LONDRES.- La Justicia británica ha dado el primer paso para que
Pinochet sea juzgado en España. El juez Roland Bartle acaba de
dar su apoyo a la extradición del ex dictador chileno a nuestro
país, admitiendo un delito de conspiración y 35 casos de
tortura.
La defensa del general tiene quince días para apelar el fallo.
Durante toda la mañana, opositores al régimen militar chileno
han esperado el veredicto del juez Roland Bartle ante el tribunal
de Bow street. La posibilidad de una decisión favorable a la
extradición, tal y como finalmente ha sucedido, persuadió
a los
partidarios del general de personarse a las puertas del juzgado.
Minutos después de las doce del mediodía, cuando un portavoz
del Tribunal Metropolitano anunció que Augusto Pinochet podrá
ser extraditado a España, las personas concentradas a las
puertas del edificio celebraron con aplausos y gritos la
resolución. La expectación que mantenía a todo Chile
despierto
pese a la diferencia horaria quedó finalmente satisfecha.
En la madrileña Puerta del Sol, familiares de las víctimas
de la
dictadura chilena, representantes de la asociación Madres de la
Plaza de Mayo de Argentina y acusadores en la causa contra
Augusto Pinochet celebraron con gritos de "Pinochet asesino" la
decisión de la Justicia británica.
Larga batalla judicial
El fallo del juez Ronald Bartle tiene su origen en la apuesta de un
grupo de fiscales progresistas españoles que, hace más de
tres
años, decidieron reabrir las heridas no cicatrizadas de las
dictaduras argentina y chilena.
El día 28 de marzo de 1996, el juez Garzón admitía
a trámite la
denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y emprendía
un camino que concluía con la orden de detención del general,
que había viajado a Londres para una revisión médico.
Pinochet fue detenido el 16 de octubre acusado de 35 cargos de
tortura y uno de conspiración para la tortura, delitos
presuntamente cometidos durante los últimos meses de la
dictadura chilena, que se extendió desde 1973 a 1990