CONTINUIDAD DE LA MOVILIZACIÓN

Y FIRMEZA ANTE LAS NEGOCIACIONES

La situación económica internacional está empezando a complicarse. La subida del crudo, las tendencias inflacionistas, la bajada de los valores bursátiles, los planes de ajuste económico y la retracción del consumo apuntan a que podemos estar ante un enfriamiento de la economía. En el caso de economía española se cumplen los pronósticos anteriores: menor previsión de crecimiento del PIB, descontrol de la inflación y freno del consumo, indican que la situación se empieza a descontrolar. El dogmatismo gubernamental de alcanzar el déficit cero, puede acabar agravando las cosas. No obstante, el largo periodo de crecimiento económico que se viene produciendo en España, obliga a que se realice una redistribución de la renta y de la riqueza a favor de los trabajadores. Es inadmisible que no se haya producido una mejora de los niveles de protección social. Además, la política neoliberal del gobierno del PP se ha traducido en una serie de agresiones sociales sobre los trabajadores y los sectores sociales populares:

• A través de los PGE se ha reducido el poder adquisitivo de los empleados públicos en dos puntos por la diferencia entre la inflación real y el incremento aplicado; también se han incluido medidas en la ley de Acompañamiento que suponen transferir cuotas de la Seguridad Social a las Mutuas de Accidentes de Trabajo o que pueden permitir avanzar en la privatización de los servicios públicos de empleo; el dogmático objetivo del déficit cero ha llevado a la congelación de partidas de gasto social, como la protección a los parados, con lo que se sigue deteriorando la situación de este colectivo y se transfieren cuotas de los trabajadores a otros fines;

• El Salario Mínimo Interprofesional ha vuelto a ser recortado al no revisarse por la desviación de la inflación y al fijarse una escasa subida del 2% que le condena a nuevas pérdidas de poder adquisitivo;

• La nueva ley de Extranjería endurece la situación de los inmigrantes, aumenta la represión, recorta derechos fundamentales a éstos y deja sin resolver sus problemas;

• Se ha rechazado la Iniciativa Legislativa Popular para la regulación de las contratas y las subcontratas en la construcción - por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento - presentada por CC.OO como medio para defender la salud y la seguridad de los trabajadores del sector.

• Los salarios de un 60% de los trabajadores han sufrido un fuerte recorte del poder adquisitivo, como consecuencia de la desviación de la inflación y la ausencia de cláusulas de revisión de los empleados públicos y de numerosos convenios del sector privado.

Las medidas anteriores se han producido con la ausencia de la negociación y diálogo por parte del Gobierno con los sindicatos y fuerzas sociales, limitándose a informar de las medidas que iban a adoptar.

Ante este panorama, el Sector Crítico de CC.OO. defiende unas negociaciones y un acuerdo con el gobierno y la patronal que den respuesta a los principales problemas que tienen los trabajadores: el empleo y su calidad, el reparto de la renta y de la riqueza, la mejora de la protección social y la salud de los trabajadores, y la lucha por la igualdad en todos los planos (de género, étnica, etc.). Hay demasiados problemas por resolver para defender exclusivamente el pacto por el pacto, sin contenidos suficientes o, lo que sería peor, con elementos negativos. Los ejes de lo que consideramos un acuerdo necesario son:

1. La reducción de la temporalidad y de la inseguridad en el empleo: recuperando el principio de causalidad, combatiendo el fraude en la contratación, impidiendo la rotación y el encadenamiento de contratos, así como la discriminación de mujeres y jóvenes.

2. El no abaratamiento del despido: negativa a prorrogar y a extender el contrato con 33 días de indemnización, cuando la experiencia indica que no sirvió para reducir la temporalidad. En esta materia debe garantizarse al trabajador (y no a la empresa como sucede ahora) el derecho a elegir la readmisión o la indemnización en caso de despido improcedente.

3. La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, sin reducción de salarios, junto con otras medidas de reparto del trabajo.

4. El freno a la siniestralidad laboral, retomando la necesidad de legislar la regulación de la subcontratación, el aumento de derechos sindicales de los trabajadores (crédito horario propio para prevención), mayor dureza hacia los incumplimientos patronales de la normativa, etc.

5. Mejora de la protección al desempleo (en las cuantías y en el colectivo afectado) y de las pensiones, equiparando las mínimas al SMI y salvaguardando el sistema público de Seguridad Social de los recortes y de las agresiones neoliberales.

6. Satisfacción a las reivindicaciones de los empleados públicos que fueron a la huelga el 14-D (subida salarial que recupere poder adquisitivo y cláusula de revisión, oferta pública de empleo que garantice la calidad de los servicios públicos y negociación de las condiciones de trabajo). Mientras se alcanza una solución que permita conseguir los objetivos anteriores y el propio derecho a la negociación colectiva, debe de continuar la movilización con todo el apoyo confederal, ya que no es una lucha del Área Pública sino del conjunto de las CC.OO. y donde está en juego la credibilidad del sindicato sino se diera solución a las demandas de los empleados públicos que han invertido sus salarios en la movilización de diciembre.

La posición del gobierno y de la patronal, respecto a la reforma laboral, va por otro lado. La CEOE ha llegado a manifestar una posición maximalista en relación al abaratamiento del despido, queriéndolo convertir en la auténtica clave de bóveda del acuerdo. El gobierno, también quiere avanzar en la misma dirección y viene planteando públicamente desde hace meses que hay que generalizar el contrato de 1.997 que tiene 33 días de indemnización por año trabajado. La jugada parece clara: la patronal radicaliza su posición, el gobierno amenaza con legislar para que los sindicatos aceptemos medidas desreguladoras y flexibilizadoras del despido. No se puede caer en la trampa de pretender cambiar un despido más barato por una supuesta reducción de la temporalidad que luego no se produce, como demuestra la experiencia de los últimos cuatro años. Un despido más barato podría tener gravísimas consecuencias en el empleo si la situación económica se deteriora en un futuro próximo, como parecen indicar bastantes pronósticos.

Pero el Gobierno no lo tiene fácil tampoco, ya que no está en condiciones de imponer nada ante la falta de aliento político provocada por la suma de dificultades que está atravesando en los últimos tiempos: crisis de las "vacas locas", el submarino "Tireless", los soldados enfermos por el uranio empobrecido, inmigración, entre otras. La necesidad que tiene el Gobierno de un "balón de oxígeno" nos da más margen de maniobra a los sindicatos a la hora de defender los intereses de los trabajadores y trabajadores, sin aceptar retrocesos de derechos sociales.

Otro de los frentes fundamentales de la acción sindical es la negociación colectiva. Los objetivos son el empleo y su calidad, la reducción de jornada, la mejora de las condiciones de trabajo y la conquista de mayores niveles de intervención sindical en la empresa. Especial mención merecen los salarios que llevan perdiendo poder adquisitivo los dos últimos años mientras la economía crece al 4% y los beneficios empresariales superan el 20%. De ahí que se deban reclamar incrementos salariales en torno al 5% con cláusula de revisión. El éxito del proceso de negociación dependerá de una estrategia sindical a la ofensiva, con participación y movilización de los trabajadores.

Ante la complejidad de la situación volvemos a insistir en la necesidad de proponer las siguientes actuaciones en el conjunto del sindicato:

• Exigencia de información clara sobre las negociaciones en curso y firmeza en la posición de los sindicatos

• Llamada a la participación de los militantes, afiliados y trabajadores y trabajadoras en todo el proceso

• Necesidad de movilización, que vaya más allá de la información en los centros de trabajo, y desarrolle manifestaciones y paros, entre los empleados públicos y con carácter general antes de que el gobierno imponga cualquier tipo de reforma laboral regresiva

• Compromiso de un método democrático en la toma de decisiones, sobre todas aquellas cuestiones de interés general para los trabajadores que puedan surgir en el proceso de negociación.

• Importancia de la apuesta por la unidad sindical, tanto externa con UGT y otros sindicatos y fuerzas sociales y políticas, como interna para acabar con la exclusión y la falta de reconocimiento de la pluralidad que sigue existiendo actualmente en el sindicato.

enero 2001