Es evidente que en este momento, tras los profundos cambios que han acaecido a lo largo de la última década, se ha producido un total afianzamiento del pensamiento neoliberal, que inunda todas las esferas de la vida social y que domina las políticas en casi todos los países del globo y, de manera evidente, en Europa y España. La puesta en práctica de esta política lleva ya hasta veinte años de experiencia en algunos países europeos y en nuestro país se ha ido imponiendo a lo largo de la última década.

La hegemonía de la política neoliberal, cuyo objetivo es elevar la tasa de beneficio, así como una redistribución de la renta favorable al capital, ha generado un paro masivo estructural, ha profundizado las desigualdades sociales, ha supuesto un retroceso en los derechos y condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores y ha aumentado hasta límites intolerables la brecha Norte-Sur. Y todo ello, mientras, por otra parte, se producen logros inmensos en el terreno de la ciencia y de la tecnología, logros que no han servido para mejorar la vida del conjunto de la población mundial y no han evitado brotes de barbarie que amenazan a millones de hombres y mujeres.

Los efectos de dichas políticas no han podido ser más negativos para las y los trabajadores: disminución real de los salarios, reducción de las prestaciones sociales del gasto público, reestructuración del sistema productivo a costa del empleo, flexibilidad del mercado laboral o cambios fiscales regresivos.

La hegemonía del neoliberalismo viene acompañada, como no podía ser de otro modo, del predominio ideológico de las concepciones neoliberales, pero sus efectos en la vida de la mayoría de la población llevan aparejadas una serie de contradicciones que, desde las organizaciones que formamos parte del movimiento obrero, deben ser analizadas y aprovechadas para combatir y oponerse a la ofensiva neoliberal en todos sus vertientes. En este sentido la Federación de Enseñanza de CC.OO., con el fin de avanzar en los objetivos sociopolíticos que se prepone, se opondrá en todos los ámbitos a esta ofensiva neoliberal y, como organización que forma parte del movimiento obrero, exigirá la aplicación de políticas alternativas que caminen en la dirección de construir una sociedad más justa y favorable a los intereses de las trabajadoras y los trabajadores.

El proceso de globalización económica, como expresión de la internacionalización del ciclo productivo del capital, constituye uno de los rasgos de la situación actual y es un proyecto político y un arma ideológica de gran eficacia. Por una parte, pretende, como tal proyecto político, construir una organización económica internacional en la que la libre circulación de mercancías y capitales no encuentre el más mínimo obstáculo y que incapacite a los gobiernos para hacer una política social contradictoria con los intereses del capital o que dificulte el libre funcionamiento del mercado; por otra, como arma ideológica, se usa para justificar y presentar como inevitables, bajo la bandera de la competitividad, una serie de políticas que favorecen los intereses del capital: flexibilización laboral, desregulación económica, agresiones al estado de bienestar, etc. Uno de los efectos de la globalización es la liberalización de los servicios, incluyendo los servicios educativos, lo que supone, por una parte, un ataque frontal para el mantenimiento de los sistemas educativos públicos y, por otra, pueden acarrear la introducción de nuevos mecanismos de desigualdad, dadas las distintas posibilidades de acceso a determinadas ofertas por parte de los diversos sectores sociales. Además puede suponer una desregulación de los servicios educativos al permitir a las empresas dispensadoras de formación la expedición mercantilizada de títulos extranjeros.

Corregir estos peligros, desregulación y aumento de la desigualdad, debe constituir una prioridad de la Federación de la Enseñanza de CC.OO., de ahí que promoverá actuaciones en todos los ámbitos en los que se tomen decisiones que afecten a la configuración de la oferta educativa, desde el ámbito internacional hasta el municipal. Dado que es en el ámbito internacional donde se están gestando estas políticas (Acuerdos GATT, Unión Europea, etc.), esta federación reforzará su trabajo en los foros educativos internacionales para conseguir, con el conjunto de los sindicatos educativos, medidas y acciones destinadas a frenar estas tendencias.

Las políticas económicas y sociales neoliberales necesitan la asunción acrítica por parte de la mayoría social, de ahí que, por una parte, los propagandistas del pensamiento único hayan elaborado un discurso y construido un universo simbólico destinado a convencer a los ciudadanos de la bondad y la necesidad de sus propuestas. Conceptos como "adelgazamiento del estado", "recorte del gasto" (frente al despilfarro) pretenden presentar como atractivas, al calor de las modas por la anoréxico, determinadas medidas antisociales; "libertad de elección" o "competitividad" apuntan al desarrollo de la perspectiva individual frente a la social; "recalentamiento de la economía" o "leyes de mercado" pretenden presentar como objetivas las decisiones que favorecen a determinados sectores sociales. Esta ofensiva ha logrado introducir con éxito la cultura del éxito individual y el darwinismo social, lo que ha producido cambios subjetivos en una parte de los trabajadores, debilitados en las luchas solidarias y en la conciencia social. Ello no supone en absoluto la inexistencia de sectores de la clase trabajadora dispuestos a luchar para defender las conquistas de muchos años de lucha y para mejorar sus condiciones de vida.

Combatir esta ofensiva ideológica implica que CC.OO. debe reforzar la formación de sus cuadros y afiliados, al tiempo que debe fortalecer el trabajo de análisis y clarificación de la realidad, con el fin de evitar que, por falta de comprensión de los fenómenos a los que nos enfrentamos, seamos incapaces de elaborar alternativas o, simplemente, asumamos acríticamente la ideología neoliberal. Junto a la tarea de formación crítica de sus cuadros y afiliados, la Federación de Enseñanza fomentará análisis críticos a las políticas neoliberales y promoverá la elaboración y publicación de esos análisis y políticas alternativas al neoliberalismo, desde la revista T.E., la FIES y otras instancias posibles.

Uno de los rasgos dominantes de la política neoliberal es la agresión a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, agresión que se manifiesta en varios ejes:

• La reducción de los costes laborales, imponiendo un crecimiento de los salarios por debajo del crecimiento de la riqueza, con lo que se produce una redistribución a favor de las rentas del capital;
• la flexibilización del empleo y el cambio de las condiciones de trabajo;
• las falsas políticas activas de empleo, centradas en la gestión del empleo, la formación y las exenciones y bonificaciones, políticas que, en momentos de falta de demanda, no sirven para el objetivo de crear empleo.

A pesar de que el discurso de los poderes políticos y económicos ha sido, y es, el de que el crecimiento económico traería creación de empleo, la realidad nos muestra que esto no es así: llevamos varios años de crecimiento económico -el "España va bien" de Aznar-, pero no hay ni un ápice de incremento del empleo, a no ser que consideremos como tal la sustitución de empleo fijo por empleo precario. Por su parte, las Administraciones públicas actúan de la misma forma, negándose a crear empleo en los sectores públicos, como en el caso de la enseñanza, donde habría posibilidades de creación de puestos de trabajo para hacer frente a la demanda, y donde el empleo puede ser de mucha mayor calidad.

En este sentido, la Federación de enseñanza de CC.OO. se fijará como objetivos:

Los cambios en el sistema productivo, unidos a la ofensiva neoliberal, han producido tremendas transformaciones en el mundo del trabajo, cuyas repercusiones son variadas:

• Cambios en el mercado de trabajo: el paro estructural masivo, no corregido por cierta disminución en los mejores momentos del ciclo económico como el actual, en casi todos los países, que ha llegado en la UE a 16,3 millones y en España a 2.550.700 personas, lo que representa un 15,6% de la población activa; la desregulación laboral y precarización del empleo (en el caso de la administración pública, en el 99 hay 60.000 empleos fijos menos y 35.000 precarios más que los que había en el 97, mientras que en el sector educativo asistimos a un crecimiento desmesurado de la contratación temporal y parcial, tanto en la red pública como, sobre todo, en el sector privado). Un elemento de precarización es el debilitamiento de los servicios públicos derivado del asalto al Estado del Bienestar impuesto por la política neoliberal.
• Descentralización de la producción y flexibilización del empleo, así como la aceleración del proceso de descualificación de los trabajadores. Esto último está pesando a la hora de planificar el sistema educativo por parte de los defensores de las políticas neoliberales. En efecto, dado que el diseño de los procesos productivos y de los productos se realiza por un número reducido de técnicos especializados que proyectan una ejecución simplificada para la mayoría (con el fin de que ésta, con muy poca formación, realice los órdenes diseñadas por los técnicos), se tiende a cortar cada vez más el acceso a los estudios superiores, dado que no se necesita un gran número de técnicos con estos estudios, y se avanza hacia un sistema más selectivo. De ahí, por una parte, la doble titulación al terminar la enseñanza obligatoria y, lo que es peor, la tendencia actual a segregar al alumnado incluso antes de terminar la enseñanza obligatoria con el fin de ir separando las cohortes de quienes deben quedarse en el camino y quienes pueden seguir, seleccionados, "la carrera". Evidentemente, en esta situación, los sectores menos pudientes tienen todas las bazas para ser perdedores ya que los sectores dominantes, a parte de las mejores condiciones de partida, tienen recursos para favorecer el éxito y llegar a lo más alto de la pirámide educativa.
• Cambios en la clase obrera derivados, en primer lugar, de los efectos del paro y la precariedad, que genera una gran inseguridad y temor; en segundo lugar, la segmentación de la propia clase, dividida entre parados (19,1%) y ocupados (89,9%), entre los fijos (67,3%) y los temporales (32,7%), con sectores especialmente discriminados como las mujeres, los jóvenes, los parados de más de 45 años, etc., y, en tercer lugar, de la terciarización del empleo. Es significativo, en el ámbito de la enseñanza el crecimiento de servicios educativos no sometidos a casi ninguna vigilancia laboral o de difícil control (sinnúmero de academias, escuelas de formación continua, escuelas infantiles, centros de música y estética, etc.). Por otro lado, la división de las trabajadoras y trabajadores del sector educativo es tan radical que entre el funcionariado docente universitario o no universitario, el personal laboral, las trabajadoras y trabajadores de los centros concertados, los de enseñanza reglada, los de centros infantiles o enseñanza no reglada…, la conexión es prácticamente mínima, lo que debilita el trabajo sindical en muchos de esos sectores.

Desde la firma del Tratado de Maastricht, la política europea ha estado supeditada al cumplimiento de las condiciones de convergencia, imponiendo decisiones que han reforzado los rasgos de la política neoliberal, y con ese objetivo se han justificado los retrocesos impuestos en los derechos sociales, arguyendo que luego vendría la época de la abundancia y del trabajo para todos. Sin embargo, una vez que entra en vigor el euro, se abre una nueva situación propicia para políticas económicas recesivas, determinadas por el Plan de Estabilidad. De esta forma, se abre un contexto adverso para las reivindicaciones de la clase trabajadora, caracterizado por la mayor dificultad para alcanzar mejoras sociales y por el menor margen para políticas económicas autónomas en cada país. En resumen, las políticas que emanan del Plan de Estabilidad dejan al mercado las riendas de todo y suponen una revisión del Estado de Bienestar, y entre las consecuencias de dicha política hay que contar con la degradación de los servicios públicos, sometidos a las leyes del mercado y de la competitividad, lo que está en la base de la actual configuración del sistema educativo que, desde diversas opciones políticas asentadas en la política neoliberal, se está pregonando.

Durante los últimos años, el PP ha estado practicando una política de ajuste, justificada primero por la necesidad de cumplir las condiciones de convergencia y después por la necesidad de mejorar la competitividad.

Esta política se caracterizó por una política fiscal restrictiva y regresiva, así como por la liquidación de empresas públicas o por las reformas impositivas de carácter regresivo (aumento de impuestos indirectos, exoneración de beneficios por regularización de balances, etc.). Otros rasgos de esta política son la constante revisión del Estado de Bienestar, la flexibilización del empleo o las privatizaciones de servicios públicos.

Como consecuencia de esta política la situación de las y los trabajadores ha empeorado en los últimos años, hasta el punto de que el 45% de los trabajadores tienen un empleo precario (3.524.400) o están en el paro (2.550.700).

La política educativa a la que nos vamos a enfrentar sintoniza de forma clara, y como no podía esperarse de otra forma, con la política económica y social neoliberal que domina en nuestro país y en los países de nuestro entorno y somete a la educación a los principios que dominan esas políticas: el mercado y la competitividad. Dicho de otra forma, la adaptación de la política educativa a la política neoliberal dominante consiste, básicamente, en la introducción en la enseñanza de mecanismos de cuasimercado.

El primer efecto es que la concepción de la educación como "derecho" de todos los ciudadanos es desplazada por la concepción de "servicio", según la cual el estado es el que paga el servicio (en general), mientras que los proveedores de este servicio son los centros educativos (públicos o privados), los cuales contratan con el estado, según la demanda que aquellos consiguen de los usuarios mediante la presentación de sus ofertas en el mercado educativo. La educación se considera como una inversión que se rentabilizará cuando los alumnos y alumnas accedan al mercado de trabajo. Es decir, no se establece como la necesidad de formar personas y ciudadanos y ciudadanas, sino para formar trabajadoras y trabajadores que satisfagan las necesidades de las empresas, de ahí que el estado se haga cargo del gasto, sin importar quien ofrezca el servicio.

Los centros tendrán que hacer contratos con el estado en los que se especifiquen los servicios que ofrecen, que tendrán que ser refrendados por los hechos en cuanto a calidad y a clientela (es decir, demanda). De esta forma, se optimizará el servicio ya que la demanda (el mercado) seleccionará a los que mejor servicios oferten, según lo que determinen las y los usuarios, y así se podrá reducir el gasto, y, según dicen los neoliberales, se podrá mejorar la calidad.

Para que los mecanismos del mercado funcionen, los centros tienen que gozar de cierta autonomía para configurar su oferta (públicos o privados), ya que sin oferta diferenciada el usuario no tiene posibilidad real de elección, lo que explica las propuestas de "contrato-programa" que se están haciendo. No se trata de alcanzar contratos para promover medidas compensatorias en centros que proponen un programa a la administración, la cual debe pagarlo, con el fin de atender a sectores o colectivos marginados o desfavorecidos socialmente o geográficamente, lo que estaría en la línea de las medidas compensatorias que CC.OO. viene reclamando tradicionalmente, ni tampoco pretenden favorecer programas de investigación educativa desde determinados centros con el fin de que luego sean aplicadas en el conjunto del sistema las medidas que se consideran positivas para la mejora de la calidad educativa, lo que sería positivo y deseable y sería defendido por nuestro sindicato, sino de favorecer las distintas ofertas para que funcione el mercado educativo, lo que genera una gran desigualdad entre unos centros y otros.

Además, es imprescindible facilitar la posibilidad de elegir entre las distintas ofertas del mercado educativo, de ahí los decretos de "libertad de elección de centros" y las propuestas que se están barajando sobre el cheque escolar, ayudas para que cada cual elija el centro que desee, etc. Desde esta perspectiva, no se plantea la distinción entre centros de gestión pública o privada, ya que a ambos se les sitúa en la competencia por los clientes (con resultados ya conocidos).

La autonomía así entendida, como capacidad para determinar ofertas diferenciadas y no como lo entendemos los sectores progresistas como la capacidad pedagógica de introducir los cambios necesarios en el currículum para adaptarse mejor a la realidad de los alumnos que tiene el centro, exige una serie de medidas como la posibilidad de obtener recursos por sus medios, la distribución de recursos según crea conveniente cada centro, el establecimiento de convenios con cualquier entidad pública o privada o de relaciones particulares con los clientes, elementos todos estos que están en la filosofía de la Ley Pertierra. Es decir, cada centro se convierte en una especie de empresa financiada con fondos públicos, que ofrece autónomamente sus productos al mercado educativo, mientras que el estado procurará que ese mercado funcione.

Uno de los elementos de dinamización del mercado es la evaluación conforme a unos criterios centralizados para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, evaluación que, evidentemente, debe hacerse pública para que los clientes conozcan la situación más allá de la propaganda de cada centro. Por ello se establecerán índices de calidad, de carácter cuantitativo, que servirán para clasificar los centros en categorías.

Los efectos de estas políticas son conocidos en algunos países, pues la puesta en práctica ya tiene algunos años de experiencia, y están empezando a conocerse en nuestro país. Algunos de los más significativos, son los siguientes:

• Aumento de la desigualdad en el sistema educativo: los centros con más demanda, que suelen coincidir con los de zonas mejor situadas o donde el alumnado procede de sectores mejor situados socialmente o bien los privados, seleccionan a los alumnos para tener mejores rendimientos, cumplir mejor sus contratos y, así, alcanzar más recursos.
• Cambio de la función de directoras y directores y equipos directivos: aumenta su papel de mediación entre la administración y los clientes, viéndose obligados a centrarse en las demandas del Estado evaluador y los clientes. De esta forma su papel es cada vez más cercano al de gerentes de empresa. Así, la gestión democrática de los centros y la participación activa dejan paso al clientelismo compatible con el modo de gestión empresarial, pero contrario a la democracia y la participación que CC.OO. defiende.
• Se deteriora la situación del profesorado: se flexibilizan los horarios (esto es lo que algunos pretenden con la propuesta de apertura de centros durante todo el día, pero sin aumentar el gasto de forma sustancial) y aumenta la inestabilidad al depender de la demanda (con el crecimiento de figuras antes inexistentes como la de suprimidos o yendo al paro en el caso de interinos e interinas o profesores y profesoras de privada, cuando no se tiene suficiente demanda). Además, el profesorado pierde el control de su trabajo al supeditarse cada vez más a las exigencias del estado evaluador y a las de los clientes (lo que antes sucedía en COU, totalmente determinado por la selectividad, sucederá en todo el sistema educativo, una vez que se imponga ese modelo evaluador que se pretende). Se trata, en definitiva de un sistema poco o nada democrático y no dirigido a la mejora del sistema educativo sino a fomentar el mercado y la competitividad.
• Cambio de cultura escolar: el modelo genera un clima de competitividad en todo el sistema educativo que no sirve para mejorar la educación considerada como formación de personas inmersas en una realidad social, sino para responder mejor a los intereses del sistema productivo.
• Desmantelamiento del sistema comprensivo de enseñanza: el sistema comprensivo, instalado más firmemente en la enseñanza primaria, gratuito y estatal se desmantelará a favor de uno más selectivo o segregador. Aunque se amplió la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, la política neoliberal está alterando la universalidad al ofrecer distintas ofertas educativas, lo que permitirá a los sectores sociales dominantes apropiarse de las mejores, legitimando aun más su papel predominante en la sociedad. Entre tanto, los sectores sociales más débiles se ubicarán en su propia enseñanza obligatoria que, con el pretexto de ser más adecuada a sus necesidades, irá legitimando también su marginación social.

• Planes de escolarización por distritos educativos que sustraigan al mero juego del mercado la oferta y demanda educativa y, de esta forma, racionalizar recursos, centros y profesores a medio plazo. Los planes de Escolarización, promovidos, desarrollados y controlados por los Consejos Escolares de Distrito, deberán estudiar y planificar, al menos los siguientes aspectos: población escolar por zonas y su escolarización, centros públicos disponibles y profesorado según niveles, así como las necesidades de escolarización en centros concertados y sus condiciones o las relaciones de los centros públicos con otros servicios públicos.
• Constitución de Distritos Escolares, concebidos como unidades administrativas de barrio, en el caso de las grandes ciudades, municipales o comarcales, en los que exista una oferta formativa planificada y completa, excluida la universitaria, que garantice la igualdad de acceso, y no sólo a las actividades regladas sino también a actividades complementarias. La oferta educativa debe ser similar en cada distrito. Dicha propuesta debemos contraponerla a la de transferencia a los municipios, aunque en ocasiones un distrito pueda coincidir con un municipio, dado que en la inmensa mayoría de ellos es imposible llevar a cabo esa planificación de una oferta completa como la que proponemos, ni podrán hacer frente la mayoría de ellos a las nuevas exigencias que se están haciendo a al institución escolar: actividades extraescolares y complementarias, servicios de comedores, etc. mientras que esto sería factible desde unidades administrativas con más capacidad, como los distritos que propone CC.OO. En este marco habría que reclamar planes de compensación específicos para las zonas rurales, con el fin de evitar que las zonas más deprimidas se vieran marginadas en la oferta educativa.
• Creación de los Consejos Escolares de Distrito Educativo con competencias sobre los aspectos de planificación y escolarización.
• Oposición a la desregulación de los estudios, controlando todos los tipos de estudio regulados en la LOGSE y garantizando que sean impartidos con suficientes garantías de medios materiales, humanos y de titulación, de forma que no sea posible la existencia de centros públicos de distinta categoría.
• La oposición a la privatización de los servicios educativos, al tiempo que es imprescindible regular el papel que en los distritos y/o ayuntamientos pueden y deben jugar los centros privados sostenidos con fondos públicos, de forma que para recibir esos fondos se les debe exigir la igualdad de requisitos sobre condiciones de trabajo, escolarización de alumnado, libertad del profesorado, desaparición del control ideológico, etc., así como el control económico que evite cualquier rasgo de discriminación
• Oposición a medidas como contratos-programa, si estos se conciben como medios para la diferenciación de oferta educativa y de fomento de la competitividad, pero defensa de propuestas que vayan en la línea de introducir medidas compensatorias en centros o zonas más desfavorecidos o para apoyar proyectos de investigación educativa que puedan redundar posteriormente en la mejora de la calidad en el conjunto del sistema.
• Oposición a un modelo de evaluación cuantitativo, centralizado, no democrático, destinado a fomentar la competitividad y a responder a las demandas de los clientes y defensa de modelos democráticos y destinados a conocer las deficiencias del sistema con el fin de ir introduciendo las medidas necesarias para mejorarlo desde los fines y objetivos que defendemos.
• En la línea de oposición a las tendencias antes descritas y para favorecer nuestras propuestas, CC.OO. seguirá exigiendo la derogación de la LOPEGCE, conocida como Ley Pertierra.

Desde esta concepción del Sistema educativo, en la que la lucha por la igualdad social y por la mejora de las condiciones de trabajo, deberán ser dos ejes fundamentales de trabajo, debemos plantearnos la relación de las dos redes educativas sostenidas con fondos públicos: la privada y la pública.

CC.OO. apuesta claramente por la red pública como elemento vertebrador del Sistema educativo y se opondrá firmemente a las tendencias privatizadoras actuales: nuevos centros concertados, conciertos a las etapas no obligatorias…

En el marco de la planificación que proponemos desde los Distritos educativos es donde adquiere sentido el papel, siempre subsidiario y para cubrir necesidades de escolarización, que pueden jugar los centros concertados. Ahora bien, dichos centros, para recibir fondos públicos, deberán aceptar la igualdad de condiciones que los centros públicos en cuanto a la admisión del alumnado, control de los fondos económicos, gestión democrática, condiciones laborales y retributivas del profesorado, acceso, desaparición del control ideológico…

Con el fin de acercar la administración a los recintos y problemas educativos para que pueda ponerse al servicio de su solución, proponemos la creación de una red estatal de Distritos Educativos con un perfil que las competencias autonómicas deberán adecuar a cada circunstancia concreta aunque manteniendo la filosofía del diseño. En el Distrito Educativo se insertarán toda la serie de servicios de apoyo a la educación que detallamos a continuación. Frente al proceso de municipalización que se pretende, hay que apostar por el modelo de distrito educativo, ya que, por un lado, la mayor parte de los municipios son de un reducido número de habitantes y, por otro, hay grandes ciudades, excesivamente grandes, unos y otras no pueden cumplir los objetivos que nos planteamos.

Los Distritos Educativos serán las unidades orgánicas y funcionales en que se estructurará el conjunto de recursos humanos y materiales que se aplican en el servicio de educación dentro de una administración provincial o autonómica. Serán geográficamente significativos en el ámbito rural y racionalizarán el mapa educativo en los grandes conglomerados urbanos.

Cada Distrito Educativo contendrá una oferta completa de servicios en todos los tramos educativos desde los cero hasta los dieciocho años y estará directamente vinculado a una Universidad Pública.

El tamaño medio del Distrito Educativo puede fijarse estableciendo una referencia cuantitativa de población escolar y colectivo de profesores y centros, que especiales situaciones geográficas o socioeconómicas podrá corregir o matizar. En general, un Distrito Educativo se correspondería con una comarca geográfica en las zonas rurales, con un municipio de pequeñas dimensiones o con un barrio en las grandes concentraciones urbanas.

Cada Distrito Educativo debe contar con una oficina del Servicio de Educación que integraría en un edificio específico:

• El Centro de Profesores del Distrito, que actuará como Centro de Formación Permanente Institucional, Centro de Recursos, Centro de Encuentro/Investigación y sede de los MRPs que trabajan en él.
• El Grupo Coordinador de los Gabinetes de Apoyo de los centros.
• El Grupo de Inspección y Asesoramiento Técnico-Pedagógico.
• Unidades administrativas de Información, Registro, Gestión de Personal y Servicios, Gestión de Programas, Gestión de Centros y Oficina Delgada de la Unidad Técnica.
• La Junta de Personal Docente del Distrito y las Secciones Sindicales del Profesorado.
• El Grupo de Inspección Médica de zona.
• La sede del Consejo Escolar de Distrito.

Las líneas generales de política educativa serán adaptadas a la realidad de cada zona en los Distritos Educativos por el trabajo conjunto de los Servicios de Apoyo a la Educación y la representación de los agentes educativos y sociales.

En el desarrollo de la red de Distritos Educativos deben jugar un papel importante los municipios. Aquellos tan pequeños que no disponen de los recursos necesarios para asumir toda la oferta educativa hasta los dieciocho años deberán coordinarse con los demás municipios de su comarca deberán coordinar sus esfuerzos para aprovechar mejor sus recursos. Por el contrario, los municipios de gran tamaño deberán descentralizar sus recursos y sus unidades administrativas para convertir el servicio educativo en algo cercano a sus protagonistas. Sólo los de un tamaño reducido podrían actuar como un Distrito educativo por sí mismos.

Enmienda nº 4

Partíamos en el anterior Congreso, de una estrategia de acción sindical centrada en la información y la negociación, dejando muy en segundo plano, como se ha comprobado a lo largo de estos años, la movilización.

A pesar de la constante denuncia y presencia en los medios de comunicación y de las numerosas mesas de negociación abiertas en los últimos años (97-98, 98-99, 99.2000), hemos de reconocer que los resultados han sido exiguos en las reivindicaciones laborales de todos los sectores y en las referidas a la mejora del Sistema Educativo.

Por lo tanto, en un momento de clara hegemonía neoliberal como el que estamos sufriendo, caracterizado por el sometimiento del Sistema educativo a las leyes del mercado y a la competitividad y por las agresiones a los derechos laborales, hemos de revisar nuestra estrategia sindical con el fin de sumar fuerzas para hacer frente a estas agresiones y para conseguir un Sistema educativo más igualitario, democrático y participativo.

En los apartados anteriores se han ido definiendo las características del modelo educativo que defendemos y qué condiciones laborales y pedagógicas proponemos para el profesorado encargado de hacerlo realidad. La experiencia nos ha demostrado que este modelo, que nuestras reivindicaciones, tiene poderosos enemigos, como se planteaba al principio de esta ponencia, con otros intereses privados por la educación y con intenciones muy distintas respecto al profesorado, al alumnado y, en general, respecto a la comunidad educativa.

Debemos definir, por tanto, con qué acción sindical pensamos poder conseguir nuestros objetivos para el sistema educativo y para las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza.

Aunque nuestra acción sindical tendrá ritmos distintos en las diversas Comunidades Autónomas, dada la distinta situación laboral en los distintos sectores y niveles educativos, la FE.CC.OO. debe trazar en su congreso unos ejes de acción sindical lo bastante generales como para que en cada comunidad y sector educativo puedan servir como marco de referencia, y también lo suficientemente claros como para que sirvan de guía y elemento aglutinador de los trabajadores y trabajadoras de las distintas comunidades y de los distintos tramos educativos. Una vez trazados estos ejes de acción sindical, la F.E.CC.OO. velará por que su discurso sindical sea, a la vez que rico en los matices, coherente y cohesionado para las trabajadoras y los trabajadores en todo el territorio estatal y en todos los sectores educativos y frente a todas las administraciones públicas educativas y patronales privadas.

Los ejes serán:

¿Cómo construir poder sindical en una situación de reflujo reivindicativo? No esperemos fórmulas mágicas, de despacho o de acuerdo por "encaje de bolillos" que nos saquen del apuro. No queramos tampoco "atajar" firmando lo infirmable porque algo hay que firmar. A veces es preciso denunciar la injusticia aunque no se tengan las fuerzas suficientes como para vencerla.

La reconstrucción del poder sindical pasa por una labor paciente y minuciosa de atención a los problemas particulares de cada distrito y de cada territorio en la base de la organización. Las y los permanentes sindicales deben saber aprovechar las fuerzas de multitud de compañeros y compañeras que están dispuestos a colaborar para concretar nuestros programas y para llevar nuestra voz hasta el último rincón. Deben huir de acaparar el trabajo o centrarse en el trabajo de despacho, para compartir con sus compañeros y compañeras la labor de defensa de nuestros derechos. No se trata de "visitar" centros, sino de estar vinculados con los centros, de crear un entramado de contactos que ramifiquen nuestra transmisión y recogida de información y propuestas, en definitiva, de crear organización.

Los órganos de dirección de la F.E.CC.OO., en sus distintos niveles de responsabilidad, tendrán como labor central de su acción sindical la elaboración de las plataformas reivindicativas de nuestro sector adaptadas a las condiciones particulares y también deberán elaborar las propuestas de negociación y de movilización pertinentes para hacerlas realidad. Así mismo, los órganos de dirección de nuestro sindicato velarán por esa fluidez y transparencia en la transmisión de la información a y desde las trabajadoras y los trabajadores.

Para que la F.E.CC.OO. crezca es necesario que éstas y éstos recuperen la confianza, para confiar es necesario unirse en torno a la defensa de nuestros intereses y para unirnos es imprescindible pelear todas y todos juntos por conseguir la enseñanza pública que merecemos. Sólo concretando propuestas, uniendo a las trabajadoras y trabajadores en torno a ellas y encabezando su defensa lograremos romper la espiral del desánimo en la enseñanza y estaremos en condiciones de avanzar hacia la Escuela Pública que deseamos.

La importancia que los medios de comunicación han adquirido en los últimos años ha resultado tan "deslumbrante" que en algunos sectores de nuestra Federación se ha instalado la cultura del binomio "información – negociación" como base de la acción sindical. Este binomio pretendía ser la versión "moderna", "actualizada", "acorde con los tiempos"... del ya clásico "negociación – movilización".

Una propuesta que pretende superar la confrontación entre ambos binomios, como si fueran excluyentes, es la de pasar al trinomio "información – negociación – movilización".

La información no puede referirse sólo a nuestro papel frente a los medios de comunicación de masas. Este es sólo el aspecto más vistoso de la comunicación, pero también, en general, el más débil, ya que los medios de comunicación están controlados por poderosas fuerzas empresariales y gubernamentales que no comparten nuestras demandas y que reiteradamente dificultan conscientemente la llegada de nuestra información a la comunidad educativa. Debemos persistir, a pesar de ello, en una línea de información veraz y coherente, con paciencia y meticulosidad. Muchas veces medios de comunicación menos llamativos que los de cobertura estatal pueden ser vehículos adecuados a nuestras demandas.

La información necesita de otra pierna para caminar y es la complementaria a la de salida de información desde la Federación. Se trata de la recogida sistemática, laboriosa y detallada de la información sobre el estado del sistema educativo en todos los sectores y comunidades. Sólo con esta información en nuestro poder podremos estar en condiciones de precisar nuestras demandas con rigor y fundamentar nuestras reivindicaciones en las necesidades reales de la comunidad educativa.

La negociación no debe entenderse como un proceso que transcurre exclusivamente en despachos de la administración educativa o patronal de turno, alejados de los trabajadores y trabajadoras, en los que la habilidad para la propuesta sensata, la capacidad de convicción y la "santa" paciencia de nuestros negociadores y negociadoras nos pueden proporcionar éxitos sindicales no alcanzables con la movilización. Nosotros somos los más interesados en que la negociación sea transparente y cercana a los trabajadores y trabajadoras. Sólo su respaldo nos permitirá obtener mejoras significativas. Y sólo esas mejoras significativas contribuirán a aumentar nuestro prestigio sindical y a preparar las condiciones para posteriores reivindicaciones. Debemos invertir la espiral de la desmovilización: "no hay condiciones para movilizar, firmamos a la baja; los trabajadores se sienten defraudados, pero no podíamos conseguir más y el desánimo se profundiza; sin condiciones, firmamos un poco más a la baja... ". Sólo una acción sindical pegada a los trabajadores y trabajadoras, que centre y concrete sus demandas en una plataforma precisa que sirva de base a la negociación, unida a una información permanente sobre la marcha de la negociación nos permitirá acumular las fuerzas necesarias para vencer la resistencia de unas administraciones educativas cicateras al tratar los recursos destinados a la escuela pública y desdeñosas con sus trabajadores, al menospreciar el esfuerzo adicional realizado en todos estos años de reforma educativa o de unas patronales sólo interesadas en incrementar sus ganancias a costa del derecho a la educación.

La movilización es la tercera pata del trinomio.

El clima social de los últimos años no ha hecho fácil la acción sindical en la enseñanza: la victoria electoral del PP, que ha profundizado en la aplicación de una política educativa neoliberal, la desmovilización generalizada en los sectores industriales y de servicios, la desregulación del mercado de trabajo y la ofensiva ideológica de la derecha a favor de valores individualistas, insolidarios e intransigentes suponen malas noticias para la Escuela Pública y para las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza. Pero, aun en esta situación, debe formularse la pregunta de qué ha hecho la F.E.CC.OO. para contrarrestarla y cómo ha transmitido sus ideas a las trabajadoras y trabajadores. Debemos ser autocríticos en este sentido y, así como nos ocurría respecto a las condiciones laborales, para las que el MEC parecía "habernos escondido" en recónditas "mesas de negociación", en la defensa de lo público nos ha visto defendernos de todos los ataques y despropósitos de la anterior ministra del ramo (más algunas salidas de tono del actual), pero sin ser capaces de contrarrestarlos con una propuesta global, articulada en todo el Estado y respaldada por la comunidad educativa. Muchos trabajadores y trabajadoras de la enseñanza han echado en falta a aquella organización que, aún en los momentos difíciles de la ofensiva liberal, era capaz de reunir a las fuerzas progresistas para levantar su voz de protesta y denuncia.

Todo ello ha contribuido a la pérdida de credibilidad de nuestro Sindicato y de la confianza de las trabajadoras y trabajadores en él. Por ello, debemos plantearnos la necesidad de ganar esa credibilidad y esa confianza, para lo cual será imprescindible una profunda implicación por nuestra parte en los problemas y en las reivindicaciones y un trabajo serio y coherente. Y perseverar en estas actitudes pues no será fácil cambiar una situación de tan importante desánimo como la que se da actualmente.

Informados trabajadores y sindicato, planteada la negociación frente a la administración o a la patronal, o a ambas, necesitaremos movilizar y necesitaremos recabar el apoyo público de la comunidad educativa. Naturalmente, la movilización no es un fin en sí misma, pero tiene dos virtudes que no cabe despreciar: en primer lugar, une voluntades y hace aflorar energías personales y profesionales acalladas por el quehacer cotidiano, convirtiendo a los propios trabajadores y trabajadoras en protagonistas de la defensa de sus intereses; en segundo lugar, ayuda a unir al conjunto de trabajadores y trabajadoras con el sindicato, fortaleciendo una base de futuras reivindicaciones. De esta forma se fortalece el sindicato, crece su prestigio entre los trabajadores y consolida su poder como interlocutor frente a la administración y ante la patronal.

El extremo de buscar la movilización con cualquier pretexto es tan negativo para la acción sindical como su extremo opuesto de negar la movilización bajo cualquier excusa de migaja conseguida en una negociación de despacho. Debemos medir cuidadosamente el recurso a la movilización, pero debemos también rehuir el discurso de la administración, de las patronales y de algunos medios de comunicación que intentan culpabilizar a cualquier empleado público en caso de movilización, señalándole como culpable de una situación privilegiada en un mercado laboral cada vez más desregularizado.

Información a y desde los trabajadores y trabajadoras, negociación seria, paciente y transparente y movilización medida y precisa deben ser las tres patas de nuestra acción sindical.

Teniendo en cuenta la especial situación de mayor precarización y de peores condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza privada, es necesario que redoblemos nuestra acción sindical en este sector, insistiendo aún más en los ejes de nuestra acción sindical aquí señalados. En este sector resulta de vital importancia el acierto en la conjunción de los tres aspectos del trinomio información - negociación - movilización.

En la misma medida, es necesario recuperar la estrategia de la negociación de un Convenio Marco de Mínimos, que garantice unas condiciones dignas a todos los trabajadores y trabajadoras del sector y que desarrolle las obligaciones al respecto que ya figuran en los diferentes convenios. Dicho Convenio Marco tendrá como referencia los siguientes elementos:

• Condiciones de trabajo del personal de la enseñanza privada en los países de la Unión Europea: salarios, jornada, vacaciones, mejoras sociales…
• Condiciones de trabajo del personal de la enseñanza privada en las diferentes Comunidades Autónomas del Estado español.
• Condiciones de trabajo del personal de la enseñanza pública tanto en el Estado español como en la Unión Europea.

2.1.1. El Consejo. Es el máximo órgano de dirección entre Congresos. Debate y decide sobre los problemas sindicales globales y educativos. Se reunirá para definir la marcha de la Federación, en las líneas marcadas por el Congreso, y para el debate y toma de decisiones, al menos cuatro veces al año.

2.1.2. La Comisión Ejecutiva. Es el órgano que ejecuta el trabajo decidido por el Consejo. Respetará la pluralidad del conjunto de la Federación. Su composición será reducida y todos sus componentes tendrán responsabilidades de áreas o secretarías.

2.2.1. El Comité Federal. Es el órgano de coordinación intersectorial y territorial. Estará compuesto por la Comisión Ejecutiva y las y los representantes de las Federaciones regionales o nacionales

El modelo organizativo de CC.OO. es la plasmación de lo que entendemos por organización democrática de la clase trabajadora: las trabajadoras y los trabajadores se organizan voluntariamente para la defensa de sus intereses de clase, en el ámbito laboral más cercano: el centro de trabajo o la empresa, lo que conocemos como Secciones Sindicales; éstas, conjuntamente con trabajadoras y trabajadores de empresas pequeñas o que están en condiciones laborales o contractuales distintas de las de un empleo estable, constituyen los sindicatos de rama que, a su vez, configuran las federaciones territoriales o de nacionalidad y que son las que conforman las Federaciones Estatales, las que, junto con las estructuras territoriales conforman nuestra Confederación Sindical de CC.OO.

El objetivo y la razón de existir de todas las estructuras organizadas en la Confederación Sindical de CC.OO. debe ser la defensa de los intereses de la clase trabajadora, lógicamente, desde nuestras peculiaridades ideológicas y sistema organizativo propio, basándonos siempre en la más amplia participación del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores y en especial de nuestras afiliadas y afiliados. Así, la Federación de Enseñanza, desde la defensa no corporativa de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza debe contribuir al objetivo de la Confederación en su conjunto.

Pero, en los últimos años hemos constatado en múltiples ocasiones, por una parte, un cierto cambio en esta concepción: parece que se entiende, de manera inversa a lo expuesto, que existe una institución llamada CC.OO a la que se acerca quien quiera pertenecer a ella; por otra parte, un alejamiento de la afiliación en cuanto a su participación en asambleas, órganos de dirección en los diferentes niveles, acciones movilizadoras y en la vida cotidiana del Sindicato, alejamiento que ha ocurrido al tiempo que desde los propios órganos de dirección se ha rebajado la tensión por el fomento de esa participación, reduciendo las convocatorias y evitando que las afiliadas y afiliados tuvieran una verdadera implicación mediante el ejercicio de su capacidad de decisión en su ámbito. Si a eso le añadimos que los tiempos que corren no son los más idóneos para que las trabajadoras y los trabajadores se organicen y se movilicen, nos encontramos con que el resultado es de una gran penuria participativa.

Esta situación nos obliga a plantearnos modificaciones que vayan encaminadas a facilitar la organización de las trabajadoras y trabajadores, a posibilitar la elaboración democrática de las decisiones y a favorecer la participación activa de todas y todos, sin exclusiones, al margen de las distintas posiciones que defiendan.

La Federación de Enseñanza de CC.OO., debe ser un Sindicato en el que las ideas y la propia organización se construyen entre todas las personas que voluntariamente lo constituyen. Por tanto, el modelo organizativo tiene que fomentar la participación de su afiliación y, para ello, crear y favorecer las condiciones para que esa participación sea posible, real y efectiva.

Por otra parte, debemos fomentar que el conjunto de las afiliadas y afiliados sean activistas sindicales. No podemos seguir entendiendo que quienes realizan la acción sindical sean exclusivamente las y los permanentes sindicales, delegadas y delegados con horas sindicales o las y los miembros de los órganos de dirección, sino que debemos entender que estas estructuras están para apoyar al conjunto de la afiliación en su propia acción sindical y no para suplirla. En este sentido, es necesario reforzar el papel de las Secciones Sindicales, órganos básicos de participación, de manera que éstas tengan un mayor papel en el sentido apuntado pues son los órganos que tienen una relación más directa con las trabajadoras y trabajadores.

Así mismo, es necesario que todas las personas que participan en los diferentes órganos, en cualquier ámbito, encuentren en su participación en los mismos las condiciones para que sientan que esa participación suya es efectiva y necesaria y eso les sirva para motivar su asistencia activa y comprometida, estudiando documentos, aportando ideas, debatiendo los temas…, en definitiva, sintiéndose copartícipes de la construcción de las decisiones de nuestra Federación.

En esta línea, insistimos en la necesidad de convocatorias de asambleas decisorias y no sólo informativas, para los temas fundamentales que se plantean en la Federación, tanto los externos -condiciones de trabajo y salariales, contenidos educativos…- como los internos que, más tarde o más temprano, revierten en el trabajo sindical desarrollado en los centros -candidaturas a las elecciones sindicales, elección de permanentes…-

Además, debemos recuperar un objetivo, algo diluido en los últimos tiempos, pero que es una de nuestras señas de identidad: nuestra visión global de la problemática de las trabajadoras y trabajadores, la solidaridad activa con los conflictos de la clase trabajadora, para lo cual, los contenidos de nuestros debates no pueden ser exclusivamente los de nuestro sector, lo que podría conllevar planteamientos corporativos, sino los que afectan al conjunto de las trabajadoras y trabajadores.

Las personas en situación de desempleo, así como las trabajadoras y trabajadores multisectoriales, afiliadas a nuestro Sindicato, no han encontrado hasta ahora cauces de participación adecuada, en cuanto a la canalización de sus reivindicaciones y el planteamiento de sus puntos de vista. En la mayor parte de las ocasiones, la acción sindical dirigida a estas afiliadas y afiliados se limita a ser una oficina de información sobre ofertas de trabajo para futuros docentes -lista de interinidades, oposiciones, bolsas de sustituciones, cursos de formación…- lo que no cubre los objetivos que, como Sindicato debemos plantearnos con respecto al colectivo de personas paradas o con empleo precario y que deben ser, junto con el anterior, el de su organización como colectivo y su participación activa en la lucha contra el paro y contra la precariedad del mercado laboral, además de en las actividades regulares de nuestra Federación.

Esto nos debe llevar a la constitución de Secretarías de Empleo en todos los niveles de nuestra estructura organizativa, que promueva la participación de las afiliadas y afiliados en paro y en situación de precariedad laboral, que persiga los objetivos señalados.

La Federación de Enseñanza de CC.OO. elaborará en el Consejo federal un reglamento de medidas disciplinarias tanto para las afiliadas y afiliados como para los órganos.

(Argumentación: la pluralidad de opiniones en nuestro Sindicato debe ser asumida y entendida democráticamente y, por tanto, no debe excluirse de ningún órgano a las personas que expresen opiniones diferentes. Entendemos que la Comisión Ejecutiva debe estar formada por las personas elegidas en el Congreso y que todas ellas, hayan sido elegidas por una o más listas, deben tener responsabilidades de áreas o secretarías y en ningún caso se puede tratar discriminadamente a quienes no asumen las posiciones mayoritarias creando otro órgano en el que esas personas no participen.)

Suprimir desde "pudiendo" hasta el final del párrafo.

(La misma razón que la anterior.)

Suprimir la referencia al Secretariado.

(La misma razón de la enmienda 2).

Sustituir "los secretarios y secretarias generales" por:

Representantes

No podrá ser reelegida o reelegido por más de dos mandatos consecutivos, ampliable a un tercero excepcionalmente.

(Se trata de restituir algo que actualmente está en nuestros Estatutos federales, así como en la propuesta de Estatutos confederales)

Aqui puedes descargar integramente, las Enmiendas prensentadas por el Sector Crítico de CC.OO. a las Ponencias Oficiales para el debate del VIII Congreso de la Federación de Enseñanza de CC.OO.
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