La política del caso P. La decisión-intención del ministro del interior británico, Jack Straw, de liberar a P. tiene por único y exclusivo objetivo resolverle el problema político que le plantea el caso a Ricardo Lagos, el presidente electo chileno. Efectivamente, en la última Internacional Socialista celebrada en Buenos Aires se acordó -con la participación de socialistas chilenos, españoles y británicos- que P. debía ser liberado si la candidatura del social-demócrata Lagos corría peligro. Esto se hizo evidente a partir de los resultados electorales de la primera vuelta y días antes de la segunda, Straw anunció su intención de liberarlo, en una movida de última hora para salvar la candidatura de Lagos que se tambaleaba seriamente por la incertidumbre de algunos electores.

Por una parte existía el temor de que algunos votos, principalmente de la clientela electoral democratacristiana, se pudieran ir a la derecha por la preocupación de que con el "socialista" Lagos en la presidencia, se rompiera la "estabilidad" del país si el caso P. no tenía visos de resolverse, especialmente teniendo en cuenta el todopoderío militar en los asuntos nacionales. Por otra parte, era necesario tratar de captar algunos eventuales votos en blanco de la izquierda que busca juzgar a Pinochet "donde sea" y, para lograrlo, era necesario que Lagos manifestara su decisión de que Pinochet debía ser juzgado en Chile, lo que sólo podría adquirir algún grado de credibilidad y generar "esperanzas de justicia" dentro del país si se eliminaba toda opción de un juicio en el extranjero. Ciertamente, no hay ninguna evidencia empírica de que todo esto sea así, pero es la única explicación plausible para el hecho de que Straw hiciera su anuncio días antes de la segunda vuelta.

De hecho, no había ninguna otra necesidad para que "adelantara" un anuncio que se esperaba haría en una o dos semanas: P. no estaba ni está muriéndose. Así, en cuanto Straw hizo su anuncio, Lagos manifestó categórica y enfáticamente, con un énfasis nunca expresado antes, de que P. debía ser juzgado en Chile.
Como el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, no podía ser menos (y la afirmación realmente no significa nada en términos prácticos), también manifestó lo mismo. Por supuesto, ambos candidatos inmediatamente aclararon que el poder judicial es independiente en Chile y que al gobierno sólo le cabe garantizar su libre funcionamiento. La paz volvió a los corazones angustiados por un posible rompimiento de la institucionalidad nacional y los que no iban a votar por Lagos por este temor, votaron por Lagos pues saben perfectamente (como muy bien saben los >militares) que tal vez P. podrá ser juzgado, pero jamás condenado. Por otra parte, la izquierda que busca juzgar a P. vio en las palabras de Lagos una "promesa" y también votó por Lagos como la única esperanza que le iba quedando de alguna justicia en vista de que el anuncio de Straw eliminaba la opción del juicio en España. A pocos días después de la elección, la misma izquierda comienza a manifestarse para que el presidente electo cumpla su "promesa", pero olvida que el candidato jamás prometío nada.

En efecto, el candidato nunca prometió que el gobierno se haría parte en ningún juicio contra P. o que le pediría al Consejo de Defensa del Estado, un organismo independiente del gobierno, que lo hiciera en representación del estado chileno. Lagos no tiene ninguna promesa que cumplir, excepto garantizar que el poder judicial haga lo que decida hacer según las leyes vigentes. Tales leyes incluyen la ley de auto-aministía dictada por P. Por tanto, la promesa de Lagos es una promesa que para cumplirla, Lagos no necesita hacer nada… La promesa de Lagos se cumplirá sola, P. volverá a Chile, se mantendrá la estabilidad nacional y quienes reclaman que se lo juzque, tendrán su juicio pero no justicia.

Germán F. Westphal
Profesor de la Universidad de Maryland
Baltimore, EE.UU.