RFAPPCh/Odep/14-01-2000
La Organización de Defensa Popular (ODEP) declara a la opinión pública nacional e internacional su categórico rechazo a la lamentable decisión del ministro británico Jack Straw de no extraditar al genocida Augusto Pinochet a España, argumentando razones de salud. No nos cabe duda que dicha decisión responde a intereses políticos.

Este hecho sienta un grave precedente para el derecho y la defensa de los derechos humanos, no sólo para Chile, sino para toda la comunidad internacional. Constituye un golpe más para las Agrupaciones de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos, que durante tres décadas han luchado incansablemente para que se aplique la justicia y se evite la consolidación de la impunidad. Es también un grave revés para la convivencia social y la existencia de un Estado de Derecho en Chile.

El Gobierno chileno miente a la opinión pública cuando afirma que en nuestro país existen condiciones para juzgar a Pinochet. Reiteramos una vez más que en Chile no hay garantías políticas ni jurídicas para ello. Las Fuerzas Armadas continúan ejerciendo grandes cuotas de poder y presionan constantemente al país con sus amenazas cada vez que algunos jueces han intentado procesar a los violadores de los derechos humanos. Asimismo, los Tribunales de Justicia continúan aplicando sistemáticamente la Ley de Amnistía. El Ministro Juan Guzmán, quien instruye la mayoría de las querellas contra Pinochet en nuestro país, no tiene posibilidades de continuar con la investigación y someter a proceso al decrépito ex-dictador, menos ahora que Straw lo libera por razones de salud. El poder legislativo ni siquiera ha intentado desaforar a Pinochet como Senador de la República, condición mínima para que se le juzgue.

Durante 10 años los gobiernos concertacionistas, no han tenido voluntad política para resolver el tema de los derechos humanos en Chile, negándose a hacerse parte en los procesos contra los criminales y promoviendo diversas iniciativas con el objetivo imponer leyes de punto final y una mesa de diálogo que justifique el golpe de estado y las violaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo no ha escatimado esfuerzos para defender a un genocida como Pinochet en Tribunales Internacionales, para evitar que sea juzgado por sus crímenes, argumentando inmunidad diplomática, territorialidad de la jurisdicción penal y, por último, razones de salud. Sin importar que con ello, viola Tratados Internacionales a los cuales está adscrito, que establecen que los crímenes contra la humanidad son inamnistiables e imprescriptibles.

La ODEP llama a todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de nuestro país y el mundo a movilizarse para oponerse rotundamente a la institucionalización de la impunidad, avalada ahora internacionalmente por el gobierno británico. La esperanza de lograr justicia a través de los instrumentos jurídicos internacionales está a punto de fracasar en aras de los intereses políticos y económicos del sistema imperante, que dejan a los pueblos en la indefensión y vulnerabilidad más absoluta y promueven la impunidad y la continuidad de crímenes contra la humanidad.

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La ODEP nace en 1992, a iniciativa de un grupo de personas que, motivadas inicialmente por la situación de los presos políticos detenidos con posterioridad a marzo de 1990, asume rápidamente la necesidad de evolucionar hacia una organización que defienda y promueva los derechos humanos en la particular situación política que se abrió en Chile con la instalación de gobiernos civiles.

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