"Quizás mañana o pasado, /o bien en un tiempo más / la historia que han escuchado,/ de nuevo sucederá./ Es Chile un país tan largo, / mil cosas pueden pasar..." (Luis Advi, Cantata de Santa María de Iquique.)

No es casualidad que a solo cinco días de la impredecible segunda vuelta electoral, en que el pueblo chileno se manifestará en las urnas para elegir su nuevo Presidente, el gobierno británico argumente razones humanitarias para que el General Pinochet regrese a Chile. Y aunque esta decisión se esperaba en estos meses, es probable que ella obedezca implícitamente a la necesidad de "favorecer la convivencia democrática", como se argumentaba desde algunos sectores políticos del gobierno chileno que asumieron la defensa de Pinochet. La verdad es que me cuesta creer que aliente la democracia, el reconocer razones humanitarias para quien jamás las tuvo con sus cientos de víctimas. Me cuesta creer que la impunidad pueda favorecer de alguna manera los destinos políticos de Chile.

Desde la perspectiva estrictamente política, tengo la impresión de que con ello de alguna manera se quisiera influir en la decisión que próximamente debe adoptar el pueblo chileno, aunque los Sres. candidatos a la Presidencia han manifestado que esta decisión en nada influye en la campaña electoral. De un lado, el regreso de Pinochet a Chile implica tácitamente, un triunfo para los sectores de la derecha. Tácitamente porque Pinochet regresa a Chile amparado en la "clemencia", en la "piedad" de la justicia; y no como vencedor. Creo altamente probable que la derecha política utilizará todos los medios a su alcance para aprovechar esta coyuntura y ganar votos, aunque la candidatura del Sr. Lavin (Unión Demócrata Independiente) se ha cuidado bien de no asumir tan abiertamente la defensa de Pinochet y ha declarado que lo que le satisface es el reconocimiento que esto implica del principio de soberanía nacional. De otro lado, y como contrapartida, la reacción por parte de los sector! es de la izquierda que se encuentran en el escenario electoral, ha sido la de descontento, aunque el Sr. Lagos (Partido Socialista) ha manifestado su impresión respecto de que Pinochet será juzgado en Chile en los procesos que se encuentran abiertos.

Otra ha sido la reacción por parte de los organismos de derechos humanos (Agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos), para quienes la decisión del gobierno británico implica dejar sin efecto la ansiada petición de justicia por parte de los familiares de las víctimas, petición de justicia que no creen que tenga acogida en Chile. Como ha dicho la Sra. Viviana Díaz, presidenta de la A.F.D.D., el reconocimiento de razones humanitarias para impedir el juzgamiento de Pinochet en España, servirá de precedente para impedir su procesamiento en Chile.

Me pregunto cuál será la reacción de los miles de chilenos que en 1989 dijeron NO al general Pinochet, en el plebiscito con el que se dio inicio a la transicion democrática. ¿No es acaso probable que éstos vean influida su decisión electoral?. Altamente impredecible y por decir lo menos, peligroso. Por una parte, el deseo de que Pinochet responda por los crímenes cometidos puede forzar el derecho a elegir libremente en favor de la candidatura de los sectores socialistas, o también, el miedo a las reacciones violentas por parte de la derecha, no digo de la candidatura derechista, sino los partidarios de Pinochet, puede forzar su decisión a no manifestarse por ninguna de las dos candidaturas, e incluso, quienes no participan de una determinada ideología, voten por la derecha, solo por el miedo a la reacción derechista ante la posibilidad de juzgar a Pinochet en Chile. Señores, con la derecha de mi país no se juega. Bastante tuvimos durante el gobierno del Presidente Salvador All! ende con el boicot económico, las manifestaciones de violencia que terminaron con la usurpación violenta del poder por los militares, apoyados por el imperialismo norteamericano.

Y aunque no estimo probable que pueda producirse un nuevo golpe de Estado (no existe una correlación de fuerzas favorable a un hecho como éste, y tampoco existe la cohesión necesaria en los sectores de las Fuerzas Armadas), sí creo que la derecha no trepidará en utilizar todos los medios a su alcance, sobre todo su poder económico, para obstaculizar el desarrollo democrático de un gobierno socialista, si éste llegare al Poder. Quienes resultarán afectados no son precisamente los detentadores del poder ni los poseedores de las mayores riquezas en nuestro país, sino los casi cinco millones de pobres que existen actualmente, y en definitiva, todos los chilenos.

Indudablemente no me es indiferente el destino político de mi país, aunque tengo serios reparos en torno a unas elecciones que se desarrollan bajo el marco de una Constitución de corte autoritario, elaborada por el mismo general Pinochet, y cuya "esencia" no ha cambiado durante los años de democracia. Más, lo que realmente me preocupa es esta suerte de influencia que desde sectores políticos de otros países puedan tener en las decisiones que debe adoptar un pueblo que tiene "el derecho a la libre autodeterminación".

Que Pinochet regrese a Chile significa un duro golpe para quienes defendemos los derechos humanos. Ya desde la decisión de la Cámara de los Lores en 1998 que determinó que el viejo General debía ser juzgado solo por los delitos cometidos desde 1988 en adelante, parecía ser que el proceso de extradición se resolvería en su favor; no sin ciertos vaivenes en las decisiones adoptadas posteriormente tras los innumerables recursos judiciales interpuestos por la defensa de Pinochet. Recordemos la última decisión adoptada en octubre de 1999 que ordenó su extradición a España. Debo reconocer, claro está, que el solo hecho de la detención de Pinochet, significó un avance en la protección que la comunidad internacional hace de los derechos inherentes a la persona y la lucha contra la impunidad.

Sin embargo queda un sabor amargo en todo esto: Pinochet no será juzgado por los tribunales españoles, y me cuesta también pensar que lo sería en Chile. No existen garantías suficientes de que los procesos abiertos en su contra lleguen a un término que permita esclarecer los crímenes cometidos, dar sanción, y reparar el daño a las víctimas. Reconozco el esfuerzo que el Ministro de la Corte de Apelaciones, Sr. Guzmán, a cuyo conocimiento se encuentran sometidas la mayoría de las querellas en contra de Pinochet, realiza en estos momentos por sancionar los crímenes cometidos. Pero sería ingenuo pensar que en este caso se respetará el principio de separación de poderes del Estado, y más específicamente, la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. La decisión de juzgar a Pinochet, en la práctica, no corresponde a los tribunales de Justicia, se trata de una decisión política.

Reconocer razones humanitarias en favor del viejo General, para impedir su juzgamiento en España y permitir su regreso a nuestro país, "para que muera en paz", en el plano político, puede quizá ser comprensible para algunos sectores, o deseable para otros. Se argumentará la necesidad de proteger el sistema democrático, o los intereses del pueblo, aunque tengo la impresión de que se trata mas bien de los intereses políticos o económicos particulares. Si Pinochet regresa a Chile, se alzarán voces que pregonen la necesidad de alcanzar la "reconciliación nacional", y es probable que llegado cualquiera de los dos candidatos al poder se impida su juzgamiento, basados también en "razones humanitarias". Personalmente, y como muchos chilenos, no creo que la reconciliación nacional sea posible mientras no exista juicio y castigo a los culpables de la operación de exterminio que dirigió el General Pinochet en el cono sur.

Decía que políticamente podría incluso llegar a discutirse la conveniencia o inconveniencia de la decisión del gobierno británico. Más, desde el punto de vista jurídico, y sobre todo humano, esta decisión, ni es comprensible, ni es aceptable racionalmente. No me parece que estas razones puedan servir de argumento que impida el ejercicio de derechos reconocidos en el ordenamiento internacional: el legítimo derecho de las víctimas a la justicia, derecho que solo puede hacerse efectivo a través del esclarecimiento de los crímenes cometidos y la sanción correspondiente a sus autores. El recurso humanitario es algo ajeno a la lucha contra la impunidad.

Por tanto, tampoco lo es, en mi opinión, una decisión correcta desde el plano político. La democracia no puede construirse sobre la base del amparo a las actuaciones del Estado que abusa de su poder, violando los derechos mas elementales de las personas, como son el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y la libertad. La impunidad, como ha sostenido la Asociación de Juristas Progresistas de España, "es un insulto a las conciencias democráticas", pues uno de los pilares fundamentales de las democracias es la lucha contra ella, sobre la base, entre otros, de los llamados principios de "justicia universal" y extraterritorialidad en materia penal.

Si comportamientos que atentan gravemente no solo contra la dignidad de las personas, sino que estremecen las bases del sistema democrático quedan sin sanción, el llamado "abuso de poder" del Estado y su retoño, el Terrorismo de Estado, encontrarán su caldo de cultivo para continuar reproduciéndose en el mundo, y la pregonada Justicia Universal no pasará de ser una mera "Justicia simbólica".