La CEOE, con la colaboración activa del Gobierno del Partido Popular, está tratando de imponer sus objetivos en la negociación con las organizaciones sindicales: una nueva contrarreforma laboral por la que se generalizaría el abaratamiento del despido (con el objetivo de consolidar la precariedad laboral que existe en nuestro mercado de trabajo), la reducción de las cuotas de la Seguridad Social, la extensión de las bonificaciones empresariales, y la aplicación de nuevos recortes en el sistema público de pensiones para incrementar el negocio de los planes privados. La Patronal mantiene su programa de máximos y el Gobierno amenaza con legislar si no existe acuerdo en la mesa de negociación, bloqueando así las exigencias de negociación de los sindicatos. Con esta estrategia buscan que aceptemos como un mal menor los duros recortes que persiguen (prórroga del contrato que rebajó el despido a 33 días por año, ampliando los colectivos afectados, a pesar de que esta medida no ha servido para disminuir la temporalidad). En un contexto legal de despido libre, como existe en España, el abaratamiento del despido y la desaparición de las causas, equivaldría en la práctica, a que todos los contratos pasarían a ser temporales.

Por otro lado, hay que recordar que en estos últimos cuatro años no se ha avanzado en la disminución de la tasa de temporalidad o en la reducción de la jornada laboral y ha caído la capacidad de movilización sindical. Ello se ha traducido en la ausencia de un mejor reparto de la renta y de la riqueza, en una época de fuerte crecimiento económico. Además, el Gobierno sigue despreciando el diálogo sobre los Presupuestos Generales del Estado y recorta los salarios, el empleo y los derechos de los empleados públicos. También se ha rechazado la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CC.OO. de la Construcción para regular las contratas y subcontratas y evitar los accidentes laborales.

Ante la prepotencia del Gobierno y de la patronal, la estrategia del sindicato debe de ir más allá de la propuesta y la negociación y basarse, también, en la movilización contundente y sostenida. La movilización es un instrumento útil para la defensa de los derechos de los trabajadores y debe plantearse a través de la combinación equilibrada del binomio negociación-presión. Es necesario mejorar la relación con los trabajadores, poner a punto al sindicato y estar en condiciones de recuperar la capacidad de lucha. Para ello se debe:

• popularizar una plataforma reivindicativa clara y concreta,

• desarrollar una amplia información y participación entre el conjunto de los afiliados y afiliadas y entre la población trabajadora,

• preparar las respuestas adecuadas con una acción de fondo y sostenida,

• apostar por la unidad sindical, tanto externa como interna

• comprometer una dinámica muy democrática y participativa en la toma de decisiones.

Los objetivos sindicales a defender son:

1. Rechazo de todo abaratamiento del despido, reforzando los derechos de los trabajadores/as y sin cambiarlos por una falsa "estabilidad" en los contratos. Será el trabajador (y no la empresa) quien elija entre la readmisión o la indemnización.

2. Freno a la precarización del empleo recuperando el principio de causalidad u combatiendo el fraude en la contratación.

3. Medidas que impidan la rotación y encadenamiento de contratos (con propuestas concretas para las EETs y subcontratas) y eviten la discriminación de mujeres y jóvenes.

4. Reducción de la jornada laboral máxima a 35 horas semanales, en cómputo semanal, y sin reducción de salarios, junto con otras medidas de reparto del trabajo.

5. Mejora de la protección social de las personas desempleadas.

6. Aumento del conjunto de las pensiones, con la equiparación de las mínimas al SMI.

7. Subida salarial para los empleados públicos, que permita recuperar poder adquisitivo y la inclusión de una cláusula de revisión salarial. Oferta de empleo que garantice la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, y la recuperación de aquellos que han sido privatizados por la falta de empleados públicos para desarrollarlos. La negociación de las condiciones de trabajo, que debe iniciarse con la retirada de la modificación sobre la movilidad geográfica.

Todo ello requiere de modificaciones legislativas, del refuerzo de la negociación colectiva y de la acción sindical en la empresa. Pero, sobre todo, de una mejora de la relación de fuerzas a favor de los trabajadores. Así, ante la imposición presupuestaria y la intransigencia del Gobierno y la CEOE, hay que impulsar las movilizaciones y el paro general de los empleados públicos desde la propia confederación haciendo confluir amplias movilizaciones de carácter global a mediados de diciembre, dejando claro que el conflicto no finalizará con la aprobación de los Presupuestos Generales.

Si el Gobierno y la patronal tratan de imponer nuevas medidas de reforma laboral o la reducción de cotizaciones sociales y no negocia nuestras propuestas reivindicativas, se debe preparar una nueva fase de movilizaciones generales para el invierno y la primavera, sin descartar ningún tipo de acción.

Diciembre del 2000