Bolivia,
un final abierto.
Bolivia
se rebela una vez más. Todas sus calles, de todos sus pueblos acumulan rabia,
bronca, muertes, pero también lucha y organización.
Luego de la pelea contra la privatización del agua, nuevamente miles de bolivianos volvieron a copar las principales ciudades del país. La guerra del agua continuó con la guerra del gas.
Qué
pasa en Bolivia.
Bolivia es el país con más pobreza y miseria de Sudamérica, y
el segundo de toda América detrás de Nicaragua. Más de 20% de su población está
desnutrida, como en algunas zonas de Centroamérica. Aunque desde 1999 el PBI
viene creciendo apenas, sigue sin sacar al país de su crisis. Las
privatizaciones no crearon riqueza para los bolivianos ni una mejor
distribución.
El presidente boliviano que renunció es un fiel exponente del
neoliberalismo en América Latina. En su anterior gobierno (1993-97) privatizó
teléfonos, trenes y, entre otros activos, la petrolera estatal YPFB en favor de
la estadounidense Amoco y un consorcio argentino, en tanto Enron de EE.UU.
Shell se alzaron con los gasoductos.
Todo eso se presentó, como un boom de inversiones
extranjeras. Y en esos años el PBI boliviano creció a casi 5% anual. Pero el
pueblo no mejoró: la quinta parte más pobre del país siguió recibiendo un 4%
del ingreso nacional; el quinto más rico, 55%.
El FMI, al revisar el acuerdo crediticio que tiene con el
país andino, reconoció en julio que una razón del freno en el «crecimiento»
económico desde 1999, fue «el programa de erradicación de cultivos de coca»,
una política del lado de la oferta que impulsa EEUU. sin hacer demasiado por
frenar la demanda, y que resisten los cocaleros, un actor social importante de
la rebelión actual.
Lo que proponía el gobierno saliente era exportar gas
natural, una gran riqueza boliviana, por puertos de Chile, justo el país que en
la guerra del salitre de 1879 le quitó a Bolivia la salida al mar. Mucha gente
entendió que se repetía la historia comenzada por el imperialismo español.
Bolivia
rebelde...
Desde 1985, año que se instaura en el país el modelo de libre
mercado, se han producido más de 250 muertes en conflictos sociales, más de
seis mil heridos y más de 10 mil personas detenidas indebidamente.
En Cochabamba, el epicentro de las protestas, un cabildo
abierto de más de 40 mil personas determinó ir hacia la huelga general
indefinida, el bloqueo de caminos y la resistencia civil si hasta el 19 de
octubre sus demandas no eran atendidas.
«Éste es el inicio de la guerra por el gas. Los bolivianos
estamos jurando recuperar nuestro gas», aseguró el máximo dirigente de la COB
(Central Obrera Boliviana), Jaime Solares, a poco de concluir la concentración
popular en la que predominaban consignas contra Sánchez de Lozada, y las transnacionales.
Si bien las luchas campesinas y cocaleras en Bolivia se
vienen dando hace ya tiempo, y más de una vez han sido noticia, el actual
proceso insurreccional puede rastrearse desde mediados del pasado mes de
setiembre. Los campesinos indígenas aymaras de la zona de Yungas (al norte de La
Paz), bajo la referencia del dirigente de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y cacique indígena, Felipe Quispe,
comenzaron con una huelga de hambre y cortes de rutas en reclamo del
cumplimiento de un acuerdo firmado entre ellos y el fallecido Hugo Banzer (que
constaba de 72 puntos), en el año 2000. Los reclamos principales referían a:
obtener tierras fiscales para usufructo de las comunidades indígenas; mecanizar
la agricultura a través de tractores; liberar luchadores sociales en prisión;
oponerse al avance del ALCA y a la exportación del gas natural por Chile hacia
EE.UU. y México. A los 5 días del corte, el gobierno decidió desbloquear una
ruta cortada con el objetivo de rescatar a 2000 turistas que no podían regresar
a la capital (entre ellos, 70 extranjeros). Esta acción represiva, ordenada por
Sánchez de Lozada y ejecutada por el ejército, fue realizada en la zona de
Warisata (a 100 Km. al norte de La Paz) y provocó la muerte de 6 indígenas (una
mujer y una niña de 8 años entre ellos) y un soldado. El domingo 21 de
setiembre, una pueblada en la misma Warisata incendió edificios en repudio de
la represión. Al mismo tiempo pero en Cochabamba (en el centro-sur del país, a
400 Km. de La Paz), el diputado por el MAS (Movimiento al Socialismo) y
dirigente cocalero Evo Morales marchó junto a 15.000 personas en contra de la
venta del gas natural.
Las fuerzas combinadas del Ejército y la policía abrieron
fuego contra los campesinos, estudiantes y maestros de la Escuela Normal rural
de Warisata, que estaban bloqueando los caminos del Altiplano, reclamando la
libertad de un dirigente campesino, en oposición al millonario proyecto. Desde
aquí la historia no sería la misma.
La insurrección boliviana llevó casi un mes de luchas
campesinas, cocaleras, mineras, sindicales, y de la sociedad toda contra lo que
fue el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las muertes y posterior pueblada de Warisata hicieron nacer
el término de «guerra del gas» para definir a los enfrentamientos entre
sectores manifestantes y el gobierno de Sánchez de Lozada. Si bien el reclamo
por el gas figuraba en la lista de los campesinos aymaras de Yungas, éste no
era el principal móvil de protesta. Sin embargo, la polémica sobre la venta de
este recurso natural ganó el centro de la escena, soslayando incluso a los
demás reclamos por los que los cortes habían comenzado. La dinámica ascendente
de la «guerra del gas» generó la entrada de otros sectores al conflicto, como
la Central Obrera Boliviana (COB) que agrupa a los sindicatos, que salió a
apoyar las luchas campesinas y a reclamar la renuncia de Sánchez de Lozada.
Hacia fines de setiembre el gobierno todavía confiaba en que podía controlar la
situación, pero días después todo cambiaría.
La
guerra del gas.
Pero aquí no debemos desconocer que la guerra del gas no es
por sí sola argumento para revocar a un presidente, lo que este reclamo
permitió es plantear el fracaso del modelo y de un gobierno que lo aplica sin
tener en cuenta el crimen social que produce.
Lo que está en juego es la segunda reserva de gas natural de
Sudamérica (después de Venezuela) y para los inversores extranjeros las
ganancias se calculaban en miles de millones: Edward Miller, presidente de
British Gas, dijo que los ingresos previstos serían superiores a los 1.396
millones de dólares al año para la multinacional, mientras el Estado boliviano
solamente recibiría alrededor de 80 millones de dólares anuales. Para nuestros
conocidos de Repsol-YPF, la inversión estaba catalogada como la más ambiciosa
de los próximos años en toda Latino-América.
Regalar el gas a los «gringos» (de Bolivia y de afuera) fue
el catalizador de las luchas por un nuevo modelo económico como mínimo, y esto es
más importante que el gas en sí. Desde allí, muchos sectores, viendo la
debilidad del gobierno, han podido extender sus propuestas de salida a esta
crisis. Y en esto, otra vez, el arco opositor aparece fragmentado y planteando
salidas diferentes.
América
Insurgente...
América del Sur ha experimentado en carne propia toda la
crudeza del modelo neoliberal ideado por EEUU y aplicado por los partidos
políticos-filiales en el continente desde hace 30 años. No por nada en los últimos
años muchos países dentro de la región han ensayado salidas a este modelo
desgastado que se ha ido quedando sin base de apoyo: en Argentina y Perú se
generaron insurrecciones populares, con resultados diferentes. Brasil probó con
el PT; Venezuela con el proceso chavista; y ahora Bolivia está intentando una
salida, sangrienta y sufrida.
Bolivia
no es Argentina.
Es necesario destacar que Bolivia no asiste a un proceso
análogo al 19 y 20 argentino. Es cierto que se pueden encontrar elementos
comunes o muy similares: gobierno aislado y fractura en la coalición de
gobierno, funcionarios que renuncian, movilización popular incontrolable para
las fuerzas de seguridad, represión, crisis del modelo dominante, un detonante
para hacer estallar un proceso de acumulación agotado: aquí, el corralito,
allá, la venta del gas. Pero hay que ver las grandes diferencias entre una
insurrección y otra, que grafican dos procesos de luchas sin analogía posible:
la cuestión racial en Bolivia tiene mucho peso discursivo e ideológico: se
resume en la antinomia de gringos contra indios, los que dominan frente a los
dominados de siempre; las luchas actuales en el Altiplano son timoneadas por
organizaciones obreras y campesinas estructuradas, con programas de acción
definidos y con líderes visibles y mediáticos: Evo Morales y Felipe Quispe.
¿Quién
va a gobernar Bolivia?.
El nuevo Presidente de Bolivia, Carlos Mesa Gisbert, era,
hasta hace poco, un declarado «gonista», un ferviente admirador de Gonzalo
Sánchez de Lozada. Admiraba su inteligencia, su destreza política, su capacidad
para inventar y recrear políticas neoliberales. Hoy, debe administrar el
desastre que ha dejado el millonario ex presidente.
Carlos Mesa, antes de candidatearse a la Vicepresidencia, era
un líder de opinión y presentador de noticias en PAT, su canal de
televisión.
Luego de la caída de Sánchez de Lozada, aparece en la
encrucijada de la insurrección popular el «¿quién gobernará Bolivia?»
Mesa será el presidente que asumirá hasta el final del
mandato, que será en el 2007. Aquí se concentrarán los esfuerzos de la
burguesía boliviana y la pro-imperialista para expropiar al pueblo sus
conquistas, y abortar la insurrección a través del diálogo y una tregua en la
entrega del país. Del otro lado, los líderes opositores tienen el objetivo de
llegar a la presidencia y no lo ocultan: Evo Morales estuvo muy cerca el año
pasado, cuando perdió por 45.000 votos frente a Sánchez de Lozada; Felipe
Quispe reclama un gobierno indígena aymara con él a la cabeza después de tantos
años de dominación «gringa». El programa de gobierno del MAS de Evo Morales
expone la salida del neoliberalismo y su reemplazo por un capitalismo
redistributivo, que integre a los indígenas al reparto y considere a las
comunidades ancestrales como sujetos sociales. Morales no es bien visto ni por
la burguesía boliviana ni por EE.UU., ya que Evo defiende el cultivo de la coca
ante la campaña yanqui de reemplazo de cultivos. Felipe Quispe, por su parte,
proviene de la guerrilla boliviana de los 90, y su Movimiento Indigenista
Pachacuti (MIP) quiere la vuelta a la propiedad comunal de la tierra y la
nacionalización de los recursos, en la idea de volver al modelo de organización
social incaico que los «grin-gos» españoles destruyeron al conquistarlos. Si
Morales es temido, Quispe lo es muchísimo más. Sus argumentos étnicos e
históricos hacen de basamento a la idea de un socialismo en Bolivia, bajo
gobierno indígena. Y para esto el MIP expone la lucha armada como recurso para
llegar a alcanzarlo.
El Cabildo abierto de la Central Obrera Boliviana (COB), el
poder de la calle, el otro poder, ya ha dicho su palabra y ha ordenado al nuevo
presidente lo que debe hacer: «No exportar gas ni por Chile ni por Perú,
industrializarlo en Bolivia y recuperar el gas y el petróleo para los
bolivianos».
Si no cumple con estas demandas, una Asamblea Popular,
autoconvocada y conformada por representantes laborales, sindicales y populares
asumirá la tarea de arrebatar el gas y el petróleo de manos de las
transnacionales, dice el líder de la COB, el minero Jaime Solares. El grito y
los palos de la ululante multitud confirman la advertencia.
La certeza es que la sublevación popular ha derribado a
pedradas y palo a Sánchez de Lozada, pero aún no ha logrado nada sobre el gas,
el petróleo, la tierra y territorio, la coca y otras demandas sociales que van
orientadas a destruir al neoliberalismo.
Y eso también lo saben los parlamentarios que eligen hoy al
nuevo Presidente, aunque, en verdad, muy pocos piensan que durará tanto. El
mismo Congreso está acorralado, prisionero, en medio de un combate mortal entre
el pueblo insurrecto, organizado, que tiene al frente al otro poder real
sustentado en los grandes intereses de las transnacionales del gas y del
petróleo, en los intereses norteamericanos, defendidos hasta ahora por la
metralla y los tanques del Ejército.
En Bolivia, a un mes de iniciada la guerra del gas, la
sublevación civil, la gigantesca rebelión de los pobres, sólo ha escrito la
primera página de su historia. En los próximos meses se marcará qué tendencia
será la dominante en el proceso de salida de la crisis. Habría que observar
cuál es la dinámica que toman las luchas en El Alto y La Paz, que parecen ser
los centros insurreccionales más importantes. Por otro lado, la postura del
ejército desde la caída de Sánchez de Lozada es un tema clave. Quispe, llamó a
los indígenas aymaras alistados en el ejército a que no maten a sus hermanos,
sino que se rebelen contra los «gringos», que ocupan los cargos de mando en el
cuerpo castrense. Habrá que ver cuánto éxito tendrán las tentativas de la
burguesía de encausar la insurrección por caminos institucionales, ya sea
llamado a elecciones, tregua del gobierno con plebiscito por el tema del gas
(que a Sánchez de Lozada se lo rechazaron), o cualquier otro artilugio. El
hartazgo con el modelo neoliberal y con el gobierno que lo defiende ha puesto
sobre el tapete las alternativas para su reemplazo. Se abre una situación con
final abierto. Un final abierto que sea cual sea el resultado, marcará por
mucho tiempo la historia boliviana y latinoamericana.
Extracto
de lo publicado en Mate Cosido (enviado por AUCA).