"El anuncio de Jack Straw de que podría detener la extradición de Augusto Pinochet es una burla a la justicia" ha declarado hoy Amnistía Internacional. El anuncio se basa en un dictamen y un informe médicos que no se ha entregado a todas las partes personadas, aunque al mismo tiempo se pide a éstas que formulen alegaciones.

Pedir a las partes que formulen sus alegaciones sin facilitarles el informe y el dictamen médicos es contrario a la justicia natural. El proceso no es transparente ni imparcial. El dictamen médico ha sido evaluado en secreto por el ministro del Interior, una autoridad política, y no por un tribunal, sin conceder oportunidad alguna a la acusación para presenciar el reconocimiento médico y cuestionarlo u obtener un segundo dictamen independiente.

"Para que los Estados que han solicitado la extradición formulen alegaciones o estudien la posibilidad de emprender otras acciones, es esencial que tengan acceso al informe y al dictamen médicos", ha afirmado la organización.

Como norma general, los informes médicos son privados. Sin embargo, cuando el estado de salud de una persona se convierte en un asunto relevante en unas actuaciones judiciales, como ocurre en este caso, el afectado renuncia a su derecho a la intimidad, al menos respecto de las demás partes personadas en el procedimiento.

Amnistía Internacional pide que se adopten de inmediato las siguientes medidas:

- Dado que los Estados que han solicitado la extradición de Augusto Pinochet no han tenido la oportunidad de presenciar el examen médico, ver los informes ni interrogar a los médicos, se les debe dar la oportunidad de nombrar su propio médico, bajo supervisión judicial, para que realice el pertinente reconocimiento o bien se debe llevar a cabo un nuevo reconocimiento médico en el que puedan estar presentes como observadores los peritos médicos que designen dichos Estados.

- Ofrecer a la acusación "y a las demás partes personadas" la oportunidad de formular alegaciones sin que hayan tenido acceso a la documentación presentada cuestiona todo el proceso.

Amnistía Internacional considera que Augusto Pinochet tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a utilizar todos los mecanismos legales de que dispone, incluido el derecho a alegar que no está en condiciones de ser extraditado. No se debe obligar a someterse a un juicio de extradición a ninguna persona que no esté en condiciones, en opinión de un tribunal, de afrontar dicho proceso.