Todas las administraciones tienen competencias y responsabilidades en la resolución de la problemática de la vivienda. A todas les corresponde trabajar de manera coordinada de cara a que el Derecho a una Vivienda Digna sea una realidad. Desde la cercanía a las Elecciones Forales y Municipales, desde Etxebitza Guztiontzat! Euskal Herriko Plataforma queremos plantear nuestras reflexiones y propuestas de cara a la política municipal.

Los Ayuntamientos son la institución con mayor responsabilidad en todo lo referido a la Planificación Urbanística, y esta es una de las cuestiones fundamentales de cara a entender por que el problema de la vivienda ha llegado a su dimensión actual. Necesitamos un cambio de modelo en la gestión urbanística, que se dejen de lado sus necesidades de financiación y las servidumbres respecto de los intereses económicos para poner en el centro de la misma la necesidad social. Como sociedad, tenemos que recuperar el control sobre la tierra en la que habitamos, sacarla del des-control provocado por la perversa lógica del mercado. Creemos que no hay que construir, artificializando nuevos suelos, sino que antes tendremos que reutilizar lo ya existente, poniéndolo al servicio de la gente que lo necesita; sin embargo, estamos convencidos de que lo que se construya se tiene que hacer siguiendo criterios sociales y ecológicos. Reivindicamos que todos los desarrollos urbanísticos se hagan por medio de sistemas públicos de gestión, promoviendo exclusivamente viviendas públicas destinadas al alquiler con rentas adaptadas a la capacidad de pago.

Por parte de las corporaciones locales se suele alegar que hay un déficit estructural en su financiación. Déficit que, además de repercutir en la calidad de los servicios, deben compensar con la generación de ingresos propios. Más allá de esto, también creemos que esta realidad se utiliza para ocultar la verdadera situación: plena coincidencia ideológica entre los y las responsables políticas y los agentes económicos. El entramado institucional en nuestro país tiene su complejidad, no lo negamos, pero exigimos que las políticas de vivienda vayan más allá de los partidismos y se emprenda un camino de coordinación inter-institucional.

Una de las obligaciones legales que tienen los Ayuntamientos es la de destinar todos los años un porcentaje de sus presupuestos a la ampliación de los Patrimonios Públicos de suelo. El espíritu de los mismos es el de intervenir en el mercado de la vivienda. Sin embargo, se utilizan muchos subterfugios legales tanto de cara a no constituirlos como para sacarlos a subastas públicas y así recaudar fondos. Estas prácticas generalizadas, aunque legales, van en contra del espíritu de la ley y del interés social. Es por ello, que queremos reivindicar que no se venda ni un solo metro de suelo público, y que desde la administración se sigan comprando terrenos para ponerlos a disposición del interés social.

Como institución más cercana, los ayuntamientos son los que más capacidad tienen de cara al control y la movilización de la vivienda vacía. En Hego Euskal Herria hay más de 150.000 viviendas vacías y muchas más que sólo se utilizan algunos meses al año. Hay que avanzar el diálogo social sobre la materia y comenzar a tomar decisiones; no se trata de problemas técnicos sobre el cómo definir una vivienda vacía, no. El verdadero debate es de voluntad política, en otros países (Holanda, Dinamarca, Francia,...) hay estrictas regulaciones sobre la vivienda vacía ¿Porqué aquí no las hay? Quienes se presentan a las elecciones municipales tendrán que explicarle a las miles de personas que han tenido que marcharse de sus barrios y pueblos donde nacieron porque no han hecho nada para evitar que la compra viviendas que solo se utilizan unos meses o que nunca se usan), en su localidad elevase los precios de estas viviendas a niveles imposibles para sus bolsillos. Tendrán que explicarnos también porque mientras en el centro de pueblos y ciudades hay decenas de miles de viviendas vacías, nos siguen proponiendo artificializar más y más terrenos naturales. Quienes no queremos una Euskal Herria de cemento en manos de quienes especulan, reivindicamos que se gestionen socialmente estas viviendas vacías, gravando su posesión y provocando que salgan al mercado. Con esto no queremos decir que toda la responsabilidad sea de estas instituciones. El resto también tendrá que hacer sus deberes.

Creemos que estas elecciones municipales pueden ser un buen momento para comenzar a construir ciudades y pueblos de otra manera. Todas las personas, ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a participar de una forma activa en la definición de como queremos que sean nuestros pueblos y ciudades, como queremos que se desarrollen, para ello, exigimos que los organismos de participación ciudadana sean vinculantes en la toma de decisiones de los Ayuntamientos.