LA CONTRARREFORMA DEL IRPF

El proyecto de reforma del IRPF tiene el propósito de dar varias vueltas de tuerca a la contrarreforma fiscal iniciada por el PP tras ganar las elecciones en marzo del 96. Su objetivo, al margen de la propaganda, las mentiras y las falsas ilusiones que pretende suscitar, es reducir los impuestos primando a los contribuyentes con altos ingresos y a las rentas del capital y empresariales en detrimento de las de trabajo, en línea con el neoliberalismo mas duro y ortodoxo. Implica una importante regresión del sistema fiscal, en la medida en que supondrá una substantiva disminución de la recaudación, unos 600,000 millones estima el propio gobierno, distribuidos de modo muy desigual según los estratos de renta, lo que tiene como agravante que se ponen las bases para justificar recortes en los servicios y prestaciones sociales en el futuro. En el marco del Pacto de Estabilidad suscrito por los países que integrarán la moneda única, por el que se comprometen a mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB y se sanciona el incumplimiento, bastará que la coyuntura económica empeore, si es que son auténticos los datos sobre las cuentas públicas, para que los efectos negativos en la recaudación den pie a la necesidad de acometer nuevos recortes de los gastos públicos.

La reforma del IRPF en el sentido que pretende el gobierno no tiene justificación alguna. Menos aun si se hace descansar en la comparación con los países europeos. Los ingresos públicos totales en nuestro país sólo alcanzan el 39% del PIB, mientras la media en la Unión Europea es del 45%. Esta diferencia de 6 puntos se refleja acusadamente en los ingresos provenientes del propio IRPF, figura crucial de la progresividad de los sistemas impositivos, pues si en la Unión Europea representan como media el 11,3% del PIB, en nuestro país no llegan al 8%. Por otra parte, se da el escándalo que los salarios suponen el 80% de las fuentes de ingresos del IRPF -un porcentaje que se ha elevado en los últimos años-, mientras que sólo representan el 50% de la renta, tras un descenso en los últimos años. Así, pues, ni por el bajo nivel de los ingresos públicos -sobre ellos se tiene que edificar una potente política redistributiva y la extensión y calidad de los servicios públicos-, ni por la configuración en extremo regresiva del sistema fiscal español, cabe admitir la reforma emprendida por el gobierno, en la que se conjugan perversamente una disminución de los impuestos y una redistribución regresiva de las cargas fiscales.

El alivio de esa carga fiscal es la baza principal del gobierno para vender la reforma. Pero tal ventaja es puramente inexistente o es una falsa ilusión para la inmensa mayoría de los trabajadores.

Para empezar, la reducción del impuesto no tendrá repercusión alguna en todos aquellos trabajadores que por sus bajos salarios están en la actualidad exentos de declarar (1.250,000 pesetas). Ni tampoco en los 2 millones de parados que no tienen protección de ningún tipo por desempleo. Ni tampoco en la casi totalidad de los 4,5 millones de pensionistas y de los 1,2 millones de parados, cuyas prestaciones o subvenciones no alcanzan ese mínimo exento. Las aparentes ventajas de los cambios propuestos son ajenas a los sectores mas desfavorecidos de la sociedad, aunque estos saldrán perjudicados por los cambios fiscales que se lleven a cabo para compensar la caída de ingresos por el IRPF y por los reajustes de los gastos sociales, inmediatos o futuros, sutiles o explícitos, que cabe esperar, como se ha dicho, en el futuro. Para todos estos colectivos, víctimas de la desigualdad social, la contrarreforma planeada del IRPF viene a profundizarla.

La falsa ilusión la experimentaran aquellos trabajadores y familias que por la cuantía de su renta vean reducirse en algún grado sus impuestos, sin que la reducción pueda compensar materialmente del deterioro que tarde o temprano acabaran sufriendo los servicios y prestaciones sociales. Se habla ya, por ejemplo, una revisión del Pacto de Toledo. A muchos trabajadores de sueldos medios, en lo pecuniario, se les va a dar con una mano lo que se les quita con otra. Desde el punto de vista ideológico, desde la perspectiva del conjunto de la clase obrera, sin embargo, las migajas que les asigna la reforma no pueden compensarlos de lo que significa socavar lo que va quedando del Estado del Bienestar y agudizar la regresividad del sistema impositivo hasta extremos ofensivos.

A este respecto, no hay que confundirse. Se habla de una rebaja media del impuesto en términos de recaudación del 11% (600,000 millones sobre los 5,700,000 recaudados en 1996), pero esa media oculta impactos muy asimétricos según los niveles de ingresos, con independencia de como pueda operar la casuística de la reforma en cada caso particular. Los cambios propuestos tienen un inequívoco carácter regresivo.

En primer lugar, la reducción de los tipos medios y marginales tiene efectos muy dispares sobre los distintos niveles de renta. La cuota resultante disminuirá para todos, pero el ahorro de cada contribuyente con respecto a la actual situación será tanto mayor cuanto más altos sean sus ingresos, ya que las nuevas tarifas no sólo se aplican a bases imponibles de diferente cuantía, sino que la reducción propuesta es más intensa cuanto más altos son los tipos actuales. En particular, la reducción del tipo marginal máximo del 56 al 48% para las rentas superiores a 11 millones es un suculento regalo a las capas sociales con altos ingresos. El argumento de que con ello se quitan incentivos al fraude es tan falaz como intolerable en un gobierno que tiene la obligación de combatirlo.

En segundo lugar, la reducción a seis los tramos impositivos, junto con la disminución de los tipos, significa planchar la escala del gravamen y, por tanto, restarle progresividad al impuesto. Cuantos menos tramos existan, se aplica el mismo tipo a rentas más diferentes. La simplificación no es argumento válido. Es lo mismo de sencillo aplicar una tabla de tarifas que otra y, después de todo, solo el 16% de las declaraciones se hacen en los modelos ordinarios, más complicados que el simplificado.

Las estimaciones sobre el desigual impacto de estos cambios prueban contundentemente la orientación de la reforma. Así, en el caso de un contribuyente soltero con rentas procedentes del trabajo, ahorrará con el nuevo impuesto unas 58,000, un 2% de su renta. Para un contribuyente con ingresos de 15 millones, el ahorro se elevará a 600,000 pesetas, el 4% de su renta. Para uno con 30 millones, en fin, el ahorro será de 1.800,000, esto es, el 6% de los ingresos. A efectos de la rebaja, como se ve, en la mejor tradición "orwelliana", todos los contribuyentes son iguales, pero unos son mas iguales que otros.

Por ultimo, en cuanto a retroceso de la progresividad, la ampliación del mínimo exento con la creación del mínimo personal y familiar, el denominado "mínimo vital", implica otro tanto. Este mínimo es el resultado de sumar a un mínimo exento la traducción de algunas deducciones actuales sobre la cuota (hijos, rentas por trabajo, gastos por enfermedad) en deducciones sobre la base imponible. Ese traslado supone un beneficio tanto mayor cuanto más alto sea el tipo marginal aplicable y, por tanto, el nivel de ingresos. En un impuesto de naturaleza progresiva, compensar deducciones en la cuota por deducciones en la base, sobre la que se aplica la tarifa para determinar la cuota, implica restarle progresividad. Así por ejemplo, en la actualidad, la deducción por hijos se realiza en la cuota y es igual para todos los contribuyentes. Con la reforma, operando como deducción en la base, el hijo de un contribuyente con 2 millones desgravará 48,000 pesetas, en tanto que el de un contribuyente de 11 millones desgravará por 96,000 pesetas. Teniendo en cuenta la supresión de las deducciones en la cuota, los beneficios tan cacareados de elevar la obligación de declarar a dos millones por ese nuevo concepto de mínimo vital son mas aparentes que efectivos, al margen de la comodidad que entraña para los contribuyentes más modestos.

El gobierno, en su demagógica campaña de propaganda, no se cansa de resaltar esta y otras mínimas mejoras que tendrá la reforma para los trabajadores, como forma de ocultar los beneficios sustanciales que representará para las minorías privilegiadas. Aparte de los cambios en las tarifas, el nuevo impuesto consolida el tratamiento excepcionalmente favorable de las rentas de capital (las plusvalías gravan al 20% desde 1996), e incluso se mejora, permitiendo compensar minusvalías con todo tipo de rentas. Se consolidan también los sucesivos incentivos fiscales concedidos a los rendimiento empresariales con el pretexto de fomentar el empleo, con los que, desde una situación siempre deforme, se ha llegado a la grotesca caricatura de 1996, en que los rendimiento medios por actividades empresariales, de 1.129,000 pesetas, representan el 56% de los 2 millones medios por trabajo dependiente. Permanece también en la nueva propuesta del IRPF el trato favorable de los dividendos por doble imposición, como se fijó la ley del impuesto de sociedades de 1995 y, en fin, la desgravación en la base imponible hasta 1.100,000 de las aportaciones a los planes privados de pensiones.

El gobierno les esta preparando a los afortunados que nada o poco necesitan del estado social un fastuoso banquete con su proyecto del IRPF. Por supuesto, los manjares se distribuirán por categorías rigurosamente escalafonadas y, como en todo festín en que se desata la gula, habrá sobras que repartir y migajas que recoger.

Hay que intentar amargarles la fiesta. Es necesario denunciar y oponerse a los planes del gobierno con firmeza. En esta ocasión, se parte con la enorme ventaja de que todos los sectores de CC.OO., todos los sindicatos, y tanto el PSOE como IU rechazan proyecto de contrarreforma del IRPF. Sólo queda traducir el rechazo formal en acciones contundentes para detenerla.