En el cambio de milenio los sindicatos de trabajadores son probablemente de las instituciones más cuestionadas por la opinión pública en general y por los trabajadores en particular. Nacidos como herramientas de lucha de los obreros en el conflicto ontológico con los poseedores de los medios de producción y contra el sistema del salariado, su adaptación a la evolución del capitalismo le ha convertido cada vez más en una institución paraestatal de gestión de la fuerza del trabajo y fuente de legitimación y orden social. Suele fijarse su época dorada en los 30 gloriosos del compromiso fordista, del Estado Keynesiano de Bienestar. En realidad esta época ha supuesto una censura histórica con la condición del sindicalismo como una de las instituciones que contribuían a definir y constituir el "ser obrero"; Constitución y ontología derivados del conflicto de clase que aparecía así como la condición de existencia misma de la clase obrera.

Frente a la concepción "clasista" de las dos sociedades, la sociedad del capital o burguesa y la sociedad obrera, el sindicalismo de posguerra – esencialmente el mismo que conocemos hoy en su concepción, organización y práctica – parte de la aceptación de una sociedad cuyo interés general es representado por el Estado y en lo que la ordenación de la convivencia queda esencialmente articulado en torno al fenómeno de la producción y reproducción capitalista. Tras esta aceptación el sindicalismo pasa a convertirse en representante de intereses, apoderado de la mercancía fuerza del trabajo (luego veremos a través de qué mecanismos y procedimientos) en el tráfico mercantil.

En España tal condición se consagra constitucionalmente con el reconocimiento de los derechos de sindicación y de huelga, al trabajo y a la negociación colectiva (arts. 28,35,37 de la C.E.). Por virtud de esta consagración constitucional, paralela a la de la economía capitalista del art. 38, el sindicato pasa a convertirse en una pieza básica de la sociedad del capital, directamente interesado en su más eficaz gestión en el permanente incremento de su acumulación y de su reproducción ampliada. Sus objetivos, a partir de ahora, dejan de ser los de su teórico mandante, el mundo del trabajo, y cobran autonomía plena, consolidar y, en su caso, mejorar su posición relativa en el reparto funcional y de poder de la sociedad del capital.

La historia reciente confirma plenamente el anterior aserto. Los conflictos más intensos protagonizados por los sindicatos (no por los trabajadores) desde el 78 han tenido que ver, de una u otra forma, con la defensa e intento de mejora de su poder y capacidad contractual.

En el comienzo de buena parte de los conflictos ha estado el desdén patronal o estatal hacia las competencias sindicales en la gestión del mercado de trabajo. No deja de ser significativo al respecto, la sustitución del término "derechos laborales" por el de "derechos sindicales".

Como no podía ser de otra forma, este sustantivo cambio tiene consecuencias en términos de organización y práctica sindical. La participación de los trabajadores y aún de los afiliados pierde su sentido a favor del papel de los expertos que "negocian" la determinación de las variables fundamentales relacionadas con la fuerza de trabajo. Los trabajadores, teóricos depositarios de la soberanía sobre sus intereses, son periódicamente convocados para renovar la condición de "sindicato más representativo", condición que, como no podía ser menos, es otorgada a aquellos de probada solvencia en la cogestión del capital. Los afiliados, a su vez, tienen como principal función legitimar las direcciones preparadas por los clanes en permanente pugna por el control de la burocracia sindical.

En su configuración actual los sindicatos de trabajadores ostentan la naturaleza de grupo de poder social con comportamientos que comparten con las asociaciones patronales en orden a la ordenación de los mercados de trabajo y a fijación de las rentas salariales.

Este sistema de ordenación y organización que se ha conocido como corporatismo descansa sobre el principio de subsidiariedad de los poderes públicos en la regulación de este campo de las relaciones sociales. La autonomía de las partes es invocada para rechazar la intromisión de la política en la ordenación de las relaciones laborales y, por tanto, para gobernar el ciclo económico.

Esta modalidad de corporativismo, pues, ha dejado de estar asociada al Estado Keynesiano de Bienestar. Puede convivir y de hecho constituye una parte indispensable con el Estado del Bienestar de la época neoliberal. En él participa en un juego de "suma cero" en el que su pugna por maximizar las rentas salariales se mueve en el límite de lo que es la propia viabilidad de un modelo de política económica articulado esencialmente sobre el eje de la competitividad y sus implicaciones: desregulación y flexibilidad del mercado laboral en dirección a su absoluto mercantilización (abolición del Derecho del Trabajo), individualización de los salarios y vinculación de una parte creciente de los mismos a los resultados de la empresa, externalización creciente de funciones y tareas, con el taller como empresa proveedora de los imputs de la empresa madre, etc., etc. En definitiva un modelo en condiciones de ofrecer permanentemente una contracción de los costes salariales, salvo en una parte reducida de la fuerza del trabajo – en torno a un 25 % de la misma y en la que se incluye el empleo público- cuyas rentas son negociadas con carácter previo a la determinación de los escenarios de las políticas económicas.

La forma en la que los sindicatos pueden hablar en nombre del conjunto de los trabajadores, del mundo del trabajo ocupado o en paro, no pasa de ser metafórica, nunca "orgánica". Su intervención, en nombre y favor de esa masa creciente de precarios, excluidos, etc., situados en la periferia del mercado laboral, se produce en tanto que agentes del Estado, la mano izquierda del Estado de la que habla Bourdieu. Con los partidos políticos de izquierda forman la izquierda del sistema (¿), la izquierda capitalista, el partido del Estado.

La organización de los sindicatos más representativos, su práctica, sus relaciones con los trabajadores responden a un modelo representativo-parlamentario en el que el trabajador-ciudadano, (en realidad, trabajador-elector) solamente es convocado para que legitime ocasionalmente la práctica de los aparatos. A diferencia de los partidos de izquierda, esta función de "legitimación" entre los trabajadores precisa de la existencia de una nutrida burocracia de privilegiados que aseguran la conexión con el mundo del trabajo del que extraen su legitimidad.

Así las cosas, debemos preguntarnos si los sindicatos realmente existentes a los que pertenecemos pueden ser un instrumento o cuando menos un ámbito capaz de acoger la política anticapitalista. La pregunta no es en absoluto retórica. No se trata de endurecer o radicalizar las posiciones de las direcciones sindicales, siendo ello ciertamente importante. Tampoco le contraponen un sindicalismo "de participación", de "militancia", a un sindicalismo de expertos y cuadros, siendo así mismo importante. Se trata, por el contrario, de saber si en el sindicalismo actual, no en otro soñado o añorado, es posible el desarrollo de actitudes y políticas orientadas a potenciar y, en su caso, desarrollar pautas de comportamiento, en el ámbito de la producción y la reproducción social, antagónicas con la lógica mercantil capitalista.

Lo que, en realidad, remite a la posibilidad de compatibilizar la dimensión o función hoy dominante, que corresponde plenamente a una lógica capitalista, con otra en la que puedan ser desarrolladas y emerger prácticas de constitución de sujetos sociales antagónicos, articulados según reglas para el trabajo, la organización y las relaciones comunicativas no capitalistas (autogestionadas y no mediadas, no jerárquicas ni discriminatorias por razón de genero, etc.).

Esta doble naturaleza ha sido una constante, por lo demás, en la historia del movimiento sindical.

En realidad el ámbito de la organización sindical, desde las primeras asociaciones de artesanos, ha sido escenario del conflicto entre ambas naturalezas.

El propio "ser proletario", tal y como Castoriadis leyendo a Marx ha señalado, es sede, también, de ese conflicto. Condición misma de la acumulación de capital y de su reproducción ampliada, el trabajador colectivo representa la posibilidad ontológica de su superación.

Toda la anterior digresión para justificar teóricamente la naturaleza del empeño. En efecto, la funcionalidad capitalista que la organización sindical cumple en la actualidad no es fruto de la traición de sus direcciones. Dicha función, y los papeles históricos que de ella se derivan, son inherentes a su naturaleza; en su acomodo a los mismos, el sindicato expresa su condición de subjetividad subalterna. Un sujeto colectivo, histórico – porque tiene un papel en el desenvolvimiento y la evolución del Modo de Producción del Capital- pero reducido a una función secundaria. No es que el sindicato como tal sea una herramienta fatalmente contaminada por la lógica capitalista. No es que toda negociación salarial, "per se" y con independencia de la intensidad de sus exigencias, ate a los trabajadores a la permanente reproducción del capital. Sólo será así si tal negociación es concebida como la de una mercancía más, si se busca sólo maximizar los rendimientos de la mercancía Fuerza del Trabajo.

Una política anticapitalista en materia sindical y laboral es, pues, una política desmercantilizadora, una política de derechos. Derecho al trabajo, desde luego, como vía de inserción ciudadana, como título de participación en la cooperación social para la producción. Pero también derechos del trabajo, conjunto de facultades individuales que se actúan colectivamente e integran lo que se ha dado en llamar "ciudadanía de empresa", factor de contrapeso al poder del empleador en la empresa.

Así definida la política sindical anticapitalista ofrece perspectivas claras y reales de intervención y de lucha, luchas democráticas, luchas por el poder en las que entre en cuestión no sólo la organización del trabajo y la producción sino la función misma del mando capitalista. Luchas por la construcción de una ciudadanía radical y democrática en las que la inteligencia colectiva y la capacidad de cooperación se ponen el servicio de la pasión de construcción y de decisión.

En la construcción de esta ciudadanía radical y democrática le corresponde al sindicalismo un papel destacado. Pues ahora sabemos que lo político supera los límites de la dimensión o el ámbito institucional en el que la democracia liberal lo ha pretendido encerrar. La política aquí es, antes que nada, constitución de sujetos autónomos, articulación de redes y relaciones de cooperación –en los ámbitos de la producción y la reproducción social- independientes de las estructuradas por la jerarquía y el mundo capitalista.

Sujetos que se constituyen sobre la afirmación de derechos antagonistas a la naturaleza y el "ser" del capital. Derechos-poderes que tienen su fuente en la condición social del trabajo, en las relaciones sociales de cooperación como origen de todo valor y toda riqueza.

Una nueva ciudadanía que se afirma contra el proyecto histórico del capital de expropiación de lo público, auténtica desamortización de los contenidos sociales y democráticos del Estado moderno a favor de una brutal regresión histórica.

Podemos ilustrar con algún ejemplo cercano el contenido de nuestras propuestas. El derecho a la salud es objeto en nuestros días (como el resto de los derechos sociales) de un acoso permanente por la coalición gobernante de las corporaciones médico-financieras y el PP. Fruto de ese ataque, el ejercicio del derecho reconocido en el art. 43 de la Constitución se encuentra determinado por sus posibilidades financieras, en un marco de restricciones no discutidas derivadas de orientaciones políticas como el Plan de Estabilidad o el objetivo de déficit-cero, que, aún sin legitimidad democrática alguna, se sitúan de hecho por encima de las retóricas proclamaciones constitucionales.

La izquierda defensora del Estado del Bienestar no acierta a valorar el desplazamiento del centro de gravedad del conflicto social como consecuencia de más de dos décadas de ofensiva capitalista y de las profundas modificaciones en la composición de clase que históricamente ha venido asociada a esa peculiar forma de Estado capitalista. Y, a causa de esta incapacidad e incomprensión pero consciente de los límites fiscales, se ve obligada a una posición estrictamente subalterna respecto a la derecha que empuja a la Constitución formal en la dirección de la "Constitución material", configurada por su amplia hegemonía social y cultural, por la relación asimétrica de fuerzas entre los grupos dominantes y los subalternos.

En estas condiciones la reivindicación del derecho a la salud se convierte en una actitud gimoteante, suplicatoria, subsidiaria y determinada por las posibilidades financieras del gasto público cuyas prioridades son fijadas, evidentemente, en función de las perspectivas de acumulación del capital, al fin y al cabo orientación estratégica del conjunto del sistema.

En la época dorada del EBK el gasto público en salud era una componente esencial del modo de acumulación y regulación fordista. Se trataba al fin y al cabo de la socialización de los costes de reproducción de la fuerza del trabajo que precisaba un mercado capitalista en expansión y la "norma obrera de consumo ² integrante de dicho modo de regulación del sistema. Cuando la ofensiva capitalista de los ochenta hace saltar por los aires el modo fordista de regulación, el ejercicio de los derechos sociales y, con ellos, buena parte del Estado del Bienestar pierden su funcionalidad capitalista y entonces se encuentran abocados a una disyuntiva fatal; o bien se quedan reducidos a su concepción de "derechos-prestaciones" que incluso cuando son arropadas con el valor de la "solidaridad" no superan los límites filosóficos de la doctrina social de la iglesia o, por el contrario, se afirman como "derechos-poderes" expresiones del contenido material de la ciudadanía y, en tal sentido, antagónicos por definición con la lógica de acumulación y reproducción del capital.

Partiendo de la constatación de las dislocaciones producidas por el capital en su desenvolvimiento actual en los sistemas de regulación y en el interior del mundo laboral, el movimiento sindical de orientación anticapitalista está obligado a ubicar sus prácticas de lucha en espacios y ámbitos no exclusivamente productivos. Puesto que, en efecto, el trabajo abandona la fábrica para hallar en lo "social" el lugar adecuado a las funciones de consolidación y transformación de la actividad laboral en valor, la producción y la reproducción social constituyen en lo sucesivo un circuito homogéneo, indistinguible. Los procesos laborales se trasladan pues de la fábrica a la sociedad que se convierte, así, en hábitat de lo productivo (en continuo con lo reproductivo, hay que insistir). El ecosistema social, la "sociedad-fábrica", es ahora el escenario natural de la lucha de clases.

Pero, naturalmente, el capital no podía asistir impávido a la consumación de una tendencia objetivamente orientada hacia la unificación del trabajo social. A través de lo que conocemos ya con el nombre de procesos de segmentación de la fuerza de trabajo, pero también y sobre todo de las propias políticas antinflacionarias, el capital bloquea esta tendencia a la unificación del trabajo social, bloqueando asimismo la fuente del Estado del Bienestar mediante la política restrictiva del gasto público.

El resultado de estas políticas del capital es la sociedad dual, la expresión más acabada de la voluntad capitalista de destrucción de la unidad social de los trabajadores. El movimiento sindical que postulamos sólo puede ser, en consecuencia, un movimiento de resistencia contra esta voluntad de destrucción, por la unificación social tendencial de los productores. Su hábitat ya hemos visto que es el conjunto de lo social. Sus objetivos estratégicos (y tácticas, aquí no hay distinción posible) son la afirmación de la ciudadanía democrática y la lucha contra la exclusión y la pobreza de la sociedad dual.

Y tiene un lugar de conflicto privilegiado contra la sociedad del capital: es la lucha por el gasto público. En la lucha por el gasto público y su distribución, el antagonismo entre el proyecto capitalista de destrucción del sujeto "trabajador-social" a través de los mecanismos arriba descritos y la lucha por garantizar el ejercicio efectivo de los derechos es inmediata; y capaz de generar crisis institucionales –como la acaecida por la sentencia de la Audiencia Nacional contra la congelación salarial de los empleados públicos- cuyo alcance y efectos ni siquiera han comenzado a ser evaluados.

Si el gasto público es lugar privilegiado de conflicto, el territorio no lo es menos. La conversión de la sociedad en fábrica precisa, viene acompañada, de un proceso paralelo de conversión del territorio en una estructura de potencialidades productivas. El capital ya no produce sólo en la fabrica; o, mejor, ya no produce mercancías porque el territorio todo se convierte en una mercancía. El urbanismo y la ordenación del territorio, concebidos en los sesenta como instrumentos de racionalización y limitación de la anarquía y la especulación, se han convertido en mecanismo de valorización extrema. Resulta mucho más rentable sin duda "producir" suelo que producir coches o electrodomésticos.

Y así lo ha visto el capital financiero, que huye de la vieja economía pero sigue prestando atención a la financiación de un inacabable proceso de urbanización que con diferentes coartadas, está ocupando hasta el último metro cuadrado disponible.

Con frecuencia el movimiento sindical oficial participa y apoya en este proceso de valorización desenfrenada del territorio, tal vez convencido de las potencialidades de generación de rentas y empleos que comporta. Al hacerlo, además d e favorecer los procesos de segmentación y dualización descritos (no parece necesario extenderse en los efectos de precarización del boom urbanístico y de la construcción), se hace cómplices del proceso de subsunción total de la sociedad y el territorio en el capital.

El "otro" movimiento sindical está obligado a comprometerse en la lucha por el territorio y los recursos naturales. La política radical de derechos-poderes que postula precisa de un correlato asiento territorial crecientemente desmercantilizado. No hay ciudadanía sin espacio público para la comunicación y la cooperación social. Y la comunicación y la cooperación social están apropiados por el capitalista. Es preciso y posible compartir y cooperar por ejemplo en el uso de los recursos hídricos pero ello precisa o exige la existencia de un ámbito público de discusión para la mejor y más equitativa asignación de esos recursos. La "democracia en el territorio" esta negada por su conversión en una estructura de acumulación de capital.

En esa lucha el movimiento sindical deberá tejer lazos de cooperación con el movimiento ecologista que se enfrenta desde hace lustros a los designios del capital. Tendencialmente, sin embargo, las relaciones pueden ser más "orgánicas", con elementos identitarios comunes. En realidad los elementos fuertes de ciudadanía radical que aquí se vienen reclamando para el movimiento sindical, hace tiempo que constituyen patrimonio y señas de identidad del movimiento ecologista.

A lo largo de estos comentarios se ha evitado conscientemente cualquier referencia a la globalización y a las luchas contra ella. En absoluto ello supone desdén alguno para estas luchas y mucho menos renuncia de la intervención sindical en estas luchas. Sostenemos, al contrario, que sin esta intervención el contenido de las luchas antiglobalización estará privado de una importante base material. La que le presta la afirmación de los derechos de los trabajadores frente a la dominación absoluta del conjunto de la vida social y la subjetividad por la relación capital.

La cuestión sin embargo va mucho más allá de conseguir la presencia de cortejos sindicales en las marchas antiglobalización. La presencia de la AFL-CIO en Seattle fue tan sólo una expresión de las duras luchas en los conflictos de la UPS o la General Motors o la oposición al Tratado ALC.

Para decirlo con claridad, la lucha del movimiento obrero y sindical contra la destrucción del acervo de los derechos sociales y laborales y contra las formas autónomas de su subjetividad colectiva es una dimensión estratégica, de la resistencia contra el proyecto del fordismo disperso.

La lucha por los servicios públicos y por los derechos, por la defensa de los sistemas públicos de Seguridad Social equivocadamente caracterizado como defensa del Estado del Bienestar, forma parte esencial del movimiento contra la globalización capitalista en tanto que la misma "necesita" de la destrucción de esos derechos e instituciones y su sustitución por mercancías y procesos de valorización.

En España el curso de este el proceso e diálogo social está ventilado importantes reformas de ordenamiento laboral y de seguridad social y en la negociación colectiva. Ha sido designio explícito del Gobierno acometer una profunda modificación en las condiciones de existencia y reproducción del trabajo social para situar al capitalismo "nacional" en las mejores condiciones de competitividad desde el momento mismo de la entrada en vigor del euro.

Las posiciones de las direcciones de UGT y CC.OO. al respecto difieren menos de lo que a alguna de ellas le gustaría. Sus conflictos con el Gobierno y la CEOE las encastillan en la defensa de unas posiciones históricamente explicables por la necesidad del estado y del capital de desactivar la fuerza antagonista del movimiento obrero de los setenta. Se ha repetido hasta la saciedad pero conviene recordarlo de nuevo: el capitalismo financiero, en coalición con la derecha política, ha denunciado, o mejor, está denunciando, a lo largo de un proceso no por gradual menos perceptible, el pacto o compromiso social sobre el que descansa el régimen político actual (y que consagra la Constitución) y sobre el que han pivotado las políticas económicas y sociales de los diferentes Gobiernos y, en general, la estrategia capitalista de salida de la crisis de los setenta.

Y frente a esta política capitalista de romper gradualmente el compromiso social, las direcciones sindicales no han sido capaces de imaginar una estrategia alternativa a la que han practicado durante más de dos décadas. Su posición meramente defensista, su incomprensión y nula atención hacia los profundos cambios ocurridos en el interior del mundo del trabajo y los comportamientos potencialmente antagonistas acaecidos en el mundo de la producción y la reproducción social; todos ellos constituyen un conjunto de adversas condiciones para levantar o articular un potente movimiento contra la globalización e incluso para resistir las agresiones capitalistas y de la derecha política.

La forma política que adopta el proceso de globalización en Europa, la UE, se construye no sólo sin sino en alguna medida contra la democracia y los derechos de ciudadanía. Es por eso que la lucha del movimiento sindical por incrustar en el ordenamiento jurídico el acervo de derechos sociales secularmente conquistados por el movimiento obrero sea el objetivo prioritario de la lucha anticapitalista, su rasgo definitorio. La lucha por la Europa social y democrática es, pues, la tarea anticapitalista de nuestro tiempo.

Una tarea para la que el movimiento sindical no se encuentra bien pertrechado. En efecto, las estructuras sindicales y las de negociación colectiva, sus formas de negociación y el ordenamiento jurídico estatal en el que han venido desenvolviendo su funcionamiento, están especialmente mal preparados para su intervención en el ámbito europeo en pos de los objetivos antes señalados. La negociación colectiva y la construcción de la "norma de consumo obrera" han dejado de ser útiles como elementos de predictibilidad y garantía de certeza de la planificación capitalista.

La producción "just in time", la generalización y extensión de las comunicaciones informáticas y el "stock nivel cero" posibilitan al máximo la flexibilidad en la producción, la minimización del inmovilizado y la reducción de los costes salariales.

En estas condiciones el movimiento sindical tiene poco que aportar en su condición de mediador en la gestión de la fuerza del trabajo. Por exclusión, el movimiento sindical debe acentuar e intensificar su papel de reivindicador de los derechos y la ciudadanía, su papel de agente político directo. En los momentos que vivimos se abre una oportunidad para que el sindicato desempeñe un rol de "partido del trabajo" como ya lo ha hecho en algunas ocasiones históricas.

Esta circunstancia no tiene porqué implicar una solución o salida de tipo "laborista". Los actuales partidos de izquierda seguirán ocupando durante tiempo la escena política parlamentaria. Pero esta ha perdido –y esta pérdida será cada vez más evidente-, su condición de espacio exclusivo de representación del conflicto social y político. En lo sucesivo, la política, como expresión de las relaciones de poder, va a atravesar, lo está haciendo ya, el conjunto del espacio social, de las relaciones de producción tanto como las de distribución y circulación de mercancías y comunicación. Ello volverá a poner sobre el tapete la cuestión de la división entre lo político y lo económico; entre el partido y el sindicato. La solución no pasa por el papel y las funciones que la CE y la LOLS han atribuido al sindicato –que goza de la condición de "más representativo"- de representación general, de hacerse cargo del interés general de toda la colectividad.

Eso es el corporativismo de la época fordista y la hegemonía socialdemócrata ahora constitucionalizado. Pero no es eso de lo que hablamos. En la actualidad es difícil definir una línea de división entre lo social y lo político. Hoy lo político forma parte, en buena medida, de los propios mecanismos de producción. Es más que evidente que la participación es necesaria para la valorización, que sin una cooperación profundizada no funciona.

Pero debemos dar un paso más y preguntarnos por la naturaleza concreta de esa aportación política del movimiento sindical en la construcción europea.

No podrá limitarse, en todo caso, a la reivindicación de cobertura del déficit democrático y social, con ser ello importante. Hemos visto que la UE se constituye contra lo social y contra la democracia. La construcción de la Europa progresista por constitucionalizada que esté, es un proyecto histórico de destrucción de los derechos y las instituciones de los estados del Bienestar que funcionan u operan en términos históricos como precondiciones de un nivel de socialización de las fuerzas productivas más elevado, de un más intenso nivel de cooperación social en el que las redes de cooperación se convierten en la principal infraestructura productiva.

En realidad sabemos que la aportación del movimiento sindical a la construcción de Europa es el rechazo de Bruselas y el diseño de una alternativa en la que las posibilidades de comunicación y cooperación –en el campo de la producción pero también en el de la cultura y el arte- sean desarrollados sin otros límites que los del mismo ejercicio de la democracia por parte de los sujetos sociales de esta cooperación productiva y cultural.

Resulta casi innecesario añadir que la otra Europa en cuyo "diseño" debe participar el movimiento sindical no puede sino rechazar el despotismo de las políticas comunitarias orientadas a destruir la unificación del trabajo social. La obsesión antinflacionaria del BCE no puede ser compartida por el movimiento sindical, incluso si se descarta cualquier tipo de ilusión neokeynesiana. Si hay que elegir, el movimiento sindical debe ser estar preparado para afrontar las dificultades asociadas a un periodo de conflicto social prolongado. Todo antes que entrar en una nueva fase de desempleo derivado de una situación de recesión que pudiera prolongarse.

A lo largo de estos comentarios se ha subrayado el papel del territorio como fuente de producción de valor y ámbito privilegiado del conflicto social en la época posfordista. La descentralización y flexibilización productiva, características de este [¿modo de producción?], al tiempo que han producido una fuerte dispersión de las agregaciones laborales fordistas, han posibilitado la diseminación de los mecanismos de producción de valor, intensificada con la informatización generalizada de la sociedad.

En estas condiciones –también se ha dicho- las formas tradicionales de organización del movimiento obrero resultan especialmente inadecuadas para organizar a la mano de obra frecuentemente parada, precarizada y, en todo caso, dispersa en el territorio. Las federaciones de industria en estas condiciones, organizan una proporción cada vez más reducida de la fuerza de trabajo del sector y prácticamente nunca de los parados y precarizados. Las condiciones objetivas de estos dos grupos de categorías les alejan irremisiblemente de la organización sindical en los centros de trabajo y en los locales sindicales.

El trabajador precarizado o desocupado tiene pues unas relaciones muy débiles con la empresa y con los trabajadores fijos. Su sociabilidad (cuando la desarrolla), sus sentimientos de pertenencia e identidad se desarrollan más en los lugares en los que se desenvuelve (con dificultad) su vida. Perdida su relación con la empresa y el mundo del trabajo, el precario se vuelve hacia ámbitos tradicionales de socialización (la familia o la iglesia) o bien hacia grupos sucedáneos de la socialidad perdida que aportan algún tipo de identidad alternativa a la antigua identidad de clase .

Es en este contexto que el movimiento sindical está obligado a intervenir brindando un marco de referencia para que los trabajadores precarios puedan acometer la resolución de sus problemas más acuciantes desarrollando formas de sociabilidad no mercantil. No se trata de hacer apeaderos de parados que ofrezcan terapia y consuelo para tan dura situación, sin despreciar un ápice tales funciones. Se trata de recrear en el territorio formas de comunidad obrera que, además de poner coto a la permanente y sistemática destrucción de la cultura y los valores obreros que el capital viene llevando a cabo desde hace tres décadas vaya operando formas de desmercantilización viables para la gestión de los asuntos sociales cotidianos.

En Italia se viene practicando esta experiencia con desigual fortuna. El sindicalismo anticapitalista debería impulsarlo por vías orgánicas y aprovechar por cierto la ocasión para potenciar experiencias territoriales de unidad de acción que superaran cualquier tentación clientelista.

Por lo demás la organización territorial aporta otras ventajas de las que tan necesitados anda el débil sindicalismo oficial. La principal de ellas es su visión global, integral, del conflicto social. En el territorio en efecto, se perciben con mayor nitidez los efectos del antagonismo capital trabajo. En realidad de forma mucho más intensa que en el ámbito convencional de la fabrica, en donde a veces predomina una lógica de "comunidad empresarial" en la que, por cierto, pierde cada vez más sentido la función negociadora y contractual del sindicato.

Esa vuelta al territorio exigirá todo una reconversión de la forma y aún el sentido de la militancia sindical. Es preciso, más bien, urgente la aparición de un nuevo tipo de sindicalista más atento hacia la realidad de su entorno, más imbricado en los conflictos, más sensible hacia dimensiones subjetivas antes indiferentes para la práctica sindical y política. En realidad este sindicalista de nuevo tipo existe ya. Se le ha visto aparecer al lado del movimiento ecologista, integrándose con él, en la defensa de los servicios públicos y los derechos ciudadanos, al lado de cuantos resisten contra el inexorable avance de la colonización capitalista de lo social. Es un militante anticapitalista que no necesita rótulos ni definiciones precisas, que se puso a andar en lo más negro de los ochenta y los noventa, que supera en su práctica cotidiana (no sin esfuerzos) el sectarismo liquidador del patriotismo de siglas. Con él se puede comenzar la construcción de esta red anticapitalista en el movimiento obrero; él ya la ha empezado por su cuenta, con su confianza y su credibilidad, con su capacidad de comunicarse. Es preciso no precipitarse acentuando la forma de este auténtico movimiento anticapitalista. Las viejas organizaciones y estructuras del movimiento sindical, sus mecanismos de autodefensa todavía pueden herir gravemente el joven cuerpo del nuevo movimiento obrero. Es preciso protegerlo, manteniéndolo en el ámbito estricto de lo social, al resguardo de las agresiones de la política y los mass media, generando un vigor en su constitución y en las redes que lo articulan, que le preparen para los terribles conflictos que le esperan. En la espera un caudal de inteligencia y de imaginación puede ser atesorado; Una inteligencia y una imaginación común que va descubriendo las bases de su potencia, la debilidad intrínseca del enemigo. La espera no será en balde, la recompensa desbordará nuestras esperanzas.

El fordismo disperso, junto a la pérdida de la antigua identidad del "obrero masa" y la producción de nuevas subjetividades sociales y productivas, formantes de un nuevo y acrecentado papel de la empresa capitalista. De escenario privilegiado del conflicto capital-trabajo en el periodo fordista a "comunidad" atribuidora de identidades y sentimiento de pertenencia en la época del fordismo disperso. Atribución de identidad y sentimiento de pertenencia que opera fundamentalmente mediante la exclusión del vasto universo de los precarios y los parados. En el fordismo disperso la pertenencia a la comunidad empresarial es resultado, antes que nada, de la percepción de la exclusión de los demás de la consoladora comprobación de "estar dentro".

Es comprensible así la pérdida de base material de la identidad obrera –como subjetividad autónoma, no como parte del capital- y la consiguiente pérdida de sentido de la función que venía desempeñando el sindicalismo –la negocial-contractual- a favor de una dimensión más inequívocamente gestora, disciplinaria, de la fuerza de trabajo. De ahí que cobre fuerza renovada por Sindicatos de empresa, en detrimento del "sindicalismo de clase".

Pero esa tendencia, objetivamente, presiona a este sindicalismo, por el mantenimiento de la hegemonía sindical, a pelear por este espacio en donde se obtienen los apoyos electorales de los que formen parte de la empresa. El resultado es la generalización de unas pautas de actuación que pueden ser caracterizadas como microcorporativismo de empresa, vector de robustecimiento de esos sentimientos de pertenencia y, por ende, de la idea de comunidad empresarial.

Condiciones, como se ve, nada favorables al mantenimiento del "compromiso fordista" que tantos halagos ha cosechado por su contribución a la consolidación del Estado del Bienestar. Y cuyos efectos se ven acentuados como consecuencia de la tan reiterada política de denuncia del pacto social que empresarios y derecha política llevan a cabo. Uno de cuyos componentes es el énfasis que dicha coalición está poniendo en los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales de ámbito regional o estatal. Incluso, más allá, con la reivindicación del contrato individualizado "...para introducir aquellos elementos que permitan resaltar la aportación individual al proceso productivo...".

Es evidente que esta nueva comunidad empresarial contribuye, junto con otros factores, a erosionar los lazos que constituyen la certidumbre de la ciudadanía. Por su conducto, se argumenta en nuestros días la pérdida de función del Estado y su sustitución por redes de dependencia y conexión social vinculadas con las funciones de producción, circulación y consumo. Es ya extensa la corriente sociológica que teoriza una civilización posestatal y neofeudal configurada como una federación global de corporaciones en el núcleo de la sociedad global rodeada de una compleja y multiforme serie de formaciones sociales diversas con diverso grado de estabilidad residual cuyas relaciones de integración con la federación de corporaciones dependerían del grado en que sus sociedades habrían sido subsumidas por el capital global.

No parece sin embargo que la "estatalidad" sea un fenómeno residual en el capitalismo global integrado (o sistema mundial de corporaciones, sí se prefiere). No desde luego en USA a juzgar por el robustecimiento de sus funciones de coacción y dominio. Más bien parece lo característico de este estadio en la historia del capitalismo, la modificación de las funciones sustanciales del Estado, con una notable recuperación de los asociados a su tradicional papel de exigencia monopólica de la violencia; sin desdeño desde luego la función "pastoral" de normalización y disciplina, tan elocuentemente descrita por Foucault y sus discípulos.

Sea como fuere, esta nueva cultura de la empresa expulsa al sindicato –y, con él, al conjunto de los derechos laborales y sociales- del universo de la empresa en el que con tantas dificultades y esfuerzos había conseguido enraizarse, especialmente en la época del compromiso fordista. Hemos visto con anterioridad las potencialidades que la extensión de lo productivo a lo social genera en tanto que emergencia de conflicto y subjetividades antagonistas. Y el papel de organizador y vertebrador de lo social que debe desempeñar el sindicato.

En ningún caso esto debería suponer la aceptación resignada de la expulsión de la empresa. Si el "obrero masa", a través de sus diversas encarnaciones históricas llegó a discutir el poder patronal en la empresa, el "obrero social" puede ir un paso histórico más allá; como sujeto colectivo de la cooperación y comunicación social, dentro y fuera de la fábrica, contiene dimensiones de "empresarialidad", niega objetivamente cualquier función de coordinación al capitalista.

Para decirlo con más claridad. La puesta a disposición de toda la sociedad por el beneficio capitalista, "abre" asimismo la fábrica a lo social, determina posibilidades de asunción colectiva de la empresarialidad. Ya hemos tenido ocasión de verificar algunas expresiones de esta apertura en las luchas sociales contra los impactos ecológicos de la producción industrial, al fin y al cabo un efecto de la conversión de lo social y su entorno en una prolongación de los (propios) procesos productivos.

El reto para el sindicato es adaptarse a esta necesidad de organización-constitución de las nuevas figuras que metafóricamente se vienen llamando "obrero social". En comprender que, incluso cuando el capitalista ha logrado minimiza la plantilla de trabajadores y externalizado y/o precarizado la mayor parte de sus necesidades de factor trabajo, incluso entonces y ahora con legitimidad renovada el sindicato debe contribuir a expresar y dar forma a las capacidades de cooperación social que el capitalista pretende arrumbar y reducidas a mera función de consumo.

Difícil es no advertir el alcance histórico de la proposición anterior, se inscribe en una perspectiva histórica que niega cualquier tipo de papel progresivo a la función capitalista de mando y control sobre la fuerza social de trabajo. Es una perspectiva que durante el largo período de ofensiva capitalista abierta en los 70 parecía desaparecida del horizonte teórico y vital de la clase obrera y del proletariado social. Pero vuelve rejuvenecida y vigorizada en las actuales luchas contra la globalización.

El viejo sindicalismo de clase tiene una oportunidad histórica de converger con estas nuevas realidades ontológicas que, en cierta medida han tomado la delantera al propio capitalismo, que anticipan su desarrollo y capacidad de innovación. Si, temeroso, ante la magnitud del cambio, se conforma en la defensa exclusiva de las viejas figuras productivas del fordismo, del "obrero masa" no podrá contener ese proceso de expulsión de la empresa del que está siendo víctima y verá reducido en poder a no ser que quiera competir en el terreno de los sindicatos de empresa, renunciando definitivamente a cualquier perspectiva "de clase".

Durante la época del compromiso fordista el movimiento sindical ha intercambiado la razón del mercado –esto es, la dirección indiscutida de la economía por el capital- por la negociación colectiva, los derechos laborales y, sobre todo, un concepto de ciudadanía social. El propio concepto de conciencia de clase se ha mantenido en buena medida sobre la idea de un interés común estatalmente respaldado y de la coincidencia entre Estado, interés general y mundo del trabajo.

Dicha coincidencia –o, mejor, su percepción- se ha elevado al máximo en la época actual de la ofensiva del capital contra los derechos laborales y la ciudadanía social. Así, el estatismo característico de la cultura dominante en el movimiento sindical se convierte en un rasgo casi ontológico que se pretende, además, "de izquierda".

En estas condiciones, cuando los Estados (no importa el color de los gobiernos) han acometido políticas de mercantilización, los sindicatos han encontrado serias dificultades para generar una "razón laboral universal". Entonces no queda más remedio que acudir a la defensa de las funciones redistributivas (dentro de los límites de viabilidad del sistema, claro está) a la razón universal encarnada en el Estado y el Derecho, a la preservación de la ciudadanía. Perdida la conexión con los múltiples fragmentos resultantes del "estallido" del "obrero masa", el sindicato no encuentra otra vía, para recomponer la tan añorada unificación del trabajo social, que por intermedio de la acción estatal. La acción del Estado y del personal a su servicio, el volumen del gasto y el empleo público, se convierten así en un atributo de "progresismo" o política de izquierdas. Para contrarrestar las evidencias de la dirección inequívocamente capitalista de la política (económica) de los Estados algunos intelectuales pretendidamente radicales como Bourdieu se inventan la teoría de las dos almas del Estado y postulan la necesidad de ayudar y fortalecer la mano izquierda.

Armados con este discurso y con la proliferación de toda suerte de amplias plataformas de defensa de los derechos sociales y/o los servicios públicos, va cobrando fuerza el "partido (en el sentido orgánico) del Estado" una monstruosa formación destinada a renovar y actualizar a los partidos socialdemócratas y comunistas constituyéndose en una alternativa a las propuestas de la Tercera Vía. Una parte importante de la base social de ese "partido de Estado" la constituyen los "trabajadores sindicalizados"; y, dentro de ellos y en una proporción creciente, los que trabajan en el sector público. No serán necesarios muchos argumentos para mostrar la materialidad de los intereses de estos trabajadores en el mantenimiento y aún fortalecimiento de las intervenciones estatales en el conjunto de la vida económica social y cultural. Sus organizaciones de rama, las federaciones de servicios públicos, que están sustituyendo en número de afiliados a las federaciones del metal –otrora mascarón de proa del sindicalismo de clase- influyen decisivamente en esta acentuación de la ideología y la práctica estatista dentro del movimiento sindical.

El fenómeno no tiene por que ser negativo si el sindicalismo de clase planteara una apuesta estratégica por la democratización de las estructuras internas del Estado, por la democracia en las administraciones públicas. Naturalmente, ello no puede quedar reducido a la consecución del derecho a la negociación colectiva, con ser ello importante; o a los de información y consulta sobre materias que afectan a los derechos laborales, asimismo esenciales. Tampoco se trata del "gobierno democrático" de los procedimientos administrativos. Tal caso, en el límite, no haría sino configurar los riesgos de despotismo burocrático sobre la población. Tiene más que ver con el compromiso con el Estado democrático, con la "producción de democracia" social y económica; y, en tanto que tal, reclama para el sindicalismo una función "poco sindical" a la luz de las reglas convencionales, inequívocamente política.

Lo anterior es una digresión útil para ilustrar la disyuntiva que tiene planteada el movimiento sindical en relación con el Estado en la etapa del capitalismo global. Una opción toma forma en lo que hemos llamado el partido del Estado. En esta el Estado es concebido como un factor de equilibrio en las asimétricas relaciones de poder con el capital, condición indispensable del mantenimiento de (algunos) derechos sociales. Al adoptarla, el movimiento sindical se ve conducido inexorablemente a la renacionalización y al proteccionismo, formas ambas ilusas y reaccionarias con los que una cierta burguesía nacional sueña con recuperar su poder perdido a favor de las fracciones hegemónicas del Capitalismo global.

Pero, además, en ese camino el movimiento sindical renuncia a sus posibilidades estratégicas de autonomía, al tiempo que se ata a políticas orientadas a la defensa de la economía nacional y, por ello, a una inacabable sucesión de congelaciones de rentas salariales sin apenas contrapartidas.

Hay una opción "modernizante" mayoritaria en el movimiento europeo asociado a la construcción de la UE que percibe la imposibilidad del regreso al Estado nacional en su forma de Estado Keynesiano de Bienestar y que se afana por complementar el proceso de integración negativa llevado hasta ahora, con el desarrollo del ordenamiento jurídico comunitario en materia de derechos sociales y laborales así como el aumento del gasto público comunitario y la creación de un impuesto comunitario; a la creación, en suma, de un keynesismo europeo.

Esta opción se mantiene, sin embargo, presa de la concepción estatista tradicional del movimiento sindical así como de la idea de la defensa de la economía europea frente a la competencia de los otros dos poderes, USA y Japón. Sus esfuerzos por defender el "modelo social europeo" tienen que ver, sobre todo, con la necesidad de luchar contra la competencia desleal de otras áreas económicas que practican descaradamente el "dumping social".

Ambas opciones comparten, pues, una ideología estatista que se ha visto reforzado como consecuencia de la ofensiva capitalista contra las conquistas sociales del Estado del Bienestar. Desde la que se alienta, con frecuencia, una cerrada defensa de lo público; como sí, por el hecho de serlo, estuviera radicalmente inmunizado contra el virus capitalista y no cumpliera funciones, como la historia ha demostrado, indispensables para la conservación y fortalecimiento del sistema.

Conciben al Estado, dichas opciones, como escudo de los derechos sociales contra el capital. Y a los derechos como emanación del Estado y el ordenamiento jurídico. Pero ni el Estado ni el ordenamiento jurídico han producido los derechos y la ciudadanía sociales; todo lo más los consagran, en una relación de equilibrio inestable y conflictiva con sus funciones relativas a la acumulación de capital y reproducción y disciplina sobre la fuerza social de trabajo. Desde esta perspectiva el Estado aparece como un campo más en el que se expresa el conflicto social y de clase, un campo privilegiado cuya materialidad, las instituciones y aparatos que la constituyen como un ente complejo en movimiento, expresa, a su vez, la condensación relativa y diferenciada del conflicto social.

La corriente anticapitalista en el movimiento sindical no puede atarse a la ideología estatalista sin que ello implique desconocer el fundamental papel del Estado en la suerte de los conflictos sociales. En realidad la corriente anticapitalista debe partir de la concepción del Estado señalada más arriba, la de un espacio privilegiado del conflicto social, para intervenir en el mismo con una vocación de romper el equilibrio que expresa la hegemonía capitalista y orientarlo en la dirección de una configuración histórica formada por un conjunto de redes autogobernantes de la producción y el conjunto de las relaciones sociales; sustituyendo así su actual dominio por el valor y la mercancía por esquemas de cooperación y comunicación social que inauguren un proyecto histórico de sustancialización de la democracia.

En términos estratégicos esta concepción está lejos de cualquier ilusión del "gran día" en el que el Estado podría ser abolido (o comenzar a ser abolido, para el caso es lo mismo). La experiencia del siglo XX ha mostrado hasta que punto es difícil imaginarse la organización de la convivencia social en sociedades complejas sin alguna forma de administración heterónoma. Pero también ha puesto de relieve las enormes posibilidades abiertas a las autoadministración de los asuntos públicos y a la superación de la subalternidad y la dependencia.

En los términos más inmediatos que aquí nos interesan, la perspectiva permite romper con la imperiosa necesidad de la delegación y por tanto con la tradicional discusión del movimiento obrero entre el momento político y el sindical. En lo sucesivo y en tanto que organiza las capacidades de cooperación y autoadministración social, el sindicato asume una función plenamente política. Y, en tanto que tal, se niega como organización meramente económica de los trabajadores, como mera organización del trabajo social: se hace un poco más autónomo de la relación capital

Los dos términos de este epígrafe invocan realidades sociales que han estado radicalmente separadas en la historia del capitalismo. Más aún su separación constituye quizás el rasgo más característico de la civilización capitalista en el dominio subjetivo. El ente "ciudadano" resulta de la abstracción de las múltiples especificidades y atributos del ser social –género, clase, etnia, etc.- y la atribución de una condición genérica y uniforme (uniformadora) en virtud de la igual se produce la igualación formal de sus portadores. La condición sindical, por otra parte, es el resultado de privilegiar una dimensión del sujeto –la económica, la de los "intereses materiales"- pretendidamente característicos e inherentes a la condición de trabajador.

Ontologías sociales separadas pero expresivas ambas de la fragmentación de la persona bajo el capitalismo, de la aparentemente necesaria existencia de mediaciones y delegaciones, de la subalternidad inherente al ser trabajador y de la pasividad inherente al ser ciudadano.

Cuando postulamos para el movimiento sindical la construcción de una ciudadanía radical y democrática es obvio que lo hacemos desde una concepción de la ciudadanía radicalmente distinta de la meramente pasiva que denunciamos. La ciudadanía como sinónimo de pertenencia -por tanto de exclusión de los que no la poseen- y de pasiva generación de derechos y recepción de bienes públicos.

La concepción de ciudadanía que defendemos y reclamamos como práctica constructiva del movimiento sindical, parte de la negación de la separación de las esferas política y económica y, por tanto, de la fatalidad de la limitación de los trabajadores a la "conciencia sindicalista". Es una concepción en la que lo político –el ámbito en el que debe ejercerse la ciudadanía- tiene que ver con todo aquello donde se expresa la cooperación social y la comunicación; Tiene que por tanto también con el mundo de la empresa, de la producción y con el mundo de la reproducción. El momento "trabajador" pero también el de "consumidor" aparecer así como momentos o expresiones diferenciadas de la ciudadanía.

En la realidad el ámbito de los derechos reconocidos a los trabajadores en las empresas no supera el de la limitación del poder disciplinario del empleador. Dentro de la empresa funciona un sucedáneo de ciudadanía en la que el trabajador, en su contrato de trabajo, renuncia a una buena parte de sus derechos ciudadanos a favor de la dirección de la producción por el empleador y a cambio del salario (y, en forma creciente, del propio empleo).

Por el contrario las características del modo posfordista de producción y distribución exigen, más que posibilitan, el ejercicio activo de las capacidades de comunicación de cuantos en ella participan. Conectada cada vez más con la sociedad, la empresa tiene que recuperar su condición de comunidad de productores asociados y autogobernados. La democracia en la empresa deja de ser una consigna de mínimos para convertirse en condición misma de existencia de una ciudadanía efectiva. Si la fuente del poder en la empresa es la propiedad del capital como origen del valor, hoy sabemos que la capacidad de comunicación y cooperación potenciadas por la revolución de las comunicaciones se ha convertido en la fuente principal del valor; y, por tanto, una nueva legitimidad del poder en la empresa, radicalmente democrática, se ha abierto paso dando al traste con la razón del ser del poder del propietario del capital.

Trabajar en la extensión y profundización de esa concepción de la democracia y la ciudadanía en la empresa, de ese nuevo concepto de empresarialidad debería ser uno de los principales cometidos del movimiento sindical anticapitalista. Difícilmente pueden ser exagerados la importancia y alcance de esta propuesta; comportaría, entre otros, la exigencia de profundas reformas en los ordenamientos jurídicos basados en buena medida en el indiscutido poder de los propietarios del capital para invertir o desinvertir de acuerdo con sus estrictos intereses individuales. Cuando, una vez más, asistimos a procesos de en cadena de despidos masivos, regulaciones de empleo y deslocalizaciones varias, se pone imperiosamente de actualidad esta radical exigencia de democracia en la empresa.