Las experiencias de movilización social que se propagaron en el subcontinente hacia mediados y fines de la década del 90, supusieron un redescubrir de identidades previamente ocultas o invisibilizadas, y convocaron a la sociedad a recomponerse tras el avasallamiento neoliberal y los fuertes cuestionamientos a sus principales interlocutores (partidos y sindicatos tradicionales).

Siguiendo a Dávalos (2006) la presencia de sujetos colectivos en espacios públicos refiere a que empiezan a dar batalla en un terreno reservado exclusivamente a las elites tradicionales: el congreso y el ejecutivo, aunque habría movimientos sociales que se expresan en el espacio público sin necesariamente llegar hasta esas instancias. Podríamos decir que primero ganan la calle y la plaza para manifestar su descontento y mostrar su desacuerdo con las formas de ejercicio del poder que sostiene el statu quo. Luego se desplazan a los sitios de gobierno para intentar introducir los cambios necesarios o practican modos autónomos y alternativos al interior de sus comunidades.

Sin embargo, creemos que más allá de que algunos movimientos sociales se inclinen a participar en los procesos electorales y otros prefieran proponer construcciones independientes y alejadas del gobierno, necesariamente guardan relación con el poder institucional.

De allí que en el presente artículo nos interesa centrarnos en la relación que se establece entre movimientos sociales y Estado en el siglo XXI, repasando cómo ha sido tratado ese vínculo por las diversas perspectivas que se han dedicado al abordaje de la acción colectiva y los movimientos sociales. Con tal fin repasaremos los postulados de algunos de los autores de las teorías centrales (europea y norteamericana), de la corriente autonomista (encarnada en John Holloway y Tony Negri) y objeciones desde los análisis de Atilio Borón y también de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau.

La explicitación de una relación: movimientos sociales y Estado en la América Latina del siglo XXI.

A partir de los últimos años de la década del 90 las consecuencias del neoliberalismo se hicieron claramente visibles. Organizaciones emergentes, renovadas formas de lucha, nuevos métodos de construcción política, se fueron constituyendo como los protagonistas casi exclusivos de la resistencia. El creciente proceso de movilización social hacía eco del hartazgo de un capitalismo desenfrenado y un sistema político que parecía negar, omitir e invisibilizar demandas de distintos sectores sociales. Éstos se vieron fuertemente golpeados por el modelo imperante y reaccionaron buscando nuevos canales de reivindicación.

Con anterioridad al advenimiento del siglo XXI, por un lado se encontraba el espacio público de la confrontación y la competencia electoral reservado a los partidos políticos; y de otro el escenario para la demanda, la presión y la negociación reservado a los movimientos sociales, fuertemente dominado durante décadas por una fisonomía corporativa.

Tras el inicial encantamiento con la experiencia zapatista de 1994 y algunas expresiones del autonomismo, los movimientos fueron redefiniendo sus formas organizativas y planteamientos políticos. Como expresa Oliver Costilla (2007: 3): “(…) conquistaron un espacio de reconocimiento social y eso llevó a su aceptación mayor por las fuerzas políticas e institucionales, así como a que dichos movimientos asumieran roles políticos constructivos”.

Los movimientos sociales parecieron alejarse cada vez más de una visión autonomista y autolimitante. Así, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la acción social colectiva adquirió una naturaleza más sociopolítica, en el sentido de irrumpir en el espacio de la política institucional y disputar al gobierno neoliberal la prerrogativa de decidir. Esta “politización” de los movimientos sociales otorga mayor relevancia a nuestro tema de investigación, ya que hace más explícita la correlación entre éstos y los sistemas políticos. (Mirza, 2006: 43).

Esta situación se hizo más evidente aún cuando hacia los primeros años del siglo XXI comenzó a hablarse de una nueva ola de gobiernos de tinte progresista en el subcontinente: desde el arribo de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998, luego Lula Da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay e incluso las elecciones en 2005 de Michel Bachelet en Chile y Evo Morales en Bolivia. (1)

Podríamos decir que el férreo accionar de los movimientos sociales durante los 80 y 90 repercutió en la reconfiguración del mapa político latinoamericano a principios de siglo Tal como expresa Ramírez Gallegos (2006: 34) los movimientos contribuyeron a generar un recambio de cuadros, “más plebeyos y populares”. Aportaron al aparato gubernativo un conjunto de dirigentes sociales, militantes y técnicos provenientes de sectores sociales desfavorecidos y marcados por su extracción de clase o por su etnia y color de piel.

Es por ello que en nuestro contexto actual la relación entre movimientos sociales y Estado, adquiere una importancia central. Ocuparnos del análisis de las implicancias de ese vínculo supone acercarnos a la comprensión de las configuraciones y devenires de esa heterogeneidad de países y clivajes que denominamos América Latina.

Como sostuvimos al comienzo de este trabajo creemos que el modo de relacionamiento de las expresiones de acción colectiva con el Estado resulta clave para analizar la irrupción de los movimientos sociales y comprender un eventual paso de la plaza principal a las sedes de gobierno de un país.

Proponemos entonces abordar con detenimiento cómo distintas perspectivas y en particular algunos autores han tratado la relación entre movimientos sociales, Estado y poder.

Los teóricos de la Movilización Política (2) (Charles Tilly, Dough Mc Adams, Sidney Tarrow) fueron los que más se dedicaron al abordaje de esta relación. Buscaban explicar el surgimiento de movimientos sociales concretos en base a los cambios en la estructura institucional, por lo que recurrieron a la noción de estructura de oportunidad política, la cual fue objeto de numerosas críticas por pensarse en términos cuasi mecánicos o estáticos.

Para ellos el cambio en las oportunidades reduciría los costos de actuar colectivamente, revelando un momento crucial de debilidad del oponente. Así, la gente se involucraría en la acción colectiva cuando los patrones de oportunidad política y constreñimientos cambian.

Se objeta a la idea de “oportunidad política” que no prestaría atención al hecho de que los movimientos sociales pueden incidir ampliando las mismas. “Las oportunidades catalizan la acción política pero los movimientos también consiguen ampliar el espectro de las oportunidades”. (Gamson y Meyer, 1999: 403).

La estructura de oportunidad política aparecería como externa al actor en juego, pudiéndola aprovechar cualquier organización, y claramente podemos notar que no todas ellas están en igual situación. De este modo, no consigue explicar por qué un movimiento, y no otro, logra aprovechar las oportunidades políticas.

También fueron importantes los aportes de autores como Alain Touraine y Clauss Offe, en tanto buscaron relacionar a los movimientos sociales con los sistemas políticos: Las sociedades dependientes, ensayos sobre América Latina y Actores sociales y sistemas políticos en América Latina (Touraine, 1976 y 1977 respectivamente) y Partidos políticos y nuevos movimientos sociales (Offe, 1988).

Para Touraine, un movimiento social explicitaba un conflicto social por la definición de la historicidad, la cual “refiere a la lucha por la hegemonía o control de aquellas orientaciones culturales e ideológicas en una sociedad determinada”. (Mirza, 2006: 52). En los ´80 los movimientos sociales ganaron centralidad en la teoría sociológica de este autor, con destacada preocupación por la situación de América Latina. Siguiendo a Gohn (1997), para Touraine el Estado constituiría el principal agente de transformación histórico, a tal punto que en su mirada habrá una subordinación del movimiento social al Estado. Los movimientos sociales serían más bien actores de presión que protagonistas de la transformación social propiamente dicha. De allí que cuando Touraine analiza los movimientos populares en América Latina remarca sus limitaciones y los ve subordinados al accionar estatal.

En el caso de Offe se otorga prioridad a un análisis político que articula el campo político con el socio cultural (Gohn, 1997: 164). Para él, los movimientos sociales constituyen elementos novedosos dentro de un nuevo orden en desarrollo, y los reconoce como interlocutores válidos que actúan tanto en la esfera pública como privada. Gohn sostiene que la centralidad brindada por Offe a la acción social como acción política en su análisis de los movimientos sociales en términos de fuerza social remite a Gramsci, lo cual nos estaría marcando una distinción con las posturas de Touraine y Meluci. (Gohn, 1997: 168)

Por su parte y desde Latinoamérica, Manuel Garretón en sus escritos también se ha detenido en la relación poder estatal-movimientos sociales. Se pregunta cómo han influido los cambios en los procesos económico-político-social en las transformaciones de la acción colectiva. En este marco sostiene que la descomposición de la matriz socio política (3) influyó de manera decisiva para modificar la naturaleza del movimiento social y también la re significación de los nuevos ejes de la acción social colectiva y los conflictos sociales.

Pero más allá de estas referencias e intentos de abordaje, la relación Movimiento Social-Estado parece ser un terreno de estudio bastante relegado por los enfoques que venimos esbozando, con tratamientos marginales o estancos. Además podemos apreciar las grandes diferencias existentes entre efectuar este análisis hacia los años 70 u 80 que hacerlo para el 2000; o entre abordar por ejemplo la relación de los ecologistas alemanes o franceses con el Estado que el vínculo de los indígenas ecuatorianos o bolivianos con sus respectivos Estados.

Despejando el tablero: algunas aclaraciones y objeciones

Interesa aquí remarcar que cuando en este artículo hablamos de la relación con el Estado, no estamos pensando en un poder alojado en un sitio específico. Al reconocer la multiplicidad de antagonismos los movimientos sociales y sus teóricos reconocen que el poder escapa de las lógicas de propiedad o localización, sino que es transversal a las relaciones sociales.

Laclau y Mouffe (2004), tomando como base los postulados de Gramsci, nos recuerdan que el poder no está sólo ubicado en las instituciones públicas sino también en la sociedad civil y en las estructuras ideológico políticas insertas en el cotidiano de la sociedad. En este sentido, la hegemonía será coerción y consenso, dirigir y dominar, siendo necesario considerar ambos momentos.

Fundamentalmente la perspectiva de la identidad colectiva -de raigambre europea-, caracteriza un contexto de creciente mercantilización donde el poder es capaz de penetrar en áreas antes vedadas. Si éste se traslada de escena, también lo hace el conflicto, es decir su mismo carácter biopolítico conllevó a la diseminación del antagonismo.

En este sentido, pensamos en la relación de los movimientos sociales con el poder estatal como poder instituido; con brazo ejecutivo, legislativo y judicial; con disposición de aparatos represivos e ideológicos; encargado del diseño y aplicación de políticas públicas.

De esta manera, a algunas organizaciones sociales podría resultarle afín la idea de contrapoder, para remarcar el carácter alternativo de los procesos de movilización, la construcción de espacios nuevos y autónomos por los intersticios que se pueda. Según Holloway (2002) estas ideas se resumirían en el lema “cambiar el mundo sin tomar el poder” y tendrían acogida en la corriente autonomista del mismo Holloway y de Hardt y Negri.

Las formulaciones del primero de estos autores encuentran su expresión más pura en el zapatismo mexicano, mientras los teóricos de Imperio se transformaron en el sustento de los discursos de los movimientos alter globalización.

Lo cierto es que los cambios a los que se ha visto expuesto el Estado se plasman en las nuevas consideraciones de los movimientos sociales de fines del siglo XX. En este sentido, éstos se diferenciarían con los movimientos de la década de los 60 y 70 que consideraban al Estado como fuente inmediata de poder real, teniendo como fin tomar el poder y erigir una nueva autoridad para encarar los cambios.

Para Holloway (2002) fueron los zapatistas los que aportaron la ruptura del vínculo entre revolución y control del Estado, rechazaron la concepción estado céntrica de la política, donde los cambios sólo eran posibles uniéndose a un partido o a un grupo revolucionario. Este autor considera que la idea de “toma del poder” supone una concepción instrumentalista que le atribuye al Estado una autonomía que no posee, ya que se encuentra limitado y condicionado por la necesidad de mantener el sistema de organización capitalista que también integra. (Holloway, 2001: 30-31).

Por su parte, Hardt y Negri (2002) caracterizan que en el pasaje del imperialismo al imperio la dominación no tiene centro ni fronteras. Así, sostienen que los movimientos sociales son expresiones infinitas de la multitud, y ésta por su carácter descentrado, desterritorializado, molecular y nomádico no requiere de la articulación política.

Las reivindicaciones de la multitud aspirarían a la supresión de las fronteras y a una ciudadanía universal pero supondría una espontaneidad por la cual todas las luchas separadas confluirán en un punto de ruptura. Para Laclau pensar que habrá un proceso automático por el cual las distintas luchas sociales van a confluir en un centro unificado sin ningún tipo de mediación política, implica un vaciamiento general de la política. Por el contrario, este autor remarca que el momento de articulación política resulta fundamental.

Desde la óptica de Atilio Borón, se cuestionan los postulados de Hardt y Negri y de Holloway, porque dejarían de lado una cuestión central: la del poder, y con ello la necesidad de tácticas y estrategias adecuadas para construir una alternativa política post neoliberal. Para este autor (2001), Holloway presentaría un romanticismo político que peligra de antipolítico al postular que es necesario disolver las relaciones de poder.

Remarcamos aquí la pertinencia de Laclau y Mouffe (2004) cuando dudan de la posibilidad de construir políticamente por “fuera del poder” porque en toda identidad política habría una relación de poder que es absolutamente constitutiva e imposible de erradicar.

Luego, también quisiéramos aclarar que no pretendemos significar a la relación Movimiento Social – Estado como unívoca. Los primeros generan efectos en las instancias de poder institucional, pero también las políticas que asuma el Estado para con la movilización social repercuten en su interior. Desconocer esta bilateralidad implicaría caer en las objeciones que marcábamos para la teoría de la acción estratégica, que a través de su consideración de que los movimientos sociales surgen y se desarrollan por cambios en el contexto y las oportunidades políticas, pierde de vista el dinamismo de uno de los dos polos.

De este modo, estamos en condiciones de reiterar la idea central de este artículo, aunque los movimientos sociales no sean partido ni pretendan serlo, necesariamente guardan relación con el poder. Que no se piense más en el poder alojado en los edificios de gobierno y en el partido como único órgano de mediación política, no quiere decir que vaya a haber una confluencia natural de todas las luchas sociales.

La concepción de poder para los movimientos sociales actuales es mucho más amplia que para las organizaciones de los 70. Como expresa, Sousa Santos, en los distintos espacios estructurales se generan formas distintas de poder: “el espacio-tiempo doméstico donde la forma de poder es el patriarcado; el espacio-tiempo de la producción, donde el modo de poder es la explotación (…); el espacio estructural del mercado, donde la forma de poder es el fetichismo de las mercancías; el espacio-tiempo de la ciudadanía, lo que normalmente llamamos el espacio público: ahí la forma de poder es la dominación, el hecho de que hay una solidaridad vertical entre los ciudadanos y el Estado (…)”. (Sousa Santos, 2006: 52-53) Para Oliver Costilla “los actuales movimientos sociales demuestran tener una visión más clara de la importancia de desarrollar un trabajo político ideológico para transformar a la propia sociedad civil y conllevan una apreciación crítica de las posibilidades y los límites de las transformaciones en los parlamentos y en la sociedad política.” (2007: 2). No sólo se persiguen cambios en las instituciones y en las leyes sino también en distintos ámbitos de la sociedad civil.

Por esta vía podríamos pensar en la necesidad de superar la oposición tajante entre el camino electoral y la lucha de los movimientos sociales –tensión que persiste en el recorrido de nuestra investigación- en tanto la vitalidad de estos últimos tendría mucho que aportar a la inercia de los sistemas políticos. “Las elecciones pueden no ser solo un ejercicio formal para que el sistema pueda mantenerse cambiando. Pueden constituir también un momento de politización, de esclarecimiento programático y de organización de alianzas.” (Almeyra 2007: 92).

Lo central pareciera ser -y con ello volvemos unos párrafos atrás- la articulación política: que los movimientos logren multiplicarse y acumular energía transformadora, que a través de la organización puedan abrir el espacio para la creación de instrumentos políticos nuevos.

Palabras finales

Hemos pretendido enfatizar en la consideración de los movimientos sociales como protagonistas de la conflictividad y cambio social, elementos centrales en la caracterización de las relaciones sociales. Además intentamos dar cuenta de la importancia y pertinencia de abordar el vínculo entre Estado y movilización social en los albores del nuevo siglo. Rechazamos las caracterizaciones rígidas o estancas, de modo que comprendemos a los movimientos sociales como organizaciones sociales en el interior de las cuales se plantea y se dirime una tensión que es propia del encuentro de la multiplicidad: la fábrica, el barrio, la militancia, el partido, el movimiento, el sindicato.

Al referirnos al poder estatal tampoco estamos pensando en un poder alojado en un sitio específico, los movimientos sociales reconocen la transversalidad del poder.

De esta manera, no creemos que el carácter “social” que se adjudica a los movimientos sociales en su denominación deje de lado el componente político. En sus estructuras organizativas, en sus repertorios de acción, en sus formas de abordar el mundo, el debate en torno a la cuestión del poder está latente y encuentra vías de resolución diversas a través de las vastas experiencias en América Latina.

Finalmente, este artículo y la investigación más extensa de la que forma parte, se enmarcan en la vocación de contribuir en términos de relacionar la teoría y la experiencia de los movimientos sociales con una nueva política. Aspiramos en última instancia a que las investigaciones sobre esta temática puedan retroalimentar la construcción de proyectos sociales, contrahegemónicos y emancipadores.

Notas

(1) A esta enumeración se agregarían mas recientemente las elecciones de Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y este año en El Salvador el triunfo de Mauricio Funes del izquierdista y ex insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

(2) La Teoría de la Movilización Política es una de las corrientes en que suele subdividirse al enfoque norteamericano o de la acción estratégica. La otra corriente que se distingue es la Teoría de la Movilización de Recursos, con exponentes como John Mc Carthy y Mayer Zald.

(3) Garretón (2003: 13) aclara que con el término matriz socio política alude a la matriz de constitución de la sociedad, particular configuración de las relaciones entre Estado, régimen y partidos políticos y sociedad civil o base social.

Bibliografía

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