Sobran los motivos, las razones y las reivindicaciones no atendidas para convocar la Huelga General del 20 de junio. La reforma de la protección por desempleo impuesta por el Gobierno al día siguiente de aprobar los órganos de dirección de CC.OO. y UGT la convocatoria de huelga, es la última prueba de la prepotencia y falta de sensibilidad social con la que el PP está gobernando.

El Partido Popular está aprovechando sus años de gobierno para favorecer a los suyos, que no son los nuestros. En su primera legislatura, sin mayoría absoluta, intentó enmascarar su política, declarándose garante del diálogo social. Pero la realidad fue: privatizaciones de empresas y servicios públicos, recorte de derechos, congelación salarial de los empleados públicos incumpliendo acuerdos anteriores, una precariedad que a pesar de la reforma laboral de 1997 sigue en términos aberrantes afectando especialmente a los colectivos más débiles como mujeres y jóvenes, endurecimiento de las condiciones de acceso a prestaciones como la jubilación, reformas fiscales que benefician los intereses del capital, o el ataque que sufren pilares básicos como la sanidad y la educación pública, con el objetivo de transferir gasto público al ámbito privado para satisfacer los intereses empresariales.

Desde las elecciones generales de 2000, en las que el PP obtuvo mayoría absoluta, están aplicando la estrategia neoliberal con toda intensidad. El Gobierno aprobó el año pasado una nueva reforma laboral, sin el acuerdo de las organizaciones sindicales, que intensificó los aspectos más perversos de la realizada en 1997 con el único objetivo de rebajar las cotizaciones sociales a los empresarios sin disminuir la gran precariedad existente marginando a colectivos de trabajadores como jóvenes, inmigrantes, mujeres y desempleados de larga duración. En la Ley de Acompañamiento de los PGE de 2002, reformó la IT recortando derechos a los desempleados: cuando un trabajador es despedido estando en IT pasa inmediatamente a cobrar el desempleo lo que supone una pérdida en el tiempo de prestación y en la cuantía. Han conseguido que una Sentencia firme de la Audiencia Nacional reconociendo la deuda con los empleados públicos por la congelación salarial de 1997, haya sido anulada por el TS. Pretenden imponer una Ley de Calidad de la Enseñanza cuyas consecuencias será el deterioro de la escuela pública. Mantienen la amenaza de reformar la negociación colectiva. Anuncian una nueva reforma fiscal que volverá a beneficiar exclusivamente a los más poderosos. Han aprobado una Ley de Extranjería que condena a miles de personas a la marginación y explotación, al serles negados los más elementales derechos. Criminalizan a todos los colectivos y movimientos sociales que se oponen a su modelo social, utilizando de forma perversa los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados afines al régimen.

Cuando los ataques no son respondidos de forma contundente invitan a una nueva agresión. Ahora, con la reforma de la protección por desempleo machacan a los sectores más débiles: las personas desempleadas. Las modificaciones más graves, y que han sido uno de los principales desencadenantes de la huelga, son:

1. Eliminación de los Salarios de Tramitación en el caso de no readmitir al trabajador. Se suprime una indemnización cuya cuantía es el salario dejado de percibir desde el momento del despido hasta que se declara su improcedencia. Esta medida supone un abaratamiento del despido, un recorte en el desempleo al consumir antes el tiempo de prestación y la pérdida de cotizaciones. En nuestro país, la elección entre indemnización o readmisión está en manos del empresario y no del trabajador, y los casos en los que se opta por la readmisión son anecdóticos.
2. Redefinición de empleo adecuado. A partir de ahora será la Administración, y no el trabajador, la que decida si un empleo es adecuado, ampliando el concepto a un empleo acorde con las características profesionales y formativas hasta el extremo de considerar adecuada la colocación en cualquier otra profesión que pueda ser ejercida por el trabajador. Se tendrá que aceptar el salario existente en el sector en que se ofrezca el puesto o el SMI en su defecto, con independencia de la prestación. El contrato podrá ser de todo tipo: indefinido, temporal, a tiempo completo o parcial. Se amplían los criterios para el lugar de ubicación del empleo hasta 30 Km, que no supere las 2 horas de desplazamiento ni suponga un gasto superior al 20% del salario.
3. Excluye a la inmensa mayoría de los trabajadores fijos discontinuos de la protección por desempleo. Sólo mantendrán el derecho los fijos discontinuos que expresamente se regulen por el art. 158 del ET en vigor desde el 2 de marzo 2001 (representan un 2% del total de afectados), el resto serán considerados trabajadores de todo el año a tiempo parcial. Esta medida dejará, entre cuatro y cinco meses, a cientos de miles de trabajadores sin ningún tipo de ingreso.
4. Modificación del Subsidio agrario. No se permitirán nuevas incorporaciones al subsidio (condenando especialmente a jóvenes y mujeres a abandonar sus pueblos por falta de ingresos), se expulsará a todos los que no hayan sido beneficiarios en los últimos tres años (penalizando a los que han trabajado en otras actividades) y a los que han sido objeto de una sanción administrativa, por lo que terminará por extinguirse. Con la modificación necesitarán tener un mínimo de 360 días cotizados en los últimos seis años, para tener acceso a la prestación, en lugar de las 35 peonadas anuales actuales, esto es prácticamente imposible porque aunque trabajaran todo el año sólo tendrían cotizados 223 días. Ahora serán miles los trabajadores que no podrán alcanzar las exigencias para obtener la prestación.

Frenar las agresiones y recuperar los derechos recortados es nuestra tarea prioritaria. El malestar social aumenta por la soberbia y la impunidad de este Gobierno, ya era hora que las organizaciones sindicales encabezáramos la movilización convocando una Huelga General. En esta lucha no debemos ni podemos estar solos, hay que esforzarse por conseguir el máximo de aliados (sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, etc.) para que la Huelga General sea un éxito. La reacción del Gobierno, aprobando por Decreto la reforma del desempleo, cuando no hay ninguna razón que justifique su urgencia, es un mensaje de que seguirán aplicando su política de reformas sociales con recorte de derechos históricos y que no les importa la posición de los trabajadores, nosotros debemos contestarles con firmeza y dando muestras de la máxima unidad interna para afrontar un duro periodo de confrontación.

El motivo principal que nos lleva a esta Huelga es la reforma de la protección por desempleo, pero entre nuestras reivindicaciones también se encuentran el derecho de negociación de los empleados públicos y la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, la defensa de la enseñanza pública amenazada por la Ley de Calidad, la mejora de la protección social, el pleno empleo en condiciones dignas y un modelo social radicalmente distinto al que nos plantea el PP y en el que los valores sean la solidaridad y la justicia social frente a la rentabilidad económica y la explotación.

Sector Crítico CC.OO.