RESOLUCION PRESENTADA POR EL SECTOR CRITICO DE CC.OO.
Consejo Confederal 14-03-01
Ante la contrarreforma laboral
El Partido Popular, una vez superada la reválida de las elecciones generales del 2000 con una amplia mayoría absoluta, está desarrollando en el Gobierno una política claramente lesiva para los trabajadores. Han abandonado el tacticismo de aparecer como un Ejecutivo que negocia y busca el consenso, limitándose a aplicar con toda intensidad e impunidad la política que le corresponde a un Gobierno de la derecha. Esto no debería sorprendernos, el PP es un partido que defiende los intereses del capital y de la clase social que lo sustenta. Nuestros intereses no son los suyos. En menos de un año ha conseguido generar una enorme conflictividad social por su prepotencia: Ley de Extranjería, Plan Hidrológico Nacional, crisis de las vacas locas, la reparación del submarino inglés, empleados públicos y por último el Decretazo de la reforma laboral. Y todo en un contexto económico de crecimiento donde los beneficios empresariales han aumentado de forma espectacular, con una reforma fiscal de la que han salido más beneficiados precisamente los que mayor nivel adquisitivo tienen, donde se han privatizado las empresas públicas más saneadas para incrementar el negocio empresarial (y arruinado otras como SINTEL), o donde se han transferidos cientos de miles de millones a las hidroeléctricas y a las empresas de telefonía.
En la Mesa General de la Función Pública el Gobierno ha actuado como el empresario más duro: se niega a compensar a los empleados públicos por la pérdida de poder adquisitivo, se niega a contemplar la cláusula de revisión salarial y no está dispuesto a poner las medidas necesarias para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Las movilizaciones llevadas a cabo el año pasado no han sido suficientes para que el Ejecutivo inicie un proceso de diálogo. Ante el Fallo de la Audiencia Nacional anulando la congelación salarial de 1997 ha reaccionado presionando al poder judicial e intentado enfrentar a los empleados públicos con el resto de los ciudadanos.
Desde hace meses el Gobierno venía amenazando con legislar si los Sindicatos y la CEOE no acuerdan la nueva reforma laboral. Esta presión ha provocado el enquistamiento de la patronal convencida de que el Gobierno legislaría de acuerdo con sus intereses. El día 3 de marzo, y cuando faltaban más de dos meses para que finalizara el ámbito temporal del acuerdo de 1997, el Gobierno ha publicado un RD introduciendo reformas en el mercado de trabajo que no van a servir para reducir la temporalidad y provocarán una mayor precariedad y desregulación. Tales como: abaratar definitiva y generalizadamente el despido improcedente a 33 días, creación de un contrato basura de formación con menos salario y sin derecho a desempleo para nuevos colectivos, flexibilidad total con una absoluta falta de garantías del contrato a tiempo parcial, creación de una nueva figura de despido objetivo para sectores de las administraciones públicas, entre otros.
Con esta actuación han arruinado el proceso de diálogo social, pero lejos de intentar abrir vías para la negociación amenazan con profundizar en las medidas adoptadas cuando el RD pase por las Cortes y cuestionan materias tan esenciales para los trabajadores y la negociación colectiva como la ultractividad de los convenios colectivos, es decir poner el contador a cero, cada vez que se negocie un convenio. Por otro lado pretenden aplicar recortes en materia de Seguridad Social ampliando de forma progresiva el periodo de cálculo de la pensión hasta alcanzar toda la vida laboral, retrasando la edad de jubilación de forma voluntaria (este es el primer paso para prolongarla de forma obligatoria), y potenciando los planes de jubilación privados.
Ante esta situación el movimiento sindical no puede pasar página como si nada relevante hubiera ocurrido. Independientemente de la valoración negativa que nos puedan merecer las medidas que el Ejecutivo ha adoptado hasta el momento, el hecho más resaltable es la prepotencia con la que está actuando el PP abusando de la mayoría absoluta en las Cámaras y despreciando al resto del arco político, organizaciones sindicales y movimiento social. Las agresiones del gobierno se vienen produciendo de forma sistemática y por colectivos (inmigrantes, empleados públicos, trabajadores con contratos precarios, parados, protección social, etc.), con el objetivo de evitar una respuesta generalizada y contundente. Si nos limitamos a dar respuestas sectoriales, caeremos en trampa que nos tiende el gobierno y no podremos parar la agresión.
Por todo ello PROPONEMOS:
Madrid 14 de marzo 2001