PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL REPARTO DE TRABAJO Y LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA.
Consejo Confederal 21 de octubre de 1997
Sector Crítico de CC.OO.
Los meses transcurridos desde la contrarreforma laboral, de los que se dispone de datos, muestran que no ha servido ni para crear empleo ni para reducir significativamente la precariedad. En los tres primeros meses de vigencia de la reforma (junio, julio y agosto), se han realizado 2.485.000 contratos de los que 183.000, el 7,3%, han sido contratos indefinidos. Esto no puede considerarse precisamente un éxito. Por un lado, el porcentaje de contratos indefinidos ha crecido ligeramente, pues en 1996 no llegó al 4%, pero a pesar de la reforma, el 92,7% de los contratos siguen siendo precarios.
Por otro, si se tienen en cuenta los despidos, no es probable que el porcentaje de precariedad se reduzca significativamente. Esto es lo que se deduce del avance de la EPA del mes de junio, en el que ya estaba vigente la contrarreforma laboral, pues la precariedad ha pasado del 33,61%, en el mes de mayo, al 33,67%, en junio. La reforma, pues, no ha servido ni para crear empleo, ni para reducir la elevada rotación existente actualmente y a cambio de ello, además de haberse abaratado el despido, prácticamente se ha eliminado el contrato indefinido clásico, que cuenta con mayores garantías y derechos. Mientras, los nuevos contratos llamados indefinidos, en realidad podrían llamarse "contratos fijos por dos años", es decir, por el tiempo que duran las bonificaciones de la seguridad social
El poderoso instrumento que es el Presupuesto de cada año para intervenir en la economía y orientar la acción del gobierno en la solución de los problemas y la realización de las aspiraciones sociales será desaprovechado nuevamente en 1998. El presupuesto para el año próximo está elaborado en clave de rutina y continuismo. No está orientado a combatir el paro, a amortiguar las desigualdades y a fomentar el bienestar general, sino que persigue el objetivo restrictivo de reducir el déficit --con Maastricht como coartada y telón de fondo--, reforzando los rasgos neoliberales de la política económica: redistribución regresiva de la carga fiscal, vuelta de tuerca en los sueldos y pensiones --no de otro modo se puede calificar la revisión prevista del 2,1% para los funcionarios y pensionistas--, aceleración de las privatizaciones de las empresas publicas y de la gestión privada de los servicios públicos.
Los desequilibrios económicos, a excepción del paro, se encuentran bajo control, pero en lugar de aprovechar los márgenes que otorga una inflación mínima, la evolución favorable de sector exterior y la misma reducción del déficit publico para afrontar la cuestión del paro, el gobierno pretende con el presupuesto para 1998 ahondar en el reequilibrio de las cuentas publica al precio de dejar sin respuesta y al albur de una evolución económica incierta el problema básico del empleo. La lectura favorable y optimista de la situación económica, que tan interesadamente se divulga, se ensombrece de inmediato cuando se da el relieve necesario al dramático nivel de paro y todo lo relacionado con la situación laboral: precariedad, accidentes laborales, protección al desempleo, paro en juventud y mujeres, paro de larga duración, etc. La hipotética creación de 318.000 nuevos empleos que vaticina el gobierno para 1998 dejaría todavía la tasa de paro en el 19,5%. Y, en lo que atañe a la contribución directa del sector publico al empleo, se amortizarán al menos el 75% de las bajas en las plantillas de las administraciones públicas.
La reducción significativa del elevado nivel de desempleo existente exige, por una parte, una política económica expansiva consistente en mayor inversión pública, aumento de la progresividad fiscal y lucha contra el fraude, desarrollo de políticas industriales y medioambientales activas, un ambicioso plan de viviendas sociales, etc, y, por otro, el reparto del trabajo sobre la base de la reducción de la jornada.
El reparto del trabajo ha cobrado gran interés social porque los niveles de paro en los países industriales son insostenibles. El tema fue planteado hace algunos años por el grupo socialista en el Parlamento Europeo, por el ministro de trabajo del gobierno socialista francés e, incluso por Michel Rocard, pero ha ganado actualidad porque era uno de los compromisos fundamentales del acuerdo entre socialistas, comunistas y ecologistas que llevó a la victoria electoral de la izquierda en Francia y porque es uno de los elementos exigidos por Refundación Comunista en Italia para evitar la crisis de gobierno. La reducción de la jornada tiene aún mayor vigencia para España, dado que la dramática situación del paro no tienen parangón con ningún otro país, al existir una tasa de paro que dobla la media europea.
Los ejes centrales de la propuesta de CC.OO. sobre el reparto de trabajo y la reducción de la jornada son los siguientes:
- Reducción de la jornada máxima legal a 35 horas semanales sin reducción de salarios
, en progresiva disminución hasta el año 2000 y como paso a posteriores y mas ambiciosas reducciones, tal como la propuesta del CES de llegar a 32 horas semanales.
- Supresión de las horas extraordinarias,
excepto las de "fuerza mayor". Ninguna medida de reducción de la jornada puede tener un efecto real mientras que los empresarios tengan libertad casi absoluta para que los trabajadores realicen horas extraordinarias. La posibilidad actual de cambiar horas extraordinarias por tiempo de descanso supone, en la práctica, una jornada absolutamente flexible en la medida en que no existe un tope y en que dicho cambio puede realizarse en los 4 meses siguientes a la realización de las horas extras. De la misma forma, hay que eliminar las ampliaciones de jornada encubiertas a través de la desregulación de los horarios y la jornada (cómputos anuales de horas, distribución irregular según meses, etc) o con primas de productividad. Todo ello exige reforzar el control por parte de los sindicatos y las inspecciones del Ministerio de Trabajo.
- Contrato de solidaridad.
Todo trabajador o trabajadora mayor de 60 años que reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, a excepción de la edad, podrá optar voluntariamente por una reducción del 50% de la jornada y del salario hasta la edad de jubilación. El 50% restante pasará a percibirse de la Seguridad Social como si el trabajador hubiese cumplido los 65 años. A efectos de la pensión final, las cotizaciones efectuadas durante el período de jubilación parcial se computarán incrementadas al 100% de su cuantía para determinar la base reguladora de la pensión correspondiente a los 65 años. Simultaneamente y de modo obligatorio, la empresa concertará un contrato de trabajo con un trabajador/a en situación de desempleo, cuya jornada será, al menos, por ese 50% de reducción y por el tiempo que falte para que el primero de los trabajadores alcance la edad legal de jubilación.
La reducción del tiempo de trabajo es la propuesta central, correspondiéndose con una necesidad histórica ante el desarrollo de las fuerzas productivas. A este respecto, los datos de la economía española son un ejemplo. Desde 1975 a 1996, el PIB se ha multiplicado por 2,3 mientras que el empleo se ha reducido en 268.000 personas. Esto significa que, en 1996 sólo eran necesarios 61 trabajadores para producir el equivalente a lo que producían 100 en 1975. Dicho de otra forma, la jornada de trabajo necesaria para producir el mismo producto con el mismo empleo debería haberse reducido de 40 horas semanales en 1975 a 24 h y 24m en 1996. Frente a este hecho incuestionable hay que destacar que, en los últimos años, la reducción de la jornada pactada en los convenios experimenta una tendencia al aumento real, como un efecto más de la indefensión en que se ha colocado a muchos trabajadores con la desregulación del mercado laboral ante los abusos patronales.
Manteniéndose la actual jornada y teniendo en cuenta el avance de la productividad, para eliminar el paro seria preciso un crecimiento del PIB que no es posible alcanzar en las condiciones económicas presentes ni es sostenible ecológicamente. Por tanto, la reducción de la jornada esta a la orden del día, como una respuesta histórica al avance económico y como una necesidad social para afrontar el nivel abrumador del desempleo. La jornada de 35 horas es insuficiente para atender ambas necesidades y no cierra el desfase acumulado entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el tiempo de trabajo, pero debe ser un primer paso para iniciar un proceso continuo en el que los incrementos de productividad deben traducirse prioritariamente en reducciones de la jornada laboral.
La reducción a 35 horas, para que tenga efectos inmediatos y futuros sobre el empleo, ha de tener carácter general, por lo que debe instrumentarse mediante la aprobación de una ley, y ha de trasladarse de un modo automático a todos los trabajadores cuya jornada normal es inferior a las 40 horas legales de la actualidad. La formula de la progresividad hasta el año 2,000, solamente pretende facilitar su aplicación en las empresas otorgando un período flexible y suficientemente amplio para acomodar la actividad de las empresas a la nueva jornada.
La cuestión de como ha de reflejarse en los salarios la reducción de la jornada ha de quedar marginada en la propuesta de las 35 horas. Durante los últmos años se ha producido una perdida del poder adquisitivo de los salarios y un crecimiento acusado de los beneficios. Desde 1982 se viene registrando un avance de los salarios reales por debajo de la productividad y, por tanto, viene operando una redistribución de la renta a favor de los beneficios. Esto es, las empresas tienen en estos momentos márgenes sobrados para absorber una importante reducción de la jornada, sin contar con que esa reducción ira acompañada de un incremento de la productividad por hora trabajada. Por otra parte, la situación económica exige una evolución más favorable de los salarios. El retroceso prolongado en los últimos años ha debilitado el consumo, lo que esta ahogando la recuperación y repercutiendo negativamente en el crecimiento económico, y, por tanto, en el empleo.
