CHILE 1973-1999. UN DESAFÍO A LA DIGNIDAD
El primer libro del año dos mil

El jueves 6 de enero se presentó en la Casa Colorada de Santiago el libro "Itinerario de la Impunidad. Chile 1973-1999. Un desafío a la dignidad", de Beatriz Brinkmann. La autora es profesora de Estado, doctora en Filosofía, miembro del Comité Directivo del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS y del directorio de la Asociación de Amistad Chileno-Alemana.

El libro está dedicado a la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, a la Agrupación de Ejecutados Políticos y "en memoria y homenaje de Sola Sierra, destacada protagonista de esta historia".

Antes de la intervención de los panelistas, se leyeron cartas de saludo y de excusa por no poder asistir a la presentación enviadas por la presa política Marcela Rodríguez, de Tomás González, obispo de Punta Arenas y de la abogada Carmen Hertz.

En primer lugar, se dirigió al público Viviana Díaz, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien se refirió a los hitos de la lucha de los familiares que destaca especialmente Beatriz en su libro.

Luego tomó la palabra Volodia Teitelboim, destacando que éste es el primer libro que se presenta en el año dos mil que recién comienza, un hecho simbólico y concreto, por cuanto trata de la impunidad y de las tareas pendientes en este ámbito. Fue categórico al afirmar que las candidaturas presidenciales de Lagos y Lavín se han preocupado por establecer la impunidad y matar la memoria histórica; no hablan de derechos humanos, pero dicen que resolverán los problemas de la gente como si las víctimas no fueran personas.

Según Volodia, en estos dos siglos, Chile ha vivido las vicisitudes de una historia en que ha habido hechos grandes y nobles y tragedias, como la guerra de la independencia, las represiones de las repúblicas conservadoras, guerras civiles, etc. pero nunca había vivido los horrores de la guerra supuesta y falsa que se inició el 11 de septiembre de 1973, en la cual se asesinó impunemente a quienes pensaban distinto. La impunidad seguirá durando hasta que cerremos este capítulo, el más ignominioso que haya vivido este país.

Para Volodia, este libro reviste una importancia capital; si Chile fuera realmente democrático, debería ser incorporado a los planes de estudio, pero hasta ahora ha habido una política organizada y programada para imponer una amnesia histórica, como camino para sellar el capítulo de la impunidad en horas sombrías en que parece instalarse la derrota y la maldad. Sin embargo, mientras haya memoria de la injusticia el crimen será contrarrestado.

RESEÑA DEL LIBRO

La autora comenzó señalando que escribió este libro en un lenguaje sencillo para que los jóvenes pudieran leerlo con facilidad. Al realizar un análisis detallado de todas las tentativas para imponer la impunidad y las diversas formas de lucha para resistirla, quiso demostrar que "nada de lo que se hace en derechos humanos es inútil". Los miles de recursos de amparo presentados ante los Tribunales que fueron desoídos bajo la dictadura, han servido hoy para sostener las denuncias y acusaciones contra Pinochet en tribunales internacionales. Cada acción que hoy se realiza servirá en el futuro para sostener la causa de los derechos humans.

El libro está dividido en 4 capítulos.

Cap. I: Establecimiento de la dictadura militar.
Cap. II: La dictadura se proyecta hacia una "democracia protegida".
Cap. III: Los gobiernos post dictadura.
Cap. IV: La impunidad enfrentada a la normativa internacional de los derechos humanos.

Especialmente interesante es el Capítulo III, consagrado a los dos gobiernos de la Concertación, donde la autora pasa por un fino tamiz la política de derechos humanos de los gobiernos concertacionistas de Aylwin y Frei y las diversas tentativas que impulsaron por ampliar la ley de autoamnistía de 1978.

En las conclusiones sobre el gobierno de Aylwin, titulado "Balance desalentador del primer gobierno de la Concertación", dice la autora:

"El primer gobierno que se había comprendido a sí mismo como de transición a la democracia, terminó su período sin haber logrado ese objetivo. Se movió dentro del marco institucional dictado por la Constitución de 1980, sometido a fuerte presión militar y sin realizar ningún esfuerzo serio por superar esa situación. El argumento esgrimido recurrentemente para justificar esta actitud lo constituía la imposibilidad de lograr en el Congreso Nacional el alto quórum requerido para cualquier cambio de fondo.

En el ámbito de los derechos humanos, el gobierno de Patricio Aylwin concluyó sin que hubiera un sólo autor intelectual o material de los crímenes judicialmente condenado y encarcelado. Sólo gracias a la permanente alerta y a la fuerza moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al accionar de las instituciones de promoción y defensa de estos derechos fue posible evitar la promulgación de una ley con efectos de punto final para evitar cualquier investigación seria.

La poca voluntad política manifestada por el Gobierno y el Parlamento para impulsar el proceso de esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los culpables, dejó en manos del poder judicial la responsabilidad de definir esta importante materia. Los tribunales continuaron aplicando la modalidad ya conocida durante la dictadura de cerrar los casos recurriendo al decreto ley de amnistía, o bien la Corte Suprema traspasaba los procesos a la justicia militar donde eran archivados sin realizar investigación alguna.

Tampoco la situación de los presos políticos encarcelados por la dictadura fue resuelta en forma satisfactoria. Al existir la decisión política de no concederles la libertad sino mantener los casos en los tribunales de justicia, el proceso de su liberación fue extremadamente lento y penoso. Los últimos prisioneros políticos con procesos por acciones de resistencia al poder militar pudieron abandonar la cárcel sólo pocos días antes de concluir el gobierno de Patricio Aylwin, la myoría de ellos con indultos presidenciales concedidos sólo a condición de abandonar "voluntariamente" el país."

Respecto del gobierno de Eduardo Frei la autora afirma que éste: "no asignó importancia alguna al tema de los derechos humanos en su agenda de gobierno" aunque, según afirma: "las principales crisis político-institucionales de la administración Frei han estado relacionadas con la problemática no resuelta de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar".

Tras pasar revista a la seguidilla de crisis, como la petición de renuncia del general Stange involucrado en el "caso degollados" y la posterior marcha atrás en esta petición (como dice Beatriz: "el general renunció cuando él quiso"), la condena a penas irrisorias del ex-jefe de la DINA, Manuel Contreras a 7 años por el crimen de Orlando Letelier que motivó el inicio deconversaciones entre el gobierno, la derecha y los militares en torno a una ley interpretativa del decreto de amnistía de 1978, el gobierno de Frei presentó el 21 de agosto de 1995 "una iniciativa legal que significaba abdicar definitivamente de la justicia a cambio de un hipotético logro de una cuota de verdad, referida sólo al destino corrido por los detenidos desaparecidos sin identificar a los responsables de los hechos". (pág. 131). "En la práctica, la propuesta legitimaba e incluso ampliaba el ámbito de aplicación del DL de Amnistía Nº 2.191, principal causa de la impunidad. Perseguía un objetivo de "punto final" al establecer que los ministros podrían sobreseer definitivamente las causas al determinar la muerte de un deenido desaparecido, sin que sean encontrados sus restos. Es decir, se renunciaba definitvamente a la justicia y también a aspectos fundamentales de la verdad. Por otro lado, se reducía el tema... a sólo a la situación de los detenidos desaparecidos, dejando fuera otras violaciones como las de los ejecutados políticos y los casos de tortura". (p. 132). Luego, el 5 de noviembre del mismo año, se presentó un nuevo proyecto de ley que se conoció como la propuesta Otero-Figueroa, que era "evidentemente peor que la propuesta del presidente Frei"... "que era una ley de punto final" por mucho que el gobierno intentaba negarlo". (p. 135). La tramitación de este proyecto de ley que "no dejaba satisfechos ni a unos ni a otros, aunque por diferentes motivos", fue suspendida finalmente el 17 de abril de 1996.

Frente a la acusación constitucional presentada contra los ministros de la Corte Suprema por el "caso Carmelo Soria" en el transcurso de 1996, "el gobierno dejó de manifiesto una vez más su apoyo a la impunidad poniendo todo su esfuerzo en hacer fracasar la iniciativa, para lo cual contó con todo el apoyo de todos los parlamentarios de la derecha y de la gran mayoría de los demócratacristianos, logrando el rechazo de la acusación en la Cámara de Diputados". (p 146).

El balance de la gestión concertación-Frei es concluyente: "A pesar de los esfuerzos desplegados por los abogados de derechos humanos, hasta fines de 1998 no había en Chile ningún militar preso como autor de un delito de violación de los derechos humanos cometido durante el período que cubre la autoamnistía. De los más de 3.000 casos de represión política con consecuencia de muerte registdados en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, sólo habían sido juzgados una decena, es decir, no más de un 0,3 por por ciento." (p. 152).

Este es un libro que aporta muchos elementos para comprender lo que ha pasado en Chile en estos últimos 9 años. Sin duda alguna, el tema de los derechos humanos es fundamental en el ámbito político. Silenciarlo, bajarle el perfil, tergiversarlo, darle la espalda como lo han hecho los gobiernos de la Concertación, ha ido conduciendo a la adopción de actitudes morales cada vez más repudiables de parte de los partidos políticos que sostienen al gobierno, como , por ejemplo, en los últimos tiempos, la Mesa de diálogo impulsada por el Ministro de Defensa con todo el apoyo del gobierno (destinada a "reescribir" la historia reciente de Chile) y la defensa de Pinochet ante la justicia británica en base a la "soberanía nacional".

El pantano de la impunidad se está tragando a los partidos de la Concertación que hoy tratan desesperadamente de mantenerse en el gobierno. El libro de Beatriz Brinkmann entrega algunas razones que pueden servir para entenderlo, pero sobre todo, para reafirmar la justicia de nuestras demandas y la necesidad de continuar nuestra lucha por Juicio, Verdad y Castigo.