Sr. Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Nicaragua
Sr. Presidente Ortega,
Nos dirigimos a usted con todo respeto para exponerle nuestra preocupación e indignación por la persecución de que están siendo objeto en Nicaragua mujeres y organizaciones feministas y otras organizaciones sociales de parte del Gobierno que usted preside a través de medios de comunicación oficialistas y de la instrumentalización de instituciones públicas como el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía General de la República. Estas líderes y organizaciones que hoy están siendo perseguidas cuentan con una larga trayectoria de lucha. Muchas de ellas protagonizaron la lucha contra la dictadura de Somoza, participaron en el proceso revolucionario y han continuado luchando por los derechos económicos, sociales, sexuales, culturales y políticos de las y los nicaragüenses. Calificarlas de ser de derechas y proimperialistas, no es más que una calumnia para deslegitimar sus justas luchas, por mantener criterios independientes y críticos respecto a las políticas impulsadas por su gobierno.
Un gobierno que se pretende revolucionario no puede restringir los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos como son el derecho a organizarse, reivindicar sus legítimos derechos, elegir, expresarse libremente y opinar. Usted sabe muy bien que trabajar por el desarrollo de los pueblos pasa por tratar de incidir en que las políticas públicas sean las mejores para responder a las necesidades de las y los ciudadanos. Sabe muy bien, que toda labor por el desarrollo y bienestar de los pueblos está estrechamente vinculada al respeto y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y que no se puede trabajar por la defensa de los derechos humanos, constitucionales y ciudadanos, sin hacer política.
Por tanto, nosotras y nosotros, personas y organizaciones que hemos sido históricamente solidarias con las luchas del pueblo nicaragüense contra las dictaduras, por la paz, la justicia social y la equidad, le instamos a que rectifique y detenga el hostigamiento y persecución contra estas personas y organizaciones y garantice su seguridad e integridad y el respeto a sus derechos humanos, derechos consignados en la Constitución Política de la República de Nicaragua y en convenciones y acuerdos internacionales con los que su gobierno y el Estado de Nicaragua está comprometido.