Esta es una Campaña que quiere conseguir una Ley de 35 horas de trabajo semanal, sin reducción salarial y en cómputo semanal y la Protección Social Plena es decir, cobertura completa para los desempleados, un Salario Social o Renta Básica para aquellos y aquellas que no tengan. derecho a prestaciones y otras medidas que aseguren medidas contra la exclusión y la marginación.

La campaña se compone de distintos niveles de actividad. El primero, la recogida de más de 500.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para la consecución de las 35 horas por Ley sin reducción salarial y en cómputo semanal, En segundo lugar, la realización de acciones y movilizaciones para ayudar a la consecución de estos objetivos, Ya conocimos un primer momento el pasado 20 de junio y llamamos a nuevas manifestaciones y concentraciones el próximo 14 de diciembre en diferentes ciudades de] Estado español. Estas movilizaciones se desarrollan en paralelo con procesos similares que se están llevando a cabo en distintos países de la UE. Por último, queremos impulsar un proceso de reflexión y debate, plural y abierto que contribuya a impulsar propuestas y reivindicaciones alternativas y que refuerce las redes de resistencia contra el neoliberalismo y el pensamiento único.

Pensamos que los problemas de desempleo, precariedad y exclusión no son un fenómeno únicamente social. Son también, y en primerísimo lugar, un agudo problema para nuestros sistemas democráticos. Una Democracia sólida no puede contemplar con indiferencia la existencia de 8 millones de pobres en nuestro país y casi 50 millones en la Unión Europea; 3 millones de desempleados en España y 18 millones en la Unión Europea.

La desigualdad y exclusión crecientes vacían de contenido nuestras democracias, hacen aún más poderosos a los poderosos y más débiles a los de abajo. Ahora comprobarnos, además, que las recetas económicas ortodoxas no solucionan estos problemas. Los altos índice de rotación y precariedad laboral arrojan serias dudas sobre el futuro. Por eso hace falta un profundo debate social sobre las alternativas. La magnitud del desafío exige intentar la intervención activa del conjunto de la ciudadanía. Se trata de un debate sobre nuestro futuro común y creemos que la Iniciativa Legislativa Popular y las acciones que la acompañan reúnen las condiciones adecuadas para hacerlo posible.

Los promotores de esta iniciativa estamos convencidos, además de la pertinencia de estas estrategias. Pensamos útil abrir nuevos caminos a la participación ciudadana, caminos que hagan posible la discusión, el debate, la reflexión y la propuesta, entre otras, de una Ley por las 35 horas sin reducción salarial, que, a buen seguro, tendrá un enorme impacto en nuestra vida social, política y económica.

El paro es hoy en día el mayor problema que afrontan los trabajadores en todos los países de la Unión Europea (UE), aun más, en el estado español cuyas cotas de desempleo duplican las de la UE. Todo ello contrasta con el "España va bien" del presidente Aznar y con los beneficios económicos de la banca y las grandes empresas, que se han incrementado en los últimos años en porcentajes superiores al 20 por ciento.

La inseguridad en el empleo y el paro afectan. al menos a 6 millones de trabajadores que rotan anualmente entre los contratos temporales y el desempleo. Los que no rotan y han perdido la mayor parte de las esperanzas son los 1,2 millones de parados y paradas de larga duración, que llevan más de dos años en paro. Igualmente pocas esperanzas tienen en el futuro el millón largo de parados jóvenes menores de 25 años.

Además la cobertura por desempleo ha descendido regular y alarmantemente en los últimos años (17 puntos desde 1993). Dos tercios, es decir, más de 2 millones de parados carecen de prestaciones económicas por desempleo. Los 7 millones de pobres que contabilizan los estudios de Cárítas relacionan el paro y la falta de prestaciones con la pobreza, la marginalidad y la exclusión social. Una pobreza que día a día afecta más a los jóvenes y mujeres, a inmigrantes y discapacitados.

Sobre el paro se cimientan los altos índices de contratación temporal (el 96% de los contratos durante 1997) y el auge de las Empresas de Trabajo Temporal que estando en la cúspide de la precariedad laboral pagan menos por el mismo trabajo. De la situación de paro se aprovecha también la economía sumergida. según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de 3 millones de personas realizan el trabajo negro de la economía sumergida con salarios de miseria, jornadas interminables y sin derechos laborales,

A pesar del paro existente, anualmente se realizan más de 90 millones de horas extraordinarias en las grandes empresas, a lo que hay que sumarlos destajos y el pluriempleo. Por no mencionar la situación de las pequeñas y medianas empresas. La jornada laboral legal es de 40 horas máximo en nuestro país, pero la jornada es mucho más larga.

Los diferentes planes de reforma, desde 1994, no han aportado soluciones efectivas al problema del paro, de la precariedad o de la caída espectacular de la cobertura de desempleo, Es más, han profundizado en las dinámicas de precariedad y exclusión.

Pero en la Unión Europea se van abriendo paso otras iniciativas y reivindicaciones. En Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y también aquí en España, las marchas y movilizaciones contra el paro y la exclusión, las grandes manifestaciones durante 1997 en Roma, París, Berlín o Madrid (20 de junio) están dando sus frutos. Como un paso más en esta lucha permanente por la disminución del tiempo de trabajo, la protección social plena y el salario social, organizaciones políticas, sociales y sindicales apoyamos esta Iniciativa Legislativa Popular, así como las reivindicaciones que se apuntan en la su exposición de motivos.

El reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada laboral progresiva, inicialmente a 35 horas en cómputo semanal y sin reducción salarial abre el camino para la generación efectiva de empleo. La supresión de las horas extras, salvo para los casos de fuerza mayor, permitirán asegurar que la jornada real sea la legal y significará una contribución esencial para la creación de empleo. La disminución de las tasas de temporalidad en la contratación y la supresión de las ETT, además de igualar las condiciones y los derechos laborales entre los trabajadores, librará a los afectados del ''chantaje'' empresarial que obliga a realizar jornadas de trabajo muy prolongadas por los bajos salarios y el miedo al despido. Resultan, igualmente imprescindibles medidas que aseguren medios suficientes de transporte, vivienda, sanidad etc, para las personas sin recursos. La garantía de una cobertura total del desempleo, mediante la prestación y el subsidio del desempleo o el derecho a un Salario Social o renta básica para quienes no tengan acceso a lo anterior y carezcan de rentas, con cargo a la Hacienda pública, permitirá garantiza mínimamente los derechos de la ciudadanía.

En primer lugar, derrotar el pensamiento único neoliberal hoy dominante. Ésta es una condición previa: los ciudadanos y ciudadanas no pueden admitir una modelo social y político organizado en torno a sus magnitudes macroeconómicas y monetarias que nos dicen que la economía va bien y que, no obstante, hay que convivir con el paro y la precariedad. Nosotros proponemos subordinar la economía a las necesidades de las poblaciones.

Trabajar por conseguir la Ley de las 35 horas y la protección social plena es avanzar esta dirección.

En segundo lugar, impugnar las políticas económicas neoliberales, como ha puesto de manifiesto reiteradamente la experiencia de nuestras sociedades, la alternativa al desempleo estructural no es el mercado laboral desregulado y precario, La realidad es que una parte reducida trabaja más y en peores condiciones laborales, No puede olvidarse que la tendencia de los últimos años ha sido hacia la prolongación de la jornada y el crecimiento de los ritmos productivos. Apostar por conseguir la Ley de las 35 hora, el Salario Social o Renta Básica es apostar por una lógica nueva --y lo que es más importante-- una prioridad de lo social en la política económica, condición previa para resolver realmente el problema del desempleo, Proponemos, además, reflexionar sobre el papel del trabajo en nuestras sociedades, sobre su presente y su futuro, y sobre la viabilidad y conveniencia de propuestas como el Salario Social o la Renta Básica ciudadana que buscan originales relaciones entre trabajo y ciudadanía, entre ciudadanía y bienestar social.

En tercer lugar, construir un modelo de sociedad democrático o igualitario, Todas las políticas que se vienen realizando, con el pretexto de la globalización y de la competitividad, tienden a degradar el modelo social, mercantilizar la fuerza de trabajo y reducir el de por sí débil modelo de Estado social. Con esas u otras medidas lo que se busca es provocar inseguridad y miedo en las mayorías que den más poder a los de arriba, Avanzar en la ley de 35 horas es un instrumento importante para avanzar hacia el pleno empleo y con ello profundizar en un modelo de sociedad más justo y hacia unos derechos sociales entendidos como derechos imprescindibles de ciudadanía

En cuarto lugar, repartir todos los trabajos. El tipo de sociedad que genera un sistema social basado en la precariedad y en la exclusión favorece la discriminación de la mujer y consolida el modelo patriarcal. Impulsar la Ley de 35 horas ayudará junto con otras medidas a avanzar en un reparto real del trabajo que modifique las relaciones entre producción y reproducción, que replantee radicalmente las relaciones entre trabajo doméstico y trabajo asalariado.

En quinto lugar avanzar hacia un modelo social y ecológicamente sostenible, basado en una estructura de producción y consumo de bajo impacto ambiental. Conseguir la Ley de 35 horas y otras medidas de protección ambiental significa apostar por criterios sociales, es decir, elecciones conscientes de la sociedad que son Imprescindibles para impedir la lógica depredadora del mercado capitalista. Sostenibilidad ecológica y cuestión social de "los de abajo" encontrarán así una alianza nueva y mucho más profunda.

En sexto lugar conquistar una democracia participativa La aportación fundamental del movimiento obrero, de los nuevos movimientos sociales y de la izquierda social y política ha sido la de unificar la lucha social por la emancipación de los trabajadores y extender la democracia, entendida como autogobierno de las poblaciones. Conseguir la Ley de 35 horas y la protección social plena es volver a situar en el centro de la democracia la cuestión, social, y con ello impedir que siga avanzando un modelo oligárquico que margine a las mayorías sociales de la política.

En definitiva la reivindicación de una Ley que reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales y la consecución de la protección social plena es una batalla contra el paro permanente, contra la pobreza y la exclusión social, pero también una batalla por un modelo de sociedad democrática e igualitaria, ecológicamente sostenible y por una nueva relación entre géneros, por la profundización y extensión de la democracia política. En síntesis, por una opción de civilización.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

(Texto presentado por la Comisión Promotora en el Congreso de los diputados)

D. JULIO ANGUITA GONZALEZ, y otros que se relacionan en el anexo que se adjunta al presente escrito, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, C/ Olimpo nº 35, y DNI 30.785.088, ante la Mesa del Congreso de los Diputados comparecen y como mejor procede en derecho

DICEN:

PRIMERO. Quienes firman el presente escrito han decido constituirse en Comisión Promotora de la Proposición de Ley reguladora de la jornada laboral a tramitar mediante el procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular regulado en la Ley Orgánica 3184 de 28 de Marzo.

SEGUNDO. Que en cumplimiento de lo establecido en el art. 3 de la referida ley, adjunto al presente escrito se remiten los siguientes documentos:

1. Texto articulado de la Ley precedido de su exposición de motivos.
2. Documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes la tramitación y aprobación por las Cámaras de la proposición de Ley.

Por lo expuesto,

SOLICITAN A LA MESA DEL CONGRESO que, habiendo por presentado este escrito con sus copias y documentos que se acompaña, se digne admitirlo, tenga por formalizada petición de inicio del procedimiento de Iniciativa legislativa Popular sobre la regulación de la jornada laboral, se sirva admitirla a trámite y en su virtud proceda a notificar esta admisión a la Junta Electoral Central a fin de iniciar los trámites de recogida de firmas fijados en la Ley antes citada. Es Justicia que se pide en Madrid a

Julio Anguita González

El problema social y económico más importante con el que se enfrentan los países europeos es el desempleo y la precariedad que afecta a buen número de asalariados y asalariadas. La Unión Europea que se construye según criterios monetarios y alejada de otras prioridades económicas y sociales, arroja un saldo de 18 millones de personas en desempleo, lo que supone un 11% de la población activa comunitaria.

Y nuestro país, que presenta cada vez cuadros macroeconómicos más "saneados", tiene, sin embargo, una tasa de desempleo doble a la comunitaria, una tasa de precariedad tres veces mayor y presenta un porcentaje también superior en parados/as de larga duración y desempleados/as con baja cualificación. Una situación especialmente grave entre jóvenes y mujeres, inmigrantes y discapacitados.

Los Planes de Empleo presentados y aprobados en la pasada Cumbre de Cardiff han insistido en las políticas de flexibilización y precarización del mercado de trabajo

La ortodoxia económica defendida por distintos gobiernos insiste hasta la saciedad en la moderación salarial y la llamada consolidación del proceso de reformas estructurales --privatizaciones, control del déficit público, control de la inflación-- y las políticas de desregulación laboral corno recetas para crear empleo. Pero la realidad demuestra lo contrario, si fuese verdad que la moderación salarial crea empleo, España no tendría la tasa de paro más elevada de la UE, y si fuese verdad que la desregulación laboral crea empleo, nuestro país no tendría más de tres millones de parados

Por otra parte, observamos con preocupación que algunas medidas que se pensaron útiles para limitar la precariedad no han ayudado a solucionar el problema. Permanecemos estancados en cifras preocupantes que arrojan serias dudas sobre lo que ocurrirá en el mercado laboral cuando la recesión económica llame a nuestras puertas. Si a esto sumarnos la caída en la tasa de cobertura en el seguro de desempleo debemos pensar que existen razones sobradas para proponer otras soluciones, otras respuestas. No queremos por más tiempo seguir condenados a elegir entre paro o precariedad.

La Ley por las 35 horas, es decir, la reducción de la jornada laboral, para que tenga un verdadero alcance en la lucha contra el paro y la precariedad debe acompañarse de otras medidas que aseguren un cambio radical en nuestro actual mercado laboral: la supresión de las horas extraordinarias, prohibición de las Empresas de Trabajo Temporal, el adelanto de la edad de jubilación, la penalización de los contratos temporales, la garantía de una cobertura total del desempleo y el acompañarse a un Salario Social o Renta Básica para quien no tenga acceso a lo anterior, medidas formativas, inversión pública en proyectos social y ambientalmente sostenibles o desarrollar el papel del Sector público en nuevas fuentes de ocupación.

Además de justa nuestra propuesta conoce ya una suficiente cantidad de casos y ejemplos como para que su aplicación deba ser considerada con toda seriedad. La seguridad de la Ley y el período de adaptación ayudará a los agentes sociales a proponer una aplicación realista de la misma. Una aplicación que deberá tener en consideración las características de la estructura empresarial de nuestro país, en la que dominan las pequeñas y medianas empresas, Se trata de una propuesta que haga viable la implantación de la ley y un incremento significativo de la contratación de calidad en todas las empresas,

En fin, la reivindicación de una Ley que reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales es una propuesta contra el paro, contra la pobreza y la exclusión social, pero también un desafió por conseguir un modelo de sociedad democrática e aguantaría, ecológicamente sostenible, es decir, un modelo de producción y consumo de bajo impacto ambiental y por una nueva relación entre géneros, por la profundización y extensión de la democracia política. En síntesis, por una opción de civilización.

Por todo esto proponemos la siguiente Iniciativa Legislativa Popular.

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, a partir del 1 de enero del año 2001, será de treinta y cinco horas de cómputo semanal de trabajo efectivo. Esta medida no supondrá en ningún caso y por ningún concepto una pérdida salarial.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley no podrán realizarse horas extraordinarias, salvo las que se realicen por causa de fuerza mayor.

Hasta el 1 de enero del año 2001 y mediante la negociación colectiva se tenderá a adecuar la jornada de trabajo al nuevo marco laboral establecido en este artículo.

Queda derogado el párrafo segundo, del apartado primero del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, Igualmente quedan derogadas cuantas normas legales de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

La presente Ley entrará. en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Comisión Promotora de esta Iniciativa Legislativa Popular considera que, aunque de manera restrictiva, nuestra legislación ha dado cabida a fórmulas de intervención de los ciudadanos en la vida pública y política que van más allá del ejercicio de su derecho a voto en los procesos electorales.

Pensamos que los problemas de desempleo, precariedad y exclusión no son un fenómeno exclusivamente social, Son también, y m primerísimo lugar, un agudo problema para nuestros sistemas democráticos.. La democracia, si debe cimentarse sólidamente no puede contemplar con indiferencia la existencia de 8 millones de pobres en nuestro país o casi 50 millones en la Unión Europea: 3 millones de desempleados en España y 18 millones en la Unión Europea. Esta creciente desigualdad y exclusión empobrece nuestras democracias, hace aún más poderosos, a los poderosos y más débiles a los de abajo. Ahora comprobamos además, que las recetas económicas ortodoxas no hacen disminuir este problema y considerando la precariedad laboral, arrojan serias dudas sobre el futuro, Por eso hace falta un profundo debate social sobre las alternativas. No es suficiente, siendo necesario, la intervención de los mecanismos regulares de la democracia representativa. Pensamos que la magnitud del desafío nos exige intentar la intervención activa del conjunto de la ciudadanía. Se trata de un debate sobre nuestro futuro común y creemos que la Iniciativa Legislativa Popular reúne las condiciones mínimas para hacerlo posible.

Los promotores de esta iniciativa estamos convencidos, además de la pertinencia de estas estrategias, Pensamos útil abrir nuevos caminos a la participación ciudadana, caminos que hagan posible la discusión, el debate, la reflexión y la propuesta en forma de una Ley que, a buen seguro, tendrá un enorme impacto en nuestra vida social, política y económica.

La Ley se inscribe en el contexto de una campaña por la Ley de 35 horas y la Protección Social Plena que tiene objetivos claros y de amplio calado.

En este sentido, la reivindicación de una Ley que reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales es una batalla contra el paro, contra la pobreza y la exclusión social, pero también una batalla por un modelo de sociedad democrática e igualitaria; ecológicamente sostenible, es decir, un modelo de producción y consumo de bajo impacto ambiental y por una nueva relación entre géneros, por la profundización y extensión de la democracia política. En síntesis, por una opción de civilización.