América Latina:
Las petroleras vuelven a la carga,
anuncian arbitrajes.
La estrategia de comunicación de las petroleras juega al palo y a la
zanahoria. El lunes, las poderosas empresas afirmaron que las reservas de gas
eran suyas, una afirmación contraria a las disposiciones de la Constitución, el
martes ofrecieron compartir el 50 por ciento de sus utilidades con el fisco,
siempre y cuando no se les cobre más regalías ni se les obligue a pagar
impuestos, pero ahora volvieron a anunciar que llevarán al estado a un
arbitraje internacional si se promulga la Ley petrolera tal como lo hizo la
Cámara de Diputados. Casi con los mismos argumentos, un senador del nuevo
oficialismo, dijo que Carlos Mesa vetará la ley, si no se hacen los cambios
pedidos por las petroleras.
Según las petroleras, con la conveniente la actual legislación,
calificada como muy benevolente incluso por el gobierno, el Estado recibe el
58% de las utilidades.
Voceros de las transnacionales dijeron al periódico El Deber, al que
acudieron para explicar sus propuestas, que de aplicarse la ley aprobada por
diputados las compañías recibirían el 4% y al Estado le tocaría el 96%,
porcentajes que son diferentes a los que manejan analistas que apoyan a los
movimientos sociales que buscan recuperar el control del negocio petrolero para
los bolivianos.
Las nuevas afirmaciones de las petroleras son contrarias a las que
hacían cuando se sentían seguras de su negocio. 'La rentabilidad en la
industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: por cada dólar
invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares', había dicho en Santa Cruz
Roberto Mallea, ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia.
Más tarde, un estudio realizado por Juan Carlos Virreira, ex
delegado Presidencial para la Revisión y mejora de la Capitalización, demostró
que las petroleras que operan en Bolivia tienen los costos de producción más
bajos entre 200 empresas del mundo, esto debido a que las condiciones de búsqueda
y hallazgo de hidrocarburos son inigualables: tienen una tasa de éxito del 50
por ciento, además de que los costos de producción son los mis bajos del mundo.
(Mesa despidió a Virreira y posesionó en su lugar a Francesco Zaratti, un
personaje que cobraba recursos de las petroleras a las que decía investigar y
que es mantenido en el cargo como uno de los hombres de confianza del
presidente).
Quieren cobrar millones, pero se resisten a pagar impuestos.
Las petroleras que mantienen procesos judiciales contra el Servicio
Nacional de Impuestos para evitar el pago de más de B6 600 millones por
concepto de impuestos, ahora quieren cobrar 132 millones de dólares, una
situación originada después que el gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga
aprobara la emisión de Certificados de Devolución de Impuestos (Cedeim) a favor
de las petroleras que exploran hidrocarburos.
El decreto, emitido el 3 de septiembre de 1999 por el ahora
considerado uno de los gobiernos más proclives a los intereses de las
petroleras, estableció una retroactividad de la norma hasta enero de 1997. El
gabinete económico del gobierno de Banzer estaba dirigido por Jorge Quiroga y
el viceministerio de Energía e Hidrocarburos estaba dirigido por Carlos Alberto
López, ahora convertido en el portavoz de los intereses petroleros en Bolivia.
La senadora Ana María Flores Sanzetenea (NFR) dijo a El Diario que si se llega a devolver el 13 por ciento del IVA a las petroleras, sólo estarían tributando el 5 por ciento del 18 por ciento de las regalías que debería recibir el Estado nacional.