7 de diciembre, referéndum.

Ancap, el Mercosur «Progresista» y el viejo «Gatopardo» del Imperialismo.

En tres meses seremos convocados, los uruguayos, a votar si sigue vigente o nó la ley que permite a ANCAP asociarse con capitalistas privados. A diferencia de otros referéndum contra las privatizaciones, en éste los sectores políticos que apoyan la ley cuestionada han salido con fuerza a hacer campaña incluso a nivel de muros. ¿Porque, cuando todo indica que la consulta se convertirá en una ocasión para que la gente descargue su bronca contra un gobierno claramente impopular, dentro de la izquierda oficial algunos no harán campaña, otros dicen que el problema no es la ley sino quién la va a aplicar y otros dicen que la asociación con privados sí, pero nó ésta asociación? ¿Porque Sanguinetti en el ’92 se subió al carro de un previsible triunfo y eso le ayudó a ganar en el ’94, y hoy en una situación similar y aspirando de nuevo a ganar en el 2004 apoya decididamente la ley? ¿Las privatizaciones ya no son lo que eran? ¿Los cambios políticos a nivel regional inciden en estos comportamientos? Veamos primero como se encara este tema dentro del conglomerado político que aspira firmemente a obtener el próximo torneo electoral uruguayo.

Privatizaciones...¿SÍ O NÓ?.

O, tal vez. O, puede ser. O, por ahora no. O, depende con quién. Esa parece ser la forma ambigua y errática que tiene la izquierda oficial de posicionarse frente al tema de las privatizaciones. El militante de a pie no entiende bien cual es la diferencia sustancial entre privatización, asociación con privados o concesión de servicios a privados. Tampoco le es fácil entender como se puede estar en contra de las privatizaciones del gobierno central pero aplicarlas a nivel comunal en Montevideo. La posición confusa del FA-EP refleja una falta de acuerdo entre visiones no exactamente iguales.

En realidad desde principios de los ’90 cuando arreció el proceso privatizador bajo el gobierno de Lacalle (que había empezado con AFE bajo el primer gobierno de Sanguinetti) la izquierda oficial ha demostrado, no en el discurso pero sí en los hechos; que es partidaria de un achique gradual del patrimonio estatal, de una apertura de las empresas públicas a los «beneficios del libre mercado», pero con ritmos acordes a la idiosincracia uruguaya. Asumió con resignación desde el inicio que la reestructuración capitalista neoliberal era irreversible y su horizonte posible consiste en encarnar la variante «humana» de dicha reestructura. La privatización de los activos rentables del estado, pieza clave del nuevo patrón de acumulación del capital, era un trago amargo ineludible si se quería tener el consentimiento de los organismos multilaterales, para constituirse en un relevo fiable del elenco político tradicional. Ya en ocasión del referéndum del ’92 contra 5 artículos de la ley de empresas públicas (que tenía 32 artículos), el FA, buscando acuerdos con sectores llamados «progresistas» de los partidos tradicionales (Zumarán, Silva Tavares) se limitó a la defensa de ANTEL y aceptó de hecho la privatización de ILPE, la Cía del Gas, UTE, la Imprenta Nacional y PLUNA (Seregni declaró que «no se le movía un pelo del bigote» por la venta de PLUNA). En ocasión del Marco Regulatorio de UTE en el ’98, la dirigencia principal del FA hizo la plancha en la primera consulta de marzo y solo puso carne en la segunda consulta de julio, presionado por los sectores clasistas de AUTE y del Mov. Sindical y Popular. Lo mismo ocurrió en febrero del 2001 respecto a la privatización del Puerto, en el 2002 respecto al desguace final de AFE, e incluso respecto a ANCAP la izquierda oficial aceptó que algunos de sus senadores fueran co-redactores de la ley, y solo se opuso por presiones de algunos de sus sectores, presionados a su vez por los sindicatos.

En otro plano pero en la misma línea se ubica la actitud del FA en el gobierno de la comuna capitalina, que en 14 años ininterrumpidos de gobierno, han privatizado cientos de áreas y servicios. Sobre éste punto no abundaremos porque ya ha sido reiteradamente denunciado por TODAS las corrientes sindicales que integran ADEOM, el sindicato municipal.

Como puede verse la actitud de la «izquierda» dista mucho de una confrontación con la política de privatizaciones empujada por los neoliberales, y cuando se ubica en defensa del patrimonio estatal lo hace desde una estrategia de no perder apoyos sociales, pero cuidándose de preservar la subordinación pasiva de la gente respecto al paternalismo del estado y del sistema político.

La fantasía ideológica del «PatrimonioNacional».

En todos los referéndum en que se ha buscado anular leyes que privatizan parcial o totalmente empresas estatales, se ha manejado como eje de la propaganda la defensa del «patrimonio nacional». Este concepto, muy arraigado en los uruguayos debido a la fuerza del «estado benefactor» batllista y neo-batllista en el imaginario social; mediatiza y desvía la justa lucha de los de abajo para no retroceder mas en sus condiciones de vida. «Los uruguayos» no somos una familia, una raza o un conjunto de la naturaleza que sea, homogéneo e igualitario. Somos una formación social ubicada en una estructura capitalista. Dependiente, pero capitalista al fin. Eso sigue significando para nosotros que las clases sociales que se derivan y a la vez constituyen esa estructura, son clases antagónicas cuyos intereses son irreconciliables. Si en Uruguay hay una contradicción insalvable entre opresores y oprimidos, mal puede haber un «patrimonio» común. El estado, en éste marco, es el estado capitalista burgués, soporte jurídico - político de la dominación de clase, y todo su andamiaje económico (dentro de él, las empresas públicas) responde a esa dominación y beneficia, de última, a las clases dominantes. Las empresas públicas, son y serán mientras subsista el capitalismo, un terreno idóneo para todo tipo de negocios de los de arriba, que se beneficia permanentemente por los contratos de obra, licitaciones, concesiones de servicios, y acomodan permanentemente en puestos claves a integrantes de las clases dominantes. El hecho que una parte de las fabulosas ganancias de ANCAP, ANTEL y otras empresa públicas, se utilicen para la salud, la enseñanza o la seguridad social, y que el patrimonio de esas empresas haya sido construido por varias generaciones de trabajadores uruguayos; en absoluto significa que «son del pueblo». No hay una contradicción de fondo en que la marcha de esas empresas las controle el estado o los capitalistas privados. Creer que la gestión económica del capitalismo puede variar sustancialmente porque varíe la forma de propiedad (estatal o privada), es no entender el funcionamiento real del capital. Sostener que la diferencia sustancial a favor de la propiedad y la gestión estatal, de las empresas públicas, es que su ejecución está en manos de un «gobierno electo por la gente» y tiene «control parlamentario»; es olvidar que dichas instituciones gestoras y fiscalizadoras (gobierno y parlamento) constituyen la forma política de dominación capitalista, y no algo neutral o al servicio del pueblo o del interés general.

Un pasamanos que pagan los de abajo.

Lo grave para el pueblo oprimido es que en cada pasamanos de gestión capitalista estatal «nacional» a privados o a empresas estatales extranjeras; se retrocede en las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales, se encarecen los servicios y su extensión ya no depende de las necesidades de la gente sino de las posibilidades de lucro, ya que quién compre empresas públicas lo hará para hacer dinero y no para beneficiar al pueblo. La experiencia de las privatizaciones en Argentina pero también en el resto de los países dependientes no deja lugar a dudas. Pérdida de puestos de trabajo, flexibilidad laboral, empeoramiento de los servicios y encarecimiento de tarifas hayan estado a la orden del día. Y en casos de pasamanos a la inversa, por ejemplo Aerolíneas Argentinas que vuelve al estado luego de haber sido regalado al capital trasnacional, no redundó en mejoras para los trabajadores y la gente.

Es desde ésta óptica que debe encararse la lucha contra las privatización de ANCAP y las empresas públicas. Debe ser una lucha en defensa de los trabajadores públicos, de su salario y condiciones de trabajo. Exigencia y reclamo de servicios de calidad y accesibles para el pueblo oprimido. Defensa del presupuesto para salud, enseñanza, vivienda y seguridad social, que con las privatizaciones se ve seriamente recortado. Y también rechazo radical de la utilización de la renta pública para pagar la deuda externa que no fue contraída por la gente que es quién la paga. Es por esto una lucha, sobre todo de las Organizaciones Sociales populares en defensa de su calidad de vida mas que una lucha por «soberanía» o «patrimonio nacional» o por un nuevo estado benefactor.

Lula, Kirchner, Duarte y Vázquez.

Un Mercosur funcional a la estrategia imperial.

Parecería que hay vientos de cambio en la región. En Argentina, Brasil y Paraguay han asumido gobiernos con un tinte «progresista», «popular» y «nacionalista» y en Uruguay ya se descuenta la victoria de Vázquez. Este relevo en los elencos políticos de gobierno se asocia por parte de la «izquierda» a un nuevo modelo de país, de política económica, a un modelo de desarrollo sustentable y humano. Dentro de éste esquema se le asigna al estado una intervención mayor a la que le dieron los neoliberales y se concibe a las empresa del estado como un factor de desarrollo y sustento de políticas sociales. Mas allá de las apariencias, estos cambios no implican una confrontación real con el sistema de dominación mundial sino un reacomodo necesario para su reproducción. El liberalismo puro y duro de los Lacalle, Menem, Collor De Mello y Batlle ya no es operativo porque ya genera demasiada exclusión y fomenta permanentemente el conflicto social. Se impone un retoque para que el capitalismo siga adelante y esto tiene el aval del imperio como quedó claro en la visita de Vázquez a EE.UU., el apoyo del FMI a Kirchner y el beneplácito de los bancos de Brasil ante la victoria de Lula.

Está claro que en éste esquema, el modo privatizador de los ’90 no encaja. La enajenación total como lo hizo Menem durante 10 años hoy carece de apoyo y además ya generó una colosal redistribución de riqueza hacia el capital trasnacional. Hoy el nuevo paradigma no es la «privatización» sino la «asociación», mas acorde con los vientos «nacional-progresistas» del Mercosur. En ese plano hay coincidencia casi total entre los cuatro «gobiernos populares». Ninguno defiende el monopolio estatal de la empresas públicas y los matices mayores son si la asociación de empresas públicas es con privados o con estados. La abrumadora mayoría del FA defiende la asociación de ANCAP. La diferencia es que un sector prefiere que sea con Petrobras y las estatales del Mercosur y otro es mas liberal. Sea cual sea el matiz que se imponga, la riqueza que generan las empresas públicas sumado a los mayores servicios de la deuda externa (que sale sobre todo de las empresas públicas) luego de las «renegociaciones» en los cuatro países; garantizan la continuidad de la reestructura capitalista.

Sería un grueso error de apreciación considerar los cambios regionales como un avance de las fuerzas populares que asegura un mejoramiento sustancial en las condiciones de vida de los de abajo. Es la vieja y conocida estrategia del «gatopardo» (cambiar algo para que todo siga igual ) que le permitirá al imperialismo hegemonizar la nueva etapa del capitalismo, otorgando algunas migajas mas del banquete a los oprimidos, para desactivar la bomba social que ya tiene la mecha muy corta. Y esperará que haya una distensión para luego apretar de nuevo la tuerca de su brutal opresión.

Ni gestión privada «Moderna y eficiente»,

Ni gestión estatal «Nacional y Progresista»;

Autogestión Obrera y Popular.

Está claro que para nosotros, los anarquistas de FAU, la contradicción entre lo estatal y lo privado es sólo una contradicción interna del capitalismo. En el marco de la actual situación de debilidad de las organizaciones populares, la resolución de esa contradicción no mejorará gran cosa la miseria actual, más allá que la desesperación de la gente y su esperanza de que haya un gobierno popular, percibirá cualquier tímida medida como el augurio de un cambio real. Nosotros estaremos de parte de la gente oprimida y de sus organizaciones para impedir nuevos retrocesos y en esa lucha promoveremos la autonomía del Mov. Popular en relación al Estado y el sistema político burgués. Enfrentaremos decididamente las privatizaciones, explícitas o disfrazadas de asociación, pero denunciaremos al mismo tiempo la complicidad de la falsa izquierda en la reestructura capitalista. E impulsaremos la idea de que solamente la propiedad colectiva y la autogestión por parte de la propia gente de los servicios públicos y de toda la vida social; permitirá abrir un camino de ruptura con la opresión del capital.

En definitiva, defenderemos el mantenimiento de ANCAP y cualquier empresa o servicio público en la órbita del Estado, no como defensa de la propiedad estatal, no como defensa del «patrimonio nacional»; sino como orientación para este momento histórico. Como parte de la lucha general contra el capitalismo y en tránsito hacia la gestión directa de las empresas y servicios públicos por parte de los trabajadores y la gente.

Creemos que, tanto en la lucha actual en defensa de los puestos de trabajo, los salarios, las condiciones de trabajo y de servicios accesibles para el pueblo; como en la lucha futura por la autogestión obrera y popular de las empresas públicas; siempre será preferible tener enfrente a un patrón estatal y «nacional» que un patrón privado y multinacional.