ANTE ESTA SITUACIÓN REIVINDICAMOS:

La vivienda es un derecho, por tanto debe quedar fuera de la lógica del mercado.

La política de las instituciones debe dar un giro radical y enfocarse al interés social y no a favorecer intereses privados y especulativos.

Es necesario aumentar la dotación presupuestaria de las diferentes administraciones en materia de vivienda, en función de las necesidades reales.

El dinero público se ha de dedicar a la promoción directa de vivienda pública, garantizando así el aprovechamiento de los recursos públicos y ahorrando intermediaciones que responden a fines privados.

Apuesta decidida por el alquiler social, como vía para garantizar el acceso universal y evitar que se especule con los recursos de la administración. El pago de este alquiler debe limitarse, de forma que nunca impida la satisfacción de otras necesidades y derechos.

Mientras esta apuesta no es real, las AES, que en este momento se emplean casi en su totalidad para vivienda, deben ser garantizadas en su totalidad, evitando que miles de familias queden en la calle.

La vivienda vacía supone un lujo inadmisible en este contexto, por tanto es necesario articular las medidas de control (la administración tiene recursos para ello) y de penalización que aseguren el aprovechamiento inmediato de estas viviendas (pudiendo plantearse incluso medidas de expropiación).

La gestión del suelo debe estar regulada por leyes que aseguren el empleo del mismo en función del interés social e impida actitudes especulativas (por ejemplo, por parte de los Ayuntamientos, que habitualmente lo emplean como vía de financiación).

En este contexto de vulneración del derecho a la vivienda, es necesaria una reflexión sobre el papel de la okupación y la situación de penalización en que en estos momentos se encuentra.

Las cajas de ahorros, dado su carácter social, deben invertir dinero en solucionar el problema de la vivienda y no lucrarse aprovechándose de la desprotección que sufre este derecho.