Los empleados públicos, y con especial virulencia los de la Administración Central y los de ayuntamientos pequeños donde la negociación colectiva es casi inexistente, venimos siendo rehenes de la política económica del Gobierno: nos utiliza como ejemplo para disciplinar la negociación colectiva en nuestro país, y somos los primeros en sufrir los recortes presupuestarios. Esta situación, provocada tanto por el Gobierno socialista como ahora por el Gobierno del PP, nos ha supuesto una pérdida constante de poder adquisitivo y derechos laborales. En los últimos tres años hemos perdido casi dos puntos de poder adquisitivo, y nuestros salarios han crecido cuatro puntos menos que los del sector privado. El empleo público estable sigue disminuyendo de año en año (los PGE generales del estado establecen que la tasa de reposición de efectivos no podrá superar el 25% de las bajas vegetativas), mientras que la eventualidad se introduce de manera alarmante en las administraciones públicas y cada vez son más los servicios que se contratan con empresas ajenas, provocando un deterioro considerable en la calidad del servicio y una pérdida de la imparcialidad y objetividad que garantizan los empleados públicos.

Parecía que este año el panorama podía cambiar por una serie de circunstancias que favorecían nuestras expectativas:

• El Gobierno hace un balance triunfalista de la situación económica del país: el PIB ha crecido en los últimos tres años por encima del 3,5%, el déficit público se ha reducido en más de un punto y la deuda en más de dos puntos, la tasa de desempleo ha descendido a niveles insospechados, etc. Desde luego no compartimos el optimismo del Gobierno (la protección social sigue bajo mínimos, el paro desciende pero basándose en contratos precarios ya que los contratos indefinidos apenas han ganado peso, la sanidad y la enseñanza pública están permanente cuestionadas), pero son los datos que aportan a la opinión pública.
• La plataforma unitaria presentada por CC.OO. y UGT no era precisamente para tirar cohetes pero al menos suponía un avance respecto a negociaciones anteriores: consolidación del empleo eventual en las administraciones, eliminación de la tasa de reposición de efectivos, y una subida salarial que contempla la previsión de inflación (2%), más un 1% plenamente justificado por el aumento de la productividad en las administraciones y como recuperación del poder adquisitivo perdido, más la desviación del IPC que el Gobierno ya admite que se va a producir a final de año (0,6%).
• El Gobierno del PP, por la proximidad de las elecciones generales, estaba especialmente interesado en conseguir el mayor número de acuerdos en el ámbito económico y político, para escenificar su supuesta capacidad de negociación con los agentes sociales. En este escenario contábamos con mayor capacidad de presión que en ocasiones anteriores, permitiéndonos poner un alto precio por la foto que a toda costa querían conseguir los representantes del Gobierno.

El 17 de septiembre, en nota pública, el área pública de CC.OO. se ratificaba en la propuesta unitaria que relatábamos anteriormente y anunciaba las dificultades que estaban encontrando en el Gobierno para poder alcanzar un acuerdo. El 23 de septiembre a las 17 horas, la FSAP convoca una Ejecutiva extraordinaria ampliada a secretarios generales y de acción sindical de los territorios en la que se nos da a conocer la última oferta del Gobierno:

• El 2% como incremento retributivo en los Presupuestos más un fondo adicional, exclusivamente para la Administración Central, de 10.000 millones (aproximadamente un 0.6% de la masa salarial de la administración central). A esto añaden unos 3.500 millones que cuestan los acuerdos sectoriales suscritos con la Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias e Insalud, pero estos fondos ya estaban incluidos en los Presupuestos porque corresponden a pactos firmados y que sólo van dirigidos a estos colectivos.
• Mantienen el 25% como tasa de reposición de efectivos excepto para las Corporaciones Locales con menos de 50.000 habitantes y para la Policía Local, así como para las Entidades Públicas empresariales de nueva creación.

Esta propuesta fue calificada de inaceptable y el mismo día 23 la FSAP emite una nota de prensa que no dejaba lugar a dudas:

"CC.OO. quiere poner de manifiesto que con la actitud mostrada por el Ejecutivo, tanto en el aspecto retributivo, como en su obcecada ignorancia hacia las propuestas para la creación de empleo de calidad en las administraciones públicas, manteniendo el 25 por ciento en la tasa de reposición de vacantes, está poniendo en dificultades la estabilidad laboral en el sector y amenazando el normal funcionamiento de los servicios públicos.

CC.OO. contestará con toda las fuerzas a su alcance a esta nueva agresión del Gobierno a los trabajadores del sector público y a los ciudadanos que reclaman unos servicios públicos de calidad y bien dotados en recursos humanos y técnicos."

El día 24 a las 12 horas (la Mesa General de la Función Pública se reunía a las 13 horas de ese mismo día), se vuelve a convocar de manera urgente la Ejecutiva de la FSAP y se nos comunica que la noche anterior han llegado a un acuerdo con los representantes de la Administración, que a primera hora de la mañana ha sido ratificado en el área pública por unanimidad. ¿Qué podía haber producido este cambio de opinión tan radical en pocas horas?. La respuesta es sencilla y a la vez absolutamente incomprensible: habían incrementado el fondo adicional en 3.000 millones (un 0.18 por ciento de la masa salarial de la Administración Central). Los representantes del sector crítico votamos en contra de dicho acuerdo, manifestando nuestro rechazo al método utilizado que ha marginado a los órganos de dirección y a los propios afiliados y secciones sindicales, a la vez que resaltábamos la oportunidad que se ha perdido para recuperar la credibilidad sindical avanzando en las condiciones de trabajo de los empleados públicos presentando una batalla seria al Gobierno.

El contenido del acuerdo y nuestra valoración es la siguiente:

MATERIA RETRIBUTIVA.

Los Presupuestos del Estado para el año 2000 contemplan una subida de las retribuciones de los empleados públicos igual al incremento del IPC (2%). Además se constituye un fondo, sólo para la Administración Central, de 10.000 millones destinado a "reordenación de retribuciones en ámbitos y sectores específicos, a una redistribución equilibrada de efectivos, a incentivar la mejora de la productividad mediante instrumentos de evaluación del desempeño y a la aplicación del Convenio Unico". Este fondo será ampliable en 3.000 millones "en función de los resultados obtenidos en la consecución de los objetivos anteriormente mencionados y de los Acuerdos que a estos efectos se puedan alcanzar".

En primer lugar hay que destacar que la subida para los empleados de todas las administraciones se limita al 2%. La administración autonómica y las corporaciones locales tendrán que pelear en su ámbito posibles incrementos a través de fondos específicos, condenando a aquellos colectivos con escasa capacidad de negociación a la aplicación únicamente del 2%. Especialmente preocupante es la situación en la que se deja a los ayuntamientos donde la presencia sindical es casi inexistente, que desgraciadamente son muchos más de los que podemos pensar, donde van a perder 2 puntos de poder adquisitivo en solo tres años con la firma de CC.OO.

Para la Administración Central, la supuesta beneficiada del acuerdo, la subida es claramente insuficiente ya que la inmensa mayoría de los trabajadores de este sector van a perder al menos un punto de poder adquisitivo en sólo tres años. En relación con el fondo adicional, hay que destacar que no se especifica el reparto por lo que puede ser una fuente de conflictos si no se dedica a los colectivos más desfavorecidos. Si en un año con las características que hemos descrito no hemos sido capaces de recuperar ni tan siquiera lo perdido, el futuro no puede sino deparar nuevos retrocesos en las condiciones de trabajo.

Por último hay que destacar que ni se ha planteado la posibilidad de introducir una cláusula de revisión salarial automática e individual.

EMPLEO PUBLICO.

La política de empleo en las administraciones es la parte más dura de del acuerdo al no haberse modificado la postura inicial del Gobierno:

"Con el fin de avanzar en las políticas de estabilidad en el empleo público, en el Proyecto de Ley de PGE para el año 2000 se suprimirá la limitación del 25% de la tasa de reposición de efectivos de las plazas de nuevo ingreso para el personal de las Corporaciones Locales de menos de 50.000 habitantes y para la Policía Local, así como para las Entidades Públicas Empresariales de nueva creación o en las que se produzca una alteración sustancial de las competencias asignadas, además de las excepciones ya contempladas en la Ley de PGE para 1999".

La política diseñada por el sector oficial del área pública ya había aceptado en ocasiones anteriores que no se cubrieran la totalidad de las bajas producidas, lo que suponía una pérdida real de empleo, pero es la primera vez que CC.OO. asume que la tasa de reposición se fije en un 25%. A pesar de que la propia Confederación ha destacado entre sus objetivos la defensa del empleo, el sector oficial del área pública firma un documento con el Gobierno del PP en el que se acepta la pérdida de puestos de trabajo que son imprescindibles para mantener el nivel de servicios al ciudadano. La mejor prueba de que es necesario incrementar el empleo público son: las contrataciones irregulares que se realizan por parte de los gestores, al no existir oferta pública de empleo, y la privatización de la prestación de numerosos servicios con el argumento de que no cuentan con los medios necesarios. Con esta firma en nombre de CC.OO. se concede carta de naturaleza a la pérdida de empleo público mientras el Gobierno de la derecha privatiza servicios.

La firma de este descabellado acuerdo, no es más que una nueva muestra del deterioro a que está siendo sometida la línea política de CC.OO. por un sector oficial preocupado exclusivamente por aparecer ante la opinión pública como el sindicato moderado que llega a acuerdos, aunque estos supongan retrocesos inadmisibles para los trabajadores. En esta ocasión la situación es aún más complicada al anunciar públicamente UGT que por acuerdo unánime de su comité federal no van a suscribir este acuerdo, y que va a realizar un llamamiento a los empleados públicos, incluidos los delegados de CC.OO., para que muestren su rechazo con movilizaciones. La imagen pública es sumamente triste para los ciudadanos de izquierdas de este país: CC.OO. firmando un mal acuerdo con el Gobierno de la derecha, apoyado por el sindicato CSI-CSIF que siempre ha representado la línea más conservadora y corporativa dentro de la función pública.

Desde estas líneas hacemos un llamamiento a todas las secciones sindicales y organizaciones de CC.OO., para que analicen detenidamente el acuerdo suscrito y hagan llegar su valoración a los órganos de dirección de CC.OO. No podemos permitir que se siga deteriorando la imagen de CC.OO. de forma tan humillante

Septiembre de 1999.