Sustituir desde "Los flujos financieros … hasta … escala internacional", por el siguiente texto:

"La actividad y la especulación financiera han alcanzado proporciones insólitas, colocando al entramado financiero internacional en una situación de extrema inestabilidad.

Es un hecho que en las fases regresivas de larga duración como la actual, el capital, a falta de una compensación suficiente en la esfera productiva, se dirige hacia los mercados del capital y de divisas, dando lugar a una hiperactividad y a una esfera financiera cada vez más separada, ajena y perturbadora de la economía real (la que tiene que ver con la producción, la distribución, el consumo, los intercambios internacionales de bienes y servicios, etc.) y convirtiendo a la especulación en los mercados financieros y de cambios en una de las actividades más rentables.

La libertad casi absoluta de los movimientos de capital, el desarrollo tecnológico de la información y las comunicaciones, los enormes desequilibrios de la balanza de pagos que se registran entre países, el elevado endeudamiento de todos los agentes económicos, la inexistencia de un sistema monetario internacional, han promovido una densa nube financiera, cuya inestabilidad constituye un rasgo esencial de la actual situación económica mundial.

Si en algún momento puede hablarse de globalización sin matices, es en la globalización financiera. Siendo tantos los focos de inestabilidad, tanto los puntos débiles de ese castillo de naipes que constituye el sistema financiero internacional, tan incontrolables y potentes las fuerzas de la especulación, siendo las relaciones internacionales tan complicadas y las perturbaciones tan fácilmente transmisibles. Todo ello es lo que da a la actual situación del capitalismo en su globalidad, una precariedad inquietante que resulta paradójica con la firmeza con que se han asentado las concepciones neoliberales.

La denominada globalización es un proyecto político y un arma ideológica de gran eficacia. Es un proyecto político, pues se trata de construir una organización económica internacional en la que la libre circulación de mercancías y de capitales no encuentre el más mínimo obstáculo, en la que los gobiernos se vean incapacitados para realizar cualquier política social contradictoria con los intereses del capital o que dificulte el libre funcionamiento de las leyes del mercado. Es, también, un arma ideológica para imponer las condiciones de vida y laborales que el capital necesita para ser rentable.

La globalización justifica las políticas recesivas, las agresiones al estado del bienestar, la flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación económica, etc., todo ello en función de conseguir una competitividad sin la cual no es posible sobrevivir. Este aspecto ideológico de la globalización es el que tiene más repercusiones en la situación actual en la medida en que está sirviendo para imponer de forma generalizada las políticas económicas y sociales neoliberales".

Pag. 7, columna 2, línea 51. Añadir un nuevo punto

La mundialización financiera agrava la inseguridad económica de los pueblos y la destrucción de la naturaleza; acentúa la mercantilización de nuestras formas de vida y la erosión de la diversidad cultural; y aumenta de forma extrema las desigualdades sociales. Al erigir el interés económico en bien supremo y tratar de imponer la búsqueda del beneficio como norma absoluta, los poderes económicos mundiales desprecian las aspiraciones de los pueblos e invalidan sus instituciones públicas, sustituyéndolas por una lógica puramente especulativa que sólo expresa los intereses particulares de las empresas transnacionales y de sus ejecutivos. En nuestra condición de trabajadores y trabajadoras denunciamos el sistema económico actual como la causa de esos males; rechazamos que, en nombre del progreso, la ciencia quede al servicio del poder económico, y que, en nombre de la justicia, se favorezca el privilegio de unos pocos, y manifestamos nuestra voluntad de buscar alternativas viables para conseguir un mundo más justo, más solidario y mejor para todos.

Los grupos de interés, los especuladores y los agentes financieros arrebatan el poder a los ciudadanos, intentando reducirlos a la mera condición de consumidores y, de este modo, incapacitarlos para decidir su propio destino. La situación de frustración e impotencia así creada es el mejor caldo de cultivo para el crecimiento de los partidos xenófobos y antidemocráticos. Quieren persuadirnos de que esta brutal transformación que con tanta intransigencia persiguen, es en realidad un proceso "natural". Utilizan descarada e insistentemente los medios de comunicación, que están en su poder, para anular nuestra capacidad de pensar y hacernos creer que se trata de un proceso fatal e inevitable ante el que nada puede hacerse. Apoyados en la censura mediática, pretenden que no hay alternativa, excepto resignarse o convertirse uno mismo en un voraz agente económico. Los trabajadores y trabajadoras nos negamos a aceptar esta perversa dinámica; denunciamos los daños irreparables que produce y la falsedad de los interesados planteamientos que la inspiran.

La libertad total de circulación de capitales, los paraísos fiscales y el crecimiento acelerado del volumen de las transacciones especulativas arrastran a los Estados, a las regiones y a las ciudades a una vergonzosa carrera por ganarse los favores de los grandes inversores. Esta insensata competencia lleva al desmantelamiento deliberado de las bases legales, políticas y sociales de los Estados para facilitar las inversiones. Cifras completamente monstruosas de dinero van y vienen cada día entre los mercados de cambio en busca de un beneficio instantáneo que no guarda relación alguna ni con la inversión productiva ni con el comercio real de bienes y servicios. Ante

este delirio especulativo cada vez resulta más difícil distinguir entre transacciones legales o ilegales, inversión y lavado de dinero, comercio y criminalidad organizada. Las consecuencias más patentes de este proceso son el crecimiento continuado de las rentas del capital en detrimento de las del trabajo, la evasión sistemática de impuestos y, en general, la extensión de la pobreza y la generalización de la precariedad y la exclusión.

Es urgente detener este proceso mediante una resuelta acción sindical unitaria, internacionalista y participativa. La tarea más apremiante consiste en crear instrumentos eficaces de regulación de los mercados a escala internacional.

Hacer una labor crítica y de oposición frontal a la nueva "jaula de hierro" económica que se nos quiere imponer nos lo exige nuestra condición de sindicato de clase. Rechazamos tajantemente la idea de que la economía y el mercado se comportan según sus propias e inexorables leyes y que cualquier acto humano no estrictamente económico supone por definición una interferencia que nos llevaría a la catástrofe. Esta idea no es más que un subterfugio para implantar la libertad total de los agentes financieros y consagrar definitivamente la separación del poder de toda responsabilidad. Esto es lo que se proponen hacer los poderes económicos mundiales por medio de organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y un sinfín de tratados bilaterales y acuerdos multilaterales. Los países miembros de la OCDE no han renunciado a la firma del temporalmente fallido Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que otorgaría todos los derechos a los inversores e impondría todos los deberes a los estados y sus ciudadanos. Se oculta así lo que no sería más que el desmantelamiento definitivo de la democracia y la instauración del totalitarismo económico.

A escala nacional pretenden, para completar esta brutal transformación, crear un mercado de trabajo completamente "flexible", esto es, sin normas y sin derechos, en el que se pueda disponer de los trabajadores y trabajadoras a voluntad y sin limites de ningún tipo, y seguir con las privatizaciones salvajes de los servicios públicos. Sólo una movilización ciudadana de auténtica envergadura impedirá que se desmantelen completamente esos servicios públicos sin los que no podemos pasar, como la sanidad, la seguridad social y la educación. Ahora el proceso se hace poco a poco y en secreto, como demuestra el caso de la sanidad, donde se ha empezado por las fundaciones de derecho privado y la externalización de servicios básicos. Del mismo modo, se induce a los trabajadores a sustituir sus sistemas de jubilación por fondos privados de pensiones que, al hacer que cada uno se defienda por sí solo, los conducirán al aislamiento y a quebrar definitivamente la solidaridad entre las generaciones; además, las ingentes masas de dinero acumuladas por estos fondos van a sumarse a la especulación, con lo que el dinero de los propios asalariados acaba contribuyendo a someterlos un poco más a los imperativos del beneficio inmediato y a degradar las condiciones de trabajo.

Todos los países del mundo sufren en distintos grados las gravísimas consecuencias de este proceso. Los países del Sur están siendo devastados por la deuda y por lo que ésta conlleva para hacer efectiva su sujeción a los poderes económicos mundiales, sobre todo la imposibilidad de establecer mecanismos de autodefensa económica y la evasión de capitales alimentada por sus propias clases dirigentes. La miseria y la precariedad generalizada en los países del Norte son pruebas palpables de que "el sur también existe" entre nosotros.

Las respuestas ante esta situación han empezado a ser significativas por parte de algunos sindicatos y ONG’s en Seattle (EE.UU.), uniéndose organizaciones del Norte y del Sur. Tenemos ejemplos en las Marchas Europeas contra el Paro, la precariedad y la exclusión. También la CES debe impulsar más iniciativas de euromanifestaciones, como la de Oporto, la próxima de diciembre en Niza. Desde nuestro sindicalismo internacionalista y de clase, esta debe ser una tarea prioritaria en los próximos años. Fomentar la mayor unidad sindical con asociaciones y ONG’s para frenar la ofensiva neoliberal, con movilizaciones en sectores como los nuestros, muy ligados a la regulación desde Bruselas y desde la OMC. El daño que están causando a la calidad del empleo y de los servicios públicos estas políticas, requieren una respuesta mayor y más amplia.

Pag. 11, columna 1, línea 60

Eliminar "periodistas".

Pag. 11, columna 2, línea 1

Añadir "algunos" músicos …… "algunos" técnicos en el sector audiovisual.

 ENMIENDA 1

Pag. 14, columna 1, línea 26

Añadir: Acordar protocolos de colaboración con los sindicatos de Marruecos para buscar posiciones conjuntas en los problemas comunes.

Pag. 14, columna 1, línea 50. Añadir un nuevo punto.

La situación sociolaboral de los trabajadores viene sufriendo un deterioro constante y progresivo, fruto de la acción política llevada a cabo por los distintos gobiernos del PSOE y del PP. A ello ha contribuido notablemente la legislación laboral, en la que el Estatuto de los Trabajadores tiene un evidente protagonismo.

La lucha por la reforma y mejora del Estatuto de los Trabajadores no es sólo una cuestión sindical, que por supuesto lo es, sino también política de primer orden. En este sentido entendemos que la acción sindical de CC.OO. debe orientarse, al igual que se ha trabajado en la ILP por las 35 horas, a cambiar la ley en asuntos, a nuestro juicio, de vital importancia, tales como:

• REDUCCION DE MODALIDADES DE CONTRATACION, de forma que sólo se fomente el empleo estable, persiguiendo a la vez y de forma implacable la economía sumergida. Ni que decir tiene que tanto los contratos en precario y/o temporales, así como la economía sumergida, son armas del capital contra los trabajadores que usan y usarán en la medida de sus posibilidades. La reforma puede y debe ser un camino que deberemos utilizar según seamos capaces de ello.
• REFORMA DEL ART. 41 SOBRE MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. Este artículo del Estatuto de los Trabajadores está siendo utilizado de manera sistemática por las patronales y las direcciones de las empresas con el fin de imponer directamente sus pretensiones o forzar negociaciones desiguales. Se trataría, pues, de circunscribir este artículo a situaciones demostrables de inviabilidad objetiva, puesto que en la medida que se pueda usar para "mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda", estaremos en una situación de una evidente e insoluble desventaja.
• REFORMA DEL ART. 56 SOBRE DESPIDO IMPROCEDENTE, cuando se produce una sentencia judicial que dictamina como improcedente el despido de un trabajador, significa que no hay una causa justificada para dicho despido. No obstante, es el empresario el que elige entre la readmisión o la indemnización. Es obvio que el camino elegido por el empresario no es la readmisión, por lo que el trabajador, aun sin causa, se queda con una ridícula indemnización y sin su puesto de trabajo.

Otro tema, este no contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, es el derecho de huelga. El artículo 28.2 de la Constitución establece que "se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".

Tras más de 20 años desde el nacimiento de la Constitución, este artículo aún no se ha desarrollado y las consecuencias para los trabajadores son claramente negativas. No existe ley que defina que servicios son esenciales y, en este vacío, las Administraciones y las direcciones de empresas aprovechan para coartar e impedir el derecho constitucional de huelga.

A través de los famosos servicios mínimos se hurta a un numeroso grupo de trabajadores la capacidad de presión a través de la huelga. El vacío legal lo tratan de llenar con sus imposiciones, en las que son juez y parte las administraciones, y los trabajadores quedan indefensos ante la tesitura de cumplir esos servicios mínimos, con lo que la huelga resulta ineficaz, o incumplirlos, con unas consecuencias imprevisibles y presumiblemente negativas.

Se trataría, por tanto, de llenar este vacío, para lo que tras un debate social se definiese qué servicios son los esenciales para la comunidad, estableciendo los mecanismos para llevar a cabo, en esos casos, los servicios mínimos que se acuerden. De no ser así, y si se continua como en la actualidad, mucho nos tememos que el cercenamiento del derecho de huelga se consolidará y se ampliará a cada vez más sectores de trabajadores, con lo cual el movimiento obrero quedaría privado de una de sus principales armas.

Pag. 15, columna 2, línea 58

Cambiar "la centralidad" por "la presencia reivindicativa" o bien "la capacidad organizativa".

Pag. 16, columna 1, línea 2

Cambiar "Sin desdeñar …… se tiñe de perfiles nuevos", por "El fortalecimiento del sindicato en ningún caso debe desdeñar los órganos de representación unitaria admitiendo que los cambios que se están produciendo en la organización del trabajo y las relaciones contractuales obliga a estos a generar mecanismos de solidaridad dentro de los diferentes sectores".

Pag. 16, columna 1, línea 17

Cambiar "existe un …" por "hay que superar el…"

Pag. 16, columna 1, línea 22

Cambiar "aspectos que no ponen" por "poniendo"

Pag. 16, columna 1, línea 34

Eliminar "negociando la flexibilidad de la actividad empresarial"

Pag. 17, columna 2, línea 21

Cambiar "presa de prácticas tradicionales" por "por falta de dirección sindical"

Pag. 19, columna 1, línea 3

Añadir a continuación del punto y seguido "Y dimitir en caso de no poder asumir las decisiones tomadas por los afiliados y afiliadas"

Pag. 19, columna 1, líneas 6 a 23

Sustituir desde "No nos cansaremos de repetir que el actual marco jurídico … hasta dilema", por "En el actual marco jurídico existe un desequilibrio entre las competencias del Comité de Empresa y la Sección Sindical. Evidentemente este modelo no es ajeno al proceso de transición democrática. Este modelo expresa un determinado tipo de organización del trabajo que está sometido a un importante proceso de cambio y que debe hacer que superando la dicotomía entre Comité de Empresa y Sección Sindical, busquemos nuevas formas que nos permitan fortalecer la Sección Sindical y la solidaridad de sector sin renunciar a la que es fuente de la representatividad del sindicato dentro de las empresas".

Pag. 19, columna 1, línea 28

Sustituir el punto y aparte por una coma y añadir "sin olvidar en ningún caso los Comités de Empresa".

Pag. 19, columna 1, línea 52. Incluir un nuevo punto:

La Constitución del Area Pública ha sido uno de los aspectos destacados del último periodo. La necesidad de proceder a coordinar una política de acción sindical, en materia de negociación colectiva, entre las diferentes Federaciones que desarrollan su actividad en el ámbito de lo público, es un hecho incuestionable que todos debemos observar como algo necesario. Este debería ser el punto de partida de un camino que tendría que conducir a la creación de una Federación del Area Pública que defienda los derechos legítimos y las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos.

Hasta aquí un enunciado de intenciones asumidos por la mayoría de la organización. Sin embargo el desarrollo posterior, los métodos y las formas organizativas adoptadas e incluso, las iniciativas tomadas por el Area Pública durante los últimos tiempos han causado problemas en el seno de las organizaciones que componen el Area Pública, por lo que es preciso rectificar errores cometidos.

La estructura suprafederativa del Area Pública debe limitar sus funciones a la muy importante tarea de coordinar las labores en materia de negociación colectiva, permitiendo que la pluralidad de opiniones de las diversas Federaciones que componemos el Area Pública se canalicen de forma abierta.

Por tanto, y como entendemos este período transitorio, los miembros de la FCyT que participen en la estructura suprafederativa del Area Pública deberán ser elegidos por el Consejo Federal, con criterios de proporcionalidad, y deben debatir sobre negociación colectiva, sin capacidad decisoria, siendo en primer lugar el Consejo del Sector y después el Consejo Federal quien decida sobre la firma o no de acuerdos suprafederales.

Pag. 20, columna 1, línea 38 hasta columna 2, línea 30. Sustituir por el siguiente texto:

"El derecho a la huelga considerado como parte del contenido esencial de la Libertad Sindical por el Tribunal Constitucional, está siendo desde hace unos años fuertemente desvirtuado debido, entre otras causas, a la interpretación generalizada de aquellas materias que deben considerarse como Servicio Esencial para la Comunidad tal y como se estipula en el art. 28.2 de la Constitución Española, y al desarrollo de esa interpretación, mediante la imposición de unos servicios mínimos abusivos que cercenan en la práctica ese derecho básico y elemental.

Igualmente, la interpretación sindical sobre este asunto, ha sobrepasado ampliamente la delimitación que realiza la OIT de aquellas materias que deben considerarse como servicio esencial, lo que ha ayudado ciertamente a que el avance que se preveía en un principio con el reconocimiento de este derecho en la Constitución Española, no haya sido tal.

El obligado balance que debemos realizar en CC.OO. sobre la efectividad de la huelga como herramienta útil del trabajador, nos conduce necesariamente a realizar una valoración negativa sobre la incidencia de la misma y a analizar de forma pormenorizada, las repercusiones que están teniendo sobre el conjunto de trabajadores y, en particular, sobre los colectivos de trabajadores y trabajadoras de nuestra Federación, a los que con la implantación de servicios mínimos se les vuelve en contra un derecho que, en condiciones normales, ayudaría a conseguir mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Conviene, por tanto, situar en sus justos términos el debate sobre derecho de huelga, servicios mínimos y servicios esenciales, porque la huelga será efectiva en función del seguimiento y de su incidencia y no por el simple hecho de estar reflejada en una norma, sea cual sea e independientemente del rango.

Sin duda alguna, desde hace años el sindicalismo de clase con todo lo que lleva implícito, es el más perjudicado con la imposición de servicios mínimos. La imagen que hemos intentado trasladar a la sociedad de "sindicalismo responsable", lanzando propuestas de autorregulación de huelga, de pactos con la ciudadanía en materia de compatibilización de derechos, no solamente no ha cuajado, sino que en algunos casos, ha sido contraproducente tras entrar en el peligroso juego de la diferenciación de trabajadores de servicio público-ciudadanos-usuarios, algo que ya de por sí no es real sino que genera un enfrentamiento difícil de resolver, máxime si no se tiene en cuenta que los trabajadores que realizan tanto la convocatoria como la realización de la huelga, son a su vez ciudadanos y usuarios y, por tanto, nuestros intereses al menos son los de nuestra clase y en la inmensa mayoría de los casos son intereses comunes. Igualmente, y tras esta diferenciación que nos coloca directamente frente al resto de la ciudadanía, pueden darse casos y de hecho se han dado, de tener incomprensión y enfrentamiento con los usuarios cuando hemos convocado huelgas contra el modelo de gestión y, por tanto, por la mejora del transporte público.

Por otro lado, en el interno de las empresas esa incomprensión nos lleva a niveles más extremos. Los trabajadores no pueden entender como sus organizaciones sindicales están de acuerdo en poner limitaciones a la única arma de que disponen los trabajadores para conseguir mejoras en su nivel de vida y, por tanto, en la mejora de sus condiciones de trabajo. Las funciones del sindicato se desligitiman de cara a los trabajadores, que abandonan nuestras filas, mientras que no se borre de su conciencia en cada conflicto el incumplimiento de los servicios mínimos, como única vía de poder influir y ganar sus reivindicaciones.

No puede extrañarnos que la representación del sindicalismo de clase en las empresas de servicio público sea cada vez más baja, cuya consecuencia lógica es un empobrecimiento de la negociación colectiva, cuya excepción, si acaso, la tenemos en la última movilización de Carretera en Madrid, donde para obtener unos resultados aceptables se vieron obligados a optar por saltarse los servicios mínimos.

De todo ello puede deducirse que los servicios mínimos fomentan el corporativismo; la representación sindical en grandes empresa está totalmente fraccionada y los colectivos cuya fuerza está sobredimensionada, como el caso de conductores, está controlada casi en su totalidad por sindicatos de corte gremial o de oficio. Nuestra representación por tanto, se sustenta sobre colectivos de trabajadores cuya presión mediante la huelga no tiene siquiera una repercusión inmediata sino, en el mejor de los casos, a medio o largo plazo, lo que condiciona no solamente la participación y el inicio de la huelga sino su validez. La imposición de servicios mínimos, por tanto, empeora y deja sin ningún tipo de presión a amplios colectivos que ven como su participación en la huelga solo sirve para engrosar las arcas de las empresas, beneficiarios absolutos de esta situación ya que se presta el mismo servicio con un coste operacional menor.

Conviene, por tanto, replantearse nuestra actuación y posición ante estas imposiciones. Cuando se produce una indefensión en los trabajadores la opción sindical debe ser clara en todo momento. No podemos defender la regulación de la huelga mediante la imposición de servicios mínimos con el fin de aminorar las repercusiones que tienen sobre los ciudadanos, máxime cuando en la mayoría de los casos (no en todos) se dispone de un transporte alternativo y, por tanto, estaríamos entrando de lleno en la disyuntiva de eliminar un derecho básico no para garantizar el servicio esencial que puede derivarse de los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sino, el "derecho" a la comodidad y libre elección del transporte por el usuario ya que la movilidad la tienen garantizada con el transporte alternativo.

La experiencia adquirida en nuestra Federación, dada la composición de la misma, nos indica que incluso esta situación se agrava y se torna esperpéntica en las empresas públicas dependientes bien del Estado, bien de las diferentes Comunidades Autónomas, ya que como decíamos anteriormente, es contra las consecuencias de su modelo de transporte y de gestión contra lo que luchamos y, finalmente son ellos, es decir el empresario (cargo público impuesto por el partido del gobierno) el que mediante Decretos de Servicios Mínimos ilegales, nos dicen como debemos realizar la huelga.

Variar esta situación y garantizar un mínimo equilibrio para afrontar en mejores condiciones la negociación colectiva, es una cuestión que se torna en imprescindible en estos momentos. Somos conscientes de la amplitud del debate suscitado y de los criterios que se han derivado de los mismos sobre este tema. Proponemos que desde nuestra Federación se retomen los criterios fijados por la OIT sobre la consideración de servicio esencial, y sobre la base de ellos se diseñe una estrategia dirigida a luchar contra los servicios mínimos impuestos por la administración que debe pasar, en cualquier caso, dada las dificultades existentes con los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por la no aceptación de ningún tipo de servicios mínimos donde exista un transporte alternativo".

Pag. 21, columna 2, línea 45 hasta Pag. 22, columna 2, línea 37

Sustituir todo el punto 2.2.8. por este texto:

La ofensiva contra todo lo público que caracteriza a las políticas neoliberales, que en algunos casos se hace por razones ideológicas, tiene en estos momentos una mayor repercusión en España por la debilidad en que se encuentra su sector público en relación con otros países europeos. Está afectando a sectores estratégicos como el transporte (Renfe), las telecomunicaciones (Telefónica), la navegación aérea (Iberia), la energía (Endesa, Repsol), la banca (Argentaria), así como a gran parte de las políticas públicas y servicios sociales.

1. La defensa de la empresa pública como factor de regulación del mercado y los derechos de los trabajadores

El gobierno del PP, siguiendo el camino abierto por el PSOE, ha realizado un salto cualitativo en relación con las privatizaciones, hasta la práctica desaparición del sector público empresarial. La política neoliberal ha tenido aquí su máxima expresión, transfiriendo al mercado todos los instrumentos de regulación económica, sobre todo en sectores estratégicos que para cualquier país son decisivos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico e industrial. La intervención del Estado y la inversión pública es decisiva para el estímulo de la economía en los ciclos de recesión y para introducir factores de regulación y orientación en los ciclos de expansión y crecimiento, introduciendo a la vez factores de interés general frente a los estrictamente privados, corporativos o monopolistas.

Las privatizaciones y venta del sector público empresarial se están utilizando para financiar parte del déficit público y desfiscalizar las rentas del capital. Es una política que comportará, al final de su proceso, que se mantengan todas las causas estructurales del déficit, cuyo origen no procede del gasto social sino de los ingresos y fundamentalmente de la evasión fiscal.

Un sector público estratégico y eficiente ha de jugar un papel decisivo en la investigación y desarrollo tecnológico, en el equilibrio territorial y en las políticas de medio ambiente. La rentabilidad y eficacia deben ser compatibles con la rentabilidad social; esto es posible en función del papel que tienen que jugar cada una de las empresas desde una visión integral y globalizada de todo el sector. La rentabilidad social es la que da sentido a la función de las empresas públicas. Esto no excluye buscar la máxima eficacia y optimización de los recursos productivos y financieros. Por eso el recuento de resultados debe ponerse en relación con los objetivos de intervención económica, cohesión social, creación de empleo, reindustrialización, equilibrio territorial, etc. Estos objetivos tienen que ser asumidos por los propios trabajadores que deben participar como protagonistas activos.

Las empresas públicas, principalmente las de servicios de comunicación y transporte, juegan un papel redistributivo de uso y acceso principalmente de las clases más necesitadas y trabajadores en general. Por otra parte, las privatizaciones de las empresas industriales y de servicios son utilizadas por procesos de segmentación, subcontratación y precarización del empleo.

Desde otros puntos de vista negativos, estos procesos privatizadores han sido foco de especulación y corrupción (Galerías Preciados) o de enriquecimiento personal de determinadas elites en detrimento de los trabajadores (Telefónica), o de garantía del margen de beneficio empresarial desde el estado, como es el caso de las eléctricas con una inversión de 1.3 billones de pesetas. Queda claro el trato y las repercusiones diferentes de las políticas neoliberales respecto al empresariado y los trabajadores.

Es necesario decir que frente a esta política generalizada de privatizaciones del PP y de sus socios de gobierno, el movimiento sindical no ha dado la respuesta necesaria, ya que el enfoque y planteamiento de empresa a empresa no ha permitido articular una oposición más firme y activa frente a la estrategia del gobierno. Nuestra Federación debió estimular la conferalidad de una lucha contra esta política del PP.

Finalmente, las empresas públicas tienen que ser lideres en las conquistas de nuevos derechos para los trabajadores. La mejor organización y mayor afiliación sindical hacen posible la lucha sindical por un empleo estable, el reparto del trabajo, la reducción de jornada, la participación y la democratización de la empresa, la salud y seguridad, etc. Por tanto, el sector público tiene que contribuir a la lucha general planteada por todo el movimiento sindical, que habiendo comenzado correctamente con la concentración estatal de delegados y delegadas contra las privatizaciones de julio de 1996, erróneamente, no se le dio continuidad. Es imprescindible continuar estas luchas para evitar las privatizaciones anunciadas por el gobierno del PP: Correos, Renfe, Transporte Urbano, etc.

2. La defensa de los servicios públicos como elemento de cohesión social y de redistribución

• Fomentan la financiación privada en detrimento de la inversión pública mediante los presupuestos públicos, lo que implica en muchos casos el cobro de tasas y tarifas.
• Dificultan el control público y la participación social.
• Fomentan el clientelismo de la administración ante determinadas empresas o entidades.
• Cuestionan el carácter redistributivo del Estado y puede hacer desaparecer los principios de igualdad en el acceso, universalidad y eficacia social.
• Precarizan las condiciones de trabajo de las personas que llevan a término los servicios. Hay importantes diferencias laborales entre las personas que trabajan en un mismo servicio.

1. Propuesta sobre los servicios públicos

• Hace falta un sector público fuerte por las diferentes administraciones presidido por el carácter democrático y que permita el desarrollo económico y social.
• Es necesaria una política que permita el retorno y control público de carácter básico y estratégico que progresivamente han sido adquiridos por el sector privado y que según el sector han pasado a formar parte de corporaciones transnacionales.
• Existe la capacidad de diseñar y llevar a cabo la gestión pública de los servicios públicos, a pesar de la afirmación de los gestores privados de que la única gestión válida del público es la privada.
• Es importante realizar la planificación y regulación de los servicios de interés general con instrumentos de regulación de la actividad y de evaluación de los resultados.
• La participación de los agentes sociales y de los ciudadanos en las decisiones sobre la elaboración, programación y control del desarrollo de los servicios públicos es la garantía del carácter democrático y una de las mejores fórmulas de mantener los niveles de calidad con eficacia y rentabilidad social.

Pag. 22, columna 1, líneas 5 a 12. Sustituir por el siguiente texto:

"Desde CC.OO. entendemos a la empresa pública como elemento vertebrador de la solidaridad social y territorial. Si esta afirmación es cierta en todos los sectores, es precisamente en el terreno del transporte, las comunicaciones y la información donde se manifiesta toda la importancia de la apuesta estratégica de nuestro sindicato por lo público.

La movilidad ciudadana, el derecho a recibir información objetiva y el derecho a la comunicación sólo pueden fomentarse desde una política social cuyos principales protagonistas han de ser, sin duda, las empresas públicas por cuanto sus objetivos no son el beneficio económico a corto plazo, ni el dirigismo social de los grupos privados de la comunicación.

Pag. 43, columna 1, línea 32

Añadir:

• cine
• productoras audiovisuales

Pag. 43, columna 2, línea 49

Añadir: "Las políticas del PP y del PSOE coinciden en externalizar la producción de la TV pública hacia productoras privadas"

Pag. 44, columna 1, línea 45

Añadir:

- Televisión pública: ir hacia un acuerdo marco en el ámbito de la FORTA que homogeinice las condiciones laborales de estas empresas (categorías, salarios, …), dado que producen de manera coordinada en las distintas empresas, para su posterior emisión en todas ellas.

El modelo organizativo de CC.OO. debe ser concebido como la organización democrática de la clase trabajadora, es decir, los trabajadores y trabajadoras que se organizan voluntariamente para la defensa de sus intereses de clase, y que lo hacen en primer lugar en el ámbito más cercano: el centro de trabajo o la empresa.

El objetivo y la razón de existir de todas las estructuras organizadas y organizativas de la Federación de Comunicación y Transporte deben ser la defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Para ello debemos tener en cuenta nuestras peculiaridades y dotarnos de un sistema organizativo propio, basándonos siempre en la más amplia participación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y en especial de nuestros afiliados y afiliadas.

Así, la Federación de Comunicación y Transporte, desde la defensa no corporativa de los intereses de los trabajadores de su ámbito de competencia, debe contribuir al objetivo de la Confederación en su conjunto.

Sin embargo, parece que esto se está invirtiendo en los últimos tiempos. Es decir, existe una organización que se llama CC.OO. a la que se acerca quien quiera pertenecer a ella, y por otro lado hay un alejamiento de la afiliación en cuento a su participación en asambleas, órganos de dirección, acciones movilizadoras y en la vida cotidiana del Sindicato. Alejamiento que ha ocurrido al tiempo que, desde los propios órganos de dirección, se ha rebajado la tensión, reduciendo las convocatorias y evitando que afiliados y afiliadas tuvieran una verdadera implicación mediante el ejercicio de su capacidad de decisión en su ámbito. Si a eso le añadimos que los tiempos que corren no son los más idóneos para que los trabajadores y trabajadoras se organicen y movilicen, nos encontramos con el resultado de una gran penuria participativa que, a su vez, se transforma en debilitamiento organizativo.

Esta situación nos obliga a plantearnos modificaciones que vayan encaminadas a facilitar la organización de los trabajadores y trabajadoras, a posibilitar la elaboración democrática de las decisiones y a favorecer la participación activa de todas y todos, al margen de las distintas posiciones que se defiendan.

La Federación de Comunicación y Transporte debe ser un Sindicato en el que las ideas y la propia organización se construyan entre todas las personas que volunta-

riamente la constituyen. Por tanto, el modelo organizativo tiene que fomentar la participación de su afiliación y, para ello, crear y favorecer las condiciones para que esa participación sea posible, real y efectiva.

Por otra parte, debemos fomentar que todas y todos los afiliados se conviertan en activistas sindicales. No podemos seguir entendiendo que quienes realizan la acción sindical sean exclusivamente las permanentes, los liberados o los y las delegadas sindicales, sino que debemos entender que estas estructuras están para apoyar al conjunto de la afiliación en su propia acción sindical y no para suplirla. En este sentido, es necesario reforzar el papel de las secciones sindicales, órganos básicos de participación, de manera que estas tengan un mayor papel en el sentido apuntado, pues son los órganos que tienen una relación más directa con los y las trabajadoras.

Así mismo, es necesario que todas las personas que participen en los diferentes órganos, en cualquier ámbito, encuentren en su participación las condiciones para que se sientan la misma como efectiva y necesaria y eso sirva para motivar su asistencia activa y comprometida, estudiando documentos, aportando ideas, debatiendo temas, …, en definitiva, sintiéndose copartícipes de la toma de decisiones.

Pag. 49, columna 1, líneas 1 y 2 y líneas 14 a 21

Eliminación en las líneas 1 y 2 (Titulo del punto), "poner en marcha el Comité Federal" y eliminar desde "… con el fin de asegurar … hasta … Sectores Federales".

Pag. 53, columna 1, línea 30

Punto 4.6. Añadir

Las Federaciones territoriales se encuentran muchas veces en situación de déficits de recursos horarios, aún debiendo atender importantes tareas federales. Teniendo en cuenta que éstas son las que articulan la acción sindical en muchos sectores y de su trabajo dependen importantes tareas de naturaleza territorial y de rama. La Federación Estatal garantizará en la distribución sindical de los recursos que el trabajo sindical queda cubierto en estos ámbitos y, para ello, deberá posibilitar la participación de las estructuras territoriales en las decisiones sobre los criterios de reparto.

Pag. 53, columna 2, línea 5

Punto 4.6. Añadir

En el plazo de tres meses, la Comisión Ejecutiva aprobará un sistema rigurosamente objetivo y objetivable para que el reparto de los recursos humanos y horarios

que los sectores estatales aportan a la Federación estén distribuidos bajo criterios estrictamente sindicales y relacionados con los ámbitos de actividad, número de delegados, convenios colectivos, planes de afiliación y, en definitiva, programas de trabajo que sean sometidos a evaluación anual y de cuyo seguimiento puedan derivarse las modificaciones de los recursos administrados.

Pag. 54, columna 2, líneas 20 a 36. Suprimir

En esta enmienda se pide suprimir todo el punto 5.4 Fondo de solidaridad, en base al esfuerzo añadido que deben realizar las organizaciones receptoras de cuota y que será repartido por el Consejo con criterios de mayoría. De crearse un fondo así, sus criterios deben aprobarse en el Congreso

Art. 10, punto e), eliminar "hacia"

Pag. 63, columna 1, línea 46

Art. 11, punto c), añadir después de "…antigüedad en la afiliación …", ... "el/la de mayor edad", quedando el párrafo "… más antigüedad en la afiliación, de ser la misma el/la de mayor edad y de ser la misma se decidirá por sorteo"

Pag. 64, columna 2, línea 13

Incluir un nuevo articulo

Partiendo de la configuración como clase social de los trabajadores y trabajadoras y con el objetivo de dar cumplimiento a sus principios y objetivos, la Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO., federa a dos tipos de organizaciones: Federaciones de Nacionalidad o Región y Sectores Federales. Ambos tienen niveles organizativos diferentes, asumen responsabilidades distintas y deben desarrollar funciones complementarias de común acuerdo cuando las circunstancias lo requieran.

Los sectores federales están relacionados con los lugares de trabajo. Atienden a trabajadores y trabajadoras del sector en el que estén encuadrados como ámbito en el que se deben organizar para desarrollar la negociación colectiva y defender los intereses y derechos en las relaciones laborales.

Las Federaciones de Nacionalidad o Región, están relacionadas con los trabajadores y trabajadoras que mantienen una relación laboral en un territorio. Atienden la acción socioeconómica como conjunto de los problemas de los trabajadores y trabajadoras fuera de la empresa, de las personas desempleadas, así como la acción sindical de aquellos sectores que no tengan ámbito estatal.

Sin perjuicio de ello y atendiendo a la realidad nacional configurada históricamente en España, la Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO. reconoce niveles específicos de integración, a través de las Federaciones de Nacionalidad o Región federadas a la misma, en la que se integran los sindicatos provinciales, intercomarcales, comarcales, insulares, etc. de rama.

Pag. 64, columna 2, líneas 51 a 59 y pag. 65, columna 1, línea 1

Art. 16, sustitución

Cambiar "Federación de Comunicación y Transporte de Madrid Región" por "Sindicato Regional de Comunicación y Transporte", lo mismo pasaría con las Federaciones de Ceuta y Melilla.

Pag. 65, columna 1, línea 3

Art. 16, inclusión

Añadir a partir de la Federación de Comunicación y Transporte de Melilla, los sectores federales

Sector Aéreo Sector Agencias de Viaje

Sector Alquiler de Vehículos Sector de Ambulancias

Sector de Autopistas Sector de Carretera

Sector de Cultura, Espectáculo, Ocio y Cultura Sector Ferroviario

Sector de Industrias Fotográficas Sector del Mar

Sector de Medios de Comunicación Sector de Pasta, Papel y Cartón

Sector Postal Sector Urbano

Etc.

Pag. 67, columna 2, línea 37

Incluir un nuevo art.

Son organizaciones que agrupan y organizan a los trabajadores y trabajadoras profesionalmente pertenecientes a empresas u organismos del mismo sector de actividad relacionadas con las modalidades específicas del transporte y las comunicaciones.

Tienen funcionamiento interno autónomo, estando integradas y estructuradas en la Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO., constituidos por decisión del Consejo de la Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO., con objeto de

aplicar la política sindical de Comisiones Obreras para la rama en los ámbitos sectoriales constituidos por las empresas del sector.

Tienen funcionamiento en el ámbito estatal, órganos de dirección y cargos de representación estatales. Definirán su política de acción sindical, reivindicativa sectorial y de negociación colectiva en su ámbito de actuación, de acuerdo con la política sindical de la Federación de Comunicación y Transporte de CC.OO. y aplicarán en su ámbito las alternativas y proyectos de ésta.

Son órganos de dirección y representación de las organizaciones sectoriales federales:

1. El Congreso, en el que deberán estar representadas las secciones sindicales de empresa y/o, en su caso, las agrupaciones sectoriales de las distintas provincias.
2. La Asamblea o Consejo Estatal, que será convocado por la Comisión Ejecutiva Estatal, de forma ordinaria al menos 2 veces al año, para debatir y decidir las líneas de aplicación de la política de acción sindical, reivindicativa y de negociación colectiva aprobadas por el Congreso, y elaborar las alternativas o proyectos ante los temas específicos que correspondan a su ámbito de actuación.
3. La Comisión Ejecutiva, elegida por el Congreso de la organización sectorial, a propuesta de la Comisión Electoral, mediante sufragio libre, directo y secreto.
4. El Secretario o Secretaria General, como cargo de representación, será elegido por el Congreso por sufragio libre, directo y secreto.

Pag. 69, columna 2, líneas 1 a 5

Art. 29. Eliminar los órganos de coordinación de la Federación de Comunicación y Transporte

Pag. 69, columna 2, líneas 17 a 24

Art. 30, punto a), sustitución

Sustituir todo el punto a) por:

1. Composición: El Congreso Federal, una vez fijado el número de delegados y delegadas, estará compuesto por el o la Secretario/a General, la Ejecutiva Federal y, a partes iguales, por representantes de, por un lado, las Federaciones de Nacionalidad o Región y los Sectores Federales por otro, en proporción a las cotizaciones acumuladas en los cuatro años naturales anteriores a la convocatoria del Congreso. Los delegados y delegadas al Congreso Federal serán elegidos según la normativa que regule la convocatoria y funcionamiento del mismo.

Pag. 70, columna 1, línea 13

Art. 30, punto 9 del apartado c), sustitución

Sustituir todo el punto 9 por:

9.- Decidir por acuerdo de 4/5 del Congreso su fusión con otra organización sindical.

Pag. 70, columna 1, línea 34

Art. 31, añadido

Añadir a partir de ... del mismo Consejo Federal, representando paritariamente la estructura territorial y sectorial. Los delegados ...

Pag. 70, columna 1, líneas 50 a 53

Art. 32, apartado a), punto 4. Sustitución

Sustituir el punto 4 por la siguiente redacción:

4.- El resto estará compuesto en número igual de representantes de las Federaciones de Nacionalidad o Región, por una parte, y de los Sectores Federales de otra parte y en proporción a las cotizaciones previstas en el art. 30 a). Dicha composición podrá actualizarse bianualmente por el Reglamento del Consejo Federal con los mismos criterios anteriores. Los Secretarios y Secretarias Generales de las Federaciones de Nacionalidad o Región y los Sectores Federales son miembros del Consejo Federal y forman parte de la cuota de delegados y delegadas que les corresponda. El resto de los miembros serán elegidos en su respectivo Consejo necesariamente y con arreglo a las previsiones establecidas en el art. 11 de los presentes estatutos.

Pag. 70, columna 1, líneas 58 a 60

Art. 32, apartado a), punto 6. Supresión

Suprimir todo el punto.

Pag. 70, columna 2, líneas 9 a 16

Art. 32, apartado b), punto 1. Sustitución

Sustituir el punto 1 por la siguiente redacción:

1.- El Consejo Federal será convocado por la Comisión Ejecutiva Federal 4 veces al año, al menos, con carácter ordinario y, con carácter extraordinario, cada vez que lo solicite un tercio de los miembros del Consejo Federal. En este último caso, deberá realizarse en un plazo no superior a 15 días, incluyendo en el orden del día el motivo de la convocatoria.

Pag. 71, columna 1, línea 21

Art. 33, apartado b), punto 1. Añadido

Añadir al final:

... En este último caso, deberá realizarse en un plazo no superior a 15 días, incluyendo en el orden del día el motivo de la convocatoria.

Pag. 71, columna 2, líneas 11 y 12

Art. 33, apartado c), punto 9. Sustitución

Sustituir "... afiliados y afiliadas de otra rama o ámbito territorial distinto ..." por "afiliados de otro sector o ámbito territorial distinto ..."

Pag. 71, columna 2, línea 19

Art. 33, apartado c), punto 10. Añadir

Añadir a partir de ... territoriales "y sectoriales"

Pag. 71, columna 2, líneas 27 a 40

Art. 34.

Eliminar todo el artículo.

Pag. 72, columna 1, línea 16

Art. 35. Punto f) Eliminar.

Eliminar en este punto "El Comité Federal".

Pag. 72, columna 1, línea 60 y columna 2, líneas 1 a 13

Art. 36, Eliminación

Eliminar el último párrafo desde "Será igualmente ... hasta ... sectorial federal"

Pag. 73, columna 1, línea 26

Art. 38, punto 1. Añadido

Añadir después de ... los órganos "organizaciones y estructuras"

Pag. 73, columna 2, línea 30

Art. 39, 2º párrafo, Sustitución

Cambiar "estructuras" por "organizaciones"

Pag. 74, columna 1, línea 3

Art. 40, 2º párrafo. Añadido

Añadir Al final del párrafo "promoviendo su suscripción entre la afiliación y entre los trabajadores y trabajadoras de nuestra rama en general".

Pag. 74, columna 1, línea 10

Art. 40, Añadido

Añadir un 4º párrafo que diga:

Pag. 74, columna 2, líneas 6 a 14

Art. 43, punto de "gestión presupuestaria", 2º párrafo. Eliminación.

Esta enmienda pide la eliminación del párrafo que empieza por "En el marco de los Estatutos ... y termina en ... actividades conjuntas".

Pag. 79, columna 1, línea 19

Cambiar "estructuras" por "organizaciones"

Pag. 79, columna 1, línea 35

Art. 1 Cambiar "estructuras" por "organizaciones"

Pag. 79, columna 2, línea 16

Art. 3 Añadir a partir de "…funcionamiento…" "aprobadas en sus congresos o conferencias".

Pag. 79, columna 2, línea 53

Art. 6, punto 6.4.

Añadir después de "…estructuras…", "de dirección y coordinación"

Pag. 79, columna 2, líneas 57 a 60

Art. 6, punto 6.5. Sustituir por:

"El responsable sectorial estatal como cargo de representación, que será elegido por el Consejo Federal a propuesta de las agrupaciones sectoriales y que será miembro del Consejo Federal."

Pag. 80, columna 1, líneas 8 a 10

Art. 6, punto 6.5. Sustituir desde "sus componentes … hasta … Ejecutiva Federal" por "sus componentes serán elegidos por las agrupaciones sectoriales y ratificados por el Consejo Federal"

Pag. 80, columna 1, líneas 10 a 22

Art. 6, punto 6.5. Sustituir todo el apartado por:

"Asambleas estatales de las diferentes agrupaciones que estarán compuestas por el Responsable Sectorial Estatal, la Comisión de Trabajo o Coordinadora y por representantes de las secciones sindicales de las empresas u organismos constituidos, de acuerdo a una distribución proporcional sobre la base de la cotización efectuada a la Federación. Se convocarán, al menos, dos veces al año, una de ellas coincidiendo con los procesos de negociación colectiva de los distintos ámbitos contractuales estatales".

Pag. 80, columna 1, línea 53

Art. 7, punto 7.6.

Eliminar "Comité Federal"

Pag. 80, columna 1, línea 59 y columna 2, líneas 1 a 7

Art. 7, punto 7.6. Sustituir por:

"La asamblea estatal con, al menos, 2 reuniones al año de forma ordinaria, para coordinar la acción sindical en el conjunto del sector y en el que deben estar representados además del Secretario de General y la Comisión Ejecutiva, todas las agrupaciones provinciales y territoriales, las secciones sindicales constituidas en el ámbito estatal y afiliadas y afiliados de forma proporcional a las cotizaciones efectuadas a la Federación Estatal desde cada una de las agrupaciones provinciales y/o territoriales"

Pag. 80, columna 2, líneas 23 y 26

Añadir al final de "en primer lugar y, al Sector Federal en segundo lugar".

Añadir después de "agrupación territorial" … "o cualquier otra cuestión"

Pag. 80, columna 2, línea 53

Art. 8, punto 8.5.

Eliminar "Comité Federal"

Pag. 80, columna 2, línea 58

Art. 8, punto 8.5.

Cambiar "dos reuniones por año" por "tres reuniones al año de forma ordinaria y aquellas extraordinarias que sean necesarias o que sean pedidas por 1/3 de sus componentes en la forma establecida en los Estatutos Federales y Confederales para este tipo de reuniones"

Pag. 81, columna 1, línea 4

Art. 8, punto 8.5.

Añadir después de "similar" … "ampliado"

Pag. 81, columna 1, línea 37

Art. 9

Añadir el resto de los sectores que constituyen la FCyT, independientemente del rango organizativo que adquieran.

Pag. 81, columna 2, línea 58

Sustituir: "El subsector de radiotelevisión, compuesto por la afiliación de las empresas dedicadas a la edición y transmisión de programas de televisión y de los afiliados y afiliadas que trabajan en emisoras de radio".

Pag. 82, columna 1, línea 4

Eliminar desde "El subsector de radio privada … hasta … a la radio difusión".

Pag. 82, columna 1, líneas 47, 48 y 50

Art. 12

• Eliminar Mensajería por estar incluido en el futuro Sector Postal
• Eliminar Taxi, que incorporamos al Sector Urbano
• Sector Urbano, que estará compuesto por las empresas de transporte de viajeros, de titularidad pública o privada, cuya actividad sea el transporte urbano de superficie ya sea en grandes urbes o entre ellas, el subsector del taxi, así como las empresas, publicas o privadas, dedicadas al transporte urbano subterráneo.