El gobierno del PP y la patronal CEOE han planteado a los sindicatos abrir negociaciones sobre una nueva reforma laboral y la revisión del Pacto de Toledo. Para que el sindicato afronte dicho proceso con las debidas garantías de éxito, debemos de cumplir una serie de requisitos en relación al balance de la concertación anterior, sobre las propuestas a llevar a las negociaciones, y en relación a la participación en el proceso.

Con carácter previo al comienzo de las negociaciones deben de analizarse los acuerdos suscritos con el gobierno y la patronal en el anterior mandato. Debemos de realizar, con valentía, un balance autocrítico sobre los acuerdos firmados anteriormente y la estrategia sindical aplicada:

• La reforma laboral de 1.997 no ha funcionado. Se ha creado empleo por el ciclo económico expansivo, más que por el acuerdo, pero los contratos temporales siguen suponiendo más del 90% del total. Los asalariados temporales sólo han descendido un punto a pesar de la fuerte política de subvenciones a los empresarios (más de medio billón de pesetas). Ha aumentado la rotación, el fraude en la contratación y el prestamismo de las ETT´s. El despido se ha abaratado y los contratos indefinidos que se realizan son con indemnizaciones más bajas.
• El acuerdo sobre el Pacto de Toledo (ampliación del período de cálculo, reducción de los porcentajes,...) ha recortado los derechos potenciales de los trabajadores en materia de jubilación. Se está empezando ya a notar en la evolución de la pensión media en relación al PIB per cápita que ha pasado de ser un 49,7% en 1.996 a un 45,7% en 1.999.
• La política salarial ha sido equivocada, ya que los incrementos salariales se han movido en torno a la tasa de inflación sin mejoras de poder adquisitivo. Incluso han retrocedido los salarios de los empleados públicos y en el sector privado durante 1.999. Actualmente, los salarios están perdiendo casi un punto de poder adquisitivo por el rebrote inflacionista. Es decir, por segundo año consecutivo, los trabajadores españoles son los únicos de Europa que ven retroceder sus salarios, cuando la economía crece al 4,1%. Habla mal de la capacidad de gestión sindical de los intereses de los trabajadores, el hecho de que se produzca una redistribución negativa de la renta cuando España va tan bien y el discurso oficial de los sindicatos es tan autocomplaciente .
• La negociación colectiva no ha servido para desarrollar los acuerdos en materia de estructura de la negociación colectiva, vacíos de cobertura, reducción de la jornada, etc.

La nueva ofensiva desreguladora, con el objetivo aparente de la creación de empleo y de la consolidación del sistema de protección social, de la patronal y el gobierno, según sus propias declaraciones, buscan en realidad los siguientes objetivos:

• Aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo, con la reducción del coste del despido, contratos a tiempo parcial desregulados y mayor movilidad.
• Rebajar los costes salariales, desvinculando las subidas de la inflación, reformando la estructura salarial y descentralizando la negociación colectiva.
• No reducir la jornada laboral y mayor poder de decisión empresarial en la distribución del tiempo de trabajo.
• Reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
• Penalizar las pensiones de los trabajadores con menos años de cotización y seguir potenciando los sistemas privados de pensiones.
• Pago de medicinas por los jubilados y pensionistas.

Tanto el gobierno como la CEOE amenazan con que se deben de tomar medidas si no se alcanza acuerdos. Los sindicatos no debemos renunciar a la posibilidad de la movilización frente a esta amenaza de desregulación laboral y de recorte de la protección social.

Las propuestas sindicales ante la ofensiva de la patronal y del gobierno de la derecha

La actitud del movimiento sindical no puede ser la pasividad en la respuesta, o recurrir al sobado argumento de pactar recortes limitados para centrar al PP y evitar una política más agresiva. Sería un fracaso sindical que, al final, todo quedase en un "toma y daca" donde se renuncie a la jornada laboral de 35 horas semanales, aunque no se toque el despido; se reduzcan cuotas empresariales a la Seguridad Social a cambio de algunos subsidios al desempleo; aumente el período de cálculo de la pensión y se sigan deteriorando las pensiones públicas para fomentar los sistemas privados, aunque haya la mejora de algunas pensiones más bajas o se reduzcan un poquito los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas, renunciando a la jubilación generalizada a los 60 años. Todo ello en el marco de la moderación salarial, la continuidad de la política de privatizaciones y de ataque a lo público, de medidas liberalizadoras (horarios comerciales, control por las mutuas patronales de accidentes de trabajo de las altas y bajas por enfermedad, ...), pago de medicamentos por los pensionistas. Y a cambio de paz social. Si el final de las negociaciones fuera éste o parecido, los sindicatos haríamos un pan como unas hostias.

El crecimiento económico no puede repercutir únicamente en los beneficios empresariales o en la reducción del déficit público. Es totalmente inaceptable que con crecimientos del PIB por encima de 4%, con unos beneficios empresariales del 19%, con el objetivo de déficit 0 que se ha trazado el gobierno, se pierda poder adquisitivo de los salarios o se siga pretendiendo recortar los derechos laborales y la protección social. El ciclo económico de crecimiento tiene que servir también para la creación de empleo, el avance en los derechos laborales, una mejora de la protección social y una política salarial que propicie la participación de los trabajadores en el aumento de la riqueza. Deben ser objetivos de la negociación y de la acción sindical el siguiente decálogo:

1. Recuperación de una mayor estabilidad del empleo (restituir la causalidad en la contratación temporal, penalizar los contratos temporales, eliminar las ETT´s, garantizar por ley los derechos de los grupos de empresas, contratas y subcontratas, cambiar la legislación sobre despido).
2. Reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral (35 horas por la ley sin reducción de los salarios), supresión de las horas extras y jubilación a los 60 años.
3. Garantizar el derecho a la vida, combatiendo la siniestralidad laboral a través de la reforma de la ley de Salud Laboral, una actuación intensiva de la inspección de trabajo y de las fiscalías, y una campaña permanente de sensibilización y movilización en los centros de trabajo.
4. Igualdad de derechos, combatiendo la discriminación que se produce por razones étnicas, de género, de edad y de orientación sexual, con inmigrantes, mujeres, jóvenes, etc.
5. Lucha contra la reforma de la actual ley de Extranjería y desarrollo de políticas de integración de los inmigrantes. Dedicando esfuerzos especiales a organizar fuertes movilizaciones sociales frente al retroceso que pretende el PP de la actual legislación.
6. Mejora de la protección social, con especial atención a la cobertura por desempleo y política de pensiones. Es inadmisible que el recorte de las prestaciones por desempleo suponga un superávit de recaudación cercano a los 500.000 millones que se destina a subvenciones a empresarios, mientras la mitad de los parados registrados no cobran ninguna prestación.
7. Rechazo de una nueva revisión del pacto de pensiones, que pretenda seguir recortando la expectativa de pensión de los trabajadores, a través del incremento del período de cálculo, la reducción de los porcentajes por años de cotización. No a una elevación de la edad de jubilación.
8. La defensa de todo lo público, con especial énfasis hacia la enseñanza y la sanidad, frente a la ofensiva liberalizadora, los intentos de privatización y al deterioro planificado de su calidad.
9. Una política salarial que permita elevar la participación de los salarios en el PIB, con incrementos salarial que tengan como referencia la inflación y el crecimiento de la economía, cláusulas de revisión salarial, y un S.M.I. y que suponga un 60% del salario medio.
10. Una fiscalidad progresista que tenga como ejes: la lucha contra el fraude fiscal, la reforma del IRPF para recuperar su poder recordatorio y avanzar en la progresividad del sistema; oposición a toda reducción de las cotizaciones sociales; y armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea.

En definitiva, se trata de impedir que períodos prolongados de bonanza económica, con un crecimiento importante de la actividad y de los beneficios empresariales, acaben con una negociación que no avance en derechos sociales y laborales.

La clave de bóveda del posible pacto laboral es la reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. El interés patronal es manifiesto desde hace años y la posición de parte de la dirección sindicato puede ser finalmente la de aceptar esta reivindicación histórica de los empresarios. Eso sí, con algunas condiciones como: fomentar la estabilidad en el empleo, la contratación de colectivos con dificultades en el mercado de trabajo e intentando evitar el fraude. A pesar de posibles condiciones de ese tipo, sería un grave error la aceptación de la reducción de cuotas. Debemos de oponernos a que se produzca una reducción de cuotas de la Seguridad Social por varias razones:

a) El total de las cuotas sociales son salario diferido de los trabajadores, incluidas las llamadas cuotas empresariales a la Seguridad Social. Aunque aparenten orígenes distintos y su nombre cree confusión, tanto la cuota obrera como la patronal, son propiedad de los trabajadores, ya que el sistema de protección social se mantiene con sus aportaciones.

b) Desestabilizaría a medio plazo la financiación del sistema público de protección social. Cada punto de la cuota patronal suponen 320.000 millones de pesetas. Por ello, una reducción de las cotizaciones sociales repercutiría inmediatamente en los ingresos del sistema, y por lo tanto, en la capacidad de hacer frente a las prestaciones sociales.

c) Se iría conformando cada vez más un doble mercado de trabajo. Por un lado, trabajadores precarios y un aumento cada vez mayor de trabajadores fijos, con un despido más barato y con menor coste de Seguridad Social; por otro, una reducción progresiva de trabajadores con mayores derechos (fijeza, mayor coste de su despido, etc.). Se reforzaría con ello el efecto sustitución del segundo colectivo por el primero.

No debemos de repetir errores cometidos en negociaciones anteriores, en el sentido de proceder a negociaciones en la cúpula, sin una información real que llegue a los afiliados/as y, en general, a los trabajadores/as, y sin que se proceda a consultar la firma o no de los acuerdos. Para ello, este Consejo Confederal considera que deben de asegurarse una serie de requisitos mínimos durante el proceso de negociación:

1. El sindicato no debe sentarse en la mesa de negociación sin una plataforma concreta, pública y difundida entre todos los afiliados y afiliadas a CC.OO. sobre las propuestas que se van a defender en dichas negociaciones. No se puede ir a la mesa con ambigüedades o generalidades para así disponer de más margen de maniobra a la hora de decidir firmar.

2. Debemos intentar que haya una plataforma unitaria con la UGT. La unidad de acción sindical refuerza las posiciones de los trabajadores en la mesa de negociación.

3. Debe de asegurase una amplia participación de los órganos de dirección, de todas las estructuras sindicales y del conjunto de los afiliados/as, en todo el proceso de negociación. Desde la información y seguimiento de lo que pase en las mesas, hasta la decisión final

4. El sindicato tiene que estar preparado para poder organizar la movilización en el momento en que sea necesario, tanto si no avanzan las reivindicaciones sindicales, como si hay que frenar cualquier intento del gobierno de legislar medidas regresivas que no haya podido imponer en las negociaciones. Están tan claras las intenciones del gobierno y las presiones de CEOE, que nadie podría alegar ignorancia si las negociaciones fracasan y el gobierno promulga recortes sociales sin que se encuentre con la correspondiente respuesta.

En resumen, para no repetir errores cometidos en anteriores procesos de negociación, es preciso que tanto en la propuesta, como en la participación y movilización, el sindicato gire su centro de gravedad hacia la izquierda. Hay que recuperar la confianza del movimiento sindical y de los trabajadores en la movilización. El sindicalismo de clase debe pasar a adoptar una actitud más a la ofensiva en defensa de los derechos sociales y laborales. Son tiempos para el avance de las reivindicaciones estratégicas del mundo del trabajo en materia de empleo, protección social y distribución de la riqueza.

Madrid, 13 de julio del 2000