PRESENTE Y FUTURO DEL SINDICALISMO

Agustin Moreno

Movilización y Unidad para detener a la derecha

La izquierda de nuestro país está sufriendo desde hace años una crisis que ha permitido el avance de la derecha política y un endurecimiento progresivo de las condiciones de vida de la clase trabajadora. El Gobierno del PSOE, tomando medidas antisociales (recorte de prestaciones sociales, contrarreforma laboral, privatización del sector público, aceptación de la Europa neoliberal de Maastricht) e implicandose en casos de corrupción y en el terrorismo de Estado, ha tenido una gran responsabilidad en el deterioro ideológico de la izquierda. Las organizaciones sindicales también han puesto su granito de arena al realizar una política desmovilizadora, apostando por alcanzar acuerdos aunque supongan recortes para los trabajadores. La aceptación de términos como competitividad, flexibilidad, eficiencia o rentabilidad económica en el lenguaje de la izquierda frente a los de protección social, solidaridad o rentabilidad social, nos ha introducido en una espiral que si no se consigue frenar nos llevará a la locura de intentar competir con países cuyo estado de bienestar es inexistente, en los que trabajan niños de pocos años o en los que las jornadas laborales son extenuantes y los salarios miserables. Urge un rearme político e ideológico del conjunto de la izquierda, tanto de la social como de la política.

Durante los últimos años, el avance de las políticas neoliberales está marcando la realidad económica y social española. La política económica restrictiva mantenida por el Gobierno del PSOE con el objetivo de cumplir las condiciones de convergencia, unida a las características de la última recuperación coyuntural, menos intensa que las anteriores, ha impedido una reducción significativa del paro, que todavía se sitúa en el 23% de la población activa. El grado de flexibilización del mercado de trabajo, considerablemente aumentado por la contrarreforma laboral de 1994, ha hecho que la precariedad supere el 37%, lo que supone que más de la mitad de los asalariados estén parados o en precario. Los salarios han perdido poder adquisitivo y participación en la renta y ésto, junto al elevado volumen de paro y la enorme precariedad del empleo, ha hecho que la debilidad del consumo sea aún más acusada que en el resto de Europa. La inversión no termina de despegar, el déficit de la balanza comercial continua siendo considerablemente elevado. El resultado ha sido que, como en el conjunto de la Unión Europea, la actividad económica se ha venido desacelerando y el paro ha vuelto a aumentar de nuevo.

A pesar de todo ello, la economía española no cumple ninguna de las condiciones de convergencia. La deuda pública supera los 45 billones de pesetas lo que supone el 63% del PIB, frente al 60% exigido como tope; el déficit público supone en 1996 el 4,4% del PIB, frente al 3% fijado en Maastricht; la inflación se mantiene a un ritmo del 3,6%, más de un punto por encima de la condición de convergencia, y los tipos de interés a largo plazo, situados en torno al 9%, también son sensiblemente mas elevados que los europeos a pesar de que en los últimos meses los tipos de interés a corto plazo se han reducido.

El gobierno del Partido Popular está dispuesto a que la economía española cumpla las condiciones de convergencia y pueda incorporarse al grupo de cabeza que pondrá en pie la Unión Económica y Monetaria y, para ello, cuenta con el apoyo de la practica totalidad del arco parlamentario (sólo se opone IU), de los poderes económicos, e incluso cuentan con la pasividad y el respaldo implícito de las direcciones de CC.OO. y UGT. En consecuencia, ha desencadenado la mayor ofensiva contra los trabajadores desde el final de la dictadura.

El elemento central de esa ofensiva lo constituye el presupuesto de 1997, que es realmente el mas duro y restrictivo desde la Transición. En 1996, el deficit de las Administraciones Públicas se elevará a unos 3,3 billones de pesetas (un 4,4% del PIB) y, en 1997, se pretende reducirlo en torno a un billón de pesetas para situarlo en 2,3 billones (el 3% del PIB). Se espera lograrlo con un aumento del gasto del 2,1%, sensiblemente menor que el 6,1% de los ingresos, sobre la base de unas previsiones de un crecimiento del PIB monetario del 6% y del PIB real del 3%. Por otro lado, la elaboración del presupuesto ha estado condicionada por un factor de índole bien distinta al imperativo neoliberal europeo pero no menos compulsivo: la necesidad de contar con el apoyo parlamentario de CiU, que ha exigido una reforma del modelo de financiación autonómica, de coste desconocido pero que compartimenta y hace mas insolidario el sistema fiscal.

La primera objeción fundamental al presupuesto de 1997 es que no aborda la imperiosa necesidad de combatir el paro. Después de una recuperación breve y efímera en 1994 y 1995, la economía está resentida, y la dureza del presupuesto acentuará su delicada situación. El pronóstico de un crecimiento del 3% del PIB en 1997, frente a un 2,3% bastante discutible en 1996, no se tiene en pie con las tendencias que muestra la economía actualmente ni con las repercusiones que tendrá un presupuesto tan restrictivo.

La segunda objeción fundamental al presupuesto de 1997 es que imponiendo una política restrictiva, los ajustes se acometen con criterios antisociales. La primera prueba es el duro trato a los empleados públicos, que con la congelación del próximo año habrán visto disminuir el poder adquisitivo de sus remuneraciones en un 11% en los últimos cinco años. Pero igualmente la caída de los gastos de ministerios como Educación y Cultura (2,5%), Medio Ambiente (25,3%) y el ficticio aumento de los de Sanidad implican, mas allá de los reclamos a la austeridad y al rigor del sector público, una degradación de los servicios sociales básicos, que en muchos casos irá acompañada de la privatización de la gestión, con lo que ello significa de beneficios para sectores empresariales y de potenciación de los servicios privados en detrimento de los públicos. En todo este terreno, como se corresponde con las preferencias reveladas por el PP, hay una regresión social cualitativamente importante, que va mas allá de lo que traslucen los datos del presupuesto.

Las cifras de los gastos referidas a la Seguridad Social prueban asimismo una degradación del sistema público de protección y un endurecimiento en las condiciones para acceder a las prestaciones. El total de gastos crecerá sólo en un 3,4%. El gasto en pensiones, que representa el 60% del gasto de la Seguridad Social, crecerá un 5,4%, que engloba una revisión del 2,6% (cuando la inflación en 1996 será del 3,4%) y de un aumento del 1,8% de los pensionistas. Los gastos del resto de las prestaciones de la Seguridad Social se verán prácticamente congelados en términos nominales, cuando no registrarán una disminución, como ocurre con los del INEM para atender el desempleo. La fantasiosa evolución prevista del empleo ha dado pie, no para mejorar la suerte de los parados cuya tasa de cobertura ha descendido agudamente en los últimos tiempos, sino a prever una reducción de cerca de 500.000 millones en los gastos de este organismo.

Finalmente, el presupuesto esta marcado por los cambios fiscales adoptados en junio, en el doble sentido de que representan una disminución significativa de los ingresos públicos que ha endurecido los recortes de gastos y que han supuesto una mayor regresividad del sistema fiscal, que se verá reforzada, por otro lado, con el presupuesto. En efecto, junto con la reducción ya vigente sobre el tipo impositivo de las plusvalias, la regularización de balances (beneficios exonerados), la subida hasta un millón de las aportaciones desgravadas a los fondos de inversión, la fuerte reducción del impuesto de sociedades y en sentido contrario la subida del alcohol y tabaco, se contempla ahora un incremento de los ingresos públicos que descansa sobre todo en los impuestos indirectos y en las tasas (los impuesto directos crecerán en un 5,6% frente a los aumentos estimados del 8,3% de los impuestos indirectos y del 14,0% de las tasas).

Como pieza de cierre se encuentra un ambicioso programa de privatizaciones de empresas públicas desde el prejuicio ideológico y con claro ánimo recaudatorio. Ante este ataque al sector público y desde un planteamiento progresista hay que organizar la defensa de lo público en todos los terrenos. Es un imperativo social y democrático defender la sanidad y la enseñanza públicas frente a los ataques al Estado de bienestar; defender los servicios públicos frente a las privatizaciones y la gestión de los mismos con criterios exclusivos de rentabilidad privada; defender de las empresas públicas frente a las privatizaciones anunciadas por el PP y exigir el reforzamiento del sector público empresarial. No podemos permitir que las empresas públicas que han sido creadas y desarrolladas con los impuestos de todos los ciudadanos pasen a la iniciativa privada, en primer lugar las que tienen beneficios, ya que los beneficios permiten incrementar los ingresos de los PGE y por esta vía revertir en la sociedad a través de una mejor redistribución de la renta y de la riqueza, mayor bienestar social y calidad de vida.

Más allá de la política de reducción del déficit público, el Gobierno de la derecha está aprovechando la ocasión para atacar en profundidad al raquítico Estado del Bienestar existente en el Estado español. El ataque ha empezado por el sistema de pensiones. El pasado 9 de octubre, los secretarios generales de CC.OO. y UGT firmaban con el Presidente del Gobierno un acuerdo que desarrolla el Pacto de Toledo. El acuerdo contiene una de las más graves agresiones a las prestaciones sociales de todo el período democrático.

El núcleo del acuerdo lo constituye el recorte de las pensiones futuras que se efectuará a través de dos vías. Por un lado, mediante la ampliación del período de cálculo de la Base Reguladora de la pensión desde los 8 años actuales a 15, que afectará a la mayoría de los trabajadores, pues cuando más nos adentremos en el pasado más reducida será la media resultante. Por otro, mediante la reducción de los porcentajes que se aplican a la base reguladora según los años de cotización para todos los que hayan cotizado menos de 25 años. El efecto combinado de ambas vías será una reducción de la pensión que puede estimarse entre el 8%, para el que haya cotizado 35 años, y el 23%, para el que lo haya hecho 15 solamente.

Los defensores del acuerdo han desplegado toda una batería de argumentos a cual de ellos más injustificable. Así se ha defendido que no afecta más que a un pequeño número de trabajadores, que es necesario admitir recortes porque el sistema de protección social está en crisis y corremos el riesgo de que se produzca una reforma a la chilena (privatización total del sistema con transformación del sistema de reparto y solidaridad en uno de capitalización), que así se garantiza la viabilidad futura del sistema público de pensiones, que se han conseguido algunas contrapartidas significativas, etc. En definitiva, argumentos basados en el «mal menor» que, además, son falsos.

Por un lado, son falsos los argumentos con los que se pretende justificar la aceptación de recortes. El sistema público de pensiones no está en crisis, pues los ingresos por cotizaciones sociales son muy superiores a las pensiones contributivas, de modo que existe un superávit que se utiliza en financiar las pensiones no contributivas, la sanidad, etc. No está previsto que aparezca un déficit hasta bien entrado el siglo XXI y ello se produciría sólo si la evolución del empleo y la situación del paro son tan malas como actualmente, si se rebajan las cotizaciones sociales, etc. Además, en caso de déficit, el debate hay que establecerlo sobre cómo se cubre, ya que, en última instancia, el que haya dinero para pensiones es una decisión eminentemente política, como lo es destinar los recursos del Estado en gasto militar o exenciones fiscales a las empresas. Pactar un recorte para un parche a 4 años, abocará la situación a otra negociación a la baja a fecha fija si no se modifica cualitativamente el planteamiento de la izquierda social y política.

Por otro lado, no es cierto que se hayan conseguido contrapartidas significativas que compensen los recortes en las pensiones futuras. La revalorización automática de las pensiones no constituye una contrapartida suficiente, pues, por un lado, ya estaba contemplada en la reforma de 1985 para las pensiones que se generaran a partir de entonces, y, por otro, no pasa de ser un compromiso electoral de difícil incumplimiento para cualquier gobierno que aspire a seguir manteniéndose en el poder y, además, no es para tirar cohetes que las pensiones se revaloricen con el IPC estrictamente cuando las tres cuartas partes de las mismas se encuentran por debajo de un salario mínimo interprofesional a su vez muy bajo. Las mejoras conseguidas en las pensiones de orfandad y viudedad son muy insuficientes sobre todo si se compara con el tamaño de la agresión al conjunto de las pensiones. De la misma forma la reducción de los coeficientes reductores en las jubilaciones voluntarias con 40 años cotizados no puede considerarse una contrapartida pues, por un lado, afectará a un número muy reducido de trabajadores y, por otro, con 40 años cotizados no debería haber ningún coeficiente reductor, como ocurre en otros países de Europa.

Y para colmo, el acuerdo siendo malo legitima al gobierno de la derecha. Ante la contundencia de las cuentas que están empezando a echar los trabajadores, el último argumento de los defensores de este recorte de pensiones es basar su supuesta "bondad" en el enfado de CEOE, enfado que obedece, no a que sea bueno el acuerdo, sino a que lo quiere todo (beneficios fiscales, bajada de cotizaciones, despido más barato, etc.) y hace su presión y su teatro para sacar mayores contrapartidas al Gobierno (algo que, por cierto y según dice la prensa, parecen haber conseguido con el retraso a siete años del destope de las bases de cotización y con una reducción de cuotas en cuanto acabe el acuerdo). Sin embargo, no parecen caer en el pequeño detalle de la legitimación sindical que este acuerdo -malo- va a proporcionar a la derecha cuando aplica el mayor ajuste económico y social del período democrático. La foto de la firma será esgrimida por la derecha cada vez que la izquierda acuse al PP de atacar el Estado de Bienestar.

Con el acuerdo de pensiones se rompe toda una lógica sindical: en vez de reivindicar mejoras y defender derechos subjetivos, se aceptan recortes sociales. Sin asegurar nada para el futuro, se entra en el peligroso camino de firmar los retrocesos ya pactados por los partidos políticos, excepto IU, sin siquiera mejorarlos.

El ataque puede continuar en los terrenos de cobertura del desempleo (tratando de evitar que el previsible aumento del paro se traduzca en un incremento de las prestaciones por este concepto), sanidad pública (deteriorando el sistema de sanidad pública para luego desmantelarlo) y enseñanza pública (reduciendo y privatizando el gasto educativo). Y en un horizonte nada lejano existe la amenaza de una nueva reforma laboral y liberal. Aznar mete prisa a sindicatos y patronal, y Cuevas lo tiene claro: insiste en eliminar el control judicial y administrativo en los despidos colectivos y reclama un abaratamiento del despido. La patronal considera que es insuficiente conseguir despidos más baratos, y con ello mucho más fáciles, sólo mediante pactos o en los convenios colectivos, por lo que reclama del gobierno del PP una reforma legislativa que canalice el 90% de los actuales despidos improcedentes (que cobran 45 días por año de indemnización) a despidos procedentes (que cobran 20 días por año de indemnización).

Todo ello en mitad de un argumento terriblemente cínico: como hay una gran dualidad en el mercado de trabajo entre fijos y precarios hay que aceptar la reforma que ellos preconizan. Es decir, primero imponen una precariedad y una rotación hasta el mareo que hace que en 12 años la temporalidad haya pasado del 10 a 35% y, luego, intentan quitar las diferencias entre fijos y temporales haciendo tabla rasa a la baja de los derechos laborales, facilitando y abaratando el despido. Desregulada primero la contratación, y después el despido, todos seríamos felizmente precarios.

El fondo del asunto es otro. El desempleo sigue siendo nuestro principal problema. Según las últimas cifras del EUROSTAT de noviembre último un 21,4% de las personas que buscan trabajo están paradas, frente al 10,8% de la media comunitaria, con especial incidencia en las mujeres y los jóvenes, sin que ninguna de las múltiples y sucesivas medidas flexibilizadoras adoptadas en los últimos doce años haya servido para disminuirlo sustancialmente. Ello corrobora la tesis de que no es posible modificar el volumen de empleo total mediante el aumento de las modalidades de contratación o facilitando un despido más barato.

Durante los últimos años se ha venido produciendo un proceso continuado de ajuste de plantillas vía contratación temporal y sustitución del personal fijo por precario, con rotación permanente de la mano de obra, como lo demuestra el dato de que menos del 4% de los más de siete millones de contratos efectuados en 1.995 son indefinidos y más de la mitad tienen duración inferior a los seis meses.

La repercusión en las prestaciones de desempleo de este sistema contractual, junto con los recortes legislativos, ha llevado a una disminución en la protección del desempleo de cerca de veinte puntos, ya que menos de la mitad de los parados registrados cobran algún tipo de prestación, con ahorros de medio billón de pesetas en el presupuesto del INEM a costa de aumentar la dualidad y marginación de los más desfavorecidos.

La campaña del gobierno del PP y la patronal amenazando con legislar, abaratando aún más el despido en caso de no llegar a acuerdo con los sindicatos, carece de todo sentido y exige una respuesta firme, como lo demuestra el dato siguiente: de los casi dos millones de trabajadores/as que perdieron su empleo en 1.995, solamente el 4% finalizaron el contrato a través de los Juzgados de lo Social, mientras cerca del 30% alcanzaron un acuerdo con el empresario en relación a su despido. El resto, dos tercios de los dos millones, no recibieron indemnización alguna por despido al tratarse de contratos temporales y ni siquiera tuvieron que informarles de la causa por las que se rescindía su contrato.

En lugar de seguir en la dirección de "más de lo mismo", lo realmente eficaz para la creación de empleo, de calidad y con derechos, sería la puesta en marcha de medidas de otra naturaleza: económicas, formativas, de protección social y de redistribución y reparto del trabajo y la riqueza. Además, urge una reforma normativa en materia de contratación, que sirva para recuperar los principios de estabilidad y causalidad: suprimiendo modalidades de contratación, modificando las de aprendizajes, para que sirva realmente a la formación en el trabajo de los jóvenes con garantías de dignidad e igualdad de oportunidades, así como reforma en profundidad de la Ley que regula las Empresas de Trabajo Temporal.

Ante esta tremenda ofensiva antisocial del gobierno, ante lo que parece una revancha de clase del capital, ante la preparación por estos sectores de una derrota histórica de los trabajadores, falta una respuesta. Y eso es, quizá, lo más inquietante.

Algunos sectores del sindicalismo y de la izquierda política se ven afectados por el posibilismo y por la falta de confianza en la capacidad de transformación de la situación; por ello, se encuentran atrapadas en una contradicción. Si se considera que la Unión Económica y Monetaria es un tren que no se puede perder y que la economía española debe estar en la primera velocidad, no queda más remedio que admitir ,explícita o implícitamente, la política económica que lo puede hacer posible: reducción de la inflación, del déficit público, de la deuda pública, etc, es decir, una política restrictiva que hará aumentar el paro y deteriorará aún más la situación de los trabajadores. Si por el contrario, se trata de luchar contra la política económica neoliberal, por la creación de empleo, por la mejora de las condiciones sociales y laborales, por la defensa del sector público, etc, la única alternativa coherente es denunciar el proyecto neoliberal diseñado en Maastricht y luchar por un modelo de construcción europea, social y democrático, muy diferente al actual.

La contradicción anterior se refleja en aspectos importantes de la estrategia sindical. La «necesidad de no perder el tren de Europa» lo envuelve todo. Así, algunos han defendido la «gobernabilidad» del país, olvidando que se trata del gobierno de la derecha entre cuyos planes están la profundización de la política económica y social neoliberal, esto es, el deterioro de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. Se eleva a la categoría suprema la «búsqueda de nuevos marcos de concertación» y se convierte a la negociación, en sí misma y sin contenidos, en el objetivo más importante de la actividad sindical, olvidando el marco regresivo que imponen el gobierno y la patronal y la debilidad del movimiento obrero y que la negociación por sí sola, si no va acompañada de objetivos reivindicativos claros y de la movilización, no puede rendir frutos para los trabajadores.

En suma, el afán de ganar respetabilidad y peso institucional y la obsesión por no perder el tren de Europa les conduce a ciertos sectores a practicar un sindicalismo débil, poco combativo y nada eficaz para defender los derechos de los trabajadores. La línea de sosiego y pacto social es justamente lo contrario de lo que necesita la situación actual. El gran riesgo para el sindicalismo europeo es convertirse en instituciones del estado, en apéndices del mismo, aflojando en su papel de instrumentos de defensa de los trabajadores. Enfermos de supuesta sensatez, corren el gravísimo riesgo de convertirse en cómplices de dicha política, confundiendo y desarmando ideológicamente a los trabajadores ante las agresiones, algo que facilita el éxito del ajuste.

En el actual período se puede producir un retroceso histórico de los derechos sociales y de las condiciones de vida y laborales si no se da una respuesta adecuada. Ante la gravedad de la amenaza, es preciso buscar las respuestas eficaces a través del debate, la participación y la acción colectiva, sumando fuerzas e inteligencia para cambiar la situación en favor de los trabajadores y trabajadoras, de la mayoría de la sociedad. Este es el objetivo del documento y de la siguientes propuestas que se formulan con un carácter absolutamente abierto para estimular el debate y la acción y huyendo de toda receta. En este sentido, consideramos que sería necesario actuar en varias direcciones.

Impulsar el debate

El Gobierno de la derecha y la proximidad de la Unión Económica y Monetaria han abierto una nueva situación en la que se profundizarán las agresiones que vienen del pasado y se realizarán otras nuevas. Pero el movimiento sindical no se encuentra en buenas condiciones para hacerlas frente. Por un lado, la mayoría de las direcciones de los sindicatos mantienen una estrategia errónea, como se ha dicho; por otro, el retroceso ideológico y la despolitización han avanzado considerablemente entre amplias capas de trabajadores. Para superar esta situación, es preciso extender el debate sobre la situación actual y las perspectivas, las medidas a adoptar y las soluciones a proponer. Es necesario, por tanto, la organización sistemática de charlas y asambleas de debate abiertas a todos los trabajadores y reintroducir el debate político-sindical en las estructuras sindicales, revitalizando las secciones sindicales y las asambleas de afiliados y afiliadas y trabajadores y trabajadoras.

La magnitud de los problemas a los que hay que hacer frente exige la máxima información, debate y posibilidad de decidir del conjunto de los sindicatos y de los trabajadores. Es evidente que la última palabra y la decisión de realizar un acuerdo la tienen las direcciones. Pero la lucha contra el paro, por la defensa de los derechos sociales y por la transformación de la sociedad no pueden ser obra de unos pocos. La participación de los afectados es imprescindible para ganar la fuerza necesaria. Participar es decidir, pero para que la participación sea real, debe ser organizada y fomentada por el sindicato. La relación sindicato-trabajadores debe ser algo vivo y fluido, periódico y permanente, que adopta diferentes fórmulas según los casos. Ello exige desarrollar un modelo sindical basado en la participación de los trabajadores, en el que prevalezca la democracia sindical y en el que no sea posible que se firmen acuerdos estratégicos que afectan a sus intereses por muchos años, como por ejemplo el de pensiones, sin que opinen y decidan con su voto todos los afectados.

Organizar la movilización

Los datos estadísticos muestran que nos encontramos en el período de más baja movilización desde los meses previos a la huelga de las pensiones de 1985 y ello, a pesar de la aprobación de la contrarreforma laboral, del retroceso que han sufrido los salarios en la negociación colectiva y de las agresiones que se han producido durante los dos últimos años. La crisis y la política económica y social neoliberal han producido un verdadero destrozo en el movimiento obrero, que se ve afectado por el peso del paro, la precariedad y el miedo a la pérdida del puesto de trabajo, de modo que la desmovilización tiene una base objetiva. Pero no hay duda de que desde la huelga general del 27 de enero de 1994, al menos, ha faltado voluntad movilizadora, más allá de acciones puntuales. Cambiar esta situación no está siendo fácil, pero es vital que la movilización desempeñe un papel fundamental en el próximo período para hacer frente a las consecuencias de la crisis y de la política neoliberal del gobierno de la derecha. En particular, la movilización es imprescindible ante los efectos del presupuesto de 1997 y para defender lo público y la protección social. En esta línea, hay que tener en el horizonte a corto plazo una movilización sostenida de todo el sector y de las empresas públicas este invierno. Superar las movilizaciones parciales, arropar a los empleados públicos para que no pierdan la batalla -que es la de todos- exige la globalización coordinada de la lucha de todo el sector y empresas públicas, para obligar al Gobierno a envainarse su prepotencia y a negociar, como ha sucedido en Francia donde la derecha es mucho más fuerte y tiene una inmensa mayoría absoluta en el Parlamento.

Es también necesario diseñar una serie de acciones a la ofensiva con el objetivo de la lucha contra el paro y la precariedad y la exigencia de una política económica expansiva orientada a la creación de empleo suficiente y de calidad (para lo que sería necesario que participaran en la campaña los parados y los colectivos de parados, lo que serviría además para que el movimiento sindical se dirigiera a estos colectivos desestructurados de trabajadores); otro elemento fundamental para aglutinar a amplios sectores sociales en todo el estado es la defensa de la sanidad pública, o la del sector público empresarial, especialmente sentida en comunidades autónomas como la asturiana. Por último, es de manual que la huelga tendría que ser general y sostenida si se intenta imponer por el Gobierno del PP otra nueva reforma laboral sobre la de 1.994.

Desarrollar la unidad

Hacer frente a las políticas neoliberales y frenar las agresiones no es tarea sólo del movimiento sindical. Se requiere la más amplia alianza de los sindicatos con la sociedad y con los movimientos sociales y las fuerzas políticas que comparten objetivos progresistas. Esta situación de unidad puede comenzar a cuajar en los próximos meses en torno a objetivos concretos, por ejemplo, la defensa de la enseñanza pública al estar este frente maduro por la lucha estudiantil y por la toma de conciencia de la envergadura de ataque, por parte de las asociaciones de padres de alumnos y de los sindicatos de profesores.

Además, se precisa la más amplia unidad del movimiento sindical. Unidad entre CC.OO. y UGT y los sindicatos de clase para impulsar la movilización necesaria que detenga las agresiones. Pero también es precisa la unidad dentro de las organizaciones sindicales como condición imprescindible para combatir las agresiones, ya que la represión, el cainismo, la exclusión y persecución del crítico o discrepante las debilita, además de convertir en antidemocráticas a las organizaciones de trabajadores, algo que si siempre es grave, lo es más cuando la práctica se convierte en la antítesis de la finalidad liberadora de la persona y transformadora de la sociedad que tiene en su ideario la izquierda. Y la unidad, en cualquier organización, no es posible sin democracia interna y el pleno respeto al pluralismo. Se hace necesario, pues, hacer un llamamiento a la responsabilidad y al sentido común para reforzar la unidad interna en las organizaciones sindicales. Sólo así será posible levantar la movilización social necesaria para detener la política neoliberal del Gobierno del PP.

Apostar por un sindicalismo fuerte y democrático

Para hacer frente a las graves agresiones sociales es necesario poner en pie un modelo sindical más fuerte y democrático, más austero e independiente de verdad; con más militancia y para ello plural y abierto, donde los trabajadores/as se encuentren cómodos. No tiene ningún interés para los trabajadores un modelo basado en grandes aparatos burocráticos usados para el clientelismo interno y muy vulnerables financieramente; donde exista miedo a la democracia, la libertad interna sea menor que en la sociedad, donde se persiga, margine y condene al ostracismo a los críticos y discrepantes.

También hay que buscar respuestas a grandes problemas sindicales y organizativos derivados del desregulado mercado de trabajo existente. El trabajador o trabajadora temporal, el atípico, el cedido o subcontratado, el que trabaja a domicilio, etc. suelen estar cada vez más al margen de las vías de participación en la empresa con el conjunto de sus compañeros, así como de la acción sindical diaria y si lo intentan encuentran grandes dificultades para el ejercicio de los derechos colectivos. Esta realidad conlleva una desigualdad objetiva que nos obliga a buscar fórmulas novedosas e imaginativas para integrarlos plenamente a la acción colectiva. Este es el gran reto estratégico y estructural del movimiento sindical de clase, ante la realidad de seis millones y medio de parados y precarios: o intenta agrupar, representar y defender a todo el conjunto de los trabajadores o se irá enajenando a una parte cada vez mayor de los mismos.

En resumen, el necesario fortalecimiento del movimiento sindical pasa por cinco condiciones:

Desde la defensa rotunda de la autonomía sindical, desde el profundo respeto a la democracia y al pluralismo, desde el compromiso político con los valores de izquierda y de progreso, habrá que buscar las coincidencias entre las diferentes organizaciones progresistas que se plantean proyectos de cambio y de transformación para construir una sociedad en la que prevalezca la razón y la solidaridad.

14 de diciembre de 1996.