LAS FUNDACIONES PÚBLICAS SANITARIAS
La enmienda introducida por el Partido Popular en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado de 1.999 establecía que los Servicios, Centros y Hospitales del INSALUD pueden ser convertidos en Fundaciones Públicas Sanitarias. En el propio debate de los PGE, Convergencia amplió esta posibilidad a los centros de las Comunidades Autónomas que ya tienen transferencias.
¿A qué intereses responde esta medida y qué consecuencias va a tener para la atención sanitaria?.
En la Unión Europea, las reformas habidas en los sistemas sanitarios públicos han ido encaminadas a la contención del gasto sanitario, dentro de la perspectiva de disminuir el gasto público en general y así cumplir con el objetivo de alcanzar la convergencia y la moneda única. Desde la pasada década, la aplicación de políticas neoliberales ha provocado que el gasto sanitario haya disminuido o no haya crecido en la mayoría de los países de Europa occidental (Eco Santé, OCDE 1.996 y el propio Ministerio de Sanidad y Consumo así lo reconocen en el informe que elaboró para la subcomisión parlamentaria para la consolidación y modernización del SNS en 1.997).
Los Hospitales y Centros de Salud del sistema nacional de salud han de contemplar prioritariamente responder a las necesidades que en materia de salud tenga la población correspondiente. Para ello es preciso hacer los estudios de las necesidades, fijar los objetivos a cumplir, disponer del personal necesario con plena dedicación. También es preciso establecer una organización democrática que favorezca la participación de los trabajadores y, sobre todo, de la población asistida.
No siempre un Hospital o un Centro de Salud van a ser empresas rentables. Dotar a estos centros de personalidad jurídica propia, como se hace al convertirlos en Fundaciones, solo se entiende si se desea hacer de ellos verdaderas empresas. Esto lleva consigo un elevado gasto burocrático en gestión que se detrae básicamente de los recursos humanos y de la calidad de la propia asistencia que se presta. Después de seis años de aplicarse en el Reino Unido se crearon 20.000 puestos de gestores y personal administrativo y se eliminaron 50.000 plazas de personal de enfermería, con un empeoramiento tanto de las condiciones laborales como de las prestaciones sanitarias.
Con la enmienda introducida (y aprobada) que permite convertir los centros sanitarios públicos en Fundaciones, se da un paso mas hacia la desintegración del sistema sanitario porque rompe la necesaria planificación y coordinación entre centros; por otra parte, no se asegura la equidad en el acceso de la población protegida. Las Comunidades Autónomas que tienen experiencias en este sentido como es el caso de Cataluña, es la que arroja mas déficit sanitario. Por otra parte, las Fundaciones sanitarias de Galicia, Baleares y Madrid son en las que se dan las peores condiciones laborales para el personal sanitario que en ellas trabaja.
La ambigua redacción del texto no garantiza la estabilidad del personal sanitario actual, solo que "se tendrá que hacer cargo". Esto solo significa que será un personal a extinguir , difícilmente compatible su gestión y coordinación con el resto de los trabajadores de la Fundación, ya que un centro de estas características se crea precisamente para lograr una mayor flexibilidad en las plantillas.
La competencia que se abre entre los centros sanitarios lleva inexorablemente a que tanto hospitales como centros de salud establezcan, al menos implícitamente, la selección adversa de pacientes, eludiendo a los enfermos menos "rentables" y dando prioridad a los servicios y patologías de menor coste económico, independientemente de si son los mas necesarios o no.
La transformación de los centros sanitarios en Fundaciones no solo no salvaguarda el sistema público como afirman sus promotores, sino que abre la posibilidad de su privatización debido a que: