, excesivo peso de los sectores tradicionales más afectados por la crisis, menor productividad que la de los principales países europeos, deficiente financiación, acusada dependencia exterior, etc?, el resultado de tal política ha sido que la desindustrialización se ha profundizado. Los elementos fundamentales de tal política son los siguientes.

• Una política macroeconómica neoliberal estricta basada en la reducción de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio, la reducción del déficit público y una política monetaria restrictiva.
• Una «política de oferta», que busca aumentar la rentabilidad de las empresas y reducir sus costes a costa de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores: pérdida de poder adquisitivo de los salarios, reducción de las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social, contrarreforma del mercado de trabajo, incentivos y exenciones fiscales a las empresas, etc. La política de oferta no ha servido para que las inversiones industriales dieran un nuevo impulso y, con ellas, creciera el empleo de forma suficiente. Esta política ha contribuido a que la debilidad de la demanda se haya constituido en un dato permanente de la situación, con las consiguientes consecuencias negativas para la industria.
• Un conjunto de «políticas horizontales» o transversales con las que se pretende mejorar la competitividad de las empresas. El catálogo de las «políticas horizontales» es múltiple y variado. Entre las más significativas, cabría citar las siguientes. La política de apoyo y promoción de las pequeñas y medianas empresas, con la que se pretende mejorar la financiación, gestión y capacidad exportadora de las mismas. La política de calidad industrial, cuyo objetivo es garantizar la adaptación de los productos españoles a los requerimientos de la sociedad de consumo a través de normas homologables con las de los demás países de la Comunidad. La política de infraestructuras, cuyo objetivo debe ser la reducción de los costes privados y el aumento de la productividad de la inversión privada. Y a todas ellas hay que unir las políticas de formación de los trabajadores, de introducción de las nuevas tecnologías, de fomento de las exportaciones, etc. Las "políticas horizontales", por si solas, no sirven para resolver los problemas que aquejan a la industria española, en la que concurren un conjunto de circunstancias que la sitúan en una posición muy desfavorable frente a los principales países europeos. Se corresponden con la idea que tiene el liberalismo de lo que debe ser la política industrial: dejar que el mercado sea el que asigne los recursos con la mínima intervención del Estado, que debe limitarse a mejorar las condiciones generales en las que se mueven las empresas industriales.

La política industrial neoliberal no constituye una verdadera política industrial, no sirve para resolver los problemas que aquejan a la industria española y es contraria a los intereses de los trabajadores y demás capas populares y, por tanto, no puede ser refrendada por el sindicalismo de clase. CC.OO. sólo impulsará compromisos que se basen en el diseño de una política industrial activa favorable a los intereses de los trabajadores, que contenga compromisos precisos, concretos, medibles y que puedan ser evaluados con posterioridad. Así mismo, el sindicato deberá hacer una labor pedagógica para combatir los valores de la derecha que se están instalando crecientemente entre los trabajadores: el mercado como mecanismo más eficiente de asignación de los recursos productivos, la competitividad como objetivo supremo al que hay que subordinar todo, la creencia de que es posible una salida compartida de la crisis y que los trabajadores deben contribuir a la misma, etc. En este sentido, es más importante que nunca potenciar la más amplia solidaridad entre todos los colectivos de trabajadores.

La política industrial que defiende CC.OO. es uno más de los componentes de la política económica generadora de empleo que hemos tratado anteriormente. Por tanto, una de las condiciones necesarias de las que debe partir la política industrial es el fomento de la actividad económica, con la que se crearía el caldo de cultivo necesario para que la industria pudiera desarrollarse, acabando con una de las causas, la debilidad de la demanda, que está en el origen de la desindustrialización. Las características fundamentales de tal política ya se han visto anteriormente. Los demás elementos de la política industrial son los siguientes:

• La política industrial activa pretende influir decisivamente en el tipo de reindustrialización que quiere producir, lo que significa que no es el mercado el que debe hacer la selección de las actividades, sino que dicha selección debe basarse en una decisión consciente. Esto significa que los criterios fundamentales por los que se debe de regir la política industrial han de ser determinados previamente, de acuerdo con los objetivos que se trata de alcanzar,
• Se requiere un cambio en el papel del Estado en la economía para que el sector público intervenga directamente en la actividad productiva para combatir los problemas que aquejan actualmente a la industria, producir una nueva reindustrialización que genere nuevos puestos de trabajo, crear un tejido industrial que impulse la actividad económica del resto de los sectores, poner la producción material al servicio de las necesidades de la población y no de los intereses del capital y luchar contra la crisis ecológica, todo ello en la perspectiva de construir una sociedad de pleno empleo ecológicamente sostenible.
• La política industrial debe partir del hecho de que la industria española, en comparación con el número de habitantes, tiene una dimensión sensiblemente más reducida que la media de la Unión Europea, lo que indica el largo camino que queda por recorrer para que la economía española tenga un grado de industrialización similar al de los principales países desarrollados, así como el enorme esfuerzo que hay que realizar para conseguirlo. No es, por tanto, un objetivo que pueda alcanzarse en pocos años.
• La reindustrialización ha de basarse en una cuidadosa selección de actividades. Algunos de los criterios fundamentales son los siguientes. En primer lugar, las actividades que requieren más trabajadores por unidad de producto necesitan unas inversiones de capital más reducidas. Puesto que se trata de maximizar la creación de empleo dados unos recursos de capital limitados, dichas actividades deben ser las prioritarias. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las actividades en las que la producción es deficitaria respecto a la demanda interior, lo que sucede en una buena parte de los sectores industriales. Por otra parte, habrá que planificar las capacidades de producción respecto a la demanda esperada en el futuro para evitar que aparezcan excesos de capacidad ociosa. En tercer lugar, es necesario fomentar actividades exportadoras para evitar que el déficit de la balanza comercial pueda producir un estrangulamiento. Para ello, habrá que desarrollar aquellas actividades en las que la economía española tiene ventajas comparativas, mejorar la calidad de sus productos, invertir en redes comerciales en el extranjero, etc. Finalmente, hay que tener en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de una política industrial alternativa es cambiar la estructura de la producción para poder hacer frente al enorme volumen de necesidades que aún están insatisfechas, favorecer el consumo de bienes colectivos en contra de los privados, combatir la crisis ecológica, etc. No se trata, por tanto, de aumentar indiscriminadamente la producción de mercancías, sino de poner la producción material al servicio de las necesidades reales de la población, por lo que la selección de actividades estará condicionada a las prioridades que se establezcan para alcanzar este objetivo.
• El tejido industrial debe crecer armónicamente, de forma que no se produzcan estrangulamientos. Al mismo tiempo, se trata de evitar que el desarrollo de una actividad genere un aumento indeseado de las importaciones de otros productos industriales necesarios para la misma. Se trata de que la mayor parte del empleo, directo e inducido, se genere en la economía española y no en otros países desarrollados. Esto requiere una planificación cuidadosa, de modo que cada vez que se planee una inversión, habrá que tener en cuenta los materiales que se van a necesitar en la producción, si existe abastecimiento suficiente, si supone un aumento de la dependencia de la industria extranjera o no, si es conveniente realizar simultaneamente inversiones para producir dichos materiales, etc.
• Es necesario ampliar sustancialmente los presupuestos de I+D para desarrollar proyectos innovadores, ayudar a la mejora tecnológica de las empresas y reducir la dependencia tecnológica respecto del exterior.
• En parte por razones históricas y en parte por la desindustrialización que se ha producido a lo largo de la crisis, el peso de la industria es muy desigual entre unas nacionalidades y regiones y otras. En Galicia, las dos Castillas, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares y Canarias, el peso del empleo industrial ha sido tradicionalmente muy reducido, lo que no quita para que en algunas de estas nacionalidades y regiones existieran núcleos industriales, como ocurría en las comarcas de Vigo, Cartagena y Linares, por ejemplo. A este problema tradicional se le ha venido a unir, por un lado, la desertización industrial que se ha producido en la cornisa cantábrica y, por otro, el considerable retroceso del empleo de la industria que se ha producido durante la última recesión en aquellas nacionalidades y regiones a las que parecían dirigirse las inversiones, como es el caso de Navarra, Catalunya, País Valenciá, Madrid y La Rioja y, en menor medida, Aragón. De esta forma, desde el punto de vista geográfico, la crisis industrial combina causas tradicionales, estructurales y coyunturales a las que es preciso hacer frente de forma específica. La política industrial debe tener en cuenta todo ello y, así, junto a la reindustrialización pendiente de las zonas que se han convertido en desiertos industriales a causa de la crisis y la solución de los problemas coyunturales que aquejan a la industria de las nacionalidades y regiones más desarrolladas, debe proceder a crear un tejido industrial en aquellas otras que prácticamente nunca lo tuvieron.

Durante los últimos años, las reestructuraciones, los cierres y las privatizaciones de empresas públicas han reducido el sector público industrial hasta el punto de que, en 1999, solo empleaba a personas, el % de los asalariados totales de la industria. En este terreno la política del PP no sido una mera continuidad de la que llevó a cabo el PSOE, sino que ha intentado llevar hasta sus últimas consecuencias la concepción neoliberal de que no debe existir un sector público productivo y de que gestiona mejor, incluso los servicios públicos esenciales, el sector privado.

Ante ello, el movimiento sindical no ha estado a la altura de las circunstancias. Después de la concentración exitosa en Madrid contra las privatizaciones en Julio de 1996, donde cupo deducir que se trazaba una estrategia de oposición en defensa del sector público, hemos dejado que el PP actúe con plena impunidad. Tantas han sido las facilidades que se le han otorgado, que, aparte de desmantelar prácticamente todas las empresas publicas ha llegado a privatizar hasta los compromisos de pensiones del SEPI.

La importancia de cuanto ha sucedido no se puede ocultar. Toda política económica y social alternativa a la del PP, y al neoliberalismo, tiene que descansar, por un lado, en sacar del mercado, en abolir la lógica del beneficio privado, a los sectores y actividades que cumplen función sociales tan básicas que no pueden venir determinadas por la capacidad de la demanda individual de los ciudadanos --sanidad, educación, etc.-- Por otro, en contar con un sector público productivo que intervenga en los mercados para imponer racionalidad y cierto grado de intervención y planificación económicas. El desmantelamiento del sector público al que hemos asistido impertérritos se ha hecho en contra de los intereses generales y beneficio de sectores sociales privilegiados, con abusos de todo tipo y escándalos incluidos, pero lo fundamental es que se ha dejado inerme al Estado, sin resortes, para poder llevar a cabo en el futuro otra política económica. Las privatizaciones, en este sentido, han constituido actos irreversibles, arrebatándosele al conjunto de la sociedad los medios para domeñar su destino, que queda sometido a los designios de los intereses privados a través del mercado.

CC.OO. se opone firmemente a la política de privatizaciones desarrolladas por los últimos gobiernos. Por un lado, porque el sindicato es el primer defensor de los valores colectivos, la solidaridad, el equilibrio y la cohesión social y nada de ello es posible sin empresas públicas que corrijan las injusticias e ineficiencias del mercado. Por otro, porque el principio fundamental de una política industrial activa es que no es posible conseguir la reindustrialización, la creación de empleo, la transformación de la industria para acercarla a las necesidades de la población y el equilibrio ecológico y el desarrollo industrial en las nacionalidades y regiones, sobre la base del respeto a los mecanismos del mercado, de los incentivos al capital privado y de las políticas horizontales. Por eso, el instrumento fundamental de la política industrial activa es la Empresa Pública. En consecuencia:

• CC.OO. está en contra de las privatizaciones, ya sean totales o parciales, esto es, no se trata de liquidar o vender empresas públicas, pero tampoco de vender las áreas de las mismas más rentables, sacar paquetes de acciones en la Bolsa, hacer que participe el capital privado en ellas, etc. Por el contrario, CC.OO. defiende la ampliación del sector público, recuperando el papel y el protagonismo del Estado en la economía, para lo que es necesario diseñar una estrategia de renacionalización de empresas en sectores clave de la economía, como forma efectiva de luchar contra el desempleo y garantizar la cohesión total.
• CC.OO. está en contra de que las empresas públicas sean simplemente empresas privadas con capital público. La rentabilidad social debe ser el criterio fundamental que debe regir todas las actuaciones de las empresas públicas y la gestión de las mismas debe evaluarse de acuerdo con este criterio y no con el de la rentabilidad privada. Esto no excluye que se deba buscar la máxima eficiencia en la gestión y la óptima utilización de los recursos productivos y financieros, pero todo ello no deberá evaluarse solo con sus cuentas de resultados, sino también respecto a los objetivos económicos y sociales que se trata de alcanzar, entre los que también habrá que considerar la generación de empleo, la reindustrialización, etc que induzcan en el sector privado. Las empresas públicas no son, pues, empresas privadas en las manos del Estado que se pliegan a los dictados del mercado, sino que precisamente tratan de corregir los efectos negativos del mismo para cumplir los objetivos económicos y sociales que les son propios. Estos objetivos deben ser responsablemente defendidos por los trabajadores como los más interesaddos en el mantenimiento de lo público.
• El sindicato trabajará porque las empresas públicas sean un ejemplo de las condiciones laborales por el que lucha CC.OO.: empleo estable, reparto de trabajo y reducción de la jornada, derechos laborales, democracia sindical y participación de los trabajadores, etc. En consecuencia, el sindicato no impulsará compromisos que se basen en la búsqueda de una mayor flexibilidad de las condiciones laborales y de la organización del trabajo, que reclama el capital para hacerlo más productivo, porque tales compromisos irían en contra de los objetivos de CC.OO. en su lucha por unas relaciones laborales más justas.
• Un aspecto sustancial de la política que defiende el sindicato para las empresas públicas es el de la obtención de los fondos necesarios para su financiación. Dichos fondos se podrían obtener suficientemente con una eficaz política de persecución del fraude fiscal, reformando el sistema impositivo para hacerle más equitativo y a la vez con una mayor capacidad recaudatoria, revisando el enorme volumen de exenciones, subvenciones y gastos fiscales que disminuyen los impuestos que gravan los beneficios y el capital, aliviando la carga de intereses de la deuda pública y eliminando gastos de nulo interés

3.5.1. Una política salarial a la ofensiva

La política salarial

En los últimos años se ha producido una serie de factores que condicionan o tienen relación con la evolución de los salarios en España:

• Una bajada de la inflación hasta situarse en tasas muy bajas, del entorno del 2%.
• Una mejora de la economía que ha hecho que el PIB creciera por encima del tres por ciento.
• Un fuerte aumento de los beneficios empresariales que se puede situar alrededor de .....
• Un aumento de la fiscalidad (incremento hasta el 35,86% del PIB en 1.998) y un carácter cada vez más regresivo de la misma, que ha penalizado sobremanera los salarios y las rentas más bajas, con el fin de beneficiar a las rentas de capital.
• Una política salarial que ha condicionado los incrementos únicamente a la evolución de los precios, renunciando a una actitud más ofensiva que permitiera beneficiarse de los fuertes crecimientos de la economía.

Este último factor ha sido determinante. Ha llegado a darse, incluso, la paradoja de que ha habido trabajadores que han perdido poder adquisitivo a pesar del fuerte incremento de la economía, de los beneficios y de la riqueza y sin que tampoco se haya reducido la jornada (España sigue siendo el país de la unión Europea con la jornada más alta), haya aumentado el empleo o mejorado la protección social. No es aceptable el argumento clásico de la patronal de condicionar el salario al empleo, como si se creyeran la falacia de que una renuncia a mayores incrementos salariales permitiría generar puestos de trabajo. Por ello, hemos visto como en España se reclamaban incrementos del 2-3%, mientras que en otros países europeos los sindicatos (por ejemplo, la IG-Metal alemana en el último convenio estatal del sector) reivindicaban subidas del 5-6%, para una inflación parecida y a veces más baja.

Todo lo anterior se ha traducido en ligeros incrementos de salarios, por encima de un IPC cada vez más bajo, y el resultado de todo ello ha sido que, durante los últimos años, se ha producido un retroceso de la participación de los salarios en el PIB y un crecimiento acusado de los beneficios. Como consecuencia, la participación de la remuneración de los asalariados en el PIB se ha reducido desde el 52,2%, en 1.978, a un 46,6% en 1.997, mientras que el excedente bruto de explotación ha pasado del 47,8% al 53,4% en el mismo período. Desde los años ochenta se viene registrando un avance de los salarios reales por debajo de la productividad y, por tanto, viene operando una redistribución de la renta a favor de los beneficios. Todo ello esta relacionado con el hecho de que la renta per cápita en España sigue situada en el 85% de la renta per cápita de la Unión Europea.

Es necesario corregir este estado de cosas. La situación económica exige una evolución más favorable de los salarios. Las empresas tienen en estos momentos márgenes sobrados para aceptar una política salarial más avanzada, así como para absorber una importante reducción de la jornada, sin contar con que los aumentos salariales y la reducción de jornada suele ir acompañada de un incremento de la productividad por hora trabajada. Por ello, el sindicato debe trazase como objetivos fundamentales para los próximos cuatro años los siguientes:

• Homologar la renta per cápita española a la de la Unión Europea
• Elevar la participación de los salarios en el PIB
• Mejorar sustancialmente el Salario Mínimo Interprofesional, que cada vez es una referencia que afecta a mayor número de personas (pensionistas, parados, subsidiados, trabajadores que compran viviendas de protección oficial, etc.)

• Incrementos salariales en la negociación colectiva que tengan como referencia, además de la inflación, el crecimiento de la economía.
• Un Salario Mínimo Interprofesional que suponga el 60% del salario medio del país, es decir , por encima de las 80.000 pesetas.
• La inclusión de cláusulas de revisión en todos los convenios colectivos que aseguren un mecanismo de escala móvil.

Los salarios de los empleados públicos

La negociación del salario de los empleados públicos viene condicionada por unos elementos característicos y diferenciadores respectos a otros ámbitos empresariales que deben ser conocidos y entendidos para elaborar una política sindical eficaz en este sector. Estos elementos son esencialmente tres:

• Los sindicatos negocian, en una primera fase, con el Gobierno del Estado que es el responsable de los Presupuestos Generales del Estado, uno de los elementos fundamentales de la política económica general. Esa doble condición del Gobierno de responsable de la política económica general y patrón de los trabajadores públicos, dificulta la negociación colectiva hasta el extremo de convertirla en una imposición. El Gobierno persigue invariablemente el objetivo de unificar la previsión de incrementos salariales en todo el sector público, sirviendo como referente para la negociación del sector privado. Ya se ha convertido en una norma que el incremento salarial de los empleados públicos tenga fijado su techo en la previsión de IPC para el siguiente ejercicio económico. Desgraciadamente esta norma no la hemos conseguido cambiar, pero además se va instalando en nuestra organización la cultura de que es imposible combatirla y además se considera ya como un objetivo asumible.
• El ámbito temporal de la negociación se encuentra muy limitado por la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y por su posterior tramitación Parlamentaria. Las retribuciones de los empleados públicos vienen fijadas por el Capítulo I de los Presupuestos, lo que en la realidad nos lleva a que la negociación se desarrolla apenas en un mes al presentarse el Proyecto de Ley a finales de septiembre. Cuando los PGE entran en el Parlamento el papel sindical pasa a un segundo plano al recaer toda la responsabilidad en el juego entre los Grupos Parlamentarios y el propio Gobierno. La única posibilidad que tienen las organizaciones sindicales es la negociación de enmiendas con los representantes de los partidos con presencia en las Cámaras. En esta etapa no solo perdemos protagonismo sino que los resultados son prácticamente nulos.
• Una vez superada la fase de los PGE, para los trabajadores de las administraciones autonómicas y locales se abre un segundo periodo de negociación con los responsables políticos de estas administraciones. A pesar de que las retribuciones básicas son las mismas para todos los empleados públicos, las retribuciones complementarias pueden ser modificadas en cada ámbito de negociación. Esto ha provocado las enormes diferencias salariales que existen en la actualidad entre los empleados de las diferentes administraciones, siendo la Administración Central la que peor parada ha salido al no tener esta segunda oportunidad de negociación. En los últimos años los delegados del Gobierno han venido impugnando aquellos convenios de Comunidad o Ayuntamiento que superaban el limite de crecimiento establecido en los PGE, por lo que la capacidad de negociación en los ámbitos Autonómicos y Locales se ha reducido sensiblemente.

En este contexto, la política confederal y federal no han sabido superar las dificultades de la negociación en este sector, provocando la continua perdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, especialmente los de la Administración Central. Como consecuencia de la Huelga General del 88, se consiguió que el Gobierno reconociera la deuda social con los empleados públicos y estableciera una cláusula individual de mantenimiento del poder adquisitivo. Esta fue la única época en la que existió una mínima seguridad para los trabajadores de las administraciones públicas, pero que apenas duró un par de años al incumplir el Gobierno los acuerdos alcanzados en 1991. Posteriormente hemos asistido a varios años sin subida salarial al hacer el Gobierno rehenes de su política económica restrictiva a sus propios empleados, y a unos acuerdos entre el Gobierno y los Sindicatos que lo máximo que han alcanzado es el mantenimiento del poder adquisitivo sin recuperar lo perdido en años anteriores.

Mención especial requiere la pérdida de la cláusula de revisión salarial. La que se consiguió después de la Huelga General del 88 era automática e individual. Posteriormente se cambió, con el acuerdo sindical, por un complejo sistema de comparación de masas salariales que nunca llegó a ponerse en marcha. A pesar de que el salario de la inmensa mayoría de los empleados haya crecido por debajo del IPC real, la masa salarial siempre se dispara por motivos tan variopintos como el crecimiento de la antigüedad o por acuerdos con colectivos específicos que suben cuantiosamente sus salarios (inspectores de hacienda, médicos, jueces, etc.). Este sistema admitido por las cúpulas sindicales ha demostrado su ineficacia y el grave perjuicio que ha causado a la mayoría de empleados públicos.

El último ejemplo de la nefasta política confederal y federal en este tema, ha sido el reciente acuerdo entre el área pública y el Gobierno sobre retribuciones y empleo para el año 2000. Después de haber perdido más de dos puntos de poder adquisitivo en los últimos años, se acepta una subida que contempla la previsión de IPC (sólo para los empleados de la Administración Central se contempla unos fondos adicionales que suponen aproximadamente un 0,8% de la masa salarial, y que permitirán recuperan exclusivamente la perdida que se producirá durante 1999), sin cláusula de revisión salarial. Si en un año de crecimiento y en el que el Gobierno califica la situación económica de excepcional, no somos capaces de avanzar en materia salarial el futuro que se aventura no puede ser nada halagüeño.

En este contexto la política respecto a los salarios de los trabajadores públicos debe sufrir un cambio radical que pasa por:

• Enfrentarse al problema político que supone la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado conformando una política confederal global. El proyecto político debe enfrentarse a un proyecto sindical de igual dimensión provocando un problema de confluencia de intereses en el momento del diseño y aprobación presupuestaria. Esta es la única forma de forzar al Gobierno a flexibilizar su política salarial al enfrentarse a un verdadero problema político. Esto no puede entenderse como un recorte a la capacidad de negociación de las federaciones del área pública, que tendrán que protagonizar la negociación del Capítulo I de los PGE, sino como la contestación a un problema de índole confederal ya que la negociación de los Presupuestos, incluido su Capítulo I, tiene enorme transcendencia para el conjunto del país y para la negociación de todos los convenios al servir como referencia lo establecido en este ámbito.
• Los Presupuestos del Estado tienen que contemplar como mínimo un incremento igual a la previsión de IPC del año siguiente. Además deben incorporarse fondos adicionales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en años anteriores, arreglar desequilibrios retributivos, y mejorar los salarios de los empleados públicos rescatando para la masa salarial parte del incremento de productividad generado. Es imprescindible introducir una nueva cultura en la negociación que cuestione la norma no escrita, pero aceptada por la mayoría del arco parlamentario, de que la subida salarial de los empleados públicos tiene su límite en la previsión de IPC. Si no generamos una nueva línea ideológica en este sentido, no podremos acabar con la limitación impuesta unilateralmente por los diferentes Gobiernos, condenando a los trabajadores de este sector (que son casi dos millones) a una constante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios.
• Restitución de la cláusula de revisión salarial que compense de las posibles desviaciones del IPC previsto cuyo funcionamiento debe ser de forma automática e individual.
• El escaso tiempo que la elaboración de los PGE deja a la negociación nos obliga a modificar sensiblemente nuestra táctica. Tenemos que elaborar nuestras plataformas entorno al mes mayo con el objetivo que de que puedan ser debatidas y asumidas por toda la estructura, trasladándola posteriormente a los trabajadores para implicarles en el proceso. Es necesario emplazar a los representantes del Gobierno a iniciar la negociación en el mes de junio, para tener el tiempo suficiente para ejercer las medidas de presión que nos permitan conseguir nuestros objetivos. La realidad actual nos conduce a negociaciones rápidas, y casi secretas, en las que capacidad de reacción es mínima.

La situación actual es insostenible, no podemos seguir permitiendo que los empleados públicos sean los primeros perjudicados en épocas de ajustes, y sin embargo cuando hay ciclos expansivos sólo consigan mantener el poder adquisitivo de los salarios.

3.5.2. Una política fiscal progresista

En los últimos tiempos, durante más de una década y con gran pasividad de las fuerzas sindicales, se han venido gestando una serie de cambios y reformas fiscales, antes de 1996 por el gobierno del PSOE y después por el gobierno del PP, que han modificado profundamente el sistema fiscal en un sentido muy regresivo. Cuando apenas se había asumido socialmente, desarrollado e implantado plenamente las reformas democráticas que se iniciaron con el impuesto sobre la renta de 1977, la política neoliberal aplicada por los últimos gobiernos ha impedido que los ingresos públicos con respecto al PIB avancen en nuestro país para cerrar la diferencia con la media de la Unión Europea - con lo que ello significa de atención a los servicios públicos y las prestaciones sociales y de capacidad de redistribución de la renta -, al tiempo que los impuestos indirectos, de naturaleza regresiva, han ganado terreno en detrimento de los impuestos directos, los cuales, además han mejorado sustancialmente el trato fiscal que reciben la rentas del capital y los beneficios.

En 1988 el PSOE emprendió una contrarreforma del impuesto sobre el IRPF, que profundizó en 1991, por la cual se redujeron el número de tramos y el tipo máximo de la tarifa, se concedió una amnistía para las plusvalías generadas con anterioridad a 1979 y se dio un trato discriminatorio positivo a las plusvalías. En 1993 se reformó el impuesto de sociedades que, entre otras muchas medidas, concedía un tratamiento muy ventajoso a los dividendos. A partir de 1996, e inmediatamente de formar gobierno, el PP acentuó esa línea de actuación como postula la doctrina neoliberal, introduciendo nuevos cambios regresivos que afectaron a la suficiencia y progresividad del sistema: regularización de balances, tipo reducido para las plusvalías, reducción progresiva de la carga fiscal a los empresarios acogidos al procedimiento de módulos, todo lo cual culminó con la nueva reforma del IRPF para rebajar las cargas fiscales, de muy desigual impacto según los niveles de renta y el origen de las mismas.

Los efectos negativos de este conjunto de cambio con notorios. La presión fiscal española, a pesar de ser una de las más reducidas de la Unión Europea (seis puntos porcentuales por debajo de la media), permanece prácticamente estancada desde 1989. Los impuestos indirectos han ganado posiciones frente a los directos y, en estos, cada vez es mayor la presión sobre las rentas del trabajo dependiente, que llegan a representar el 80 % de la base del impuesto, mientras que se han aliviado los gravámenes de las rentas de capital. Por otra parte, se sigue ejerciendo una presión enorme por la patronal para que se lleve a cabo una reducción de las cotizaciones sociales.

CCOO ha de denunciar con firmeza la insuficiencia y la aguda falta de equidad del sistema fiscal español, agravadas por el reconocido enorme fraude que impera, el cual, además, ha dejado de combatirse por el gobierno del PP. Por el papel fundamental que un potente y progresivo sistema impositivo desempeña para avanzar en una sociedad con menos sectores marginados y focos de miseria y más justa y solidaria, el sindicato ha de oponerse a todo intento de reducir los impuestos, por más que este sea un terreno abonado para el pensamiento y la demagogia conservadora. Hay que romper la línea estratégica dominante según la cual, al tiempo que se degradan los servicios y las prestaciones sociales, se quiere aprovechar el impacto positivo de la bonanza económica en los impuestos para reducirlos, creándose de este modo las condiciones para futuras ofensivas contra los gastos públicos, en cuanto los ingresos publicos reflejen un empeoramiento de las circunstancias económicas.

CCOO ha de mantener una orientación muy clara sobre la política fiscal exigible, dado el papel crucial de ésta. Sus propuestas y reivindicaciones se ajustarán a los siguientes ejes:

• Lucha consecuente contra el fraude fiscal, que afecta fundamentalmente a rentas distintas del trabajo asalariado. Reducirlo requerirá denunciar la permisiva actitud del gobierno, reforzar la capacidad sancionadora de la Administración Tributaria y extender y armonizar las retenciones en origen de los rendimientos del capital
• Reforma del IRPF para recuperar su poder recaudatorio, hacer avanzar la progresividad del sistema, restablecer la unidad de tratamiento a las distintas rentas (las plusvalías, que no son más que rentas de capital acumuladas) y corregir los desequilibrios entre la aportación de las diferentes rentas, altamente discriminadas las del trabajo.
• Reforzar el sistema y su progresividad realzando la importancia de los impuestos sobre sociedades (elevación del tipo general del gravamen), sucesiones y donaciones, y patrimonio.
• Revisión en profundidad y reducción radical de los "gastos fiscales", muchos de los cuales fomentan la desigualdad y plantean dudas sobre su eficacia para alcanzar los objetivos buscados.
• Apoyar la ampliación de los tipos reducidos del IVA a ciertos bienes y servicios de primera necesidad.
• Oponerse a toda reducción de las cotizaciones sociales, incluso cuando aparentemente se compensen con elevaciones de los impuestos. Tal reducción representa una redistribución de la renta a favor del capital y una mayor presión fiscal sobre los salarios
• Oponerse a todas aquellas medidas (vacaciones fiscales, regulación de balances, libertad de amortización, deducciones por doble imposición, exenciones y beneficios fiscales, etc.) que, bajo el pretexto de incentivar la actividad económica, el ahorro, la inversión o el empleo, reducen en muchos casos, hasta casi anularla, la carga soportada por las rentas del capital, por los empresarios y por aquellos sectores sociales que tiene capacidad de ahorro, y hacen recaer, por el contrario, cada vez mayor peso de la carga tributaria sobre los asalariados y sobre el consumo.
• Reclamar con firmeza la armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea. Sin esta armonización, y dada la libre circulación de capitales, existirá siempre una gran presión por reducirles los impuestos, lo que socavar la progresiva de los sistemas fiscales

Profundizar en cada uno de los aspectos del llamado Estado de Bienestar en la actualidad, cuando parece que hay un gran consenso en abandonar la idea del mismo, parece tarea compleja. Si bien, es un trabajo que no puede obviar el VII Congreso de CCOO., puesto que es obligación del sindicalismo reivindicativo y solidario luchar por mejorar las condiciones de vida de todas y todos los trabajadores. Y, esto engloba tanto la lucha por un buen convenio como por una fiscalidad más justa, una vivienda digna, una educación pública de calidad, una mayor elevación de las pensiones o una mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS)

3.6.1. La defensa de la sanidad pública

Desde hace años se ha ido consolidando en nuestra sociedad la idea de que la salud es un derecho universal. Quedó atrás el tiempo en que la asistencia gratuita sólo era para los trabajadores y sus familias y para los jubilados. De hecho, podemos considerar que la existencia de servicios de salud públicos es una de las mayores conquistas de la civilización, y que es la única garantía real del derecho a la salud para la inmensa mayoría de la población.

Y precisamente es esa conquista histórica la que está en peligro. La última etapa se ha caracterizado por los intentos privatizadores que han llegado desde todos los frentes En la actualidad los servicios sanitarios mueven mas de 4 billones de pesetas anuales. Es un sector demasiado atractivo para el capital privado que no se resigna a que esté fuera de las leyes del mercado y sea fuente de enriquecimiento para algunos. La ofensiva, que proviene de los propios organismos internacionales (la Organización Mundial del Comercio tiene en su ronda de Seattle sobre la mesa la exigencia de las multinacionales norteamericanas de un "libre acceso" al mercado sanitario europeo). La Sra. Barshefsky, representante del presidente americano para el comercio para esa Cumbre de la OMC dice:

«Creemos posible hacer grandes progresos en las negociaciones para permitir la expansión de las empresas americanas en todos los mercados de asistencia sanitaria». (Coalition of Service Industries, Services 2000,USTR Federal Register Submission, Response to Federal Register Notice of August 19, 1998. Solicitations of Public Comment Regarding US Preparations for the World Trade Organization Ministerial Meeting, Fourth Quarter, 1999)

Deploran que «la salud en muchos de los países es responsabilidad del Estado», lo que «hace difícil la penetración de los mercados por el sector privado americano».

Esta organización patronal define de la siguiente manera los "objetivos de negociación": «Fomentar la extensión de las privatizaciones, promover la reforma de las reglamentaciones en un sentido que favorezca la competencia, obtener acceso a los mercados y un tratamiento nacional que permita la provisión transfronteriza de todos los servicios de salud». Esta ofensiva se lleva a cabo en el Estado Español tanto desde el partido en el gobierno, como por los Gobiernos autonómicos, las fuerzas económicas y los sectores profesionales más reaccionarios.

Durante la legislatura del Partido Popular se creó una Subcomisión Parlamentaria para la reforma del sistema de salud. En ella se retiraron el PSOE e Izquierda Unida porque valoraron que los trabajos estaban excesivamente dirigidos a una conclusiones ya preestablecidas. Significó una ruptura importante del consenso que se había alcanzado hasta ese momento para las reformas. Esa subcomisión, formada finalmente en solitario por el PP y sus aliados, elaboró un conjunto de propuestas que en caso de aplicarse supondrían la destrucción de la sanidad pública.

La privatización necesita un primer paso para fragmentar y desarticular el Sistema Sanitario Público, para dividirlo en cientos de entidades que compitan entre ellas y compitan también posiblemente con entidades privadas. Según ha declarado recientemente el ministro de sanidad, el fin de esa reforma es que el ciudadano pueda acudir al centro público o privado que elija. A través de diferentes decretos y leyes se han ido modificando las bases de lo que era el Sistema Nacional de Salud que implantó la Ley General de Sanidad Esto se ha facilitado, finalmente, con la Ley 15/97 sobre nuevos modelos de gestión, que fue aprobada por todos los Partidos del Parlamento menos Izquierda Unida y el BNG. Las actuaciones privatizadoras se hacen tanto desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular (Fundaciones Sanitarias de Alzira, Manacor y Alcorcón, o los experimentos de Galicia ), como desde las gobernadas por su oposición (el PSOE en Andalucía con las Empresas Públicas que gestionan hospitales, las Unidades Clínicas o la Fundación de Salud Mental, la cesión de áreas sanitarias enteras a una importante empresa privada como es Pascual S.A. o el Hospital proyectado para Sevilla).

Una creciente resistencia de los trabajadores de la sanidad y de las poblaciones afectadas se ha enfrentado a estas medidas. En los últimos tiempos se ha roto el consenso político en torno a las Fundaciones y también, en buena medida, el consenso sindical e institucional, desmarcándose de esa propuesta la UGT, los sindicatos Corporativos, los Colegios de Médicos...

En esta ofensiva no siempre ha dado CC.OO. la respuesta necesaria. En muchos casos ha aparecido mas como un sindicato en el que se ha apoyado el gobierno de turno en las transformaciones que pretendía, dejando el protagonismo de la respuesta a la UGT.

CC.OO. , en su defensa de las conquistas de los trabajadores y del conjunto de la población, tiene que asumir de forma inequívoca la defensa del Sistema Sanitario Público, con las características que se han definido en numerosas ocasiones: universal (que atienda a todas la población), equitativo (que todas las personas tengan derecho a las mismas prestaciones), con financiación y provisión públicas... Tradicionalmente CCOO ha sido quien abanderaba y dirigía los movimientos en defensa de la Sanidad Pública. Hay que recuperar ese protagonismo de CC.OO.

Así mismo, debe rechazar cualquier intento de desarticulación del SSP, exigiendo la retirada de la Ley 15/97 y la Ley de acompañamiento a los Presupuestos que permiten la creación de Fundaciones Sanitarias y otras formas de gestión similares.

Es imprescindible que CC.OO., junto a UGT, partidos políticos de izquierda, usuarios, asociaciones profesionales, etc., potencie la creación de plataformas que defiendan la Sanidad Pública frente a los diferentes intentos de pasar a manos privadas la asistencia o la gestión sanitaria.

3.6.2. La mejora de la calidad de la enseñanza

La enseñanza no se ha librado de la ofensiva liberal que padecen los servicios públicos. Bajo el argumento falaz de mejorar su calidad a base de introducir la competencia en su seno, se desarrolla un ataque tan frontal a la enseñanza pública como lo va permitiendo la situación política y la conciencia social. Este ataque se manifiesta en un apoyo a la enseñanza privada frente a la pública, a la que desde distintas administraciones educativas se intenta desvalorizar, mermando sus recursos y desprestigiando sus resultados.

La C. S. de CC.OO. reclama el incremento del gasto educativo hasta llegar al 6 % de PIB. Este incremento necesita unos plazos de ejecución que estén al abrigo de los vaivenes de las decisiones partidistas; así lo pretendía la Ley de Financiación del Sistema Educativo, elaborada por la Federación de Enseñanza y que consiguió llegar al Parlamento como primera Iniciativa Legislativa Popular, tras la recogida de más de 600.000 firmas. El rechazo parlamentario no debe hacernos olvidar sus objetivos ni cejar en el empeño de este incremento en gasto educativo como premisa para conseguir una enseñanza pública de calidad.

El incremento de recursos dedicados a la enseñanza no puede ser indiscriminado. La defensa de la Escuela Pública debe traducirse en materia presupuestaria en un aumento significativo de sus recursos frente a los de la privada. De lo contrario, correremos el riesgo de que la enseñanza pública vaya quedando cada vez más como el pariente pobre de la educación, que atiende con escasos recursos y con desvalorización social a los estudiantes cuyas familias no puedan costearse la enseñanza privada. Mayores recursos destinados a la Escuela Pública deben ayudar a compensar las desigualdades sociales, especialmente en aquellos tramos educativos que tradicionalmente han estado más desatendidos, la educación infantil y la formación profesional, y a atender adecuadamente las demandas educativas de aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades especiales.

Para esta defensa de la Escuela Pública debemos propiciar la colaboración entre los diversos estamentos que conforman la comunidad educativa, profesores y profesoras, padres y madres, alumnos y alumnas. Su movilización conjunta ha demostrado ser el mejor baluarte en la defensa de este servicio público cuando sus objetivos están bien definidos y su coordinación se generaliza desde la dirección de sus organizaciones representativas hasta los centros educativos, permitiendo negociar acuerdos que mejoran la situación anterior o, al menos, paliar algunas agresiones descaradas.

El gasto educativo destinado a financiar a la enseñanza privada ha venido aumentando considerablemente en los últimos años. El dinero público destinado a la enseñanza privada se ha caracterizado por su progresivo aumento como consecuencia de la aplicación de la LOGSE y la ampliación de la obligatoriedad hasta los dieciséis años, y de las concesiones del Gobierno a las patronales privadas en educación infantil, garantía social, etc. Al mismo tiempo se han ido degradando los procesos de control de los fondos públicos como consecuencia de la ampliación de las subvenciones en deterioro de los conciertos ( educación infantil, garantía social, cursos de formación ocupacional, etc.) y del incremento de las ratios en los módulos de los conciertos sin exigencia de la adaptación de los horarios lectivos del profesorado a esas nuevas ratios. En consecuencia el sindicato debe intervenir en los siguientes aspectos:

• En el control de los fondos públicos destinados a la enseñanza privada La gestión democrática de los centros que reciben dinero público
• En las condiciones de igualdad que deben de caracterizar a los trabajadores de centros sostenidos con fondos públicos incluido el personal de administración y servicios: condiciones salariales, condiciones de trabajo, condiciones de acceso. Es necesario modificar la ley para que la contratación de personal en centros privados sostenidos con fondos públicos sea similar al sistema de contratación en los centros públicos.
• Facilitando la incorporación de los centros privados que lo deseen a la red pública Garantizando en condiciones de igualdad el acceso del alumnado a cualquier centro sostenido con fondos públicos

La C. S. de CC.OO. reclama así mismo una profunda democratización de la enseñanza. El proceso de transferencias de las competencias en materia de Educación a las Comunidades Autónomas no debe suponer un traslado sin más del lugar de toma de decisiones de un ministerio central a varios "ministerios" autonómicos. Apostamos por un acercamiento del servicio educativo al ciudadano que permita su participación activa en el diseño de las políticas educativas. Sin necesidad de romper la unidad del Sistema Educativo, debemos potenciar la creación de Distritos Educativos que atiendan de forma global y coordinada las necesidades educativas específicas de cada entorno social y geográfico, con la participación de los propios interesados. Esta democratización debe alcanzar el interior de los centros de enseñanza, aumentando la autonomía de los consejos escolares en las decisiones que les son propias.

La C. S. de CC.OO. velará por la defensa de los trabajadores de la enseñanza, para que dispongan de los medios adecuados al desarrollo de su labor docente y de unas condiciones de trabajo que les sirvan de estímulo y posibiliten la preparación y coordinación de su trabajo. Por lo demás, los cambios demográficos facilitan un descenso en las ratios de alumnos por aula, un acceso a mayor opcionalidad y una mejor atención de la diversidad. Este debe ser el objetivo al estar obligados a reorganizar o ampliar algunas plantillas o centros y no la "racionalización de plantillas", que predican las autoridades educativas, escondiendo su intención de abaratar costes y reducir personal, como si de una empresa productiva se tratara en el sistema educativo.

Somos firmes partidarios de la Escuela Pública y al mismo tiempo defendemos con la misma entereza los derechos de los trabajadores de la Enseñanza Privada. Su equiparación en salario, jornada, acceso a la formación, derechos sindicales... con los trabajadores de la Enseñanza Pública responde al principio de "a igual trabajo, iguales condiciones de trabajo".

La universidad actual presenta unos grados de masificación que hacen difícil que pueda cumplir con los objetivos de la enseñanza superior. El incremento de recursos y su adecuación a las necesidades debe planificarse de modo que la atención al alumnado se acerque a las expectativas planteadas. Una reforma de las figuras contractuales del profesorado es imprescindible para romper con la endogamia actual y para dar estabilidad a un colectivo cada vez mayor de profesores con contratos en precario. La participación del alumnado requiere un fuerte impulso que ayude a la universidad a recobrar el espíritu crítico que una sociedad viva demanda.
 

3.6.3. Una política de mejora de las pensiones

La ofensiva contra el sistema público de pensiones continuará en el futuro. Hay implicados enormes intereses económicos en ello, tanto por ser un mecanismo básico de la distribución de la renta (las pensiones son salarios diferidos) como por los ingentes fondos provenientes del ahorro de los trabajadores que manejaran y controlaran las instituciones financieras si éstos sienten la imperiosa necesidad de hacer aportaciones a planes complementarios privados para asegurarse el futuro. Las instituciones internacionales, como el FMI o ahora ya el Banco Central Europeo no dejan de resaltar e insistir en que deben ser revisados profundamente los sistemas públicos actuales y el gobernador del Banco de España, al final de 1999, reiteraba la misma idea y recomendaba reformas para garantizar las pensiones futuras.

Como es sabido, la justificación suprema de todos aquellos que postulan la reducción de las pensiones es el envejecimiento paulatino de la población. No obstante, éste y otros argumentos que pueda aportarse para respaldar tal reducción chocan con dos hechos fundamentales. El primero, es que el gasto público con respecto al PIB que en nuestro país se dedica a pensiones es de sólo del 11,6%, tres puntos por porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. Y se resalta, la media, porque muchos países destinan porcentajes sensiblemente más elevados. Segundo, que las pensiones en nuestro país son acusadamente más bajas, en términos comparativos, que en el resto de los países europeos. Uno de cada cuatro pensionistas percibe menos que 45.000 pesetas mensuales. La pensión media supone el 46,5% de la renta per cápita, el porcentaje es más reducido de toda la Unión Europea. En Italia representa el 77%, en Francia el 72% y en el Reino Unido, después del "thacherismo", el 63%.

La posición de CCOO en este asunto fundamental para los trabajadores tiene que basarse, por tanto, en la consideración de que esfuerzo que se realiza en promover la solidaridad intergeneracional está lejos del nivel y las pautas sociales europeas y que la inmensa mayoría de las pensiones tiene un nivel intolerablemente bajo. Como se ha encargado de resaltar el Gobierno en los últimos tiempos, no hay crisis de la Seguridad Social --nunca, por lo demás, podría haberla al margen de una crisis financiera del Estado-- y no existirán problemas en el futuro si se logra una evolución de la economía que genere empleo y disminuya paulatinamente el nivel de paro.

El objetivo concreto de CCOO debe centrarse en acercar todas las pensiones al salario mínimo interprofesional. La pensión mínima contributiva con cónyuge debe equiparse al mismo, y el resto de las pensiones inferiores aumentarse consecuentemente, esto es, más cuanto más bajas sean --en la actualidad el 58% de las pensiones son inferiores a ese salario--. Pero al mismo tiempo, el criterio de equiparación debe ir acompañado de la exigencia de una elevación del salario mínimo interprofesional de referencia, dado su bajo nivel con respecto al salario medio (el 36%) y la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido ininterrumpidamente en los últimos años (en 1980 representaba el 47% del salario medio).

Ante cualquier nuevo pacto, mesas o negociación que los sectores interesado promuevan para revisar el sistema público de pensiones, CCOO rechazará cambios legislativos que supongan directa o indirectamente una reducción de las pensiones o un recorte en los derechos para generarlas. Antes al contrario, defenderá una mejora de las prestaciones y facilitará su acceso por la precariedad laboral existente, sobre la base de los criterios y consideraciones anteriores. En este sentido, se deben suprimir los periodos específicos para tener derecho a la pensión de jubilación (haber cotizado dos años en los últimos quince). Por otra parte, el refuerzo del sistema público que reclamamos, frente a los intentos por debilitarlo para impulsar los planes privados, requiere que disminuyan drásticamente las bonificaciones fiscales a las aportaciones individuales a estos planes, las cuales minoran los ingresos públicos y son harto regresivas.

3.6.4. La salud laboral

La actual ley de Prevención de Riesgos Laborales no está significando una reducción significativa de la siniestralidad laboral. Esta situación intenta disimularla el gobierno hablando del mayor crecimiento de la actividad económica. Algo que no lo explica por sí solo, aparte de que siempre la mejora de economía debería de repercutir en la inversión en prevención y en la mejora de la salud de los trabajadores, además de en otros elementos de redistribución. También hay algunos análisis sindicales que centran todo el problema en los incumplimientos legales por los empresarios. Siendo cierto e importante este factor, pesa en las posiciones anteriores la plena aceptación del actual marco legal y no se plantean propuestas lo suficientemente ambiciosas para frenar la sangría de la siniestralidad laboral.

Haciendo un poco de historia, hay que recordar que la actual ley es fruto, en parte de la negociación sindical con el gobierno, pero también de la cruzada patronal contra ella, que produjo un recorte muy significativo en aspectos positivos del proyecto de ley que ya habían sido acordados entre los sindicatos y el gobierno. En el VI Congreso ya se planteaba (críticamente hacía quienes en el sindicato aceptaba el recorte del proyecto de ley) una enmienda que decía en uno de sus párrafos:

"El recorte que ha supuesto la ruptura del acuerdo (...) hacen dudar razonablemente de su eficacia real en orden a la disminución de la tasa de siniestrabilidad laboral"

Desgraciadamente la realidad ha confirmado el análisis. Los datos y estadísticas sobre el tema ponen de manifiesto un importante crecimiento de los accidentes laborales de todo tipo. Con los últimos datos disponibles (enero-septiembre de 1.999):

• el total de accidentes registrados fue de 1.235.659. lo que supone un aumento del 17%
• el número de trabajadores muertos en accidentes laborales ascendió a 1.103 personas. Ello supone una media de 4,2 muertes diarias y un incremento del 4% respecto a 1.998
• los accidentes graves fueron 8.853, que representan un 10% más
• los accidentes leves tuvieron un 17% de aumento
• los sectores con mayor aumento de la mortalidad laboral fueron la construcción y la agricultura
• las enfermedades profesionales también han experimentado un crecimiento importante

• La reforma de la actual Ley de Salud Laboral para que recoja los medios y competencias suficientes para que los trabajadores y sus representantes velen eficazmente por la prevención: desdoblamiento de los delegados de personal en delegados de prevención, sin pérdida del crédito propio para dedicarlo a prevención de riesgos; la universalización de los servicios de prevención; la protección legal eficaz de la prevención en las pequeñas empresas; los delegados territoriales de prevención; la prohibición de las ETT´s y de los contratos precarios en los sectores de mayor siniestralidad laboral; la prohibición de participar en licitaciones públicas, contratos del Estado, etc., de aquellas empresas que se demuestre que hayan actuado contra la salud y seguridad de los trabajadores...
• Un ambicioso Plan de la Inspección de Trabajo en materia de Prevención de Riesgos, con el consiguiente aumento de personal, medios y dotaciones
• Colaboración con el Poder Judicial y las Fiscalías para que haya actuaciones contundentes contra el incumplimiento de la legislación
• Campaña Permanente de Acción Sindical y Sensibilización en los centros de trabajo y hacia la opinión pública, en el mismo sentido que ha tenido la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Federación de Construcción y Mader

Radiotelevisión Española está amparada por la normativa comunitaria que tiene entre sus funciones ser la empresa de comunicación que marque los estándares de calidad para las televisiones comerciales que también son un servicio público, según la Ley. Además, debe ser el principal factor de dinamización de la industria audiovisual española, incrementando las coproducciones con el cine, el teatro, la danza y la música.

Esta empresa pública, líder del sector de la comunicación, cuenta con casi 10.000 trabajadores y trabajadoras, un presupuesto anual de un cuarto de billón de pesetas, arrastra una deuda de más de medio billón por el incumplimiento del Estatuto de la Radio y la Televisión por parte de los Gobiernos del PSOE y del PP. Cuenta con un Convenio que es el mejor del sector, una jornada semanal de 35 horas y un fondo de pensiones, además de otros derechos laborales para jóvenes y mujeres que son referentes adelantados para la negociación de convenios del resto de las empresas del sector.

Radiotelevisión Española, hace tan solo cinco años llegó a tener casi 15.000 trabajadores, aplicándose en la actualidad el segundo Expediente de Regulación de Empleo. Aún así, induce un importante número de contratos (555 directos en 1998) y otros indirectos en la coproducción de películas españolas (3.000 millones al año) y empresas de servicios en la producción de programas.

En el programa electoral de 1996, el PP quiere privatizar parcialmente TVE y reducir la dimensión de la empresa, recortando servicios a la sociedad como emisoras de RNE, Orquesta, Instituto de RTVE, etc. La Subcomisión Parlamentaria para el Estudio de un Modelo de Radiotelevisión Pública, después de dos años no ha llegado a ninguna conclusión y el Gobierno la ha suspendido hasta la próxima legislatura, a la espera de que el PP obtenga mayoría absoluta o "muy suficiente" y cumplir las promesas que en el programa del 96 le hizo a los empresarios de las televisiones comerciales y del sector audiovisual. Con este panorama no descubrimos nada si decimos que la principal empresa de la "industria de la información" y entretenimiento (cultura-ocio) se encuentra en una encrucijada sin retorno.

En esta situación el sindicalismo de clase que debe representar CC.OO. debe ser consciente del papel sociopolitico que cumple esta empresa para la sociedad española en general y para la clase trabajadora en particular.

Los telespectadores ven entre tres y cuatro horas de media diaria la televisión y, aproximadamente, de una a dos horas oyen la radio. El estado de opinión de nuestra sociedad se conforma fundamentalmente a través de estos dos medios. Si nuestro Sindicato mantiene entre sus objetivos la transformación de la ciudadanía en un sentido progresista, no lo conseguirá si no se preocupa de cambiar los contenidos de la radio y la televisión.

El Estatuto de la Radio y la Televisión, en su articulo 24, garantiza el derecho de acceso de los grupos sociales (sindicatos, entre otros) a estos medios públicos. Desde 1980, fecha desde la que está en vigor esta Ley, todavía no se ha cumplido y la información sobre el mundo laboral y las organizaciones de los trabajadores se presenta siempre bajo la óptica del Gobierno de turno, por lo que es urgente desbloquear la negociación emprendida en 1997 entre la Representación de los Trabajadores y los Directores de Informativos para establecer un Estatuto de los Consejos de Información, donde se garantice la participación democrática de los trabajadores de Informativos en la línea editorial.

El carácter gubernamental de las radiotelevisiones públicas (estatales, autonómicas y locales) no desaparecerá hasta que el nombramiento de la Dirección General no sea de extracción parlamentaria (Pleno de Ayuntamiento en las Municipales) y se ejerzan el Derecho de Acceso y el Estatuto de los Programas Informativos.

La transición democrática está todavía pendiente en los medios de comunicación públicos, de conseguirlo depende que la cultura cívica en general y el conocimiento del mundo laboral en particular transite por una visión progresista o que siga como hasta ahora generando una profunda cultura conservadora, que explica el resultado que se da en las distintas elecciones (políticas, municipales, sindicales...).

El Gobierno del PP pretende reducir la presencia de las empresas públicas de comunicación en el sector en beneficio de las privadas (futuras leyes de televisión autonómica, derogando la actual del Tercer Canal que garantiza el carácter público de éstas, así como de las televisiones locales para transformarlas en comerciales) y se niega a reconocer y aplicar los derechos democráticos de los profesionales de la comunicación y de los grupos sociales en estos medios públicos, sin olvidar que estas reivindicaciones también son aplicables en las televisiones privadas (concesiones administrativas de un servicio público).

Por lo tanto CC.OO. y el conjunto del movimiento sindical de clase debe tener entre sus objetivos prioritarios la transformación de esta situación, a la vez que la defensa de la actual dimensión de estas empresas, el saneamiento de sus finanzas aplicando subvenciones suficientes, la mejora de su programación y el mantenimiento y ampliación de todos sus servicios a la sociedad de forma gratuita si queremos mejorar la calidad de la comunicación en nuestro País.

3.7. La juventud trabajadora

Los y las jóvenes trabajadores están en inferioridad de condiciones respecto a los trabajadores adultos en el mercado de trabajo, pues triplican la media de desempleo, duplican la precariedad y, en la inmensa mayoría de los casos, no pueden acceder a prestaciones sociales como es el caso del desempleo. Las ETT y el Contrato a tiempo parcial son casi las únicas formas que se les ofrecen para incorporarse al mundo laboral. Asimismo, los contratos formativos, cuyos destinatarios son los y las jóvenes, apenas alcanzan el 2% del total de las modalidades de contratación existentes.

El grado de participación en las organizaciones sindicales sigue siendo muy escasa, y, en algunos casos, testimonial (los menores de 25 años tienen una tasa de afiliación a CC.OO. del 1,37% en relación a la población asalariada de la misma edad).

Todos estos factores hacen necesario un replanteamiento de lo que ha venido siendo nuestra acción sindical hacia este colectivo, para que encuentren en el sindicato un lugar donde sentirse cómodos y protagonistas.

Una serie de medidas incluidas en los apartados de "fomento del Empleo" y "Protección Social" afectan de lleno a los y las jóvenes, al permitir frenar la precariedad en el empleo y aumentar la protección social, por lo que a continuación proponemos los siguientes apartados:

Los y las jóvenes en los centros de estudio

Un aspecto importante, ya aprobado en el VI Congreso Confederal, era la actuación dirigida a los alumnos y alumnas de Formación Profesional, Educación Media y Universidad. Aspecto que ocupaba una parte sustancial del apartado de juventud y que por desgracia no se ha traducido en acciones concretas desde la Secretaría Confederal de Juventud en este periodo. Tan sólo algún territorio ha reflejado esta atención constituyendo una experiencia que debiéramos impulsar en esta nueva etapa.

 


Ante la creciente cifra de jóvenes que se niegan a realizar el Servicio Militar Obligatorio y optan por la PSS, se está produciendo el aumento de plazas que las Administraciones Públicas ofertan para los Objetores de Conciencia. De esta manera se cubren puestos de trabajo que en multitud de casos son necesarios dada la necesidad de personal que tienen la práctica totalidad de las Administraciones Públicas. También es importante, a este respecto, la falta de condiciones de seguridad e higiene a la que se ven sometidos los prestacionistas.

Por todo ello desde CC.OO. debemos de implementar la necesaria respuesta a las irregularidades que se están detectando en el cumplimiento de este derecho, accionando la denuncia y los mecanismos necesarios para que ello se solucione. Entendiendo además que la PSS debe dejar de ser una forma de represión del derecho de Objeción de conciencia que es en lo que los sucesivos Gobiernos del Estado lo han convertido.

En el terreno de la Insumisión debemos de actuar en contra de la represión de este colectivo de jóvenes que se niega a realizar el SMO y la PSS. Para este fin se debería utilizar, sin descartar otro tipo de instrumentos sindicales, el de la Negociación Colectiva.

 


Para un número importante de jóvenes, estos centros de trabajo-formación, son el primer contacto con la vida laboral. Por ello es importante que CC.OO. esté ahí para evitar se acaben convirtiendo en simples centros cuyo fin sea el contar con mano de obra barata y subvencionada para la realización de proyectos de obra que de otra manera exigirían la creación de puestos de trabajo a cargo de las entidades promotoras.

En este sentido nuestra acción dentro de estos centros debe de estar muy pegada al terreno, alejándonos de anteriores experiencias basadas en campañas puntuales de carácter burocrático, cuyo único fin era electoral y que distan mucho de facilitarnos el acercamiento a estos y estas jóvenes.

Deberemos partir de las experiencias existentes que han conseguido ese acercamiento y será en ellas en las que debamos de fijarnos a la hora de avanzar en este terreno. En concreto, la constitución de una Comisión de Atención a Escuelas Taller y Casas de Oficio constituida por las Federaciones implicadas, las secretarias de Empleo, y coordinada por el Dpto. de Juventud es una pieza importante para el éxito de cualquier acción que pretenda cierta seriedad.

 


Debemos potenciar la celebración de elecciones sindicales a todos los niveles, como máximo exponente de la unidad sindical y de los y las trabajadores. No obstante, dentro de la normativa sobre eelecciones eindicales existe una discriminación a la participación por parte de los sectores más jóvenes (16 a 18 años) a los que se les impide ser elegibles. Nuestro sindicato debe poner el empeño necesario hacia la superación de este tipo de discriminaciones por razón de edad.

Por otro lado es absolutamente imprescindible para la revitalización del sindicato y la de su representación en las empresas la promoción de jóvenes en las listas para las elecciones sindicales, asegurándoles posteriormente a ser elegidos una buena formación sindical.

Dentro de nuestras relaciones interasociativas juveniles debemos de dar prioridad a las asociaciones juveniles de los otros sindicatos (sin descartar ninguna otra). Basando siempre estas relaciones en el respeto mutuo, la igualdad y la plena soberanía de cada organización. Si bien las relaciones que el Dpto. de Juventud debe mantener con los movimientos sociales transformadores deben ser de implicación directa en los mismos, como único camino hacia el conocimiento de las inquietudes, aspiraciones y preocupaciones de la juventud que se organiza, especialmente en aquellas de estructura no clásica.

En el terreno de los Consejos de Juventud debemos de analizar su actual situación tras una historia que rebasa ya las dos décadas. Estos, que en su día nacen como fruto de la lucha de la juventud durante la transición, para dotarse de un instrumento de interlocución ante los poderes públicos responsables de las políticas de juventud y poder incidir así en ellas, han ido sufriendo una transformación hacia meros instrumentos de las diferentes administraciones (Central y Autonómicas) para justificar sus nefastas, y a veces inexistentes, políticas de juventud.

Todo ello ha de llevarnos a cuestionarnos y reflexionar sobre nuestra presencia en los mismos, no pudiendo dejar de ser críticos con la labor que en los últimos años hemos venido realizando, muy en particular desde la Secretaría de Juventud de la Confederación, que en nada se ha diferenciado de las posiciones menos autónomas y más dependientes de la Administración.

• Atención y servicios. Entendiendo que la manera más efectiva para la defensa de los derechos de la juventud trabajadora es que los propios jóvenes nos organicemos en CC.OO. y participemos en el diseño de sus reivindicaciones y luchas, no podemos compartir el planteamiento de quienes pretenden un sindicato de servicios a la juventud, convirtiéndonos cada vez más en una institución que en una organización obrera. Los servicios deben de ser un complemento a la acción sindical, destinando más recursos a los que están íntimamente ligados a la misma, como pueden ser la asesoría jurídica, la atención a los trabajadores y trabajadoras migrantes, la atención a los y las estudiantes, etc. Por otro lado, los SIPES además de ofertar asesoramiento deben servir de instrumento para canalizar la participación de los parados y paradas, no pretendiendo ser una oficina de colocación en la que la decepción de quien está en paro se dirija contra nosotros y no contra los verdaderos actores del actual sistema de cosas.
• Política de Cuadros. Para lograr la necesaria revitalización de la estructura sindical, se hace urgente el diseño de una política de formación de cuadros jóvenes. Una formación que no se ha de quedar en los aspectos estrictamente "juveniles" para permitir la promoción de los mismos en la estructura del sindicato.
• Fomentar la organización de la juventud en CC.OO. Para incorporar a cada vez más jóvenes a nuestro sindicato debemos de partir del conocimiento de las distintas realidades que se dan dentro del colectivo joven: Por ello es necesario articular una serie de medidas que abarquen actuaciones para quienes siendo jóvenes están en situación de paro, para quienes están en activo (con contratos precarios o no), y para quienes se encuentran en fase de formación. Todo ello con la intención última de organizar a estos tres sectores de la juventud trabajadora. En cuanto a los parados y las paradas y los estudiantes habría que desarrollar una campaña de promoción del Carné Blanco, que si bien ya existe, duerme el sueño de los justos por la falta de voluntad de las diferentes estructuras para su aplicación. Este carné en ningún caso ha de suponer detrimento en los derechos y deberes del afiliado o afiliada como ocurre con otras modalidades experimentadas ya por otras organizaciones sindicales (preafiliación, adherente, etc.) y que debemos de descartar en CC.OO. por lo que significa de creación de una militancia de segunda sin derechos de participación sindical.

El periodo neoliberal está suponiendo, desde la perspectiva de las preocupaciones por el medio ambiente, un claro retroceso en cuanto a posibilidades de reducir significativamente el impacto que las sociedades desarrolladas tienen sobre su entorno. Esto tiene que ver tanto con el predominio de ciertos valores morales e ideas que han ganado terreno en lo cultural, coincidiendo precisamente con el casi cuarto de siglo de ofensiva ideológica neoliberal que llevamos, como con las transformaciones objetivas que el escenario económico, social y político viene experimentando.

La subordinación cada vez mayor de las políticas públicas al "imperativo" de la competitividad, la pérdida de centralidad del Estado y de los sindicatos, la proliferación del modelo de empresa reticular, entre otros, son factores que han tenido y tendrán todavía más en el futuro repercusiones negativas sobre la forma en que la sociedad interactúa sobre su entorno biofísico. Primero, porque facilita la extensión de patrones culturales (como la alimentación rica en proteína animal o como el transporte motorizado individual), de viejas y nuevas tecnologías (agroquímica, por ejemplo) y de un modelo territorial de tipo metropolitano (el que precisa la producción difusa) que, en la práctica, suponen incrementos en el uso de recursos naturales y mermas en la riqueza y en la capacidad de resistencia de los ecosistemas. Segundo, porque las mayores desigualdades sociales, las nuevas situaciones de riesgo y el desplazamiento de los centros de decisión (hacia un pequeño grupo de empresas multinacionales y hacia grupos de expertos), al abrigo de las ya de por sí exiguos controles democráticos, todo ello, son sin duda pasos atrás en la lucha por la justicia social tanto como en las posibilidades de crear un marco adecuado de cambio hacia formas sostenibles de producción y consumo. En el terreno de las ideas, si bien es cierto que la sensibilización y concienciación son cada día mayores, conviven generalmente con valores economicistas, individualistas y productivistas, que no ayudan al tan necesario cambio social.

Sin embargo, la lógica del mercado capitalista es esencialmente antiecológica: el proceso de acumulación del capital tiende a "mercantilizar" más y más ámbitos de la naturaleza, haciendo escaso lo abundante, y, a la vez, a externalizar hacia la sociedad los costes que el mercado no puede reconocer sin comprometer la rentabilidad de las inversiones. Por eso, desde una perspectiva ecológica, el objetivo principal se central en transformar el actual modelo de desarrollo económico, insostenible tanto en sus formas como en sus contenidos. Se trata de reducir el impacto de las actividades sobre el medio, acercando tanto como sea posible los efectos de las actividades de transformación y uso de la naturaleza, tanto negativos como positivos, a los colectivos que producen y consumen, de acuerdo a las posibilidades de su entorno (reducción de la huella ecológica). Al mismo tiempo, la reducción del impacto ambiental implica necesariamente medidas de redistribución de la riqueza, de forma que el uso moderado de los recursos (desde el territorio hasta el aire) no suponga su conversión en bienes de lujo al alcance de unos pocos. En definitiva, justicia social y sostenibilidad como guías para un proyecto social alternativo

La previsión de un futuro próximo de gran incertidumbre tecnológica, de integración económica a gran escala, de mayor opacidad y menor control en la economía, aconsejan un mayor compromiso en esa línea. Ello presupone la continuación de la lucha por la calidad de vida y de trabajo y paralelamente la defensa de estos nuevos valores en parte ajenos al sindicalismo clásico. Con esos objetivos, justicia social y sostenibilidad, pero a la vez desde la renuncia a las "huidas adelante", el papel del sindicato se enmarca en una propuesta por un modelo de desarrollo alternativo, que acentúe la planificación, la participación y la racionalización, como formas de conseguir mayor eficiencia, seguridad y previsión. Ello incluye:

3.8.1. El desarrollo sostenible

Para CC.OO. el desarrollo será sostenible o no será. Estamos convencidos de que el verdadero desarrollo no implica destrucción, por ello apostamos por el desarrollo sostenible, entendido como aquel que además de impulsar nuevos sectores compatibles con el entorno, permite garantizar que las actividades tradicionales se realicen de forma limpia y puedan mantenerse a largo plazo y evolucionar de forma adecuada, asegurando en todo caso que los recursos queden asegurados a las generaciones por venir.

El desarrollo sostenible requiere importantes modificaciones en los procesos industriales y productivos, actualmente insostenibles. Las condiciones para un desarrollo industrial respetuoso con el medio ambiente, es decir, orientado hacia una producción limpia, son:

• La eficiencia en la utilización de los recursos naturales, lo que implica un menor consumo de recursos a lo largo de todo el proceso, especialmente de recursos hídricos y energéticos, pero también de espacio y de materiales, fomentando además la reutilización y el reciclado tanto en el proceso industrial como de los bienes productivos y promoviendo la mayor durabilidad y posibilidades de dichos productos.
• La prevención de la contaminación, que comprende cambios en los procesos, en los productos o en las materias primas que reducen, evitan o eliminan el empleo de sustancias tóxicas o peligrosas o la generación de subproductos peligrosos por unidad de producción, de forma que se reduzcan los riesgos totales sobre la salud de los trabajadores, consumidores o el medio ambiente, en lugar de trasladar estos riesgos de los trabajadores a los consumidores y al medio ambiente.

En el camino hacia la producción limpia será necesario acudir, transitoriamente y en ciertos casos, a medidas correctoras de la contaminación o de final de tubería, tales como sistemas que reduzcan o eliminen las emisiones tóxicas a la atmósfera, depuración de las aguas contaminadas o un adecuado control y tratamiento de los residuos peligrosos. Pero dado que dichas medidas correctoras no eliminan la contaminación, sino que tan sólo reducen su peligrosidad inmediata, trasladando la toxicidad de un medio a otro (del aire o agua al suelo y viceversa), no pueden considerarse como medidas preventivas. Por ello, la aplicación de tecnologías ambientales de fin de línea no puede sustituir a la prevención, es decir debe ser una medida temporal y simultánea a la adopción prioritaria de medidas preventivas que evitan la contaminación en el origen al sustituir productos y procesos tóxicos por otros que no lo sean

3.8.2. La Política Energética

Uno de los principales causantes del deterioro ecológico global es el actual modelo energético. Éste, enfocado desde el punto de vista de la oferta, está basado en un crecimiento ilimitado en el consumo y producción de energía, principalmente a través de fuentes contaminantes y no renovables, como la peligrosa energía nuclear y los combustibles fósiles, por lo que produce una gran variedad de impactos negativos sobre el medio ambiente.

Accidentes nucleares, producción de residuos radiactivos, contaminación radiactiva rutinaria del medio ambiente por sus emisiones líquidas y gaseosas, son la prueba del fracaso tecnológico y medioambiental de la energía nuclear. Ello, unido a su gran fracaso económico y social, refuerza la necesidad de abandonar urgentemente esta peligrosa energía.

La emisión de dioxinas por la utilización de incineradoras; las mareas negras, lluvia ácida, contaminación urbana y problemas de la gravedad del calentamiento global del planeta por los gases de efecto invernadero, de entre los que destaca el dióxido de carbono (CO2), son los efectos derivados de la quema descontrolada de combustibles fósiles. Las graves implicaciones del cambio climático ha llevado a la comunidad científica y a los movimientos sociales y sindicales a nivel mundial- incluida CC.OO.- a exigir fuertes medidas de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero y, más concretamente, a reducir las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2005.

La errónea elección de fuentes de energía contaminantes e insostenibles pone en evidencia la necesidad de reemplazar estas fuentes por otras limpias y renovables. Sin embargo para que esa sustitución se haga realidad hay que poner límite al crecimiento ilimitado en el consumo de energía y al actual despilfarro energético. De poco serviría el esfuerzo de cambiar las fuentes de abastecimiento energético convencionales por otras renovables si éstas tienen que dedicarse a satisfacer un consumo desenfrenado: las renovables no llegarían nunca a poder cubrir esa demanda siempre creciente, pero aunque lo hiciesen, seguirían produciendo una energía que se despilfarra, es decir tendrían que seguir produciendo más energía de la que realmente se necesita.

El enfoque tradicional de la planificación energética se basa en la oferta: ante una demanda que crece, se responde aumentando la producción de energía; el objetivo es, pues, producir más energía. Por el contrario, una planificación energética que no quiera verse ahogada en su propio fracaso debe basarse en la gestión de la demanda: si el consumo de energía es cada vez mayor, el objetivo debe ser reducir esa demanda energética. Por tanto, lo que hay que aumentar no es la producción de energía sino la eficiencia energética: proporcionar mejores servicios consumiendo menos energía. Es decir, el eje de esta planificación, su principal recurso energético, debe ser la eficiencia y el ahorro energético. La realidad a la que nos enfrentamos está dominada por el derroche energético: gran parte de los problemas medioambientales debidos a la energía son causados por una energía que no se aprovecha, sino que se desperdicia; de manera que estamos contaminando, en muchas ocasiones, para nada.

Por otra parte, tenemos las enormes posibilidades que ofrecen las energías renovables, como la eólica, la solar, la biomasa, la geotérmica o la minihidráulica, que es necesario aprovechar. Éstas, como la eólica, la solar térmica y la solar fotovoltaica están ya en condiciones técnicas y económicas de multiplicarse dado el desarrollo tecnológico alcanzado y el enorme potencial de nuestro país. El desarrollo de estas fuentes energéticas lleva asociado un importante impulso de generación de nuevo tejido industrial con gran futuro en la fabricación de equipos y en la construcción y mantenimiento de instalaciones. Por tanto, desde el punto de vista del empleo, la sustitución de las fuentes energéticas convencionales y dependientes por el ahorro y las fuentes renovables y autóctonas, tendrá consecuencias muy positivas, pues favorecerían el empleo local y por lo tanto un mayor volumen de empleo, así como una mayor autonomía y eficiencia del sistema industrial y productivo y unos empleos más estables y duraderos.

3.8.3. Transportes

El sector transporte, es uno de los causantes, de forma rápidamente creciente, de emisiones de CO2, y por ello es un ámbito en el que se requieren igualmente drásticas soluciones basadas en políticas más racionales que las actuales, orientadas al fomento del transporte colectivo, al transporte de personas y mercancías por ferrocarril, al fomento del transporte marítimo, al incremento de la eficiencia en los motores, a la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles…

No puede continuarse, en lo que se refiere a los transportes e infraestructuras viales, con las políticas seguidas por los últimos Gobiernos, en las que se han primado las políticas tradicionales e insostenibles de fomento al vehículo privado y de la carretera, a pesar de ser éstas causa de una gran degradación medioambiental.

Por su carácter estratégico y su importancia social, económica y ambiental, ha de concebir como un servicio hacia la sociedad, como un motor de un desarrollo industrial equilibrado desde el punto de vista social, ambiental y territorial, y como impulso en la generación de empleo.
 

3.8.4. Protección de la Biodiversidad. Política Forestal.

La protección de los espacios y ecosistemas naturales tiene en nuestro país una especial dimensión, dado que, por un lado, cuenta con una mayor diversidad biológica que el resto de los países de la U.E., pero por otro sufre un grave proceso de pérdida de hábitats y desertificación.

Por ello es básico y urgente realizar un importante esfuerzo previo para lograr una racional y equilibrada Ordenación del Territorio a nivel estatal y autonómico, que tenga en consideración de forma prioritaria los criterios medioambientales y de conservación de la Naturaleza. Esta Ordenación del Territorio servirá de marco para las actuaciones a seguir dentro de las demás políticas sectoriales.

En esta línea, la adopción de una política forestal sostenible, preventiva sobre los incendios forestales y responsable en su aprovechamiento económico, es una de las urgencias principales. Junto a ella es necesaria una adecuada gestión -con participación social- de los espacios naturales protegidos y una enérgica acción dirigida a conservar nuestra diversidad biológica.

Igualmente, el turismo, una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, puede ver comprometido su futuro por razones ambientales sino cambia profundamente, planificándose, diversificando la oferta, modificando las pautas de ocupación de suelo y edificación, incorporando criterios de calidad ambiental, modificando el uso y gestión del agua, la energía y los residuos.
 

3.8.5. Política pesquera.

El sector pesquero está encontrando grandes dificultades, en buena parte por razones medioambientales. El agotamiento de caladeros y la reducción de capturas de pesca ha llevado a una grave crisis al sector que está sufriendo una verdadera reconversión y que deberá acomodarse a una prácticas de pesca sostenible orientadas por el principio de precaución

3.8.6. Política Hidráulica y Agrícola.

El uso racional y la preservación de recursos como el agua, el suelo o la atmósfera, que son escasos y se encuentran cada vez más degradados, requieren también de cambios en las políticas tradicionales. Se trata de pasar de unas políticas del agua caracterizadas por un uso insostenible y por una gestión basada en la oferta y en la realización de nuevas obras hidráulicas -concepción tradicional que sigue siendo la base del Plan Hidrológico Nacional- a otras políticas basadas en la prevención de la contaminación, en el ahorro, en la gestión de la demanda y la mayor eficiencia de la actual infraestructura hidrológica, con una adecuada reparación y mantenimiento de las redes de distribución cuyas fugas dilapidan un 40% del recurso.

La contaminación de los suelos y acuíferos y un uso insostenible del agua demandan también una reorientación del sector agrícola hacia una agricultura más biológica y sostenible.

3.8.7. Política Industrial

Los principales puntos débiles de la industria de nuestro país son la baja eficiencia en el uso de recursos y el elevado incumplimiento de la normativa medioambiental. Dada la extremada competitividad a que está sometida actualmente la industria y el creciente rigor de la normativa ambiental dichas debilidades, de no corregirse podrían llevar a la desaparición de numerosas empresas y con ellas de los empleos correspondientes. Así pues, el respeto al medio ambiente es una garantía para la viabilidad de las empresas y para el mantenimiento a medio y largo plazo del empleo. Por consiguiente la presión para que la industria se adapte a los nuevos requerimientos medioambientales forma parte de las líneas básicas de la acción sindical.

Se trata también de pasar del aumento constante en la producción de residuos y toxicidad, a una drástica reducción, a la eliminación de la generación de residuos peligrosos y a un adecuado tratamiento, descartando sistemas tan nocivos como la incineración. Se trata, en fin, de pasar de la creciente degradación del aire a una verdadera prevención de la contaminación atmosférica.

Dado el actual déficit de nuestro sistema productivo, la simple adaptación a la normativa necesita movilizar 5 billones de pesetas de inversión pública y privada. Este importante esfuerzo inversor dinamizará nuevos sectores industriales y una importante generación de empleo. El efecto generador de empleo sería muy superior si hubiera una reorientación global de la producción de bienes y servicios, hacia otros esencialmente nuevos, diseñados y producidos con criterios ecológicos, es decir más intensivos en trabajo y menos en materiales y energía, más duraderos y menos generadores de emisiones, vertidos y residuos.

CC.OO. promoverá que las políticas industriales integren el respeto al medio ambiente y se orienten hacia la producción limpia como una variable de primer orden. La promoción de una reconversión ecológica de la industria generará un tejido industrial mucho más amplio, sostenible y duradero y una mayor estabilidad de los empleos industriales. Las experiencias y análisis realizados muestran que el balance global de empleo es positivo. No obstante, la reconversión ecológica de la industria debería contar con un Fondo creado a través de aportaciones públicas y privadas provenientes del sector industrial que atendiera las consecuencias sociales indeseadas que tal reconversión pudiera causar, de forma que no fuera traumática.

Así mismo, a través de la acción sindical y de los acuerdos correspondientes, CC. OO. Tratará de comprometer a las empresas a adoptar medidas favorables al medio ambiente según los riesgos ambientales de cada centro, a facilitar la información, participación y seguimiento de los representantes de los trabajadores y de los sindicatos en materia medioambiental y a dotarles de medios y formación adecuados. Los compromisos a lograr a través de la negociación colectiva o de acuerdos específicos en el marco sectorial o de empresa, serian: la realización de auditorias ambientales con participación sindical, la puesta en marcha de un plan de prevención en materia de residuos, el ahorro y eficiencia energética, el ahorro y depuración de agua y la sustitución de tecnología y sistemas de producción contaminantes por otros de producción limpia.

3.8.8. CC.OO. y el medioambiente

CC.OO. impulsará en el ámbito de la CES, y para toda la U.E. la lucha por una legislación ambiental estricta para las empresas, que tenga plasmación a todos los niveles: nacionalidades, CC.AA, y administraciones locales, que contemple compromisos de cara a los ciclos productivos y así como acciones frente a los grandes problemas ecológicos, como el cambio climático, cuyos efectos a unas pocas décadas vista van a ser dramáticas para los países mediterráneos, para el litoral español, así como la elaboración de índices integrales de impacto socioambiental que acompañen la contabilidad convencional.

Otras medidas a poner en marcha son: hacer cumplir y adecuar la legislación en seguridad laboral a las tecnologías más perniciosas, tanto, para el medio, como para la salud, llegar a acuerdos con los sectores empresariales más implicados y con la administración con el objetivo final de la desaparición de actividades no sostenibles, teniendo en cuenta la cobertura de los trabajadores afectados por los procesos de transición, la formación de los cuadros sindicales en materia ambiental, desde una perspectiva que aúne a un mismo nivel las cuestiones sociales y las ecológicas y por último la elaboración de estudios de seguimiento de los efectos que las diferentes formas de producción y la legislación ambiental tienen sobre el empleo

4. LOS INSTRUMENTOS DE LA ACCIÓN SINDICAL

En los últimos años, la estrategia confederal ha priorizado la política de concertación y de acuerdos sindicales con el gobierno y con la patronal, en detrimento de la acción sindical propiamente dicha. Ésta ha perdido fuerza en su capacidad de mejora de las condiciones de vida y laborales por diferentes razones. Además de la errónea estrategia sindical seguida, hay que destacar la desmovilización de los trabajadores, el debilitamiento de la negociación colectiva y de la unidad de acción sindical, y la inadecuación de la estructura organizativa a los profundos cambios producidos en el mercado de trabajo.

No es tarea fácil para el movimiento sindical conseguir mejorar la relación de fuerzas a favor de los trabajadores. En todo caso, debido a su complejidad, se trata de actuar de forma paralela en varias direcciones.

4.1. El papel de la movilización

Cuando toda la estrategia se vuelca únicamente en la negociación, renunciando en la práctica al desarrollo de la movilización sindical o convirtiendo a ésta en un puro ritual, los avances sociales son nulos o muy escuálidos. Más grave es aún cuando ni siquiera en las épocas de crecimiento económico se consigue una mayor distribución de la renta y de la riqueza, tal y como ha sucedido en el último período. No en vano, en los pasados cuatro años, se ha alcanzado un mínimo histórico en la capacidad de movilización sindical. Es imprescindible recuperar la tradición más combativa del movimiento sindical, estimulando para ello el fomento de la movilización como un instrumento útil para la defensa de los derechos de los trabajadores a todos los niveles. Las movilizaciones deben de plantearse a través de:

• La combinación equilibrada e inteligente del binomio negociación-presión.
• La coordinación de las luchas de los sectores afectados por diferentes conflictos (reconversiones, ajustes de plantilla, empleados públicos, privatizaciones, convenios colectivos bloqueados, etc.) para redoblar su eficacia y arropar unos colectivos con otros.
• El cuestionamiento de los decretos de servicios mínimos aplicados por el gobierno que están mellando de manera grave el derecho de huelga reconocido en la Constitución Española.
• La organización de la solidaridad frente a agresiones a derechos sociales y laborales fundamentales: despidos, recortes de la libertad sindical, etc.

La negociación colectiva es un instrumento clave por su importancia estructural en la acción sindical, por ser un mecanismo esencial para impulsar la participación de los trabajadores y porque puede corregir elementos negativos de la legislación laboral, por ejemplo de las última reformas laborales.

No obstante, dado el retroceso del derecho del trabajo con las contrarreformas legislativas laborales de la última década y la voladura de las garantías y los mínimos de derecho necesario, el sindicato debe plantear alternativas legislativas por el sindicato, y diseñar una estrategia de acción sindical que conjuntamente con la negociación colectiva, permita recuperar derechos y garantías para los trabajadores. Hay que recordar que históricamente siempre fue un objetivo del movimiento obrero la promoción de una legislación avanzada que dotara de derechos y garantías a los trabajadores y mejorara la posición de los sindicatos para defenderlos.

Aunque hay aspectos negativos de la legislación laboral que pueden combatirse desde la empresa si se tiene fuerza, ello no es posible para los trabajadores de las pequeñas empresas sin poder de presión frente a los abusos patronales. La ley constituye un mejor amparo que los convenios, porque tutela con carácter general. Además, hay elementos de las reformas laborales que no es posible defender a través de los convenios porque han dejado de ser derechos laborales que implican al empresario, sino que nos remiten a la protección social, a las instituciones judiciales, etc. Por ejemplo, en materia de despido: lo que antes se consideraba despido colectivo, con obligatoriedad de negociación con los representantes de los trabajadores, ahora pasa a ser despido individual, remitiendo la tutela a los Juzgados de lo Social. También hay que destacar que las altas tasas de paro, la precarización, el corporativismo, la economía sumergida, la marginalidad laboral, los falsos autónomos, el teletrabajo y el trabajo a domicilio, etc., son un terreno en expansión, sobre el que la acción sindical expresada de forma exclusiva en la negociación colectiva resulta insuficiente.

La experiencia más reciente en la negociación colectiva refleja unas preocupantes tendencias: pérdida de peso de los convenios, retraso en la conclusión de las negociaciones, menor número de trabajadores afectados, contenidos empobrecidos que se suelen reducir a los salarios y a la defensa del articulado de los convenios frente a la ofensiva desreguladora de la patronal, ausencia de articulación etc.

Las principales propuestas para conseguir que la negociación colectiva sea una herramienta eficaz para defender los derechos laborales son:

Estructura:

• Cobertura de negociación colectiva para todos los trabajadores y trabajadoras, regulando el mayor número de materias y contenidos, y mejorando las condiciones laborales. Ampliación, para ello, del ámbito personal de los convenios, frenando la creciente tendencia a la individualización de las relaciones laborales y a la exclusión de colectivos del ámbito de aplicación de los convenios.
• Articulación de la negociación colectiva, sin que se cierre ni bloquee la regulación contenida en los diferentes ámbitos, sino que plantee la coordinación entre los diferente ámbitos, conciliando el reparto de materias con el principio de norma más favorable y de mejora en las condiciones de trabajo.
• Apuesta por convenios estatales de sector que unifiquen, simplifiquen y reduzcan la atomización y desvertebración actual. Este marco es muy necesario por la pérdida de vigencia de las Ordenanzas Laborales como consecuencia de su derogación, por la supresión por la contrarreforma laboral de los mínimos de derecho necesario y por la fragmentación y precariedad del mercado de trabajo. Se regularían las condiciones básicas de trabajo del sector, los derechos elementales de igualdad y no discriminación, y las cláusulas de reenvío de materias a otros ámbitos inferiores.
• Ámbitos sectoriales intermedios, con tendencia a reforzar el espacio autonómico donde se considere útil, y en la perspectiva de asumir los actuales marcos provinciales. Es el ámbito "bisagra" entre los estatales y la empresa y su contenido viene marcado por ello, debiendo tenderse a regular en ellos el máximo de contenidos y derechos.
• Potenciación del ámbito de empresa, articulado con el sector, evitando la individualización de las condiciones de trabajo, los acuerdos "franja" y " pactos de empresa", que permite la reforma del Estatuto de 1.994. Se primarían los convenios de empresa o grupo de empresa sobre los de centro de trabajo. En este espacio se abordarían cuestiones como la organización y condiciones de trabajo, los procesos productivos, la innovación tecnológica, el empleo, la profesionalidad y la formación, etc.
• Consecución de una auténtico sistema de negociación colectiva para los empleados públicos para que no se hurte este derecho a millones de trabajadores ni se convierta en un trámite formal.
• Impulso de la negociación en las empresas de dimensión europea, para homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores de la misma empresa transnacional, independientemente del país en el que esté el centro de trabajo.

• Prioridad de los contenidos reivindicativos que supongan un claro avance en las reivindicaciones laborales y que sean de carácter estratégico para el sindicato: la defensa de la dignidad del trabajador, la creación de empleo (las 35 horas semanales, la supresión de horas extras, etc.), la vida y la salud (seguridad y salud laboral), los derechos adquiridos (el articulado de los convenios), el reparto de la renta y de los beneficios (la mejora real de los salarios y las cláusulas de revisión, etc).
• Recuperación de derechos laborales recortados en el Estatuto de los Trabajadores en la contrarreforma laboral de 1.994. Por ejemplo, incluir en los convenios modificaciones y garantías ante la aplicación de los artículos 39, 40 y 41, 47, 51, 52: traslados y movilidad geográfica, movilidad, funcional modificaciones sustanciales de trabajo, suspensión del contrato de trabajo y despido laboral.

• Elaboración de las plataformas reivindicativas a partir de un debate amplio y vinculante con el colectivo laboral comprendido por el convenio.
• Recuperación del papel de la asamblea para fomentar la participación directa de los trabajadores/as afectados en todo el proceso de negociación.
• Compromiso del sindicato de informar permanentemente de la marcha de las negociaciones y de realizar una consulta formal antes de proceder a la firma de los acuerdos.
• Un nuevo papel de la huelga y de otras formas de presión, de forma coordinada y a la ofensiva para desbloquear las situaciones, cada vez más frecuentes, de intransigencia patronal. .

La globalización económica, la introducción de nuevas tecnologías y las innovaciones en la organización productiva, generan profundas y continuas transformaciones en el modelo de empresa y en las estrategias del capital que tienen importantes consecuencia en el empleo y en las relaciones laborales. Algunos de los cambios más visibles tienen que ver con la segmentación laboral, la descentralización productiva, y con un modelo sociolaboral cada vez más inseguro

Hacer frente a estos problemas exige que sean tratados donde se plantean de forma directa, es decir, en los centros de trabajo. Ello no significa que no sean abordados algunos de sus aspectos en el plano institucional. Sólo combinando la acción sindical en la empresa y la acción institucional se podrá avanzar de forma significativa.

La empresa debe ser el centro de la acción sindical por una doble razón: es donde se manifiesta la estrategia del capital para la mejora constante de sus beneficios, a través del aumento de la tasa de explotación del factor trabajo, y es la empresa donde se organizan los trabajadores y se legitima el sindicato.

Hay toda una serie de elementos susceptibles de ser abordados en las relaciones laborales en la empresa y que tienen gran importancia estratégica: empleo y contratación, formación y promoción, planes industriales y cambios tecnológicos, organización y condiciones de trabajo y medio ambiente, etc. Cuestiones éstas que habría que tratarlas antes de que se tome cualquier tipo de decisión empresarial sobre ellas. Para avanzar en esta dirección y defender eficazmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras proponemos:

• La democratización de las relaciones laborales como gran objetivo sindical. Para ello se ha de conquistar la capacidad de intervención, con carácter previo, sobre los temas fundamentales que afectan a los trabajadores: planes empresariales de futuro, inversiones, decisiones industriales, tecnológicas, de modificación del capital, el empleo, las condiciones laborales, etc.
• La participación sindical en los consejos de administración de las empresas, en igualdad de derechos con los demás representantes, para asegurar un efectivo conocimiento de la gestión en la empresa
• El fortalecimiento del sindicato en la empresa, a través de la práctica sindical y de medidas organizativas:
• una acción sindical integral (con una visión de conjunto sobre: subcontrataciones, descentralización productiva, etc.), reivindicativa (que se dirija a los distintos colectivos: técnicos y cuadros, temporales, jóvenes y mujeres), que organice la participación de afiliados y trabajadores en la toma de decisiones, y que se articule con el resto de las estructuras del sindicato.
• constitución de secciones sindicales en todas las empresas, arbitrando mecanismos organizativos para la participación de los afiliados de la pequeña empresa (secciones sindicales agrupadas de afiliados de pequeñas empresas) y dotación de medios a la sección sindical, como podría ser que una parte de la cuota se destine para desarrollar sus tareas y responsabilidades.
• relación más estrecha con las estructuras superiores de la rama y del territorio (debate e información sindical, asesoramiento técnico, etc.), así como una participación más activa y directa en al análisis y reflexión sobre la estrategia general del sindicato, facilitándose loa vías que permitan su protagonismo en Congresos, Jornadas, etc.

La unidad de acción sindical es una apuesta sincera que debe de realizar CC.OO., ya que la experiencia histórica demuestra que cuando los trabajadores están unidos suelen avanzar en sus objetivos o retroceden menos que cuando están divididos. En la última década el movimiento sindical en España ha vivido un período de unidad de acción que le ha permitido alcanzar algunos acuerdos importantes, desarrollar grandes luchas y mejorar su imagen entre los trabajadores, aunque bien es verdad que esta actitud a la ofensiva se empezó a quebrar desde la última huelga general de enero de 1.994. En los últimos tiempos la unidad y las relaciones entre los sindicatos ha sufrido un notable deterioro, aunque se ha puesto sordina a las diferencias por la propia responsabilidad de las partes.

Pero no cabe engañarse, la firma de acuerdos por separado tanto en la negociación con el gobierno (contrato fijo a tiempo parcial, acuerdo de empleados públicos para el 2.000), como los enfrentamientos en algunos grandes convenios colectivos (Renfe, Bimbo, etc.), ponen de manifiesto que las diferencias y la pérdida de confianza mutua han ido en aumento.

Para cortar esta dinámica y reforzar la unidad de acción sindical planteamos que la Confederación Sindical de CC.OO. realice a la Unión General de Trabajadores la siguiente propuesta:

• Elaboración de un -Protocolo de Unidad de Acción Sindical- entre CC.OO. y UGT que reafirme la apuesta estratégica por la unidad de los dos sindicatos. En ella se debería de establecer el compromiso de seguir unas normas de actuación para evitar que surjan problemas y distorsiones en la unidad. Entre estas normas de actuación y de conducta estarían:
• la creación de un -Comité Unitario de Enlace- formado por miembros de las direcciones de los dos sindicatos y por las responsabilidades más operativas (acción sindical, institucional, organización). Se reproduciría en todos los ámbitos (confederal, federal, territorial).
• intervención estos comités para realizar labores de mediación en caso de conflicto entre las partes.
• en última instancia, y si no fuera posible el acuerdo, se someterían las diferencias existentes al debate y a la decisión de los trabajadores afectados; por ejemplo, en supuestos tan concretos como la existencia de diferencias a nivel de empresa, se ventilarían a través de un referéndum de la plantilla que evitase la ruptura de la unidad sindical.

Estas instituciones de carácter unitario estarían abiertas a la incorporación de otros sindicatos de clase.

Parece evidente que el movimiento sindical en solitario no puede hacer frente al pensamiento neoliberal. De ahí que haya que fomentar la participación y el protagonismo de los trabajadores, la búsqueda de apoyos sociales a las propuestas sindicales y el establecimiento de alianzas con otros movimientos sociales, ciudadanos, culturales, religiosos y con los partidos y formaciones de la izquierda que compartan unos objetivos mínimos.

Pero la suma de fuerzas no debe de darse sólo desde actitudes defensivas. Preferentemente debe de producirse a la ofensiva, articulándose a través del apoyo a propuestas de medio alcance (el reparto de trabajo es un buen ejemplo), que además de dar solución a problemas concretos de los trabajadores/as, permitan avanzar hacia transformaciones sociales.

En sociedades tan complejas como las actuales, las cuestiones sociales, económicas, políticas o culturales se pueden abordar desde el ámbito sindical, el de la izquierda o desde las organizaciones y movimientos sociales. Dicho de otra manera, los sindicatos refuerzan su componente sociopolítico, mientras que la izquierda tampoco renuncia a establecer una relación directa con los trabajadores ni a realizar propuestas y acciones sobre las cuestiones sociales. Hoy, hay movimientos sociales críticos y alternativos (feministas, ecologistas, pacifistas, de objetores e insumisos, de solidaridad y cooperación, vecinales, etc.) cuya legítima acción tienen que valorarse y ser complementada con las actuaciones y propuestas sindicales.

Los sindicatos deben de huir de varios planteamientos que serían erróneos. No pueden limitarse a la tradicional defensa de los intereses de los trabajadores empleados. Tampoco deben de caer en actitudes pansindicalistas, creyendo que son capaces de formular grandes propuestas de transformación o hacer frente en solitario a las agresiones neoliberales: Solos, por su cuenta, no puede hacerse cargo de todos esos problemas y, en algunos casos, intentarlo podría suponer una inconveniente sindicalización de lo político.

Los sindicatos deben reforzar su carácter sociopolítico por varios motivos:

• La búsqueda de una transformación social por los sindicatos de clase, hace necesario reforzar la conciencia de clase y la participación de los trabajadores en la acción política y democrática.
• La necesidad de defender intereses amplios: de sus afiliados, de los asalariados en general y de otros ciudadanos marginados, excluidos, desempleados, que no están sindicados. Se trata de ampliar las funciones del sindicato de clase tradicional, que debe de orientar su política hacia cuestiones más ciudadanas.
• El peso alcanzado por el Estado de Bienestar y el gasto social en los Presupuestos Generales de los Estados.

Por otro lado, la izquierda política, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales afrontan, cada día más, materias que antes podrían parecer de competencia exclusiva de los sindicatos. Se establecen así espacios o zonas de confluencia de objetivos entre diferentes organizaciones. Sería un error sindical ver como una injerencia la preocupación de otros por la situación de los desempleados, de los jóvenes o de los excluidos, o la voluntad de actuar y movilizarse contra el ataque a los derechos sociales de la población.

El sindicato está obligado a plantearse una política de alianzas que organice la acción coordinada entre todas las fuerzas. Desde el punto de vista sindical, está política de alianzas debe combinar el análisis de los problemas que afectan a los ciudadanos, con los objetivos sindicales. Debe actuar junto con los demás porque es imposible separar hoy en día los antiguos temas sindicales de estos otros nuevos que involucran a más fuerzas; porque la mayoría de estos problemas se plantean juntos y tienen que ver con las preocupaciones compartidas por los sindicatos y la izquierda. Son ejemplos de cuestiones que interesan a la mayoría de la población: la lucha contra el paro, por los derechos sociales, por una mayor distribución de la riqueza, la mejora del bienestar social y de la calidad de vida (enseñanza, sanidad, vivienda, servicios sociales, pensiones, etc.), la protección medioambiental, la profundización y regeneración de la democracia, las libertades políticas, el desarrollo cultural, la paz, los derechos humanos y el respeto hacia las minorías, etc.

Las razones anteriores y la debilidad organizativa de los diferentes sujetos (sindicatos, izquierda política, movimientos sociales) exigen la constitución y el desarrollo de plataformas amplias en favor de determinados objetivos y derechos. Ellas deben de constituir la vía y el espacio donde se reflexione y actúe sobre las zonas de encuentro en la actuación de sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones sociopolíticas preocupadas por los mismos objetivos. Un ejemplo de estas plataformas es la constituida en pro de las 35 horas por ley. En ella participaban partidos de la izquierda política, sectores sindicales, movimientos sociales, asociaciones de vecinos, sectores cristianos de base, intelectuales, profesionales, artistas, etc. Impulsó importantes movilizaciones y una Iniciativa Legislativa Popular que recogió 600.000 firmas. Otros ejemplos de amplias plataformas de fuerzas sociales son las de Defensa de la Sanidad Pública o las de Defensa del Ferrocarril, etc.

Pero algunos de los ejemplos anteriores pone de manifiesto la existencia de dificultades en las relaciones entre el movimiento sindical y otras fuerzas. Y ello nos remite al problemas de la autonomía de las organizaciones. Para conseguir una convivencia y colaboración constructiva, hay que renunciar a dos viejas tentaciones: al intento político de utilizar a los sindicatos como correas de transmisión y al presunto monopolio sindical sobre las cuestiones laborales. También, y en primer término, debe quedar muy claro la relación con los poderes existentes (gobierno, patronal o grupos de presión). De eso depende la autonomía sindical y la de otras organizaciones. Sin autonomía de las organizaciones, y sin unas relaciones en un plano de igualdad y de respeto, no habrá una política sindical de alianzas como corresponde.

En el futuro, estas plataformas cívicas en favor de determinado derecho social pueden llegar a ser la concreción de una políticas sindical de alianzas con otros sectores ciudadanos y con personas y organizaciones sociopolíticas progresistas, sensibles a los problemas laborales y que siempre han estado próximas a los sindicatos del ámbito de la izquierda. Su tarea debe ser la de acercar, discutir y poner de acuerdo un abanico de intereses y deberes muy diversos y proponer objetivos concretos para transmitir a los ciudadanos para corregir determinados problemas.

En concreto se propone la Constitución de Plataformas Cívicas con un amplio espectro de fuerzas progresistas para la consecución de objetivos sociales y ciudadanos. Desde la autonomía de cada una de ellas, habrá que buscar los elementos comunes para el avance de los derechos y las transformación de la sociedad. Tendrían como finalidad:

• el análisis y diagnóstico sobre la situación y problemas actuales de los trabajadores y trabajadoras: paro, desprotección social, fiscalidad y rentas, derechos sociales, etc.
• la realización de síntesis unitarias que se traduzcan en propuestas sobre el objetivo social de la plataforma y su difusión y popularización entre la sociedad
• el impulso de la movilización de los sectores sociales y fuerzas de todo tipo interesados en hacer avanzar las propuestas anteriores y para evitar el retroceso de derechos históricamente conquistados a través de la lucha social y democrática

En un mundo globalizado es imprescindible abordar la dimensión internacional del sindicalismo como herramienta para defender los derechos laborales. Se convierte en imprescindible la coordinación de las estrategias sindicales para hacer frente a los nuevos problemas económicos, productivos y sociales que aparecen y al agudizamiento de los existentes.

Los planos de actuación deben de ser el mundial y el europeo. En el primero hay que abordar cuestiones tan importantes sobre cómo hacer frente a la "economía de casino" capitalista, a las políticas del FMI, al problema de la deuda exterior del Tercer Mundo, o la exigencia de cláusulas contra el dumping social, la lucha por los derechos sindicales y sociales en todo el mundo y la solidaridad con los sindicatos y trabajadores oprimidos por dictaduras, guerras o conflictos de todo tipo.

El plano europeo requiere una especial reflexión. El IX Congreso de la CES de Helsinki apenas ha apuntado avances hacia la construcción de un auténtico sindicato europeo que esté a la altura de las circunstancias. El gran reto de la CES sigue siendo el mismo: cómo ser un renovado instrumento para defender eficazmente los intereses de los trabajadores/as, cómo ser un contrapeso fuerte para llenar de contenido la Europa Social, cómo hacer, en suma, que haya más Europa .

Los tres ejes de la actividad sindical de clase en Europa deben de centrarse en la reorientación del modelo de construcción europea, la lucha por el empleo y la resistencia ante los ataques del neoliberalismo. Ello pasa por:

• la elaboración de propuestas y alternativas de medio alcance que puedan ser debatidas y asumidas socialmente,
• por el desarrollo de una política de alianzas de amplio espectro con otros sectores sociales, ciudadanos y políticos
• por el impulso de la participación y la movilización coordinada de los trabajadores europeos.

Hacer frente a las agresiones sobre los derechos sociales, colocar al movimiento sindical a la ofensiva y defender con firmeza los intereses de los trabajadores, obliga a plantearse la movilización en el ámbito europeo como una pieza clave de una estrategia fuerte para pesar en Europa. Se convierte, por tanto, en una necesidad:

• lanzar iniciativas de movilización europea por objetivos comunes y generales (reducción de jornada, legislación social mínima, armonización de las condiciones laborales y salariales, ...),
• coordinar la negociación colectiva a nivel sectorial en Europa,
• dirigir la acción sindical a través de los Comités de Empresa Europeos

Para el desarrollo de una política sindical fuerte, que permita que los trabajadores sean un contrapoder real frente al neoliberalismo de la construcción europea es precisa la coordinación de los sindicatos más de clase y con posiciones críticas y alternativas, para influir en la estrategia de la Confederación Europea de Sindicatos
 

4.7. Una organización sindical adecuada a la diversa composición de la clase trabajadora

Propuesta de acción sindical especifica hacia colectivos desestructurados

Cada vez hay más trabajadores con los que no es posible mantener contacto y realizar la acción sindical desde el sector, bien por no tener relación laboral estable o por estar deslaboralizados. Por ello, básicamente desde el territorio, se podrá llevar a cabo una acción sindical de proximidad, para su integración y participación en la actividad sindical desde su situación especifica. Para ello proponemos la Creación de Grupos de Trabajo, desde el territorio, y con participación de sindicatos más afectados, que pondrán en marcha equipos interdisciplinares para llevar adelante propuestas de trabajo en frentes como: Empresas de Trabajo Temporal, Economía Sumergida, Trabajo a Domicilio...

Los parados deben recuperan su dignidad como trabajadores y ciudadanos a través de la lucha para buscar soluciones a su problema. Además, el avance en medidas estratégicas como la mejora de la protección social o la reducción de jornada necesita de un movimiento de opinión cultural que remueva los obstáculos y resistencias a esta medida. A ello contribuiría de manera muy especial la organización y movilización de los propios parados, con el respaldo de los trabajadores en activo. Seguramente la ley francesa de 35 horas hubiera encontrado más resistencias patronales y de la derecha sin el surgimiento de la lucha de los parados. Aquí, en España, con los parados organizados no se hubieran recortado tanto las prestaciones al desempleo y los sindicatos contarían con la alianza de una gran fuerza para sus demandas de mayor gasto en los PGE para cobertura al desempleo. La organización de los perdedores, de los colectivos más golpeados por la crisis, podría introducir un elemento que actuase como revulsivo y rompiera la pátina de resignación social existente ante el paro. También debería sacar de la pasividad aliñada con retórica a los sindicatos. La falta de acción sindical real se debe en la desconfianza que suele tener los sectores burocratizados hacia todo aquello que no están seguros de controlar; también, porque considera a los parados más como clientes de los cursos de formación, que como un colectivo social especialmente golpeado al que hay que organizar y movilizar.

Es fundamental que los parados sean protagonistas de la lucha por sus reivindicaciones . Para ello planteamos lanzar una Campaña de organización y lucha de los parados. Sigue siendo válida la propuesta del lema " Ser parado no es mi profesión " para movilizar a los desempleados por reivindicaciones que van desde el empleo, la protección social y otras medidas sociales, como ayuda de transporte, de vivienda o garantías frente a los desahucios. Este planteamiento ha proporcionada algunas experiencias exitosas como las movilizaciones en algunas comarcas murcianas

Toda organización que apueste seriamente por fortalecer sus propias capacidades tiene la necesidad de desarrollar programas de formación para sus miembros.

Si no desarrollamos estos programas, la formación que recibirán nuestros delegados, nuestros cuadros, estará basada en la información de los medios de comunicación dominados por grupos de presión cuyos intereses son claramente contrarios a los de los trabajadores y por una práctica cotidiana acuciada por la urgencia de la respuesta inmediata y carente de la reflexión necesaria.

La formación sindical debe basarse en la combinación de dos ejes complementarios: una formación teórica de base y una reflexión crítica sobre nuestra práctica y estrategia sindical.

Los planes de formación sindical deben ser sostenibles, es decir, deben asegurar su continuidad en el tiempo y la disponibilidad de los medios adecuados y posibles. La permanente convivencia de la formación sindical con la formación contínua de los trabajadores, con FOREM, como su pariente pobre, dada la disparidad de recursos de que disponen cada una, suele dificultar que adquiera la importancia necesaria.

La formación sindical tiene dos objetivos centrales. Por un lado, debe ampliar la capacidad organizativa de nuestros afiliados, delegados y cuadros como elementos dinamizadores de la actividad colectiva de sus compañeros. Por otro lado, debe dotarles de los conocimientos necesarios para ampliar nuestra capacidad de respuesta ante los retos que se plantean a la clase obrera, los tradicionales que corresponden a la defensa de sus intereses de clase y los nuevos retos derivados de los cambios en la organización de la producción.

Dada la diversidad de necesidades formativas, la metodología debe basarse en módulos con una base común pero flexibles y adaptados a cada rama y territorio, atendiendo a los objetivos planteados. El principio de que cada delegado, cada cuadro es un "estudiante permanente" puede encontrar una expresión práctica concreta en la generalización de la tarjeta de estudiante de la C. S. de CC.OO., en la que quedarían reflejados los cursos y actividades formativas que cada persona ha desarrollado.

La formación sindical debe ser evaluable en un doble sentido. Por un lado, debe evaluarse la calidad y adecuación de la formación impartida y, por otro lado, debe poderse evaluar el grado de aprovechamiento por parte de los receptores de esa formación. Esta evaluación es tanto más necesaria cuanto los recursos disponibles son limitados; su correcto aprovechamiento contribuirá a revalorizarla.

Los recursos de que disponemos están estrechamente vinculados a la metodología. La necesaria reflexión crítica sobre la propia práctica como eje formativo hace que podamos aprovechar la experiencia acumulada por nuestros propios delegados y cuadros como una ingente fuente interna de recursos humanos. Así, los equipos de formadores deberán colaborar estrechamente no sólo con técnicos o expertos en los distintos temas, sino también con aquellos miembros del sindicato cuya experiencia y reflexión sean adecuados a los módulos correspondientes. La formación no necesita ser costosa en exceso a la organización con una planificación precisa.

La asignatura pendiente en los recursos destinados a la formación es el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. En este campo debemos desarrollar un plan que con plazos plausibles de ejecución aproveche sus posibilidades.

Un peligro que corre cualquier plan formativo de una organización es que se entienda como un proceso piramidal donde el conocimiento fluye desde el vértice hacia la base. Los cuadros de cualquier nivel del sindicato deben prestar una especial atención a la formación y ayuda a la reflexión que pueden recibir de cuadros o delegados "de rango inferior". La cercanía a los problemas cotidianos y la variedad de respuestas encontradas por la base del sindicato constituyen un caudal que debe aprovecharse permanentemente. Sólo es ignorante aquel que cree que no puede o tiene la necesidad de aprender de los demás. La formación sindical necesita un clima de libertad de expresión tan amplio que cada delegado pueda opinar sin tener la preocupación constante de qué juicio merecerá por parte de sus "cuadros superiores".

No podemos mantener un discurso hacia empresarios y gobierno que les exige más formación para los trabajadores y al mismo tiempo dejar de desarrollar unos planes sistemáticos, rigurosos y evaluables de formación sindical en nuestra propia organización. La formación sindical de calidad no es un lujo, es imprescindible y, además, es posible con nuestros recursos

4.9. La apuesta por la independencia sindical

Históricamente CC.OO. ha defendido un modelo sindical basado en la autonomía respecto a gobiernos y patronales y partidos políticos. En una sociedad tan compleja como la actual, los mayores problemas para la autonomía se derivan de los intentos de institucionalizar los sindicatos e integrarlos en el sistema como una pieza acrítica y dócil. Los mecanismos que el poder utiliza son múltiples, unas veces sutiles otras más burdos, pero siempre con cierta eficacia. Ello explica el empeño de algunas direcciones sindicales en mantener una política de buena vecindad con el gobierno de turno, al margen de su ideología política, suscribiendo acuerdos que muchas veces dejan bastante que desear desde la óptica de los derechos laborales y sociales. En relación directa con lo anterior, otro problema para la independencia sindical se sitúa en la burocratización de las estructuras sindicales, que cuando obtienen legitimación en los poderes públicos y estatales, aflojan los vínculos con los trabajadores y recortan la democracia interna.

Para reforzar la autonomía sindical proponemos:

4.9.1. Una toma de decisiones democrática

Donde realmente radica la independencia es en la capacidad soberana del sindicato para tomar sus propias decisiones sobre los diferentes asuntos. Evidentemente, las decisiones deben de adoptarse democráticamente y ello significa que son los órganos elegidos en los congresos los que tienen la última palabra. Pero para reforzar la democracia, para desarrollar el sindicalismo participativo, para evitar tendencias burocratizadoras, los afiliados deben de ser los protagonistas en el sindicato. Debe, por tanto, fomentarse su participación en la vida sindical, especialmente en todo lo relativo a la toma de decisiones. En este sentido el sindicato se debe de comprometer solemnemente con los afiliados y los trabajadores a lo siguiente:

• Establecimiento de un Código de comportamiento del sindicato en la negociación colectiva que obligue a las organizaciones en temas como la información continua, la convocatoria de reuniones y asambleas para analizar la marcha del proceso, la incorporación de la situaciones de colectivos diversos y la defensa de sus propuestas y, finalmente, la valoración y decisión sobre el resultado de las negociaciones.
• Realización de un referéndum entre los afiliados y afiliadas, ante cuestiones de especial relevancia (por ejemplo, la firma de acuerdos con el gobierno y/o la patronal). Los órganos de dirección regularán la convocatoria y garantizarán medios e igualdad de oportunidades para las diferentes opciones. El resultado será vinculante. El compromiso anterior, se puede ampliar a una consulta, más allá del sindicato, entre los trabajadores y trabajadoras afectados de manera directa por determinada cuestión social importante.

Cuando los sindicatos se han convertido en grandes aparatos con ingentes medios, edificios, liberados, etc., la gestión económica se convierte en un elemento clave. Unas finanzas saneadas permite disponer de recursos para la acción sindical, las elecciones sindicales, el reforzamiento de la organización, etc. Por el contrario, la cosas se complican si la situación económica del sindicato o no es buena o mantienen claras dependencias con mecanismos de financiación ajenos al sindicato, por aquel dicho clásico de que "quien paga manda". En definitiva, unas finanzas sólidas aseguran la capacidad de actuación del sindicato, pero, sobre todo, la autonomía sindical. De ahí la gran importancia que tiene este frente para la independencia sindical cuando el peso de las cotizaciones de los afiliados/as no llegan a la quinta parte del presupuesto de la comisión ejecutiva confederal. Mientras, las partidas correspondientes a formación ocupan un papel desmesurado en los presupuestos sindicales, algo preocupante, aunque no se puede negar la capacidad que tiene el sindicato para gestionar una parte de las cuotas y de la formación de los trabajadores.

Para consolidar la independencia sindical realizamos las siguientes propuestas:

• fijar el objetivo a medio plazo de bajar el porcentaje de financiación extracuota, es decir ajena a la cotización de los afiliados/as. Para ello es necesario
• realizar una gran Campaña de Afiliación, presentando una imagen de CC.OO. como sindicato cohesionado y próximo a los trabajadores
• reconvertir hacia la afiliación y la atención sindical directa a los trabajadores la mayor parte del gigantesco aparato actual de formación

El sindicato debe de mantener una posición perfectamente autónoma en relación a los partidos y fuerzas política. Es absolutamente rechazable todo intento de dictado al sindicato por parte de cualquier partido político. Ahora bien, la garantía de que así sea está en que los afiliados y los órganos de dirección decidan su estrategia y acción sindical. Dejando claro lo anterior, el sindicato no puede actuar con complejos en su relación con las demás fuerzas políticas o sociales. Estas relaciones del sindicato con los demás:

• deben de ser en un plano de respeto y de igualdad entre las diferentes fuerzas
• debe de buscar las coincidencias entre las organizaciones progresistas que se plantean proyectos de cambio y de transformación de la sociedad
• deben articularse en instancias como las plataformas cívicas, donde esté claramente objetivado el papel de cada uno
• el sindicato debe de comprometerse con los valores de izquierda y de progreso. Para evitar la impunidad, deberá negar explícitamente su apoyo a las formaciones políticas que hayan realizado, desde el ejercicio del poder, agresiones contra los derechos de los trabajadores.

5. LA ORGANIZACION AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA Y LA PLURALIDAD

Los cambios producidos en la organización del trabajo y en la composición del mismo, hacen necesario un replanteamiento a fondo de los métodos de acción sindical, tratados en otra parte, así como una política organizativa eficaz para hacer frente con éxito a los retos que se nos plantean.

La estrategia sindical seguida en los últimos años: acuerdos por arriba, en muchos casos lesivos para los intereses de los trabajadores, sin participación de los afectados y en detrimento de la acción sindical diaria, así como la incorporación al mercado de trabajo de nuevos colectivos con gran presencia entre los asalariados pero escasa o casi nula en nuestra afiliación: jóvenes, parados, personal de las ETT, etc. ha hecho que exista una importante desmovilización entre los trabajadores, falta de confianza en los sindicatos y debilitamiento de la negociación colectiva.

Todo ello ha repercutido en unas bajas tasas de afiliación, que incluso han disminuido en relación a la población asalariada desde el último periodo congresual, a pesar de situarnos en una etapa de alto crecimiento económico. Es cierto que se han superado los setecientos mil afiliados, pero con una aumento de mas de un millón y medio de asalariados en los útlimos cuatro años, Asi si en el VI Congreso la relación afiliación/población asalariada era del 7,6% en el VII Congreso es solo de 7% (seis decímas menos)

En este contexto, una organización al servicio de la acción sindical, que tenga como eje y protagonistas a los afiliados, en la que la democracia y el respecto a la pluralidad sea su principal riqueza se hace imprescindible.

El concepto de organización en CC.OO no puede ser, como ha venido sucediendo en los últimos años a nivel confederal. un elemento para el control y represión de posiciones diferentes, o como mecanismo de perpetuarse los aparatos en el poder, sino que los cuantiosos recursos que maneja, deben ser puestos al servicio del sindicato en su conjunto y su aparato constituirse en la herramienta que permita un mayor y mejor contacto con los trabajadores en general y nuestros afiliados en particular.

La democracia interna, que forma parte del acerbo común de CC.OO. desde su fundación, se ha visto gravemente atacada en el periodo comprendido entre el VI y el VII congreso: exclusiones sistemáticas, expulsiones, sanciones y funcionamientos de órganos de dirección antiestatutarios, al margen de los legalmente constituidos y elegidos en los Congresos

El sindicalismo del siglo XXI requiere mas democracia y más participación, contar con los trabajadores y afiliados en las decisiones estratégicas del sindicato para que se sientan participes de una acción sindical cada día mas compleja. En definitiva, debemos seguir apostando decididamente por la modernización y la adaptación del sindicato a la actual realidad de los trabajadores por la vía de la profundización en las características originales de CC.OO. mediante el desarrollo de nuestro modelo sindical participativo, basado en la democracia y la convivencia entre las distintas sensibilidades, posiciones y puntos de vista.

Con el objeto de que las CC.OO. sean el sindicato de todas y todos, hacemos las siguientes propuestas:

5.1. Democracia y participación de los afiliados

Uno de los aspectos fundamentales a potenciar y profundizar en la próxima etapa es la democracia sindical, entendida como la construcción de las decisiones de abajo arriba, con la más amplia participación del conjunto de los afiliados y afiliadas. Por tanto las decisiones no pueden ser construidas en los "vértices" de la organización y dejar a la militancia el mero papel de propagandistas de los hechos consumados sino que esta debe ser protagonistas a todos los niveles de dichas decisiones.

Un signo de madurez del movimiento obrero y es especial de los afiliados a CC.OO. debe ser la democracia sindical, entendido como la participación, no solo para elegir a los dirigentes cada congreso. Esta participación debe basarse en la elaboración de programas y plataformas de negociación, discusión de los medios más idóneos para conseguir las reivindicaciones y toma de los acuerdos correspondientes.

Recordamos en este sentido, que siempre ha figurado entre las características mas destacas de CC.OO., que la diferenciaban de otros modelos sindicales, la necesidad de luchar permanentemente contra las tendencias a la burocratización, inherentes a toda organización a medida que se consolida, potenciando la relación continua con el conjunto de los trabajadores y en especial con los afiliados.

Entendemos la participación no como la simple delegación en los órganos de dirección elegidos en los congresos, sino como una práctica permanente que vincula de forma activa a los trabajadores y en especial a los afiliados con nuestro sindicato.

La puesta en práctica de estos criterios exige huir de la concepción rutinaria de la acción sindical, organizando y fomentando nuevos métodos de trabajo en el conjunto de las estructuras del sindicato y en especial desde los máximos órganos de dirección: el Consejo y la Comisión Ejecutiva Confederal, extendiéndose a todos los órganos de dirección de las distintas estructuras territoriales y confederales que componen la C.S. de CC.OO.

Los instrumentos básicos de democracia y participación sindical son: la información permanente, la asamblea, las consultas, el referéndum y las movilización en todas sus formas.
 

5.2. El papel de las Secciones Sindicales

Comisiones Obreras tiene que potenciar la participación directa de los trabajadores y trabajadoras en todos los problemas que les afectan, por lo que la utilización de diferentes formas de organización adaptadas a la diversidad actual del mercado de trabajo, debe formar parte de la estrategia sindica que se adopte.

Es necesario entender la participación muy vinculada a la construcción de la política del sindicato, para garantizar la democracia en el interno, así como la corresponsabilidad sobre la misma del conjunto de la afiliación, y esto solo puede conseguirse a través de las Secciones Sindicales.

Por ello CC.OO debe lograr que las Secciones Sindicales se conviertan en instrumentos vivos de actividad sindical, articulando a través de ellas la participación, en las decisiones que adopte el sindicato al nivel que le corresponde. Fortaleciendo y revitalizando la actividad de las Secciones Sindicales ganaremos en organización y afiliación, asi como en pluralidad y democracia.

El dialogo y la transparencia deben ser las señas de identidad de nuestro sindicato. La búsqueda del mayor número de opiniones, es esfuerzo por convocar reuniones y asambleas de afiliados y afiliadas, el seguimiento de los problemas que se planteen traerá consigo una revitalización de las secciones sindicales y del sindicato en su conjunto
 

5.3. La toma de decisiones

Los órganos de dirección de los que nos dotemos estatutariamente tienen la responsabilidad última de la toma de decisiones. Pero de forma simultánea hay que tener en cuenta la participación de todas las estructuras y de los afiliad@s en su conjunto, que no puede ni debe limitarse a elegir esos órganos cuando se convoca el Congreso y el resto de tiempo ser meros espectadores o propagandista de decisiones en las que no ha participado.

Cuando se adopte una decisión de importancia, deben participar todas las estructuras afectadas por la misma, desde la sección sindical hasta los órganos máximos de las organizaciones confederadas, de abajo arriba y no al revés. Las decisiones serán tomadas, finalmente, por el órgano de dirección al máximo nivel, pero tras un proceso de participación y debate de toda la estructura, en las que en caso de decisiones de importancia se podría recurrir al referéndum interno.

La articulación y organización del debate sindical desde la base es lo que hará realidad la construcción democrática de las decisiones.
 

5.4. La participación Directa de los trabajadores y los afiliados
 

El sindicalismo del Siglo XXI exige instrumentos de acción sindical modernizados y adaptados a la nueva realidad plural de trabajo, con un estrechamiento de la relación representantes-representados y con mecanismo de participación directa de los trabajadores evitando el alejamiento y la burocratización que pueden producirse.

Ello exige que en todos los procesos de negociación de cualquier ámbito, la dirección de sindicato combine adecuadamente la información permanente de los trabajador@s con todos los medios necesarios entre los que destacamos la asamblea y el referéndum como instrumentos de participación activa y directa.

5.5. La atención a los nuevos Colectivos

Aumenta rápidamente en la población asalariada, el porcentaje de personas afectadas por el fenómeno del desempleo, la precariedad, las E.T.T., economía sumergida, trabajo a domicilio, etc. a los que la acción sindical no es capaz de llegar de forma eficaz con la actual estructura y práctica organizativa.

Ello requiere cambios sustanciales que pasarían por la creación de Grupos de Actuación Sindical específicos, con base en el territorio y con participación de las federaciones y sectores mas avanzados que tendrían como función el organizar, coordinar y movilizar a estos colectivos con plataformas y reivindicaciones específicas muy pegadas a su situación peculiar

5.6. La organización de las personas desempleadas

Uno de los colectivos en los que menos incidimos es el de los parados. Los datos de afiliación indican que su porcentaje ni siquiera alcanza el 0,5% del total de los reconocidos en la EPA. y lo que es mas grave, a pesar de los cuantiosos recursos utilizados en este periodo, para atención a los parados, a través de los servicios puestos en marcha de acuerdo con el convenio de colaboración CC.OO- INEM, la afiliación a disminuido desde el anterior Congreso Confederal.

En las sucesivas movilizaciones llevadas a cabo por este colectivo, tampoco el sindicato ha estado presente, dejando que sean grupos o sindicatos marginales los que capitalicen las escasas y descoordinadas acciones emprendidas en los últimos años.

Proponemos la potenciación en CC.OO. de la acción sindical de las personas desempleadas, con una organización específica y con medios suficientes, fijando estrategias reivindicativas (Carta de los Derechos) y movilizadoras, que culminen en una negociación exclusiva e integral para estos colectivos.
 

1. La propuesta de Estatutos del sector oficial: una involución antidemocrática intolerable

Desde el VI Congreso Confederal se ha vivido en el interior del sindicato una situación de absoluto estado de excepción, desde el punto de vista democrático. Se resume de la siguiente manera.

• se ha represaliado a 900 compañeros y compañeras de una u otra forma: sanciones, expulsiones, desliberaciones, despidos, imposición de gestoras, etc. Este hecho, además de ser profundamente injusto por deberse a la expresión de posiciones sindicales distintas a las oficiales, ha supuesto la pérdida de cuadros y militante para la actividad sindical cotidiana y ha enrarecido gravemente la atmósfera del sindicato. En los últimos tiempos los tribunales, incluyendo al Tribunal Supremo, han ido poniendo las cosas en su sitio pronunciándose en general a favor de los compañeros represaliados.
• se ha excluido de la participación real en la dirección del sindicato, a diferentes niveles, a un sector que obtuvo en el último Congreso más de un tercio de los apoyos del sindicato
• se han degradado las reuniones de los órganos de dirección. En el ámbito confederal se ha distanciado la periodicidad de la celebración de la comisión ejecutiva, de mes en mes, funcionando en paralelo unas reuniones inorgánicas e irregulares de la mayoría oficial que han fijado posiciones públicas, acuerdos con UGT e incluso con otros interlocutores como el gobierno (por ejemplo, el acuerdo de pensiones de septiembre de 1.999),sin que hayan sido debatidas y acordadas en los órganos de dirección estatutarios del sindicato elegidos en el Congreso . Con estas práctica se ha deteriorado gravemente el funcionamiento de la organización y se ha incumplido el mandato de los afiliados y afiliadas de CC.OO. que eligieron en el Congreso una dirección plural para conducir el sindicato.

Con estas prácticas contrarias a la democracia se ha debilitado la capacidad de acción sindical de las CC.OO. y el resultado se puede ver en el negativo balance de la gestión sindical. Pero esta dura situación interna, que ha llegado a ser calificada como una guerra civil dentro de Comisiones, no nos permitía aventurar el endurecimiento e involución que supone el proyecto de Estatutos que el sector oficial presentará al VII Congreso de la Confederación Sindical de CC.OO. En efecto, los nuevos Estatutos se caracterizan por tres elementos:

• La centralización de la dirección política y organizativa de CC.OO. en la confederación y, por delegación, en las organizaciones confederadas, eliminando toda participación de los afiliados y secciones sindicales. Se consolida estatutariamente la estructura piramidal que ha venido caracterizando la actuación del sector oficial en los últimos cuatro años.
• El endurecimiento de las medidas disciplinarias a afiliados y órganos llegando a coartar la libertad de expresión individual. El salto cualitativo que suponen las modificaciones propuestas, y siempre desde nuestro punto de vista, pueden llegar a ser contrarias al ordenamiento jurídico de nuestro país al generar indefensión entre los afiliados y al contemplarse medidas no democráticas.
• Se quiebra la pluralidad al crearse órganos que se constituirán por el sistema mayoritario y no proporcional, con el objetivo de eliminar todas las posiciones que no coincidan con la mayoritaria limitando su capacidad de propuesta y expresión.

• Se elimina el derecho de los afiliados a participar en todas las actividades del sindicato, limitándola a los asuntos de su ámbito de afiliación. Esto supone que los afiliados no podrán reclamar el derecho a ser informados y opinar sobre asuntos de interés para todos los trabajadores y que son dirigidos por la confederación.
• Han suprimido la capacidad de las secciones sindicales para afiliar a los trabajadores. A partir de ahora la afiliación se realiza a la Confederación a través de las organizaciones confederadas (federaciones estatales y Confederaciones o Uniones territoriales).
• Los derechos de las secciones sindicales desaparecen de los Estatutos y se llevan a un reglamento que aprobará el Consejo Confederal y no el Congreso. Este cambio puede tener graves consecuencias ya que el Consejo Confederal puede cambiar el Reglamento cuando lo considere oportuno, recortando los derechos recogidos sin contar con la participación de los afiliados que sí requiere la discusión de los documentos de un Congreso.

• Las medidas disciplinarias a los afiliados y las referidas a los órganos desaparecen de los Estatutos y se llevan, como en el caso de los derechos de las secciones sindicales, a un Reglamento que será aprobado por el Consejo. Esto generará a corto plazo una inseguridad jurídica, desde nuestro punto de vista contraria a derecho, que traerá graves consecuencias en la vida interna de CC.OO. ya que las medidas disciplinarias, al no estar recogidas en los Estatutos, se podrían adaptar continuamente a las necesidades del aparato. Es inadmisible que no se recojan en los Estatutos al menos la tipificación de las faltas, las posibles sanciones, y el órgano al que corresponde la competencia de tramitar y ejecutar.
• Una falta leve puede ser sancionada con la suspensión de uno a seis meses de los derechos del afiliado. La suspensión de militancia sólo debe contemplarse en casos de faltas graves o muy graves, de aceptarse la propuesta la discrecionalidad del aparato sería intolerable.
• Se reducen las garantías del afiliado en el trámite del expediente disciplinario. Por ejemplo, desaparece el derecho a la segunda convocatoria cuando el afiliado no puede acudir a la primera toma de declaración, esto terminará generando indefensión del expedientado.
• Incluyen por primera vez la posibilidad de que el órgano competente suspenda cautelarmente los derechos de afiliado expedientado, en los casos de extrema gravedad, hasta que se resuelva definitivamente el expediente por la comisión de garantías. Con la utilización que se viene haciendo de los estatutos, el acotar la suspensión a los casos de extrema gravedad no supone ninguna garantía, la simple crítica de un acuerdo adoptado puede ser considerada falta muy grave y por lo tanto autorizar la utilización de esta figura.
• Entre los deberes de los afiliados se propone el de "aceptación, defensa y cumplimiento de los acuerdos adoptados por cualquier órgano de la C.S.". En los Estatutos actuales al afiliado únicamente se le exige la aceptación del acuerdo, y a los miembros del órgano que toma la decisión se le exige la defensa pero garantizando el derecho a libre expresión en cuanto a opinión exclusiva y diferenciada del mismo. La modificación que introducen tiene una enorme transcendencia al limitar los derechos de los afiliados en general, se les obliga a defender acuerdos aunque no les hayan sido consultados ni los compartan, y la consecuencia puede ser un arma en manos del aparato que puede terminar con sanciones.

• Se crean dos nuevos órganos en la Confederación: el comité confederal y el secretario o comisión permanente de la ejecutiva confederal. El objetivo de esta reforma no es otro que laminar la presencia de una parte del sindicato que ha sido elegida por los afiliados. El secretariado se compone por los miembros de la ejecutiva que tienen responsabilidad concreta y como para la elección de las responsabilidades no se mantiene el criterio proporcional, la consecuencia es que el órgano que va dirigir en realidad la confederación se ha conformado por sistema mayoritario expulsado a los "disidentes" aunque hayan obtenido el respaldo de un 49% de la afiliación. El comité confederal estará compuesto por el secretariado y por los secretarios generales de las organizaciones confederadas (federaciones estatales y confederaciones o uniones territoriales), por lo tanto nuevamente han conseguido expulsar de un órgano a la minoría. Además este nuevo órgano, aunque se define como consultivo, será en el que realmente se llevará a efecto la participación de las ramas y territorios devaluando la importancia del Consejo Confederal. Han dado marco estatutario a las reuniones inorgánicas que mantenían en la actualidad, consolidando por la vía de los hechos una organización monolítica.
• Desaparece en el artículo dedicado a las corrientes sindicales la posibilidad de defender internamente sus posiciones en cualquier momento. Actualmente la posibilidad de constituir una corriente es muy pequeña, tiene que ser aprobada por un Congreso previa propuesta favorable de la mayoría del Consejo o de un ¼ de las Federaciones Estatales o Confederaciones de Nacionalidad o Uniones Regionales, pero por si acaso se constituyera alguna le recortan sus competencias.
• Se incluye en los Estatutos la Estructura Suprafederativa que engloba a las Federaciones de Administración Pública, Enseñanza, Sanidad y Correos. Esta estructura no se conforma con criterios proporcionales: sus componentes son designados por criterios mayoritarios por cada una de las federaciones. A pesar de que no es un órgano de dirección normalizado, es donde se toman las decisiones que afectan a estas federaciones y por lo tanto a casi dos millones de empleados públicos.

Los Estatutos que se presentarán ante el VII Congreso Confederal no son una exposición de derechos y deberes, son la consolidación de una visión autoritaria del sindicalismo en el que los afiliados y secciones sindicales son un simple instrumento para mantener un aparato desproporcionado. Se centraliza el poder en detrimento de la pluralidad y la participación, y para aquellos que a pesar de todo sigan defendiendo posiciones diferentes se les amenaza con un código penal digno de tiempos que pensábamos desterrados.

La normalización de la vida interna del sindicato, que en teoría todos deseábamos, no parece cercana cuando la máxima preocupación del aparato ha sido asegurarse mecanismos para dinamitar y reprimir cualquier oposición interna. A pesar de las dificultades que vamos a encontrar en el proceso congresual, la mayoría no nos va a facilitar ningún medio para que podamos informar a los afiliados de nuestras alternativas, vamos a combatir esta involución con todos los medios a nuestro alcance. Para conseguirlo es necesaria la participación militante de todos los afiliados/as, estamos seguros que cuanto mayor debate se produzca menores será las posibilidades de que la burocracia sindical imponga un recorte de derechos en nuestras Comisiones Obreras.

2. La necesidad de unas CC.OO. democráticas, plurales y participativas

La represión interna vivida en CC.OO. desde el VI Congreso y la involución democrática que se planea en el VII suponen la quiebra de principios muy arraigados en el sindicato desde sus orígenes, como son la pluralidad, la democracia, la tolerancia hacia otras posiciones y el respeto a las minorías. A la vista de lo que ha sucedido, qué lejos quedan las referencias fundacionales o aquellas otras que forman parte de un bagaje cultural que definían una cultura sindical abierta al enriquecimiento de las posiciones diversas y hasta encontradas:

"CC.OO. es un sindicato unitario y en su seno pueden coexistir distintas concepciones políticas, ideológicas y religiosas". "CC.O. es un sindicato democrático que mantiene como presupuesto fundamental el respeto y garantía de la democracia interna, basada en la práctica asamblearia" (Estatutos de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Definición de Principios)

"El movimiento obrero sindical debe ser de masas, abierto a todos los trabajadores. El movimiento sindical debe reunir de forma natural a los trabajadores, unificando a la clase obrera frente a los patronos. Al estar abierto a todos los trabajadores, independientemente de sus concepciones políticas, ideológicas o religiosas, sus principios de organización y de lucha deben basarse en la democracia obrera, característica esencial del movimiento obrero sindical.(...) si el partido es homogéneo en lo político, por el contrario, el movimiento obrero sindical, que es homogéneo en la producción y en lo económico y reivindicativo, y heterogéneo en lo político, debe tener en cuenta esta realidad, si no quiere minar la unidad obrera y sindical" (Marcelino Camacho." Cartas en la prisión")

"El nuevo movimiento obrero se ha desarrollado, también, bajo el ansia de la democracia (...) como signo de madurez del mismo. Los trabajadores quieren sobre todo par-ti-ci-par en la elaboración de los programas y discutir los medios para conseguir sus reivindicaciones (....) no existe, pues, contradicción entre democracia asamblearia y en la dirección- permanente, estable y con capacidad de dirección. (...). También la minoría decide. En la democracia sindical, uno de los problemas más complejos, estrechamente relacionado con el de la unidad, es el de las mayorías y minorías. En toda práctica sindical - y generalmente también en la política -, al tomar decisiones se forman mayorías y minorías que al cristalizarse en corrientes permanentes de discrepancia sobre las grandes orientaciones del movimiento de masas, ponen en peligro la unidad y pueden acabar rompiéndola. Evidentemente, no hay recetas para hacer frente a este peligro. Sólo una práctica democrática sana, de discusión abierta, con cauces eficaces para que todos los puntos de vista se manifiesten y, sobre todo, un respeto a la decisión final de las masas puede conjurar este escollo, siempre presente en la vida de los movimientos y organizaciones. Sin embargo, creemos que hay un aspecto nuevo en el que convendría profundizar. Y es el esfuerzo que debe hacer la mayoría por incluir en la decisión final que se tomen las posiciones no contradictorias de la minoría (...) ya que la base de su argumentación encuentra sustento en un análisis que si bien es unilateral, no deja de tener una parte de razón, aunque en su conjunto la posición resulte errónea. Es necesario que los elementos más conscientes de la discusión sepan integrar en la resolución final la parte más importante de la `zona de razón que toda posición minoritaria tiene –este es uno de los aspectos fundamentales de lo que se ha venido en llamar síntesis unitaria. De esta forma será más difícil que cristalicen corrientes políticas dentro del movimiento de masas y se podrá exigir un respeto a la decisión mayoritaria de la base, condición fundamental de la unidad y la democracia" (N. Sartorius. "El resurgir del movimiento obrero")

Las citas vienen a cuento, porque frente al desvirtuamiento de los principios del sindicato, se impone una vuelta a sus raíces y a sus mejores tradiciones democráticas. Debería de haber un pacto interno sagrado de respetar estos grandes - y válidos- principios fundacionales y estatutarios del sindicato en todo momento, sin estar sujetos a coyunturas concretas o al interés de una mayoría en un momento determinado que decida romper las reglas del juego en su beneficio. Y ello por muchas razones:

• En una sociedad moderna como la nuestra el pluralismo es un hecho comúnmente aceptado ya que supone la expresión de las diferencias existentes en el seno de la misma. Las diferencias pueden ser múltiples y dependen de la situación material y concreta en la que cada individuo o sector social se mueve, de las ideas y convicciones de tipo político, social o religioso, de los diferentes análisis y concepciones de la realidad, de las posiciones que se forma en relación a cuestiones determinadas, etc. Igual sucede en el seno de la clase trabajadora y en sus organizaciones, con la diferencia que en un partido político que mantiene un proyecto concreto de sociedad la adhesión es más voluntaria que en un sindicato donde los trabajadores están (o deberían de estar) obligados a afiliarse para la defensa de sus intereses como tales. Dicho de otra manera, no es lógico que en un partido político puedan coexistir miembros que tienen puntos de vista tan distintos que bien podrían votar de forma diferente en unas elecciones (por ejemplo, al PSOE o al PP); sin embargo, en un sindicato es perfectamente posible que pertenezcan a él todo tipo de personas, con la única condición de que sean trabajadores, aunque en el plano de sus preferencias políticas pudieran ser votantes de opciones políticas diversas.
• Además, la única forma de mantener cierta unidad dentro del sindicalismo y de los propios trabajadores es buscar formas de convivencia en las organizaciones, que no pueden ser otras que las que se basan en la democracia y en el respeto a las minorías. De lo contrario, las situaciones en las que se suprime la pluralidad pueden acabar, más tarde o temprano en rupturas, desafiliaciones o con la pérdida de la ilusión de sectores de militantes en la capacidad de transformación social y en la eficacia de la acción sindical. No se puede mantener durante mucho tiempo un clima de represión hacia las minorías porque pone en cuestión la esencia del propio discurso sindical:
• no se puede tener en el ideario sindical una idea de emancipación social y en la práctica interna reprimir la libertad de los diferentes;
• no se puede tener menos democracia en un sindicato de la que hay en la sociedad, de la que está establecida en el ordenamiento jurídico y que reconocen los tribunales;
• no se puede defender la unidad sindical con otros sindicatos cuando se es incapaz de construirla en el interior de una propia organización. CC.OO., que siempre se ha definido como sindicato unitario, ha partido de la consideración de la pluralidad como un hecho real existente tanto dentro como fuera del sindicato.

Por todo lo anterior, el respeto a las opiniones o posiciones de todos los miembros debe de convertirse en una regla de conducta democrática, que lejos de debilitar al sindicato lo enriquece de matices y de elementos de estímulo en la reflexión, la capacidad de autocrítica y la acción. Hay que resaltar que cuando la situación democrática se deteriora, se suele pasar de la legítima confrontación de ideas, propuestas o proyectos sindicales a la mera pugna de ambiciones y lucha por el poder al margen de los intereses de los trabajadores. También se impide la capacidad de autocrítica sobre la práctica sindical y sobre las medidas a tomar para corregirla y mejorarla. Hay, por tanto, razones de gran peso para considerar la pluralidad un valor en sí mismo, algo que sólo es negado por las actitudes autoritarias y patrimonialistas.

Es evidente que un retroceso como el que se ha producido en estos cuatro años no puede consolidarse o se correría el riesgo de desnaturalizar el proyecto democrático de CC.OO. Urge, por tanto, pasar la página de una etapa lamentable y proceder de forma colectiva a restablecer un consenso en la organización sobre una cuestión central: hay que normalizar la situación democrática en el sindicato y restablecer la pluralidad que permita que CC.OO sea el sindicato de todos y de todas. Esta es nuestra apuesta y creemos que, también, es el sentir mayoritario de los afiliados y afiliadas al sindicato, que quieren cerrar esta etapa en el VII Congreso Confederal. Para ello realizamos las siguientes propuestas.
 

3. El respeto al pluralismo y la normalización democrática

Recuperar la pluralidad pasa, en primer lugar, por reconocerla como un valor en sí mismo y por asegurarla a través de medidas concretas:

• la amnistía a los represaliados durante este período. Revisión y reconsideración de todos los expedientes por el conflicto interno. Esto deberá pasar por el cumplimiento de todas las sentencias judiciales y por el compromiso para intentar el retorno de todos aquellos que por distintas razones se han marchado de CC.OO.
• el derecho a la participación en el trabajo sindical de todos los afiliados y militantes, así como en las tareas de dirección. Significa devolver la organicidad a las direcciones que elijan los Congresos, sin que quepa establecer direcciones paralelas, contraviniendo con ello gravemente lo establecido en los estatutos confederales, ya que no tendría sentido la elección proporcional de los órganos si luego esa realidad democrática no se respeta en las tareas de dirección del sindicato. La dirección del sindicato debe de ser una y en ella estarán representadas las posiciones que pudieran expresarse en los diferentes congresos y obtengan representación.
• la garantía de la proporcionalidad debe de asegurarse en todos los niveles, incluido el reparto de las tareas y responsabilidades de dirección del sindicato. Se debe de expresar en la integración en las tareas de dirección, ya que si no se produce, la pluralidad es puramente formal. Sería una burla a los congresos que tras una configuración democrática de los órganos a través de diferentes posiciones, en el gobierno cotidiano del sindicato se excluyera totalmente a las minorías y se actuase como si no existiese ese mandato expreso de los afiliados. Esta participación en las tareas de gobierno, debe de hacer compatible el derecho a la libertad de expresión de las minorías, con la unidad de acción del sindicato.

La normalización interna en CC.OO. debe darse desde el reforzamiento de la democracia interna y desde la participación de los afiliados/as, de la estructura sindical y los órganos de dirección en la construcción de las grandes decisiones. Para ello hay que adoptar compromisos, actitudes y mecanismos que permitan alcanzar las decisiones con la máxima participación, el buen funcionamiento de las direcciones, resolver las diferencias a través de unas reglas claras y perfectamente asumidas por todos, y evitar el recurso, por quien sea mayoría en un momento dado, a medidas no democráticas para ventilar las diferencias. Para ello es preciso que:

• La toma de decisiones se organice desde los órganos de dirección, fomentando la participación en todo el proceso de los afiliados y afiliadas, garantizando que las diferentes posiciones se puedan expresar libremente y con unos medios mínimos para asegurar la difusión de su postura. Finalmente la dirección del sindicato fijará su acuerdo, teniendo en cuenta el proceso democrático y la consulta realizada.
• Las garantías frente a la exclusión deben de producirse no sólo desde el reconocimiento del hecho plural y de un nuevo talante conciliador y respetuoso con las opiniones, sino también a través de algunas medidas concretas. Una de ellas es el nuevo papel de la Comisión de Garantías. Debe de expresarse la pluralidad y la proporcionalidad en las Comisiones de Garantías, siempre que no se produzca consenso sobre ellas o no resulten elegidas por una mayoría muy cualificada. Para asegurar una mayor imparcialidad será incompatible ser miembro de dichas Comisiones y mantener una relación laboral con el sindicato

5. La participación de los trabajadores

Mejorar la capacidad de acción sindical, la fuerza de las demandas, la afiliación y la independencia sindical dependen del reforzamiento de la democracia sindical. Todo lo anterior depende, en buen medida, del respaldo que los trabajadores den a las propuestas sindicales, De ahí que sea fundamental el funcionamiento participativo del sindicato, incluso yendo más allá de los propios afiliados/as, dirigiéndose y pidiendo la opinión y participación a los trabajadores y trabajadoras. Pero la participación, que no es otra cosa que la capacidad de decisión de los trabajadores, no se improvisa. Tampoco hay que inventarse las cosas de nuevo. En el modelo sindical y en la historia del sindicato existen instituciones y mecanismos para organizar la participación de los trabajadores. De entre ellos los más importantes son:

• La asamblea. La Práctica asamblearia es consustancial a las CC.OO. y es la que permite asegurar y profundizar la democracia en el funcionamiento del sindicato y en su relación con los trabajadores.
• Las consultas y el referéndum de los que ya se habla en el capítulo sobre los instrumento de la acción sindical y que deben de ser organizados por el sindicato con toda naturalidad y de manera desdramatizada, desde la concepción de su utilidad para implicar a los afectado en las decisiones a adoptar y en la búsqueda de las mejores soluciones en cada momento.

6. El fortalecimiento de las estructuras sindicales de base

Partiendo de la consideración de que es necesario el fortalecimiento de todas las estructuras organizativas (federaciones y uniones), no obstante, es necesario poner el acento en las organizaciones más de base. En coherencia con la apuesta por reforzar la acción sindical en la empresa y por buscar propuestas organizativas muy pegadas al terreno que permitan agrupar a colectivos de trabajadores desestructurados, hay que acercar la organización a los trabajadores, huyendo de dar nuevos pasos hacia la centralización y verticalización organizativa. Las principales estructuras a potenciar en estos momentos, para corregir déficits organizativos que impiden la extensión y profundización de la acción sindical serían:

• Las secciones sindicales, para desarrollar el trabajo de base en la empresa, como fundamento de la acción sindical.
• Las uniones comarcales y provinciales para extender la actividad del sindicato hacia los colectivos más desestructurados (parados, precario, inmigrantes, etc.)

La democracia, por tanto, debe de dotarse de contenidos concretos, de procedimientos que permitan resolverlas diferencias con normalidad y de actitudes tolerantes y conciliadoras. El conjunto de estas propuestas, compromisos y talantes deben de generar un nuevo clima en el sindicato que permita aumentar su cohesión y unidad interna, la eficacia de su trabajo en favor de los trabajadores y que devuelva la ilusión a los militantes.

Aqui puedes descargar integramente, el documento -Un Sindicato para todos y todas- prensentado por el Sector Crítico de CC.OO. para favorecer el debate del VII Congreso Confederal de CC.OO.
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