Antonio Gómez Movellán (Area Federal de Migraciones de Izquierda Unida. Miembro de  Espacio Alternativo)

La reforma de la ley de extranjería del año 85 era , a mediados de los noventa, una exigencia no solo social sino también política. En esos años el  gobierno ya era  consciente que no se podía mantener una política migratoria basada en la ley del 85-una ley básicamente de control de fronteras y exclusivamente policial-  sino que había que crear condiciones de cierta “integración” a la población inmigrante que se instalaba en España con una vocación de permanencia y al mismo tiempo   era necesario reforzar una política muy rigurosa en el control de los flujos migratorios; además, toda esta orientación gubernamental ha ido paralela a la orientación de la Unión Europea en materia de inmigración , que se ha centrado en intentar desarrollar formulas de control comunitario de los “flujos migratorios”, básicamente mediante el denominado Acuerdo Schengen y mediante orientaciones que tienden hacia una política común de visados; es decir,  intentar crear mecanismos políticos de control común de fronteras y de control de la inmigración desde el “origen”.

En 1997, el servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya presentó un informe en el que concluía que el mercado laboral español requeriría “legalizar”-como mínimo- a  200.000 extranjeros anualmente  durante diez años para garantizar las necesidades de mano de obra y para compensar la caída demográfica; el propio presidente Aznar declaró, a principios de 1999,  que España necesitaría un millón de extranjeros de aquí al 2005 para cubrir las “lagunas “ del mercado laboral. También en 1999, la patronal de la construcción y algunos sindicatos agrícolas presionaron al gobierno para traer mano de obra extranjera, presión que se ha concretado- de momento- en un Acuerdo firmado entre el gobierno español y el gobierno de Marruecos para traer trabajadores marroquís por un periodo máximo de nueve meses con el animo de crear una especie de mercado laboral de población inmigrante de “quita y pon”.

Es en este contexto que el grupo parlamentario de Izquierda Unida, CiU y el grupo mixto presentaron, a mediados de 1998, diferentes proyectos de reforma de la ley de extanjeria del 85. Finalmente, los  grupos parlamentarios acordaron retirar sus proyectos y elaborar una única proposición de ley con el objetivo de avanzar en el tramite legislativo. CiU , junto con IU, fueron los grupos parlamentarios más activos por lo que se refiere a impulsar una reforma legislativa, mientras el Gobierno, en este proceso, fue dando una gran autonomía a su grupo parlamentario proveyendo que el calendario legislativo haría decaer esta proposición de ley y quizás por ello la proposición de ley que aprobó el Congreso de Diputados en el mes de noviembre era demasiado “avanzada” para el Gobierno.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores lanzaron rápidamente una campaña para parar esta reforma ya que entendían que existían ambigüedades que contradecían un control riguroso de las fronteras y de los sistemas de expulsión de la “inmigración ilegal”. Piensese que en España en el año 1998 fueron ordenadas cerca de 70.000 expulsiones y fueron alrededor de 6.000 los extranjeros “detenidos” en los denominados “centros de internamiento para extranjeros”. Lo que el Ministerio del Interior quería garantizar era una gran  libertad a la hora de actuar contra la inmigración “ilegal”. Este es el fondo de la critica que el gobierno tenía  en relación a la proposición de ley elaborada por el Congreso de Diputados. Rápidamente el gobierno , con la inestimable ayuda de CiU  , llegan un acuerdo para moderar los “avances” de la reforma y utilizan el Senado-¿alguien dice que el Senado no sirve para nada?- para enmendar de cabo a rabo la propuesta de reforma elaborada por el Congreso
 El origen del desasosiego en relación a la proposición de ley del Congreso no estaba, como se dijo, en Tempere sino en los despachos del Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores. La proposición de ley del Congreso era un acuerdo “mínimos” entre los grupos parlamentarios y en absoluto era una proposición de ley “radical” en materia de inmigración: existía fuertes controles para los inmigrantes irregulares y se sancionaba los contingentes o cupos.Sin embargo lo que el Ministerio de Interior no podía aceptar eran ciertas ambigüedades en cuanto al sistema de sanciones, expulsiones e incluso en relación a los Centros de internamiento para extranjeros. Además se rechazaba tajantemente el sistema  de “regularización “ permanente para los “ilegales”.
En definitiva , el gobierno , bien a través de la política de visas bien a través de los sistemas de sanciones y expulsiones lo que pretende es tener las manos libres para aplicar una política de “control de los flujos migratorios” muy dura en función estricta de las necesidades de mano de obra.  Sin embargo , en el ultimo momento de la tramitación de la reforma pactada entre Ciu y el PP , Coalición Canaria no colabora para garantizar la mayoría absoluta necesaria requerida para aprobar la ley en el Congreso. Al parecer las exigencias de Coalición Canaria fueron tan excesivas que el PP no pudo aceptarlas. Juan Carlos Mauricio, líder parlamentario de este grupo , comentó, sorprendentemente,  “que era imposible mercadear con los principios”, cuando había estado toda una semana mercadeando con ellos!.Por todos estos  avatares la ley elaborada por la Comisión Constitucional del Congreso fue aprobada finalmente con los votos en contra del PP que ya ha anunciado su intención de reformarla si gana las elecciones generales y cuenta con la  mayoría necesaria para ello.

La nueva ley de inmigración

Que cambios introduce esta ley? Con que nos encontramos exactamente? Veamos,

1-. Es una ley que avanza en la igualdad de derechos garantizando el acceso a los servicios universales tanto a los inmigrantes residentes como a los clandestinos, aunque a estos últimos con ciertas limitaciones. Sin embargo, el derecho al sufragio municipal no se reconoce con carácter general y queda sometido a los tratados de reciprocidad y el acceso a los puestos de funcionarios se limitan en exclusiva para los nacionales.

2- Es una ley  que es continuista en cuanto a las condiciones de ”entrada” de los inmigrantes y de las condiciones para continuar residiendo en España, ya que establece unos requisitos de prorroga de la estancia y obtención de la residencia  directamente vinculado a la obtención del permiso  de trabajo y no contempla la posibilidad de prorrogar la estancia por un arraigo socio económico. El régimen de reagrupamiento familiar es claro pero muy estricto.

3.Consagra los cupos y contingentes laborales como elemento esencial para el “control de los flujos migratorios”; sin embargo es una ley que abre la puerta a una especie de regularización permanente de los inmigrantes clandestinos;  elemento que sin duda es un avance evidente ya que se reconoce que el estar ”ilegal” , en ciertas condiciones, puede dar lugar a la adquisición de la residencia.

4. Establece un sistema sancionador duro pero con cierta dificultades para su aplicación expeditiva , sobre todo en el caso de la residencia “ilegal”.

 Es decir esta nueva ley tiene elementos de continuidad con el Reglamento del 1996 que desarrolló la ley de 1985 pero contempla el hecho de los “clandestinos” o “irregulares” desde una perspectiva de su integración y no como una  población destinada, exclusivamente,  a ser expulsada. Además supone un avance evidente en el reconocimiento del derecho de los inmigrantes al acceso a los servicios de garantía universal y a las prestaciones sociales.

El gobierno ya ha anunciado su interés en reformar la ley y el PSOE ha manifestado -oficiosamente- cierto desasosiego con algunas disposiciones de la misma. Seguramente el reglamento y la aplicación de la ley suavizarán los avances que contiene. Sin embargo, la inmigración en España va a ser un fenómeno cada año mas importante y las repercusiones sociales, económicas y políticas de este fenómeno desbordará en pocos años este traje legal que se dice es tan holgado. Por lo demás, en España, la inmigración esta ocupando un espacio social claramente segregado , arrinconado en una especie de mercado de mano de obra secundario  precarizado, con bajos salarios y sobreexplotado,es decir, se está convirtiendo en un mercado de mano de obra “ideal” para cualquier patronal, de ahí que se deba exigir no solo una “integración”  formal sino real . La lucha por la integración y por la igualdad de derechos de los inmigrantes  forma parte de la lucha contra la precarizacion laboral y la sobreexplotación de los trabajadores en la sociedades “modernas”.