ANTE LAS NEGOCIACIONES
INTERCONFEDERALES: NO A UN PACTO DE
MODERACIÓN SALARIAL
El gobierno del Partido Popular viene presionando
a las organizaciones sociales, especialmente a los sindicatos, para que alcancen
un acuerdo para la reforma legal de la negociación colectiva. A través de dicha
reforma pretenden que los convenios se conviertan en un instrumento de
moderación salarial y de desregulación de las condiciones de trabajo. Así,
llegaron a presentar varios borradores que modificaban el Titulo III del
Estatuto de los Trabajadores en el sentido de debilitar la negociación sectorial
para que los convenios pierdan capacidad de dar cobertura a un mayor número de
trabajadores, generalizar los descuelgues empresariales de los convenios,
introducir elementos que reduzcan la ultra actividad y el carácter normativo de
los convenios.
Finalmente el acuerdo no ha sido posible por el
total desacuerdo entre las partes. El gobierno tampoco ha legislado por el
rechazo de todas las organizaciones y por la actitud de CEOE que quería colmar
sus expectativas, según expresó de forma meridiana Cuevas en carta remitida a
Aznar a primeros de octubre: "flexibiliar la aplicación
del pacto colectivo, descentralizar la negociación colectiva, fortalecer el
carácter de contrato del convenio colectivo, dar entrada a la autonomía
individual entre el empresario y el trabajador, dar protagonismo al papel de la
empresa ..."
El gobierno tampoco ha legislado y sus propuestas
por diversos y distintos motivos han cosechado el rechazo tanto de las
organizaciones sindicales como empresariales. Valoramos positivamente que el
gobierno no haya podido imponer sus criterios y que haya renunciado, aunque sea
momentáneamente, a legislar unilateralmente en esta materia.
No obstante consideramos que alguno de los
criterios con los que hemos abordado este proceso, no han favorecido ni
favorecen la consecución de nuestros objetivos:
- No se contestó, de ninguna forma, el "Decretazo" de marzo;
este hecho invita al gobierno a seguir legislando cuando no haya
acuerdo.
- Bajo una actitud posibilista, se aceptó iniciar la
negociación bajo la amenaza de que si no se alcanzaba un acuerdo el gobierno
legislaría. No debemos tolerar que la negociación esté condicionada por dicha
lógica y menos en una materia tan propia de los interlocutores sociales como
es la negociación colectiva. La alternativa al desacuerdo es continuar
negociando y en ningún caso la imposición unilateral de alguien ajeno a la
autonomía de las partes.
- Ha habido una ausencia de debate e implicación de la
organización y los órganos de dirección en la marcha del proceso. Comenzamos
negociando de manera tripartita una reforma legal de la negociación colectiva
y se ha decidido, sin reunir ni a la Comisión Ejecutiva ni al Consejo
Confederal, participar en una mesa bipartita para la negociación de un acuerdo
interconfederal. Como en otras ocasiones, el debate y decisión de los órganos
de dirección, se ha realizado dos semanas después de que el sindicato hiciera
pública su posición, se la trasladara al vicepresidente del gobierno (24 de
octubre) y se comprometiera a negociar en una mesa que no se había decidido en
ningún órgano.
- No se ha generado un proceso de tensión y de movilización
para responder a las retensiones impositivas y regresivas del gobierno. Si el
12 de octubre el Consejo de Ministros hubiera legislado, difícilmente
hubiéramos estado en condiciones de responder con la contundencia necesaria.
Podría sucedernos lo mismo en diciembre de este año si el gobierno decide, en
el último momento, materializar su amenaza de meter en la Ley de
Acompañamiento de los PGE para el 2002, la reforma del Estatuto de los
Trabajadores.
Ante la nueva mesa de negociación abierta
es importante actuar con una estrategia sindical clara, que cuente con toda la
organización, con los afiliados y con los trabajadores / as:
Rechazo de un pacto
de rentas. España ha
sido el único país de la Unión Europea que no ha traducido en una mejora
salarial los altos crecimientos de la economía y de los beneficios empresariales
de estos últimos años. Tampoco podemos olvidar que la previsión de crecimiento
del PIB para el 2002 se sitúa en los PGE en el 2,9% y según otras fuentes en el
2,5%; es decir, la previsión de crecimiento es más baja pero los beneficios
empresariales seguirán creciendo aunque sea algo menos. Incluso en una situación
de crisis económica las medidas a tomar no deben ser el recorte de los salarios
y de los derechos sociales, sino la aplicación de una política económica que
estimule la demanda y el consumo interno tal y como está realizando Estados
Unidos en estos momentos. Por lo tanto, las orientaciones que puedan acordarse
para la negociación colectiva del próximo año, tendrían que recoger incrementos
salariales en base al IPC real, la mejora de la productividad y que les permita
participar en los crecimientos de la economía, con la inclusión de cláusulas de
revisión salarial, así como permitir la revisión al alza para los salarios más
bajos y la recuperación del poder adquisitivo de los colectivos de trabajadores
que arrastran una pérdida acumulada; no debería de quedar fuera de este apartado
una revalorización significativa de los salarios mínimos de
convenio.
Plataforma
reivindicativa. El sindicato
debe sentarse en la mesa con una plataforma reivindicativa clara y concreta y
con la disposición de avalar dichas demandas con iniciativas de movilización y
de presión. El sindicato debe defender:
- Un empleo más estable y medidas de lucha contra la
precariedad en la contratación: conversión de temporales en fijos, porcentajes
máximos de temporalidad,..
- El mantenimiento de plantillas y el establecimiento de
garantías frente al despido
- La reducción de la jornada a 35 horas de forma gradual y la
supresión de las horas extras como mecanismo de reparto del trabajo
- Un plan de acción contra los accidentes laborales y el
cumplimiento de los planes de prevención
- Igualdad de oportunidades para la mujer trabajadora,
especialmente en la retribución y el empleo
- Derechos sindicales de información, consulta y participación
para los trabajadores
Antes de proceder a la firma de un acuerdo, el
sindicato debe someterlo a la consulta de los órganos de dirección, los
afiliados y los trabajadores / as.
Extensión a los
empleados públicos.
Cualquier acuerdo que suponga moderación salarial sería especialmente negativo
para los empleados públicos y para el mantenimiento de sus movilizaciones. Por
el contrario, de alcanzarse un buen acuerdo en esta mesa, el gobierno debería
comprometerse a extenderlo a los empleados públicos, especialmente en lo
relativo a salarios y a la no amortización del empleo público a través de los
topes en la reposición de puestos de trabajo. Es inadmisible que un año más se
pretenda recortar su poder adquisitivo, no se cumpla la sentencia de la
Audiencia Nacional y se disminuyan sus derechos laborales.
Unidad de acción con
UGT. Debe de hacerse
un esfuerzo para asegurar un planteamiento común con UGT, basado en una posición
de firmeza. Ello sería una garantía para mejorar la posición de fuerza sindical
en la mesa, para actuar conjuntamente en todo momento, y para evitar diferencias
que pudieran conducir a que uno de los dos sindicatos firme y el otro no lo
haga.
Aprobación de la
Campaña de negociación de convenios para 2002. Desde ahora y sin más dilaciones, el sindicato debe
debatir y elaborar las plataformas para la negociación de los convenios, así
como una estrategia sindical a la ofensiva para conseguir que avancen sus
objetivos en las empresas y sectores.
Preparación de una
movilización general si el gobierno pretende imponer una legislación
antilaboral. Sigue existiendo
la amenaza gubernamental de legislar en diciembre, imponiendo unilateralmente
sus tesis en materia de negociación colectiva. Ante ello, se debería reaccionar
con la máxima dureza y desde un planteamiento unitario. También habría que
hacerlo frente al anteproyecto de Ley Concursal que el gobierno ha remitido a
las Cortes y que, entre otras cosas, contiene:
- La supresión de la autorización administrativa para el
despido colectivo
- Dificultades de los trabajadores / as para cobrar sus deudas
a empresas en crisis
- Sustitución de los jueces de lo social por jueces civiles
especializados en derecho mercantil
En resumen, un conjunto de medidas que suponen una grave agresión al
Derecho del Trabajo y que debería de promover una fuerte contestación sindical
para detenerlo
.
Sector Crítico
CC.OO. Noviembre
2001