La sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 7 de noviembre de 2000 que invalida la congelación salarial de 1.997 es un acto de pura justicia hacia más de dos millones de empleados públicos. Reconoce su derecho a la negociación colectiva, la fuerza vinculante de los acuerdos y que condena al Gobierno a pagar el incremento salarial dejado de percibir desde aquel año.

Los argumentos esgrimidos por el Gobierno contra el pago de la sentencia no se sostienen en pié:

• No se invade la competencia del Parlamento sino que se defiende la ley 7/90 sobre el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos y se evita la impunidad en los actos gubernamentales
• No supone ningún pacto desorbitado como maniobra desestabilizadora para futuros gobiernos, sino que es la aplicación del simple IPC previsto, es decir, menos de lo que tienen reconocidos los pensionistas y jubilados por ley.
• No es una cifra desmesurada la que el gobierno tiene que abonar, sino la mera cuantificación de la sustracción salarial de 1.997. En cualquier caso mucho menor que lo que ha regalado el Gobierno a las compañías eléctricas con el recargo en el recibo de la luz (1,3 billones) o lo que han dejado de ingresar el Estado con las concesiones de las licencias de telefonía móvil (unos 3 billones de pesetas).
• No obliga a subir los impuestos la restitución de los salarios recortados. Hay margen de maniobra financiero en los Presupuestos Generales del Estado y en la política fiscal que se viene aplicando a las rentas de capital para no tener que tocar el IRPF de los trabajadores.

Más allá de la inconsistencia política y jurídica de los argumentos anteriores, lo realmente preocupante es la agresiva ofensiva emprendida para deformar la imagen de la Función Pública. Se ha abusado de todo tipo de tópicos para presentar a los empleados públicos como unos privilegiados que trabajan poco, ganan mucho, tienen el empleo seguro (obviando el 24% de empleo precario que existe) y que son los responsable últimos de los impuestos que pagan los ciudadanos. Esta campaña se ha desencadenado, por un lado, desde el Gobierno con el objetivo de no pagar la sentencia; por otro, desde los sectores neoliberales que no desaprovechan la ocasión para demonizar al sector público y reclamar menos Estado y más mercado, a través de la privatización de servicios públicos. Esta campaña, si no se contrarresta, puede producir un daño irreparable, ya que pone en cuestión la labor que cumplen millones de servidores públicos.

Ante la situación descrita CC.OO. desarrollará los siguientes ejes de actuación:

• Campaña sindical en defensa de la dignidad de los empleados/as públicos y por el reconocimiento social de su trabajo y del papel que desempeñan en una sociedad democrática. Son los que aseguran el buen funcionamiento de país, de sus instituciones y de los instrumentos de protección social.

• Reafirmación de los objetivos sindicales actuales de los empleados públicos centrados en las siguientes cuestiones:

• Cobro de la deuda salarial que ha reconocido la sentencia de la Audiencia Nacional
• Eliminación del tope del 25% en la tasa de reposición de empleo
• Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios del 2001
• Cláusula de garantía salarial
• Derecho efectivo a la Negociación Colectiva de los Empleados Públicos
• Retirada de la modificación introducida en la Ley de Acompañamiento de los PGE de 2001 de la movilidad geográfica de los funcionarios.

• Movilizaciones unitarias, masivas y contundentes. Tras la sentencia se reactiva con mayor intensidad la campaña de movilizaciones del área pública, sin descartar ningún ámbito de actuación, para conseguir nuestros objetivos. Éstas deben traducirse en:

• Una intensificación de la acción sindical en el ámbito de los centros de trabajo
• Un calendario que evite la dispersión de la capacidad movilizadora que contiene la Sentencia de la AN, compatibilizando las acciones que desarrollen los delegados sindicales con la convocatoria al conjunto de los trabajadores del sector. Con la máxima unidad sindical se celebrarán manifestaciones, al menos con carácter mensual, una asamblea general de delegados de todo el país en el mes de marzo, y una concentración a la que se convocará a todos los trabajadores un sábado del mes de abril en Madrid.
• La convocatoria de paros en los meses de mayo y junio previa consulta con afiliados y trabajadores.

• La Confederación respalda sin fisuras la lucha de los empleados públicos. Además de arropar las luchas de este sector y desarrollar la máxima solidaridad, la salida de este conflicto no será ajena a los resultados de otras negociaciones abiertas con el Gobierno. No sería entendible para 2,2 millones de empleados públicos que se suscribieran acuerdos generales con un Gobierno que no negocia con ellos, que desprecia los acuerdos y que les quita una parte importante de su salario y se niega a devolverlo aunque los jueces lo ordenen. Es un objetivo del conjunto del sindicato asegurar un éxito de las reivindicaciones planteadas, garantizar el cumplimiento de los acuerdos, de las leyes y de las sentencias.