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Situación política, el triunfo de la derecha
En 1996 la victoria del PP fue caracterizada desde diferentes sectores de la izquierda como una prolongación lineal de los gobiernos del PSOE, ya que representaban de modo similar los intereses del bloque social hegemónico a escala global y sus recetas neoliberales para la inserción del mercado español en las dinámicas redes de la globalización . Este proceso a grandes rasgos fue definido como la modernización del Estado español y fue el PSOE quien, después de jugar un papel de freno para el movimiento social en la Transición, desde 1982 (y particularmente desde 1986) hasta 1996 fomentó la desestructuración necesaria de los movimientos sociales y el debilitamiento de la izquierda realmente existente para abordar este proceso. Sin embargo, con el primer triunfo electoral del PP ya planteamos desde Espacio Alternativo que, junto a elementos de continuidad respecto a los gobiernos socialistas, existían elementos nuevos de ruptura con la situación anterior al llegar la derecha al poder sin intermediarios.
Continuidad y ruptura con las políticas de los gobiernos socialistas
La victoria de la derecha anunciaba algo más que esa profundización en la receta neoliberal. El PP se encontraba en condiciones de inaugurar una etapa política absolutamente nueva en la historia política del Estado español. No es sólo que, como decíamos en aquel momento, el PP encarne las políticas y valores que el PSOE solo representaba, es también la primera vez, que la derecha española ha sido capaz de concretar un proyecto político y social en un marco democrático, capaz de generar una amplio consenso basado en valores conservadores con amplio apoyo social organizado.
Los rasgos autoritarios presentes en casi toda la reciente historia política de la derecha española se han profundizado. Pero es más grave la aparición de movilizaciones sociales en torno al racismo y al españolismo, así como el papel de la mayoría de los medios de comunicación en ambos casos. Movilizaciones que en muchos casos pugnan por una reducción de los derechos democráticos y sociales. Estos elementos representan la incorporación de elementos típicos del populismo y del fascismo al bagaje democrático español. Por otro lado, son un auténtico flanco débil de la actual situaciónA nadie se le escapa la profunda transformación conservadora que se ha producido en la sociedad y la dificultad para medir el alcance de esa mutación. Esta transformación ha cabalgado sobre el cansino paso de la pérdida de la memoria y la dignidad de las luchas antifranquistas. Se ha impuesto una lectura revisionista de la guerra, la dictadura y la transición, permitiendo el afloramiento de los rasgos más sumisos de la sociedad, fruto de las décadas de ley y orden que caracterizan la historia política del Estado Español.
En las elecciones del 2000 la hegemonía política y cultural de la derecha se ha confirmado haciendo visible el grado de penetración que tienen alguno de los rasgos que hemos ido exponiendo. Aunque la lectura de la mayoría conservadora tiene muchos matices, demuestra bien a las claras que desalojar al PP del gobierno va a requerir algo más que maquillajes tácticos como los pactos o escenificaciones mediáticas como el efecto Borrell.
Efectos sociales, efectos en la movilización
La coyuntura económica ha favorecido al PP. Ha permitido que en este último periodo se pudieran paliar los efectos del paro y de la precarización del empleo (aunque el empleo precario siga siendo mayoritario en los nuevos contratos) y crear ciertas expectativas sociales de mejora. El conjunto de la sociedad, especialmente la izquierda social, está atravesada por una profunda desmotivación ante la política y una importante parte de la misma clase obrera no recurre a la movilización para hacer avanzar sus demandas. La movilización popular es escasa y cuando se produce está exenta de perspectivas. De no cambiar las cosas la derecha puede reinar impunemente en un país calificado convencionalmente de “mayoritariamente de izquierdas”.
El movimiento sindical no ha buscado en casi ningún caso el enfrentamiento con las medidas económicas y sociales del gobierno, que ha aparecido como un gestor de centro, capaz de un pacto con los agentes sociales. Evidentemente existen grupos, corrientes y aun sindicatos enteros que canalizan de alguna forma la resistencia obrera al proyecto neoliberal, sin embargo el grueso de la actividad sindical se ha orientado en estos últimos cuatro años más a conseguir por vía de acuerdo lo que el gobierno y las patronales estuvieran dispuesto a conceder que a crear las condiciones para una removilización obrera que permitiera un cambio en la correlación de fuerzas sociales. La desmovilización favorece una política “realista de acuerdos posibles”, el posibilismo favorece la desmovilización social. Sin embargo, quienes sí que han tenido claro el sentido de marcha han sido los gobernantes y la CEOE. La apuesta del PP (y en su día del PSOE) por consensuar el pacto social con la los trabajadores va dirigida a mantener altas tasas de ganancia del capital.
La desarticulación del mercado laboral sufrida en los años 80 y 90 y los altísimos índices de paro han dificultado la labor de los sectores sindicales más combativos, máxime tras el escaso resultado práctico obtenido frente a los gobiernos del PSOE por las tres huelgas generales convocadas por CC.OO., con la participación y apoyo de UGT en las dos últimas. Esta situación ha perjudicado especialmente a los colectivos laborales más frágiles: mujeres, trabajadores sin empleo fijo, jóvenes, etc. Hoy vivimos una auténtica “feminización y juvenilización” del contrato a tiempo parcial y del empleo precario, y es palpable el enorme retraso de los sindicatos –pese a destacables excepciones– en intervenir en los contratos, salarios y condiciones laborales de las y los trabajadores emigrantes.
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