Desde el llamado Pacto de Toledo, se viene planteando por los Gobiernos del Partido Popular un proceso de ajuste del sistema de Seguridad Social, que recorta las pensiones públicas e incentiva los planes privados de pensiones. Esta ofensiva tuvo un hito importante con el acuerdo de octubre de 1.996, que disminuyó gravemente la expectativa de pensiones futuras a través de la ampliación a quince años del período de cálculo de la base reguladora y por la modificación de los porcentajes aplicados en función de los años de cotización.

Ahora, el Gobierno de la derecha, ha buscado un acuerdo en pensiones que intenta tapar el desacuerdo y la agresión de la reforma laboral impuesta hace unas semanas (RDL 5/2001, de 2 de marzo) sin renunciar a sus objetivos estratégicos, aparcándolos provisionalmente.

Hay que destacar los siguiente extremos:

1. En relación con la subida de las pensiones:

   • El aumento de las pensiones de viudedad, que pasarán del 45% al 52%, siendo una mejora, queda lejos de la subida reivindicada por los sindicatos. Con esta subida estaba comprometido electoralmente el PP.

   • No se equiparan las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, ni se incrementan las pensiones mínimas de jubilación de mayores de 65 años, las de orfandad (aunque se avanza en la edad de percepción) y las pensiones no contributivas, quedando lejos de las reivindicaciones históricas de CC.OO. El aumento de las pensiones de jubilación y las de viudedad de los menores de 65 años y las del SOVI, no concreta el plazo de ejecución pudiendo dilatarse éste hasta el final del plazo de vigencia.

   • Es positiva la constitución de un Fondo de Reserva que constituye una mayor garantía y ayuda a la consolidación del sistema.

   • En resumen, las pensiones no se benefician como deberían del desarrollo económico general y de la saneada situación financiera de la Seguridad Social.

2. No se generaliza la reducción de la edad de jubilación:

   • Valoramos positivamente el restablecimiento del concepto de jubilación anticipada, si bien éste se ejecutará, en términos excesivamente restrictivos, por las condiciones que se establecen de forma acumulativa (tener 61 años, estar en el Régimen General, 30 años de cotización, causa de extinción no imputable al trabajador y que esté inscrito como demandante de empleo durante seis meses). Es un avance la rebaja de los porcentajes reductores (entre el 8 y el 6%), aunque los mismos continúan penalizando en exceso.

   • El objetivo sindical de la jubilación a los 60 años no se alcanza y se distancia en el tiempo. Ni siquiera se ha recuperado en el acuerdo la recién derogada Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores, para utilizar la jubilación como instrumento de política de empleo, con la posibilidad de pactar libremente en la negociación colectiva la jubilación anticipada.

   • No se concretan las medidas que permitan revisar la situación de los actuales pensionistas que, por un expediente de regulación de empleo, se jubilaron anticipadamente sin que tuvieran un convenio especial con la Seguridad Social, con la base de cotización anterior al despido hasta la edad de jubilación.

3. Se fomenta el retraso de la edad de jubilación despues de los 65 años.

   A través de medidas concretas como la compatibilidad entre pensión de jubilación y actividades laborales a partir de los 65 años, como la posibilidad de sobrepasar el 100% de la base reguladora y la exoneración de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes. También influirán en el alargamiento de la vida laboral de los trabajadores la presión a la baja sobre las pensiones que se viene produciendo. Esta medida es absolutamente contraria a la política de reparto del trabajo que el movimiento sindical viene defendiendo históricamente, tanto en España como en Europa.

4. Hipoteca al sindicato en la ampliación del período de cálculo de la base reguladora. Es especialmente grave la forma en la que se aborda la llamada "contributividad y equidad del sistema", eufemismo que encierra algo tan concreto como la ampliación del período de cálculo para recortar la expectativa de pensión de los actuales trabajadores. Ya la reforma de pensiones de 1997 supuso un recorte del orden del 10%. La concreción de este compromiso se remite al 2003, una vez finalizado el plazo de ampliación del cálculo de la base reguladora hasta 15 años. El sindicato no debe aceptar compromisos de reducción de las pensiones que vencerán dentro de año y medio, ni favorecer el debilitamiento del sistema de reparto con una contributividad exagerada.

5. El Gobierno no se compromete a nada en materia de protección al desempleo. Ha sido excluido este objetivo del sindicato, que ha sido llevado a la mesa de negociación en numerosas ocasiones. Urge mejorar la cobertura a los parados, ya que está cayendo en picado la cuantía, la duración y el ámbito de protección deja fuera al 60% de los parados. No podemos compartir las medidas sobre la IT, que eliminan prestaciones de desempleo e imputan a los trabajadores conductas abusivas. Se recogen acuerdos de pequeño calado, en relación a las personas dependientes o la unificación de regímenes de la Seguridad Social, y apenas se tocan otros aspectos como la protección social de las mujeres, o la reformas del Régimen Especial de Empleadas de Hogar.

6. Prosigue la reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en determinados supuestos: mujeres embarazadas, trabajadores con más de 55 años, se exonera de cuotas por contingencias comunes a los de más de 65 años. Si a lo anterior se les suman los colectivos a los que reduce la cotización el Real Decreto Ley sobre Reforma Laboral (contratos de fomento de la contratación indefinida y contrato de formación), estamos ante una reducción casi generalizada de las cotizaciones a la Seguridad Social. Además, se abunda en esta línea, en el Fondo de Reserva ya que se establece que si hubiera excedentes se guardaría un equilibrio entre la mejora de prestaciones y la reducción de las cotizaciones sociales. Estamos ante un recorte muy importante en la recaudación de cuotas.

7. Se estimulan los planes y fondos privados de pensiones. A los actuales incentivos fiscales existentes, se suma la invitación expresa que se hace en el acuerdo para que se suscriban planes de los denominados de empleo, en las PYMES y en el ámbito colectivo. Estos planes suponen un buen negocio para el sector financiero y son el telón de fondo de todas las reformas de la Seguridad Social, ya que la degradación de las pensiones públicas busca abrir el negocio a las pensiones privadas complementarias. Además, no hay que olvidar que, normalmente, representan un esfuerzo extra para los trabajadores y que sólo son accesibles para los que tienen salarios altos y empleo fijo.

Por todo lo anterior, tenemos que concluir: