La situación objetiva de los trabajadores y trabajadoras ha empeorado y, a este respecto, los datos son contundentes: los salarios han perdido poder adquisitivo, el paro afecta a más del 20% de la población activa, más de un tercio de los asalariados tienen un contrato precario, la jornada laboral aumenta en lugar de disminuir, las condiciones laborales han empeorado, la siniestralidad laboral es altísima, las pensiones de más de dos tercios de los jubilados están por debajo del salario mínimo, las prestaciones sociales retroceden, etc., etc. Conquistas sociales que le costaron a la clase obrera décadas de lucha, hoy se están viendo desaparecer una tras otra.

Comisiones Obreras, el sindicato que más contribuyó a que fueran posibles las conquistas que hoy vemos retroceder, no se encuentra en las mejores condiciones para hacer frente a esta situación. Un sector de nuestros cuadros está desarmado ideológicamente, se desliza por la senda del posibilismo y busca una legitimación ante las patronales y el gobierno en lugar de pensar en las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras. Muchos militantes se encuentran confusos ante la sumisión de una parte de la dirección al PSOE y Nueva Izquierda y la utilización demagógica que está haciendo de la autonomía sindical para atacar a la única fuerza política que ha estado del lado de los sindicatos en los momentos más duros. En paralelo, el sector oficialista encabezado por Antonio Gutiérrez está practicando una política de exclusión de las responsabilidades de dirección y de represión contra todo aquel que no esté dispuesto a plegarse a su proyecto que está debilitando profundamente al conjunto del sindicato.

Superar esta situación pasa por reflexionar sobre la situación actual, los problemas a los que deberemos hacer frente y las tareas que todo ello implica.

La tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, que debe culminar con la puesta en pie de la moneda única, está evolucionando de una forma más favorable a la burguesía europea que lo que cabía prever, aunque subsisten las contradicciones inherentes a un proyecto inmaduro política y económicamente.

• El PIB conjunto de la Unión Europea crecerá el 2,3% en 1997, frente a un 1,8% en 1996, La evolución de la actividad económica está muy lejos de la pretendida expansión de la que hablan las instituciones comunitarias, los gobiernos y los partidarios de Maastricht, pues el crecimiento durante 1997 será similar al que se registró como media en el periodo que va desde 1974 a 1996 y, sobre todo, el crecimiento está muy lejos de alcanzar la intensidad suficiente como para generar el empleo necesario para reducir las altas tasas de paro.

• En general, la inflación se ha reducido en todos los países, situándose en la actualidad en porcentajes similares a los que habían antes de la crisis económica (en torno al 2%). Las reducidas tasas de inflación unidas a la pretendida expansión económica están siendo utilizada como un argumento de peso para tratar de convencer a la población de que la política económica y social neoliberal no puede traer más que beneficios. Sin embargo, esta reducción de la inflación no ha sido gratuita: se ha pagado en términos de paro, de recorte de los gastos sociales y de redistribución de la renta contra los asalariados.

• Las políticas fiscales restrictivas, los recortes en el Estado del Bienestar y la ingeniería contable están consiguiendo que se reduzcan los déficit públicos en la mayoría de los países. Sin embargo, los déficits públicos de Alemania y Francia, podrían reflejar finalmente unas décimas por encima del tope del 3% fijado en Maastricht, lo que supondría un problema político a la hora de determinar que países formarán parte de la primera fase de la UEM. En efecto, el déficit público de Italia no será inferior al 3% del PIB y una flexibilización de los criterios con Alemania o Francia obligaría a hacer lo mismo con Italia.

• Las pasadas elecciones generales en el Reino Unido y Francia muestran un cierto cansancio de la población de estos dos países por lo que se refiere a los sacrificios que exige la política de convergencia, lo que sin duda alguna puede extenderse a la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la contestación social que se expresó en el diciembre francés de 1995 y en algunas movilizaciones posteriores no ha tenido continuidad. La profundización en las políticas recesivas, el crecimiento del paro, el aumento de la desigualdad y los recortes sociales no han tenido una respuesta suficiente por parte de los trabajadores.

• Un aplazamiento de la moneda única tendría repercusiones graves desde el punto de vista de la estabilidad económica y financiera y de la credibilidad del neoliberalismo. En consecuencia, los dirigentes políticos europeos están dispuestos a evitar ese aplazamiento. Dicho de otra forma, uno de los factores positivos con los que cuenta la moneda única es la fuerte voluntad política de construirla.

Sin embargo, como muy bien sabemos, una cosa es la voluntad y otra la realidad y, por el momento, sigue sin haber condiciones objetivas para la moneda única. Esto quiere decir que el camino hacia la moneda única no está expedito.

• Hasta la fecha, la Unión Europea ha tenido tres hitos constitucionales fundamentales que se tradujeron en los correspondientes tratados: el Tratado de Roma en 1958, el Acta Unica en 1985 y el Tratado de Maastricht en 1992. El pasado 2 de octubre se firmó en Amsterdam un nuevo tratado por el que se reforma levemente el de Maastricht. En teoría tiene una gran trascendencia, pues la reforma debe permitir el avance en la construcción europea, su ampliación a los países del este, etc. Pero en la práctica, la firma del Tratado de Amsterdam muestra hasta que punto las diferencias políticas entre los países miembros son considerables. En efecto, no fue firmado por los primeros ministros, al contrario que el de Maastricht, en televisión, las caras de los firmantes reflejaban todo menos satisfacción y, en la prensa, pasó prácticamente desapercibido (el diario económico Expansión le dedicó menos de 10 centímetros cuadrados).

• La pretendida expansión económica no se ha traducido en un crecimiento del empleo y una reducción del paro. El paro se resiste a bajar del 11% de la población activa, lo que supone más de 18 millones de personas, y en algunos países, como Alemania, el problema empieza a ser insostenible (la antigua Alemania del Este tiene una tasa de paro superior al 18%, un "porcentaje mediterráneo"). Y el empleo que se genera es de muy mala calidad: la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo lo son a tiempo parcial.

• La cumbre de Luxemburgo ha mostrado hasta que punto la construcción de la Unión Económica y Monetaria es contradictoria con la reducción del paro. En dicha cumbre, se ha consagrado la filosofía de que lo mejor que se puede hacer para crear empleo es cumplir las condiciones de convergencia, porque todo lo demás vendrá después por añadidura. Por tanto, se ha descartado la adopción de políticas activas e, incluso, en lo que se refiere a las tímidas medidas destinadas a paliar los efectos del paro juvenil o de larga duración, se ha establecido el carácter no obligatorio de las recomendaciones.

• A la moneda única le quedan por pasar todavía los momentos más difíciles y de mayor tensión: la determinación de los países que formarán el núcleo de cabeza antes del 1 de mayo de 1998, la fijación de los tipos de cambio irrevocables antes del 1 de enero de 1999 y la introducción del euro en la práctica antes del 2002. La determinación de cuántos y cuáles serán los países que formarán el euro constituye en si mismo un problema político de difícil solución que, además, tendrá serias repercusiones económicas (creencia extendida de que el euro nacerá como una moneda débil si entran en la primera fase todos los países mediterráneos). La fijación de los tipos de cambio "irrevocables" entre las monedas que compondrán el euro, pero también con respecto a las de los países, como el Reino Unido, Dinamarca o Suecia, que ya han decidido no entrar, es un nuevo escollo en la medida en que se supone que dichos tipos de cambio lo serán para siempre. Finalmente, durante todo este proceso y particularmente hasta que se fijen los tipos de cambio irrevocables, la especulación estará presente, no pudiéndose descartar nada.

• Y sobre todo el proceso planea la inestabilidad derivada de la hipertrofia financiera mundial que, como muestra la evolución en dientes de sierra de Wall Street y las principales bolsas del mundo, o la crisis financiera de los países de la costa del pacífico, lejos de disminuir se ha acrecentado.

En resumen, los gobiernos europeos han conseguido implantar las políticas de convergencia sin que el aumento del paro y los recortes sociales hayan tenido una respuesta adecuada en términos de movilización. Dichas políticas han conseguido reducir los déficits públicos, la inflación y los tipos de interés sin que por el momento se haya visto afectado el ritmo de actividad económica. Pero a la moneda única todavía le queda por recorrer un camino largo e incierto lleno de escollos.

2.La situación de la economía española

En 1996, cuando el PP ganó las elecciones generales, la economía española estaba muy lejos de cumplir las condiciones de convergencia para optar al grupo de cabeza de la moneda única. La deuda pública superaba los 45 billones de pesetas lo que suponía el 63% del PIB, frente al 60% exigido como tope. El déficit público superaba los 4 billones de pesetas, lo que suponía el 6% del PIB, frente al 3% fijado en Maastricht. El 3,4% que habia arrojado el IPC de marzo, momento en que se realizaron las elecciones, sobre el mismo mes del año anterior era superior en 0,7 puntos al que sería necesario para cumplir la condición de convergencia. Y los tipos de interés a largo plazo, estaban situados en torno al 9,5%, por lo que también eran sensiblemente mas elevados que los europeos.

En la actualidad, la economía española cumple todas las condiciones de convergencia, si se hace abstracción del porcentaje de deuda pública, un indicador al que no se le prestará mucha atención. La austeridad fiscal no parece haber afectado al ritmo de actividad económica pues, en 1997 el PIB crecerá un 3,2%, frente al 2,3% en que lo hizo en 1996. Al final de 1997, el IPC se situará en el 2,2%, un porcentaje que no tiene precedentes en los últimos 30 años. El déficit público ha descendido hasta el 3%, aunque su cuantificación es harto discutible, y los tipos de interés se han reducido apreciablemente, contradiciendo anteriores afirmaciones de que su descenso era imposible. En los últimos 12 meses, la Bolsa ha registrado una acusada subida del 65%. Los beneficios empresariales se comportan de modo excelente y con ellos se recupera la tasa de beneficio. Y, en fin, las opiniones sobre el clima económico tienden a mejorar. En resumen, como dice el Presidente del Gobierno España va bien y, si el proceso de construcción de la moneda única llega a buen fín, formará parte del pelotón de cabeza de la Unión Económica y Monetaria.

¿Qué ha ocurrido entretanto para que se haya producido este cambio? El gobierno del PP ha aplicado una dura política económica y social con el pretexto de cumplir las condiciones de convergencia y no perder el tren de Europa que ha terminado rindiendo sus frutos a las clases dominantes. Ha practicado una política fiscal que profundizaba en la desigualdad social, ha recortado los gastos sociales, ha privatizado todo lo que podría ser rentable para el capital privado, ha infringido una fuerte pérdida de poder adquisitivo a los empleados públicos, ha reformado el sistema público de pensiones reduciendo las prestaciones e impulsando la constitución de planes privados, ha desregulado aún más el mercado de trabajo facilitando el despido, etc., etc. En resumen, ha practicado una contundente y eficaz política económica y social favorable a la burguesía y contraria a los trabajadores. Esto es lo que ha hecho posible el avance en el cumplimiento de las condiciones de convergencia.

En la actualidad, el nivel de movilización, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, es uno de los más bajos desde el principio de la transición política. Dicho de otra forma: la dura política económica y social del gobierno no ha encontrado ninguna resistencia significativa. En el parlamento, la única oposición significativa ha sido IU, porque el PSOE, atrapado por su opción a favor de Maastricht, se ha limitado a un verbalismo estéril, cuando no ha apoyado las propuestas del Gobierno del PP. Y los sindicatos no hemos sido capaces de articular ni la necesaria contestación, ni una política sindical eficaz para enfrentar la congelación del sueldo de los empleados públicos, los fuertes recortes presupuestarios, las privatizaciones etc.., bien al contrario, el pacto sobre pensiones y el acuerdo para la contrarreforma laboral se sitúan en el sentido opuesto de la política que necesitamos.

La afirmación de que España va bien no refleja la realidad, sino una parte de ella. España va bien para los grandes empresarios, los banqueros, los especuladores, los que perciben rentas altas, etc., en suma, para las clases dominantes. Pero para los trabajadores, las cosas siguen mal: el paro, la precariedad, el retroceso salarial y el deterioro de las condiciones de vida y laborales, como expresa el aumento de la siniestralidad, siguen siendo el pan nuestro de cada día.

El poderoso instrumento que es el Presupuesto de cada año para intervenir en la economía y orientar la acción del gobierno en la solución de los problemas y la realización de las aspiraciones sociales será desaprovechado nuevamente en 1998. El presupuesto para el año próximo está elaborado en clave de rutina y continuismo. No está orientado a combatir el paro, a amortiguar las desigualdades y a fomentar el bienestar general, sino que persigue el objetivo restrictivo de reducir el déficit --con Maastricht como coartada y telón de fondo--, reforzando los rasgos neoliberales de la política económica: redistribución regresiva de la carga fiscal, vuelta de tuerca en los sueldos y pensiones --no de otro modo se puede calificar la revisión prevista del 2,1% para los funcionarios y pensionistas--, aceleración de las privatizaciones de las empresas publicas y de la gestión privada de los servicios públicos.

Los desequilibrios económicos, a excepción del paro, se encuentran bajo control, pero en lugar de aprovechar los márgenes que otorga una inflación mínima, la evolución favorable de sector exterior y la misma reducción del déficit publico para afrontar la cuestión del paro, el gobierno pretende con el presupuesto para 1998 ahondar en el reequilibrio de las cuentas publica al precio de dejar sin respuesta y al albur de una evolución económica incierta el problema básico del empleo. La lectura favorable y optimista de la situación económica, que tan interesadamente se divulga, se ensombrece de inmediato cuando se da el relieve necesario al dramático nivel de paro y todo lo relacionado con la situación laboral: precariedad, accidentes laborales, protección al desempleo, paro en juventud y mujeres, paro de larga duración, etc. La hipotética creación de 318.000 nuevos empleos que vaticina el gobierno para 1998 dejaría todavía la tasa de paro en el 19,5%. Y, en lo que atañe a la contribución directa del sector publico al empleo, las bajas en las plantillas, en el mejor de los casos, solo se renovarán en un 25%. después de hacerlo en 1997 en menos del 50%

Pero el presupuesto de 1998 no solo relega el objetivo de crear empleo. Está también cortado con el mismo patrón que el de 1997, con la agravante de que el paso del tiempo endurece la difícil situación económica de amplios sectores sociales, como los parados de larga duración que agotan el seguro o el subsidio de desempleo o los pensionistas con ingresos ínfimos. Los sacrificios y la austeridad que se reclamaron hace un año no han servido para compensar con sus frutos a quienes los soportaron, sino que fueron un anticipo de nuevas exigencias de la política neoliberal estricta que inspira al gobierno, cuyo rasgo mas destacado es la profundización de las desigualdades sociales. Estas tienen carta de naturaleza en el sistema, pero han adquirido ahora un perfil perverso: por un lado, no hay presión social ni intentos de déspotas ilustrados por amortiguarlas; por otro, se asume generalmente que el mejor orden social es el que deriva de la desigualdad y la competencia voraz entre sus víctimas. El presupuesto de 1998 responde fielmente a estos criterios y a este estado de opinión.

Si el presupuesto de 1997 estuvo dominado por el objetivo de reducir de forma rápida y contundente el déficit publico al 3% del PIB de las condiciones de Maastricht, desde el 4,4% del año anterior, el presupuesto de 1998 vuelve a convertir el déficit en el eje de la política fiscal, de acuerdo con las directrices del Pacto de Estabilidad, subordinando la evolución de los ingresos y gastos a llegar a un déficit del 2,4% del PIB. Tal objetivo se lograra con un aumento de los ingresos públicos del 5,9%, prácticamente la misma tasa esperada de crecimiento nominal del PIB --5,7%, con un 3,4% de crecimiento real y un 2,2% de precios-- y un aumento de los gastos del 3,8%, que refleja el carácter restrictivo del presupuesto. Aunque es preciso tener en cuenta que los pagos de intereses disminuyen en 268.000 millones, un 7,7%, por la caída de los tipos de interés, el resto de los gastos no financieros aumentará todavía por debajo del PIB nominal, el 5,4%.

Hay que poner de manifiesto que, frente al rigor presupuestario, hay espacio para otra política fiscal. Existe margen para forzar un crecimiento mayor del gasto para estimular la demanda publica (consumo e inversión), para recompensar a los funcionarios del desgaste del poder adquisitivo de los últimos años, y para aplicar una política redistribuitiva más activa. Sobre todo considerando, como se ha dicho, con el problema del paro, y contando con las posibilidades recaudatorias que ofrece una evolución favorable de los beneficios y las plusvalías, si no estuvieran siendo abortadas con los sucesivos cambios fiscales introducidos por el gobierno del PP (antes por el PSOE) y los que contempla el presupuesto de 1998, por los que viene otorgándose un trato fiscal cada vez mas favorable a las rentas del capital en nombre del estimulo al ahorro y disminuyendo la recaudación de ingresos en términos del PIB, la base para ofrecer servicios públicos de calidad y una eficaz política redistributiva.

En efecto, nuevamente el presupuesto de 1998 incorpora novedades fiscales --reducción de tramos en el IRPF, aumento en el mismo de las deducciones por segundo y tercer hijo, elevación en un 6% de las tasas, recargo sobre recibo eléctrico, elevación del 4 al 6% el tipo sobre primas de seguros, el nuevo régimen fiscal de las PYMES, etc-- que modifican en un sentido injusto la carga fiscal. Así, mientras los impuestos indirectos esta previsto que aumenten en un 10,2%, los directos crecerán en un 5,6%. Aunque resulta difícil evaluar la repercusión de estas novedades por la casuística que las envuelve, no por ello hay que poner en duda el carácter fundamentalmente regresivo de dichas medidas, a pesar de la propaganda en contrario y de lo demagógicas de algunas de ellas: responden a la política neoliberal, están teorizadas como elementos básicos de la política de oferta --fomentar el ahorro, acrecentar los beneficios--, y satisfacen los intereses de las bases sociales del PP. La contrarreforma fiscal es un fin perseguido por el gobierno. Se han dado pasos muy significativos, y no es precisamente en el presupuesto de 1998 donde se pretende desandar el camino recorrido y cambiar la orientación de la política impositiva.

Desde la vertiente de los gastos, el rigor del presupuesto se refleja en todas las partidas. Así el consumo publico crecerá solo en un 1% real (3,4% el PIB) y los gastos de inversión lo harán en un 7,2%, sin recuperar el nivel de 1996, ya que en 1977 se redujeron en un 13,7%. La inversión pública es un 28% infererior a la de 1991 en pesetas corrientes y casi un 50% inferior si se descuenta la inflación. No obstante, siendo general la contención, es preciso referirse a la revisión prevista del sueldo de los funcionarios, del 2,1% de inflación prevista, con la que, al margen de promesas y pactos, se consolida la congelación de 1997 y se les excluye de beneficiarse, siquiera mínimamente, de la mejora económica, después de los recorte del poder adquisitivo que han sufrido en los últimos años.

Otro tanto puede decirse de la revisión de las pensiones, también el 2,1%. La mejora de las condiciones económicas es una entelequia para los millones de pensionistas. El cumplimiento estricto de la ley que desarrolla el Pacto de Toledo permite salvar la cara al gobierno, pero se sigue sin dar respuesta al objetivo social imperativo de elevar las pensiones cuya cuantía queda por debajo del salario mínimo, que son la gran mayoría. El Acuerdo de Pensiones, además de los recortes que impone en las pensiones del futuro, se ha convertido en un tapón para avanzar en viejas reivindicaciones.

Más sangrante todavía es la reducción prevista del 2,7% en los gastos de protección al desempleo, cuya razón no es la caída esperada del paro sino el impacto pleno de los recortes del "decretazo" de 1994 en los parados de larga duración. La intensa caída de la tasa de cobertura que se ha registrado en los últimos años esta previsto, pues, que se prolongue en 1998, agudizando la situación desesperada de los sectores mas castigados por la crisis. Mientras, se dedicarán 102.000 millones (el 108% de incremento) en subvenciones para los nuevos contratos "indefinidos". De al menos dos años (el periodo en el que la reducción de las cotizaciones es más ventajosa para los empresarios que las indemnizaciones por despido según la nueva regulación)

La propaganda sobre las partidas que reciben mejor trato en el presupuesto, no puede ocultar que se trata de crecimientos condicionados por la presión de CiU y en beneficio de Cataluña en el caso de la sanidad (8%) y que en el caso de la enseñanza, el 6%, no deja de ser una tasa modesta, sobre todo tras los recortes del pasado año, dedicándose el incremento fundamentalmente a financiar los centros concertados privados. Si algunas pocas partidas escapan de la línea dura con que ha sido elaborado el Presupuesto ello no significa generosidad de trato alguno con gastos que puedan mejorar el bienestar general.

El carácter regresivo del Presupuesto se culmina con el intenso proceso de privatizaciones previsto (la primera parte de ENDESA está ya en marcha), que representa el desmantelamiento prácticamente total del sector público productivo y la entrega al sector privado de un patrimonio colectivo acumulado históricamente, sin oposición alguna, ni real ni siquiera de denuncia. En 1988, los ingresos de las privatizaciones, en un nuevo artificio contable, se dedicarán no a reducir el endeudamiento público, sino a reducir el déficit público del año, destinándose a financiar las empresas públicas deficitarias, tras la integración de la Agencia Industrial del Estado (AIE), que recogía a las empresas públicas con pérdidas, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que estaban las que arrojan superávits.

En conclusión, el presupuesto de 1998 responde fielmente al gobierno derechista del PP, al papanatismo sobre Maastricht que arrincona otras alternativas y a la ausencia de resistencia social.

Los meses transcurridos desde la contrarreforma laboral para los que se dispone de datos muestran que no ha servido ni para crear empleo ni para reducir significativamente la precariedad. En los tres primeros meses de vigencia de la reforma (junio, julio y agosto), se han realizado 2.485.000 contratos de los que 183.000, el 7,3%, han sido contratos indefinidos. Esto no puede considerarse precisamente un éxito. Por un lado, el porcentaje de contratos indefinidos ha crecido, pues en 1996 no llegó al 4%, pero a pesar de la reforma, todavía el 92,7% de los contratos son precarios. Por otro, si se tienen en cuenta los despidos, el resultado es que resulta muy difícil que el porcentaje de precariedad se reduzca significativamente. Esto es lo que se deduce de la EPA del tercer trimestre de 1997, en el que ya estaba plenamente vigente la contrarreforma laboral. En dicho trimestre, los asalariados con contrato temporal suponían el 33,7% del total de asalariados, frente al 33,6% que arrojó el trimestre anterior. La reforma, pues, no ha servido ni para crear empleo, ni para reducir la elevada rotación existente actualmente.

Estos datos son incluso sorprendentes si se tienen en cuenta las elevadas exenciones en las cuotas de la seguridad social que se han establecido para el nuevo contrato indefinido con despido más barato. Con la contrarreforma, se ha pagado el precio del abaratamiento del despido y se ha convertido al contrato indefinido ordinario en una pieza de museo (en la actualidad dicho contrato no llega al 1% del total) a cambio de nada. Además, ni siquiera se han cumplido los escasos elementos positivos que tenía la reforma. Así, por ejemplo, en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 8/1997 con el que se efectuaba la contrarreforma laboral, se establecía:

Dicho plazo vencía el 16 de agosto. Dos meses después sigue sin haber nada de nada y, lo que es peor, los sindicatos tampoco dicen nada de nada.

El reparto del trabajo ha cobrado gran interés social porque los niveles de paro en los países industriales son insostenibles. El tema fue planteado hace algunos años por el grupo socialista en el Parlamente Europeo, por el ministro de trabajo del gobierno socialista francés e, incluso por Michel Rocard, pero ha ganado actualidad porque era uno de los compromisos fundamentales del acuerdo entre socialistas, comunistas y ecologistas que llevó a la victoria electoral de la izquierda en Francia y porque era uno de los elementos exigidos por Refundación Comunista al gobierno de El Olivo para apoyar en el parlamento a los presupuestos. El hecho de que CC.OO. haya comenzado a hablar de un tema como este --cuando no se aceptó una enmienda al respecto del Sector Crítico en el 6º Congreso Confederal y el secretario general, en repetidas ocasiones, ha mostrado su escepticismo en la capacidad para crear empleo de la reducción de la jornada-- no refleja más que el grado de actualidad en toda Europa que está adquiriendo el problema de la reducción de la jornada.

La actualidad de la reducción de la jornada tiene una razón de fondo: el paro afecta a 18 millones de personas en la Unión Europea, una cifra similar a la que se registró en los peores momentos de la pasada recesión de 1993, y no se ve por ningún lado cómo se puede reducir. Las causas de estos elevados niveles de paro son varias.

• Se ha producido una reducción drástica de los ritmos de crecimiento: la Unión Europa, por ejemplo, creció el 4,8% al año de 1960 a 1973 y lo ha hecho al 2% desde entonces. Dados los aumentos de la productividad, el menor crecimiento económico se ha traducido en una generación insuficiente de puestos de trabajo.

• El aumento del paro es una consecuencia de la política económica neoliberal, hegemónica desde el principio de la década de 1980. La gravedad actual del problema se produce también como consecuencia de la necesidad de cumplir las condiciones de convergencia de Maastricht, que implican una política económica fuertemente recesiva.
• Los elevados niveles de paro son también una consecuencia de los fuertes aumentos de la productividad que se han producido en las últimas décadas. La economía española puede servir como ejemplo. Desde 1975 a 1996, el PIB se ha multiplicado por 2,3 mientras que el empleo se ha reducido en 268.000 personas. Esto significa que, en 1996 sólo eran necesarios 61 trabajadores para producir el equivalente a lo que producían 100 en 1975. Dicho de ora forma, la jornada de trabajo necesaria para producir el mismo producto con el mismo empleo debería haberse reducido de 40 horas semanales en 1975 a 24 h y 24m en 1996. En la medida en que la reducción de la jornada no se ha producido, el paro ha aumentado.

Ante esta situación, las propuestas de reparto del empleo han sido muy variadas. Las más significativas, desde el punto de vista político, son las siguientes:

• Las propuestas de la derecha económica y los gobiernos no van en el sentido de repartir el trabajo para que se cree empleo, sino en el de repartir la masa de salarios entre los trabajadores ocupados y los parados. Este es el sentido de las propuestas de empleo a tiempo parcial, de los pactos para crear empleo, de las propuestas de reducción de salarios y de jornada, etc.

• La propuesta que hizo Michel Rocard ante el Parlamento Europeo en 1996 tiene un contenido diferente. Se trataría de establecer un sistema voluntario de reducción de la jornada a 32 horas (un 20%), incentivado mediante reducción de cotizaciones sociales a las empresas que se acojan a ella (un euro menos por hora) financiado con un aumento de las cotizaciones a aquellas otras que sobrepasen las 32 horas (4 euros más por hora). Todo ello sin reducir los salarios ni incrementar los costes laborales. Sin embargo, los incentivos parecen muy reducidos y si se aumentan se pondría en peligro la seguridad social. No parece que este sea el camino más conveniente.

• Las propuestas del PSOE (Ramón Jauregui, 34 Congreso del PSOE) no van en la dirección de la reducción de la jornada, sino de flexibilizar el empleo y repartir los salarios. Se trata de evitar que el reparto de trabajo incremente los costes empresariales, por lo que proponen limitar las horas extraordinarias, fomentar del trabajo a tiempo parcial, flexibilizar de la jornada, etc, todo ello negociado entre empresarios y sindicatos y nunca una reducción de la jornada impuesta por ley.

• Junto a las anteriores, hay otra serie de propuestas cuyo eje central es la reducción de la jornada sin reducción de salarios. En este grupo hay que situar las propuestas que viene presentando el Sector Crítico desde el 6º Congreso Confederal, las propuestas que Izquierda Unida viene haciendo desde hace años, la que ha hecho Refundación Comunista en Italia y que ha sido una de las causas de la caída del gobierno de El Olivo e, incluso, por lo que se conoce hasta ahora, la que está barajando el gobierno de Jospin en Francia.

Es necesario advertir de los peligros que encierran propuestas como las de la socialdemocracia, porque no tratan tanto de reducir la jornada como de flexibilizar el empleo y repartir los salarios. Por ello, hay que estar vigilantes ante una eventual negociación del reparto de trabajo entre los sindicatos y la patronal, sobre todo después del precedente de la contrarreforma laboral. Una nueva vuelta de tuerca en la flexibilización del empleo se podría enmascarar como una gran conquista en el terreno del reparto de trabajo.

Nuestra propuesta de reparto de trabajo se asienta en los siguientes ejes centrales:

• Reducción de la jornada máxima legal a 35 horas semanales sin reducción de salarios, en progresiva disminución hasta el año 2000 y como paso a posteriores y mas ambiciosas reducciones, tal como la propuesta del CES de llegar a 32 horas semanales.

• Supresión de las horas extraordinarias, excepto las de "fuerza mayor". Ninguna medida de reducción de la jornada puede tener un efecto real mientras que los empresarios tengan libertad casi absoluta para que los trabajadores realicen horas extraordinarias. De la misma forma, hay que eliminar las ampliaciones de jornada, una práctica que tiene una gran amplitud en el sector financiero y en los servicios administrativos en estos momentos. Todo ello exige reforzar el control por parte de los sindicatos y las inspecciones del Ministerio de Trabajo.

• Contrato de solidaridad. Todo trabajador o trabajadora mayor de 60 años que reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social, a excepción de la edad, podrá optar voluntariamente por una reducción del 50% de la jornada y del salario hasta la edad de jubilación. El 50% restante pasará a percibirse de la Seguridad Social como si el trabajador hubiese cumplido los 65 años. A efectos de la pensión final, las cotizaciones efectuadas durante el período de jubilación parcial se computarán incrementadas al 100% de su cuantía para determinar la base reguladora de la pensión correspondiente a los 65 años. Simultaneamente y de modo obligatorio, la empresa concertara un contrato de trabajo con un trabajador/a en situación de desempleo, cuya jornada será, al menos, por ese 50% de reducción y por el tiempo que falte para que el primero de los trabajadores alcance la edad legal de jubilación.

La reducción del tiempo de trabajo es la propuesta central, correspondiéndose con una necesidad histórica ante el desarrollo de las fuerzas productivas. A lo largo de las ultimas décadas, se ha registrado un crecimiento sistemático e intenso de la productividad -del 6% anual en los años 1960-73 y del 3% en los veinte años siguientes-, que no se ha traducido ni lejanamente en una reducción paralela de la jornada laboral. Mas bien hay que destacar que en los últimos años la reducción de la jornada pactada en los convenios esta prácticamente estancada, existiendo una tendencia al aumento real, como un efecto mas de la indefensión en que se ha colocado a muchos trabajadores con la desregulación del mercado laboral ante los abusos patronales. El problema del paro, es en gran medida consecuencia de esa falta de sincronía entre el aumento de la productividad y la reducción de jornada, hasta el punto de que puede afirmarse que en la actualidad no es posible concebir una sociedad de pleno empleo con la vigente jornada. Piénsese que en estos momentos se necesitan 25 personas para producir lo mismo que producían 100 en 1960, o que se requieren solo 54 trabajadores para producir lo mismo que 100 en 1973.

Manteniéndose la actual jornada y teniendo en cuenta el avance de la productividad, para eliminar el paro seria preciso un crecimiento del PIB que no es posible alcanzar en las condiciones económicas presentes ni es sostenible ecológicamente. Por tanto, la reducción de la jornada esta a la orden del día, como una respuesta histórica al avance económico y como una necesidad social para afrontar el nivel abrumador del desempleo. La jornada de 35 horas es insuficiente para atender ambas necesidades y no cierra el desfase acumulado entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el tiempo de trabajo, pero debe ser un primer paso para iniciar un proceso continuo en el que los incrementos de productividad deben traducirse prioritariamente en reducciones de la jornada laboral.

La reducción a 35 horas, para que tenga efectos inmediatos y futuros sobre el empleo, ha de tener carácter general, por lo que debe instrumentarse mediante la aprobación de una ley, y ha de trasladarse de un modo automático a todos los trabajadores cuya jornada normal es inferior a las 40 horas legales de la actualidad. La formula de la progresividad hasta el año 2,000, solamente pretende limar las objeciones patronales, otorgando un período flexible y suficientemente amplio para acomodar la actividad de las empresas a la nueva jornada.

Sin perjuicio de que CC.OO. debe trabajar coordinadamente con otros sindicatos europeos en el marco de la CES por la reducción de la jornada, los argumentos de que un país no puede avanzar aisladamente en este objetivo, dada la internacionalización de las economías, hay que rechazarlos por varios motivos: en nuestro país se trabajan mas horas anuales que en otros de la Unión Europea y en nuestro país la dramática situación del paro no tienen parangón con ningún otro, con una tasa doble que la media europea. Los recientes acuerdos en Francia e Italia se encargan por si mismos de desmentir ese criterio

La cuestión de como ha de reflejarse en los salarios la reducción de la jornada ha de quedar marginada en la propuesta de las 35 horas. Durante los últimos años se ha producido una perdida del poder adquisitivo de los salarios y un crecimiento acusado de los beneficios. Desde 1982 se viene registrando un avance de los salarios reales por debajo de la productividad y, por tanto, viene operando una redistribución de la renta a favor de los beneficios. Esto es, las empresas tienen en estos momentos márgenes sobrados para absorber una importante reducción de la jornada, sin contar con que esa reducción ira acompañada de un incremento de la productividad por hora trabajada. Por otra parte, la situación económica exige una evolución mas favorable de los salarios. El retroceso prolongado en los últimos años ha debilitado el consumo, lo que esta ahogando la recuperación y repercutiendo negativamente en el crecimiento económico, y, por tanto, en el empleo.

6. Los empleados públicos

En las Administraciones públicas, y más concretamente en las relaciones con los empleados públicos, el PP está siguiendo la senda iniciada por el Gobierno del PSOE pero agudizando sus aspectos más regresivos: privatizaciones, pérdida de poder adquisitivo, incumplimiento de acuerdos firmados y pérdida neta de empleo.

Los empleados públicos han perdido en los últimos cinco años un 11% de su poder adquisitivo. En este periodo el IPC ha tenido un crecimiento del 20% (manteniendo para 1997 el 2,6% previsto por el Gobierno), habiendo aumentado las retribuciones en un 8,8%. El incremento salarial medio pactado en convenios durante este mismo periodo ha sido del 19%, lo que refrenda la penalización que año tras año viene sufriendo este colectivo. Cuando la economía atraviesa momentos delicados o es necesario reducir el déficit para cumplir los criterios de convergencia, automáticamente se castiga a los empleados públicos. Sin embargo cuando nos encontramos en un ciclo de expansión, al menos eso defiende el actual Gobierno, los trabajadores de las administraciones públicas son premiados con la congelación salarial (entendiendo la congelación salarial como el mantenimiento del poder adquisitivo). Los sindicatos del sector han aceptado las reglas del juego impuestas por los diferentes Gobiernos y se limitan a reclamar el poder adquisitivo como mal menor, cediendo el legítimo derecho a negociar la participación de los incrementos de productividad y en los ciclos de bonanza.

En el plano del empleo, tanto el Gobierno como los sindicatos reconocen este capítulo como prioritario, siendo la realidad muy distinta. Los sindicatos aceptaron en el Acuerdo suscrito con la Administración en 1994 la pérdida de empleo neto:

"Racionalización de la estructura de los recursos humanos y de la composición de las plantillas a través de una Oferta de Empleo Público selectiva por categorías y grupos profesionales, que en todo caso sea globalmente inferior a los puestos de reposición".

Las organizaciones sindicales aceptaron por primera vez que no es necesario más empleo público, ni tan siquiera mantener el actual, mientras el Gobierno privatiza servicios públicos (especialmente en la administración local), y contrata empresas de servicios y ETT para la realización de funciones que deberían ser desempeñadas por trabajadores de la Administración.

El incumplimiento de acuerdos suscritos es continuo por parte del Gobierno, sin embargo los sindicatos no lo denuncian para evitar el reconocimiento del fracaso de su política sindical. Ejemplos claros son los acuerdos de 1991 y 1994 entre Administración-Sindicatos, en los que el Gobierno ha cumplido su objetivo al centrar nuestra actividad en exigir lo ya firmado frenando posibles avances en la negociación colectiva. El sector oficial del área pública de CC.OO. no ha realizado ningún balance de estos acuerdos. En nuestro análisis se demuestra claramente la inutilidad de estas firmas, no sólo por los incumplimientos sino por la paralización de la actividad sindical durante estos años.

Desde la promulgación de la Constitución está pendiente el Estatuto de la Función Pública, única norma que falta para cerrar el ordenamiento jurídico Constitucional. El actual Ejecutivo parece decidido a elaborar el Proyecto de Ley. correspondiente Se está negociando un borrador, previamente consensuado con los Gobiernos de la Comunidades Autónomas, que flexibiliza las relaciones laborales endureciendo sensiblemente las condiciones de trabajo, y conduce a una politización de la Administración al desaparecer el derecho al puesto de trabajo del funcionario público, poniendo en riesgo los principios de objetividad e imparcialidad que deben presidir las actuaciones de las administraciones públicas. A pesar de la transcendencia de esta negociación, no olvidemos que no puede ser considerado como un convenio colectivo al ser una norma que debe perdurar en el tiempo, no disponemos de un proyecto articulado de CC.OO., lo que impide el debate e información entre trabajadores y afiliados.

A pesar de este panorama, el año pasado pudimos comprobar las dificultades y los problemas que hubo que vencer para que el área pública confederal convocase las movilizaciones. Fueron los propios trabajadores y la presión ejercida desde el sector crítico los que obligaron a la convocatoria de movilizaciones, que culminaron con la concentración del 23 de noviembre (más de 200.000) procedentes desde toda España, y con la convocatoria de la huelga general en la Administración el 11 de diciembre. El capital sindical acumulado tras el éxito de estas movilizaciones fue dilapidado al no dar continuidad a la lucha y darla por concluida sin ningún resultado y sin consultar con quienes habían apoyado las convocatorias.

Ahora nos volvemos a encontrar con un panorama similar al de finales de 1996: el Gobierno no está dispuesto a compensar a los empleados públicos de las pérdidas de poder adquisitivo, la Oferta Pública de Empleo no cubrirá ni el 25% de las bajas vegetativas a pesar de que siguen proliferando las ETTs y empresas de servicios, y la marcha de la negociación del Estatuto no responde ni tan siquiera a los mínimos planteados desde la mayoría de CC.OO. Para combatir esta situación y recomponer el capital sindical perdido con el fracaso del año pasado proponemos:

• Una campaña informativa extensa entre los trabajadores de las Administraciones Públicas, con el objetivo de recuperar su confianza y hacerles partícipes de las decisiones que se adopten desde el lado de los sindicatos..

• Coordinación del área pública con todas las federaciones con presencia en el sector público empresarial, para programar una calendario de movilizaciones que permita poner freno a las continuas agresiones del Gobierno. La experiencia ha demostrado que la sectorialización de la batalla nos conduce a la derrota, hay que hacer frente a la política del PP con la máxima cohesión y entendiendo que lo que realmente está en juego es el modelo de sociedad.
• Globalización de la lucha de los empleados públicos por sus reivindicaciones y de los trabajadores de las empresas públicas (transporte y comunicaciones, metal, minería RTVE, etc) contra las privatizaciones, el ajuste de plantilla y los recortes salariales. Debe de movilizarse todo el sector público para que puedan tener éxito sus demandas.

• Elaboración de una plataforma de negociación que sea previamente asumida por afiliados y trabajadores, y cuyo contenido debe bascular sobre:

• Negociación del Capítulo I de los PGE con el objetivo de que se establezca con carácter generalizado una subida salarial igual a la previsión de IPC, recuperación del poder adquisitivo perdido durante 1997 y cláusula de revisión salarial individual. Negociación de fondos adicionales que permitan incrementar los salarios de los colectivos más desfavorecidos (no olvidemos que a través de la productividad y gratificaciones los funcionarios más próximos al gobierno, y los cuerpos con mayor capacidad de presión, han visto incrementar sus salarios substanciosamente), y control sindical de todos los conceptos que determinan la masa salarial de los trabajadores públicos.

• Una Oferta Pública de Empleo que consolide el empleo precario que responde a necesidades estructurales de las diferentes administraciones, respetando los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad. Convocatoria de todas las bajas vegetativas que se produzcan durante el año anterior, e inclusión de todos los puestos que actualmente están desempeñando ETTs y empresas de servicios.

• Negociación de acuerdos globales cuya vigencia no supere el año, evitando empantanar la acción sindical en complicadas interpretaciones que paralizan la consecución de los objetivos marcados. Los primeros acuerdos deben resolver las cuestiones más inmediatas: acuerdo marco del personal laboral, protocolos de intercambio de personal entre las diferentes administraciones, actualización del sistema retributivo, promoción del personal y negociación de las medidas de movilidad tanto funcional como geográfica. Acotar a un año el periodo de desarrollo del acuerdo nos permitirá hacer una valoración a corto plazo sobre los objetivos cumplidos, evitando que la Administración difiera en el tiempo los puntos comprometidos.

• Negociación del Estatuto de la Función Pública compatibilizando las medidas que incrementen la eficacia del servicio al ciudadano con los derechos de los trabajadores. El Estatuto debe tener la regulación material suficiente que evite la indefensión de la parte más débil en la relación laboral: el empleado público. No se puede caer en la trampa de aceptar desregulación y flexibilización de las condiciones de trabajo a cambio de una mayor capacidad de negociación. Nuestro modelo constitucional impide la negociación plena en las Administraciones Públicas, como reiteradamente viene reflejando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que es el poder Legislativo el que establece la mayoría de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos. La estrategia seguida hasta ahora por el sindicato cediendo derechos a cambio de ganar un supuesto poder contractual, no sirve más que para justificar la falta de combatividad de las organizaciones sindicales presentes en la Función Pública. El Estatuto de la Función Pública tiene una enorme transcendencia y no sólo para los profesionales de la Administración, por lo tanto reclamamos la máxima transparencia, participación y capacidad de decisión para todos los sectores implicados y especialmente para los propios trabajadores. No podemos seguir negociando de espaldas a quienes representamos, un asunto de tanta envergadura no puede resolverse sólo con una votación en los órganos de dirección. Es imprescindible iniciar la negociación con un documento propio que marque nuestra posición y que conozcan todos los interesados, de esta forma cuando finalice el periodo de negociaciones se podrá examinar el borrador final y valorar hacia que lado se ha inclinado la balanza.

7. La enseñanza

La situación sindical en el sector de la enseñanza no puede ser más patética. Las movilizaciones de los empleados públicos anunciadas antes del verano al máximo nivel, por Antonio Gutiérrez entre otros, son muy difíciles de realizar como consecuencia de la estrategia desmovilizadora seguida el curso pasado, En efecto, si se hizo una movilización puramente cosmética en el momento de la congelación salarial, sin darle continuidad alguna, difícilmente podría tener alguna credibilidad una convocatoria de movilización para este curso, cuando el Gobierno ha anunciado un incremento salarial del 2,1%. La estrategia desmovilizadora puesta en marcha desde los acuerdos con el Ministerio de Administraciones Públicas de1994. firmados con el Gobierno del PSOE. sigue dando sus frutos... para el Gobierno. Pero de todo ello ya se ha hablado lo suficiente en el capítulo dedicado a los empleados públicos, por lo que analizaremos en éste la situación en la que se encuentra la Iucha por una enseñanza pública de calidad.

Ha llovido mucho desde que la Federación de Enseñanza, con el apoyo confederal, recogiera más de 625.000 firmas para llevar al Parlamento, por primera vez en la historia, una Ley de Financiación del Sistema Educativo por el procedimiento de iniciativa popular. Conviene recordar que aquella Ley no se discutió durante la última legislatura socialista porque el PSOE a petición de CC.OO., decidió aplazar su discusión. El grupo parlamentario socialista anunció, a finales de 1.995, que la Ley iba a pasar en breve el trámite de admisión y su posición era negativa, con lo que ni siquiera se iniciaría el trámite parlamentario propiamente dicho. Ante esta situación, Fernando Lezcano y Antonio Gutiérrez decidieron solicitar el citado aplazamiento, de acuerdo con el PSOE, para pasarle la "patata caliente" al PP. tras su previsible victoria electoral. Tras esta "hábil maniobra' la Ley sucumbió definitivamente a finales del año 1.996 al no ser admitida a trámite. En esta ocasión fue el PSOE el principal abanderado de la Ley que rechazaron el año anterior, mientras que el PP mudaba en negativa su posición favorable de antaño. Se ve que los dos grandes partidos políticos de este país sólo quieren leyes que les obliguen a financiar la enseñanza pública cuando están en la oposición, lo que no puede extrañar a nadie. Lo lamentable es que en estos operaciones haya participado CC.OO., por puro interés político de apoyo a los socialista,,;, malogrando la firma de más de 600.000 ciudadanos; y ciudadanas.

Paralelamente, durante el curso pasado, como consecuencia de los recortes presupuestarios y la hostilidad del Gobierno del PP hacia la enseñanza pública, tuvieron lugar importantes movilizaciones que culminaron en la marcha sobre Madrid del 17 de mayo en defensa de.una enseñanza pública de calidad. Lo que no había sido posible, pese a existir muchos motivos, mientras gobernó el PSOE, debido a la influencia de este partido en algunas de las organizaciones sociales que tradicionalmente defienden un modelo de enseñanza pública, parecía que iba a cuajar en el primer curso escolar tras el cambio de Gobierno. Pero la posibilidad de una movilización seria, sostenida en el tiempo, consecuente con los intereses de la enseñanza pública, no entraba en los planes del Partido Socialista, que pretende seguir utilizando este tema, de forma oportunista, como instrumento puramente político frente al Gobierno de Aznar.

Ya en las fechas en que más de cincuenta mil profesores, estudiantes y padres clamaban en Madrid en defensa de la enseñanza pública, el PSOE. y las organizaciones sociales de su órbita, preparaban un documento cuyo contenido supone la plataforma política para que la aplicación de, la LOGSE. sea un momento privilegiado de consolidación y extensión de la enseñanza privada subvencionada con fondos públicos.

La "Deciaración conjunta.....". presentada en el mes de septiembre con un gran despliegue propagandístico como equilibrada o, incluso, como defensora de la enseñanza pública, tiene, sin embargo , un contenido muy distinto. Las reivindicaciones favorables a la enseñanza pública ("completar la red de institutos, de educación secundaria",, "desarrollar la formación profesional", "incorporar la plantilla necesaria", " mejorar sus instalaciones" ... ) son, en su ambigüedad, perfectamente asumibles por los defensores de la enseñanza privada. No hay que olvidar, además, que pedir al Estado que mejore las instalaciones o incorpore la plantilla necesaria en los centros de titularidad estatal no es sino recordarle genéricamente sus obligaciones más elementales.

Pero la clave del documento reside en el cambio de filosofía respecto a la educación que asumen las organizaciones representativas de los diferentes sectores de la enseñanza pública y en lo precisas que son las reivindicaciones favorables a la enseñanza privada. En cuanto a lo primero, esas organizaciones redefinen radicalmente su concepto de enseñanza pública para aceptar que el servicio público de enseñanza "integra tanto a la enseñanza pública como a la enseñanza concertada".

La consideración de que la enseñanza pública y la concertada forman parte del servicio público "con su actual equilibrio" ha sido presentada por algunos de los firmantes como una garantía del mantenimiento de la importancia de la enseñanza pública. Pero esa frase, para cuyo cumplimiento no se adopta una sola medida, contrasta poderosamente con el detallado programa de medidas favorables a la enseñanza privada que actúan en dirección contraria. En efecto, la base de la declaración conjunta la constituyen los siguientes puntos:

• Supone legitimar el desarrollo de la enseñanza privada en nuestro país, sosteniéndola con fondos públicos y colocándola en situación de predominio respecto a la enseñanza pública. El incremento de la financiación a este sector va a emplearse, fundamentalmente, en partidas no controladas democráticamente que la patronal va a utilizar para propiciar la diivisión entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada concertada.

• Predica el "derecho de la enseñanza privada" a recibir fondos públicos, lo que supone una apuesta por la privatización del servicio público de enseñanza.

• No sólo propone la Ampliación de los conciertos a toda la enseñanza secundaria obligatoria, sino que pide que la adecuación de los centros privados a las nuevas exigencias de la LOGSE. sea financiada con dinero público y sin control democrático.

• Defiende la libre elección de centro, reivindicación tradicional de la derecha que oculta la legitimación encubierta de la selección de alumnos por parte de los centros privados.

• Frente a la reivindicación de una red pública de Escuelas Infantiles, defiende la subvención de la Educación Infantil de 3-6 años en los actuales centros privados concertados, a pesar de que esta etapa no es obligatoria, yendo más. lejos en el espíritu privatizador que la propia legislación vigente.

El principal problema de todo ello es la situación en la que quedan las plataformas en defensa de la enseñanza pública constituidas durante el curso pasado. La situación no ha variado en nada sustancial, por lo que su necesidad sigue siendo evidente, pero buena parte de las organizaciones que las constituyen han participado en la firma de un documento cuyos objetivos son contradictorios a los de las propias plataformas.

En esta situación es fundamental denunciar la situación, uniendo esfuerzos con las organizaciones sindicales, de estudiantes, etc. que no han suscrito la famosa "Declaración, ," a la par que se refuerzan las plataformas por la escuela pública en todos los niveles, desde los niveles locales., provinciales y regionales o nacionales.

La confusión introducida al ponerse en discusión el propio concepto de enseñanza pública hace que haya que ser muy exigentes en la definición de los objetivos de las plataformas. No podemos limitarnos genéricamente a pedir que el gasto educativo se eleve hasta el 6% del PIB., ya que ello podría hacerse perfectamente a base de incrementar los conciertos con la enseñanza privada. Afortunadamente, para definir nuestros objetivos basta con recurrir a la Ley de Financiación del Sistema Educativo elaborada por la Federación de Enseñanza, cuyo Título primero (Del plan nacional de financiación del sistema educativo) es un buen programa en defensa de la enseñanza pública que debe ser defendido por el sector crítico de CC.OO..

8. El sistema sanitario

Desde hace mucho tiempo se está discutiendo sobre el Sistema Sanitario Público. En el proceso de avance de las ideas neoliberales en nuestro país, se llega a cuestionar todos aquellos servicios que se han ido desarrollando en el raquítico (en relación a los países europeo de nuestro entorno) sistema de protección social que tiene España. Partiendo de problemas reales del Sistema Sanitario, se pretende descalificarlo en su globalidad, favoreciendo y propiciando su sustitución por otro en el que los intereses privados tengan un papel protagonista.

Es cierto que el Sistema Sanitario tiene problemas reales: su propia dimensión (es un sistema en continuo crecimiento), con un incremento continuo en el coste (que afecta también, y en mayor medida a los sistemas privados), hospitalocentrista (el centro de su actividad sigue siendo la actividad hospitalaria, a pesar del avance de la atención primaria), y que produce insatisfacción en los usuarios.

Pero estos problemas tienen que ser abordados en el sentido de profundizar y consolidar un Sistema Sanitario Público, puesto que en buena medida, se han producido por su falta de desarrollo. Al contrario, ninguno de estos problemas se puede solucionar si se deteriora o elimina alguno de los elementos básicos del sistema, que se podrían reunir en los siguientes:

• Orientación hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
• Cobertura universal y financiación pública, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
• Aseguramiento único y público, para evitar la división entre los colectivos con menores riesgos y los mas desfavorecidos.
• Provisión fundamentalmente pública, haciendo uso del sector privado solo en aquellos casos en que lo público fuera insuficiente.
• Clara división entre lo público y lo privado, creando un sistema de incompatibilidades que evite que el sector privado parasite al público.
• Control social, a través de la participación de usuarios y profesionales.

Mientras el debate está apenas iniciado, las diferentes administraciones van adoptando medidas en un único sentido. De las recomendaciones recogidas en el Informe Abril Martorell (encargado por el Parlamento para hacer un diagnóstico de la situación y elaborar propuestas de modificación), "se han elegido fundamentalmente las que van en la línea de la mercantilización de la gestión, y no precisamente aquellas que tendrían que dar cobertura y sentido de homogeneidad a las líneas principales de mantener la equidad y la eficiencia del Sistema (financiación suficiente, presupuestación real, distribución equitativa de recursos...)" como señala Tuá en su estudio. Políticos y gestores han ido eligiendo a lo largo de estos años las recomendaciones que mas les convenían, según ideario político o intereses particulares. Así, a través de la política de "hechos consumados" se están produciendo una serie de modificaciones de aspectos básicos del sistema sanitario sin que haya posibilidad de responder a las mismas, configurando un modelo sanitario diferente y hurtando el debate a los sectores implicados.

Partiendo de la necesidad de consolidar el Sistema Sanitario Público, es necesario acometer una serie de reformas que permitan su afianzamiento y mejor desarrollo. Estas medidas se pueden agrupar en cuatro bloques.

• Medidas de carácter legislativo, que pasan por completar el desarrollo de los elementos más positivos de la Ley General de Sanidad: establecimiento de la salud como un derecho, la definición del Sistema Nacional de Salud como garante de ese derecho y como un sistema dirigido a la prevención y promoción de la salud... También hay que combatir el desarrollo legislativo que se va produciendo como resultado de la ofensiva ideológica y cultural neoliberal que se concreta en el RD 10/1.996 y su posterior convalidación parlamentaria, y las sucesivas ordenaciones de las distintas Comunidades Autónomas que han profundizado la separación entre las funciones de financiación, compra y prestación de servicios y en la fragmentación del sistema. Es necesario igualmente articular el sistema sanitario en el Estado de las Autonomías: terminar los procesos de transferencias a todas las comunidades autónomas, negociar urgentemente el déficit sanitario en las comunidades que ya tienen transferencias y unificar en una única red todos los servicios de salud, incorporando los de las corporaciones locales.

• Medidas afectan a la financiación. Hay que asegurar que el 100% de la financiación del sistema sanitario proceda de los Presupuestos Generales del Estado, para vincular la salud a un derecho social de todos los ciudadanos. La financiación ha de afectar a todas las prestaciones validadas científicamente. El sistema sanitario ha de ser gratuito en el momento de su uso, impidiendo el establecimiento de tasas en cualquiera de las prestaciones, que solo desanimarían su utilización a los sectores mas desprotegidos de la sociedad. El control del gasto sanitario se ha de dirigir hacia la contención de bolsas de ineficiencia, pero nunca a recortar o contener las prestaciones. Control del gasto farmacéutico, que supone la quinta parte de todo el gasto público total en salud: necesidad de renegociar precios con la industria farmacéutica, establecer listado de medicamentos eficientes financiables por el sistema público...

• Medidas afectan a la asistencia sanitaria. Es imprescindible mantener (y recuperar en donde no sea así) el aseguramiento único. Su ruptura es el objetivo de las aseguradoras privadas que solo pueden crecer si se abre este mercado en todo el territorio nacional. La fragmentación del aseguramiento tiene gravísimos riesgos económicos y sociales que superarían sus hipotéticas ventajas, por lo que las medidas han de ir precisamente en la dirección contraria, la de eliminar aquellas bolsas de aseguramiento múltiple que aún existen como MUFACE, ISFAS...Entre las medidas que afectan a la asistencia sanitaria hay que incluir una que es básica: la provisión de servicios sanitarios ha de ser mayoritariamente pública, utilizando solo los conciertos en aquellas prestaciones para las que no tuviera capacidad el sistema público. Otra medida es el mantenimiento de la integralidad del sistema, tanto por la aplicación de la economía de escala, como por el desarrollo de la investigación y la docencia y la implantación de la alta tecnología. Por último, en este bloque de medidas hay que incluir las referentes a la legitimación social del sistema: mejora de la hostelería y bienestar, trato humano, confidencialidad, atención a los medios de comunicación y grupos generadores de opinión, articular la participación social y de los profesionales, etc.

• Medidas afectarían a aspectos de gestión del sistema, tanto en la gestión general como en la específica de personal. En la primera, es necesario que se adquiera una cultura de gestión profesionalizada, con criterios gerenciales pero capaces de asumir aspectos como la satisfacción del usuario y la motivación de los trabajadores. La gestión de personal es el aspecto que necesita mayor atención. El desarrollo de una Estatuto Marco, como contempla la LGS enmarcaría las relaciones laborales de los trabajadores del sistema público y daría solución a múltiples conflictos. La motivación de los profesionales es preciso abordarla, entre otras medidas, con el establecimiento de una carrera profesional para todas las profesiones tituladas. La última e imprescindible medida es la delimitación de los profesionales que se dedican al sistema público del privado, para evitar que trabajen en el sistema aquellos trabajadores que hacen la competencia al propio sistema.

9. Democracia y pluralidad sindical

Ante la tremenda ofensiva antisocial del gobierno y del capital, ante la preparación de una derrota histórica de los trabajadores, falta una respuesta. Y eso es, quizá, lo más inquietante. La erronea estrategia de las cúpulas sindicales se basa en el apoyo a Maastricht, el posibilismo ramplón en la negociación, la desmovilización y la represión interna.

• La aceptación de Maastricht, aunque sea críticamente y se exija una mayor cohesión social, limita gravemente la capacidad de respuesta de los sindicatos. Cerca ya de la fecha en que se examinará qué países cumplen las condiciones de convergencia, el paro y la protección social no se han incluido entre las condiciones de convergencia. El proyecto diseñado en Maastricht no trata de edificar una Europa cohesionada económica, social y políticamente, sino de crear un gran mercado que funcione sin fronteras, aduaneras o legales, y con una única moneda. El proyecto no contempla la aproximación de las economías y las condiciones sociales de los países europeos a corto plazo, como condición previa necesaria a la puesta en pie de la moneda única, porque tal aproximación no es posible dadas las divergencias actuales entre los diferentes países y porque implicaría una política económica y social muy distinta a la que interesa al capital. En consecuencia, se ha optado por crear las condiciones monetarias que pueden hacer posible la moneda única, aunque ello implique que las divergencias reales entre las diferentes economías se acrecienten. La inclusión del paro y de las cuestiones sociales es imposible en el vigente modelo neoliberal diseñado en Maastricht

• Búsqueda desesperada de acuerdos. La contradicción anterior mantiene atrapados a los sindicatos y se refleja en otros aspectos importantes de la estrategia sindical. La «necesidad de no perder el tren de Europa» lo envuelve todo. Así, se sacraliza la «búsqueda de nuevos marcos de concertación» y se convierte a la negociación, en sí misma y sin contenidos, en el objetivo más importante de la actividad sindical, olvidando el marco regresivo que imponen el gobierno y la patronal y la debilidad del movimiento obrero y que la negociación por sí sola, si no va acompañada de objetivos reivindicativos claros y de la movilización, no puede rendir frutos para los trabajadores.

• Falta de movilización de los trabajadores. Existe una inacción real de los sindicatos. La estadística habla por sí sola: en 1.996 se ha alcanzado un mínimo histórico con la reducción del 70% de las movilizaciones sindicales con relación a una situación ya de parálisis de 1.995. En 1997, continua la misma situación de parálisis social. Ni se moviliza a la defensiva ni a la ofensiva. Eso si, se pretende aparentar fuerza: amenazas verbales, movilizaciones en el papel de prensa, actos testimoniales, etc., por ejemplo el paro en las Administraciones Públicas de diciembre de 1.996.

Además de lo anterior, el problema sindical de fondo es: la reducción práctica de la acción sindical al núcleo central del mercado de trabajo. Esto es, los sindicatos actúan básicamente sobre las trabajadores con empleo, fijos, de las medianas y grandes empresas y mayoritariamente varones. Se está dejando fuera del radio de acción de los sindicatos a millones de trabajadores precarios, parados, jóvenes, de pequeñas empresas, etc, que son precisamente los que más necesidad tienen de protección y de organización sindical.

Consecuencia de todo lo anterior -aflojamiento del papel reivindicativo y búsqueda de legitimación diferente de la que proviene de los trabajadores- se produce un alejamiento de los trabajadores y se debilita su participación y la democracia sindical.

Así, no se suelen ya consultar los grandes acuerdos que se firman con el Gobierno y/o la patronal, como han sido los casos de la nueva ley de pensiones o la reforma laboral. Se sustituyen la consulta por una especie de despotismo ilustrado, de todo para los trabajadores pero sin los trabajadores, y que no hace otra cosa que encubrir recortes de derechos laborales firmados en nombre de los afectados. La relación con los afiliados se acaba espaciando y muchas veces desaparece. Como mucho se convoca a asambleas a los delegados, con frecuencia sin derecho a voz -a voto, menos- a escuchar un mitin desde la mesa. Últimamente cada vez se convocan menos asambleas.

Esta estrategia sindical está empezando a producir síntomas muy inquietantes de pérdida de legitimación:

• poco éxito de las movilizaciones convocadas con carácter general y sin arrope social por los sindicatos: patética asistencia el último Primero de Mayo -sin apenas excepciones- o en la Jornada de Lucha convocada por la CES el 28 de mayo. Otra cosa son movilizaciones concretas en empresas o sectores determinados (Ensidesa) o en alianza con otros colectivos (padres y estudiantes en la enseñanza).

• derrota electoral de CC.OO. y UGT en empresas como la antigua Galerías Preciados, hoy El Corte Inglés, donde han barrido las candidaturas de los sindicatos corporativos y amarillos, mientras que CC.OO. ha pasado de tener la mayoría absoluta a menos del 1% de la representación.

• crisis de representatividad en importantes empresas. Sirvan com ejemplo: dos días de huelga espontánea de los trabajadores de SEAT-Martorell contra el principio de acuerdo alcanzado por CC.OO y UGT, el rechazo por las plantillas de los acuerdos en Astano, Citröen, Michelín,...

• contestación pública de los dirigentes sindicales por sectores de trabajadores y sindicalistas: minería de León, Primero de Mayo,...

• pérdida de prestigio de las organizaciones sindicales, expresado por múltiples encuestas y sondeos de opinión, y que vienen a colocar a los sindicatos en las últimas posiciones en el ranking de organizaciones e instituciones.

• Síntomas de desafiliación de los trabajadores a los sindicatos sin que se faciliten datos por parte de las direcciones sobre la magnitud de este fenómeno.

Va de la mano de lo anterior. Cuando se aplica una estrategia sindical débil, cuando se prescinde de la participación, cuando se firman recortes de derechos, se encaja mal la crítica y hay que evitar que crezca. Para ello se limita la pluralidad y se excluye.

Desgraciadamente el caso de CC.OO. es paradigmático. Desde el VI Congreso Confederal de CC.OO. no ha cejado: la llamada a la policía para el desalojo de una parte importante de la dirección, sanciones, expulsiones y gestoras, despidos y desliberaciones, expedientes de distinto tipo, afectando a casi ochocientos militantes. Una mezcla explosiva de autoritarismo hacia dentro y de debilidad hacia fuera con la que no se construye ningún proyecto democrático ni de clase.

10. Sólo desde la pluralidad es posible ganar las elecciones sindicales

En 1.998 se va a celebrar un nuevo proceso generalizado de elecciones sindicales en las empresas. Tal y como están las cosas se corre el serio riego de que se exprese un importante bajón en la representatividad electoral de los sindicatos de clase en general y, en particular, de CC.OO.

Si sabemos leer en los síntomas hay que extraer cierta inquietud. Así, ha habido algunas no ya derrotas sino auténticas desapariciones del mapa de la representación, como es el caso de la antigua Galerias Preciados, sin que valgan excusas sobre las prácticas antisindicales de El Corte Inglés, cuando ha sido el sindicato -y al máximo nivel- quien negoció el proceso absorción empresarial y la integración de las plantillas.

Otro elemento a tener en cuenta es la dificultad que están encontrando los compañeros y compañeras que hacen labores en los equipos de extensión para sacar o comprometer delegados para el sindicato en las próximas elecciones sindicales.

Estas cosas no pasan por casualidad. No debe ser ajeno a lo anterior la crisis real que el sindicato está sufriendo y que se traslada a la opinión pública cuando hay expulsiones, despidos y represión interna.

La situación es muy delicada, porque hay una cuestión de fondo que se deriva de la singularidad del modelo sindical en España. Éste es de baja presencia pero de mucha audiencia. La débil afiliación hace que la implantación organizativa sea pequeña. Pero lo anterior se compensa con una alta audiencia derivada de la credibilidad sindical ante la mayoría de los trabajadores y que se refleja en el criterio de la audiencia electoral (elecciones sindicales cada cuatro años) o en la capacidad de convocar movilizaciones y que sean seguidas mayoritariamente por los trabajadores; también en el grado de cumplimiento de los acuerdos una vez firmados.

Si se quiebra la credibilidad sindical entre los trabajadores, si no cumplen el papel que éstos esperan de los sindicatos, si ello se proyecta en el ámbito de las elecciones sindicales, las cosas pueden ponerse aún más feas. Los sindicatos, entonces podrían seguir siendo una fuerza institucional y económica que pactase la tarifa salarial y que fueran consultados formalmente ante las modificaciones laborales y sociales, sobre todo si las respaldan, pero habrían dejado de ser una fuerza social con capacidad de movilización y con fuerza transformadora.

Todo lo anterior obliga a encarar las elecciones sindicales desde un planteamiento diferente a la actual gestión sindical que se viene realizando y que, en nuestra opinión pasa, al menos, por:

• Un giro a la izquierda del sindicato, con un programa avanzado en favor del empleo, la protección social y la defensa real de lo público. Todo ello con un compromiso serio de movilización con los trabajadores y con los sectores sociales, cívicos y políticos progresistas en favor de la jornada de 35 horas sin reducción de salarios.

• El fomento de la movilización. Los datos estadísticos muestran que nos encontramos en el periodo más bajo de movilizaciones desde los meses previos a la huelga de las pensiones de 1985. Esta es una de las causas que explican el éxito de la política económica y social del Gobierno del PP, una política fuertemente lesiva para los intereses de los trabajadores. Cambiar esta situación no será fácil, pero es vital que la movilización desempeñe un papel fundamental en el próximo periodo para hacer frente a las consecuencias de la crisis y de la política económica neoliberal del Gobierno de la derecha.

• La restitución de la democracia en el seno del sindicato y en su relación con los trabajadores y que pasa por compromisos tan concretos como el de someter a consulta los acuerdos antes de firmarlos. El respeto a la pluralidad interna y a las diferentes posiciones, ideas y planteamientos existentes en el sindicato. Ello exige el cese inmediato de la represión interna y una amnistía de los militantes represaliados.

• El normal juego democrático en la elaboración de las candidaturas en las empresas para las elecciones sindicales. Es decir, asegurar la participación de los afiliados y afiliadas para que con su debate y, en última instancia y si fuera preciso, el voto, configuren las listas en su composición y orden de manera unitaria y en base a los criterios de proporcionalidad, tal y como dicen los Estatutos confederales. En este sentido, proponemos que haya un Acuerdo claro sobre estas cuestiones en los órganos confederales de dirección. Creemos necesario que haya reglas de juego limpias a la hora de elegir los mejores candidatos, desde la pluralidad que tiene nuestra organización.

Sobre la base de estas líneas de estrategia sindical, habría que configurar una nueva mayoría que sitúe claramente el centro de gravedad del sindicato a la izquierda y en la movilización social, asegurando siempre la pluralidad y la democracia. Para impulsar este cambio en profundidad en la estrategia sindical de Comisiones Obreras y para recuperar las mejores prácticas de nuestro modelo de sindicalismo de nuevo tipo, el Sector Crítico estudiará la celebración de un encuentro a escala nacional. Siempre con el objetivo de defender con firmeza los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

Diciembre de 1997