1.- La huelga general del 20 de junio y la gran concentración en Madrid del 5 de octubre de 2002 han sido un claro éxito sindical. El alto nivel de participación de los trabajadores y trabajadoras y de otros sectores sociales, demuestra que las condiciones para la movilización se crean y que cuando los objetivos son claros (retirada del "decretazo" y freno de la política antisocial del gobierno del partido Popular) el nivel de seguimiento es elevado. También se ha generado una dinámica social y política de contestación a la gestión de la derecha, que ha influido de manera decisiva en la amplitud de la movilización, en el desgaste del gobierno y en los cambios en la actitud de éste.

Tras la concentración estatal de trabajadores de Madrid de octubre, el gobierno ha modificado algunos aspectos importantes del decretazo: compatibilidad entre indemnización y subsidio al desempleo, posición más flexible en la definición de la oferta adecuada de empleo, modificación de la situación creada con los salarios de tramitación y con el derecho de los fijos discontinuos,... El gobierno del PP ha pasado de negar la huelga general y de querer derrotar a los sindicatos, a rectificar una parte importante del "decretazo". Este cambio de actitud del gobierno se debe a la movilización sostenida de los trabajadores y al desgaste político-electoral que estaba sufriendo y que se reflejaba en diferentes encuestas y sondeos de opinión. La rectificación producida hay que estimarla positivamente en todo su valor y apuntarla a beneficio de inventario de la movilización. La movilización ha dado sus resultados. No obstante, conviene ser prudentes por tres razones:

• porque hay recortes fundamentales, como el producido con el subsidio agrario, que no han sido corregidos
• existe un importante número de damnificados del decretazo que se aproxima a las cien mil personas, que han visto mermados sus derechos (pérdida de salarios de tramitación y de prestaciones al desempleo, etc.) durante los últimos meses
• Hay que ver cómo queda finalmente la norma legal tras la presión sindical –que debe de mantenerse en todo momento sobre el gobierno- y el trámite parlamentario en temas como los salarios de tramitación, fijos discontinuos... A pesar de la importancia de los cambios que el gobierno ha realizado, no está la derogación del decretazo que todos exigíamos.

Todo lo anterior, reafirma la estrategia que venimos defendiendo el Sector Crítico de CC.OO.: negociación con presión, impulsar la lucha ante las agresiones de la derecha, confiar en los trabajadores y trabajadoras. Ello ha producido un cambio en CC.OO. a favor de una estrategia más equilibrada que debería de consolidarse. La lección a extraer es que el sindicato sólo debe firmar aquellos acuerdos que coloquen a los trabajadores en mejores condiciones, sin recurrir a un pragmatismo de bajo vuelo o a la política del "mal menor". Si en marzo de 2001 se hubieran convocado las movilizaciones contundentes que defendíamos contra la reforma impuesta por el gobierno, que abarataba el despido y recortaba derechos laborales, probablemente se hubiera podido frenar la escalada antisocial del Partido Popular. Porque el gobierno también ha tomado nota y, antes que la confrontación abierta con los sindicatos, prefiere la paz social sobre la que ha sustentado su eslogan del "España va bien" y la mayoría absoluta.

2. - El amplio movimiento sindical puesto en pie, la ilusión desplegada entre los trabajadores, el impulso de cambio social y hasta político desencadenado, tienen que preservarse. Debe continuar la movilización de carácter confederal por los derechos de los trabajadores del campo, contra la Ley de Calidad educativa, contra la siniestralidad laboral. Deben impedirse nuevas agresiones como la Ley Concursal que debe ser retirada para evitar la merma de los derechos de los trabajadores en suspensión de pagos, la reforma de la negociación colectiva o la ampliación del período de cálculo de las pensiones que el gobierno prepara para el año próximo. Sería un grave error no aprovechar la situación social creada y el consenso interno, y acabar volviendo a una estrategia centrada básicamente en la concertación y la participación institucional sin movilizaciones.

Es comprensible que al Gobierno del Partido Popular le interese, y mucho, la paz social cuando se acercan dos años fuertemente electorales y atraviesa problemas internos (sucesión de Aznar) y objetivos (empeoramiento del ciclo económico). Pero no se puede malbaratar el impulso social generado, con la firma de un mal acuerdo. Por un lado, en la Administración Pública, todo acuerdo para ser suscrito por CC.OO. debe de basarse en las propuestas de nuestra Iniciativa Legislativa Popular (recuperación del poder adquisitivo, cláusula de revisión, oferta de empleo público amplia...) y ser refrendado por la estructura del sindicato y los afiliados / as. Por otro, el sindicato no debe de renovar la política de moderación de rentas y de paz social del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, que se ha demostrado inútil para el empleo, la mejora salarial y de las condiciones laborales.

Es necesario dotar al movimiento sindical de un programa de medio alcance donde se resuman las principales reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del estado. En línea con nuestra mejor tradición histórica, tal y como se hizo tras anteriores huelgas generales y que posibilitaron dinámicas de movilización-negociación y de avance real en nuevos derechos sociales y laborales (Propuesta Sindical Prioritaria, Iniciativa Sindical de Progreso). CC.OO. debe de proponer en primer lugar a la Unión General de Trabajadores, así como al resto del movimiento sindical de clase, trabajar en la elaboración de un Programa Sindical Unitario sobre los siguientes ejes:

1. RESTITUCIÓN DE DERECHOS recortados con la ley de acompañamiento de los PGE y por el decretazo: derecho a la incapacidad temporal si se está en desempleo, subsidio agrario para los trabajadores del campo, salarios de tramitación plenos, reparación de los perjuicios causado a los trabajadores afectados desde su entrada en vigor, dando el sindicato el apoyo y cobertura a estos trabajadores.
2. EMPLEO DE CALIDAD. Reducción de la precariedad en el empleo, restableciendo la causalidad en la contratación y suprimiendo todas aquellas modalidades y sistemas de contratación que se realizan en fraude le ley y que posibilitan la brutal explotación de los trabajadores.
3. CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO con medidas de reparto de trabajo como la jornada legal de 35 horas semanales sin reducción de salarios, la supresión de las horas extras, la jubilación anticipada; con un aumento de la inversión pública y el desarrollo de políticas industriales activas.
4. DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL, aumentando los derechos de los trabajadores en la defensa de su salud y seguridad y actuando con toda la contundencia contra los empresarios infractores.
5. AUMENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL: cobertura al desempleo, pensiones y protección a las personas mayores.
6. DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS y rechazo de las privatizaciones: enseñanza (retirada de la Ley de Calidad), sanidad, transporte público...
7. POLÍTICA DE VIVIENDA SOCIAL, que reduzca el precio de la vivienda en términos reales, abaratando el suelo y creando un mercado de viviendas en alquiler a través de la intervención pública.
8. MEJORA DE LAS RENTAS SALARIALES: aumento del poder adquisitivo de los salarios, reforma fiscal a favor de las rentas de trabajos.
9. DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, cláusula de revisión salarial y oferta de empleo público suficiente.

3.- Llevar adelante este programa sindical sólo es posible desde la más amplia unidad sindical externa e interna. Unidad y cohesión interna que es fundamental para capitalizar las movilizaciones en afiliación, elecciones sindicales y participación de jóvenes en la vida sindical. Pero los acontecimientos producidos en el interior del sindicato en los últimos meses y las formas autoritarias de afrontarlos (crisis en la Federación Estatal de Administración Pública, gestoras en la Federación del Metal de Madrid, sanciones a militantes en Telefónica,...) son muy preocupantes. Parece que algunos sectores de la organización buscasen irresponsablemente una situación de ventaja de cara al próximo congreso. Rechazamos enérgicamente la represión en CC.OO. y las medidas excluyentes y administrativas. Esta situación debe de terminarse de una vez por todas. Es necesario recomponer la unidad de todo el sindicato desde el reconocimiento de la pluralidad, para afrontar las elecciones sindicales y para llevar adelante una contraofensiva de los trabajadores hacia mayores cuotas de derechos sociales.