"LA MAYORÍA DE LOS CHILENOS OPINAN QUE EL GOLPE DE ESTADO DE 1973 DIRIGIDO POR PINOCHET RESCATÓ A SU PAÍS DE UNA RUINOSA ANARQUÍA", declaró Jesse Helms, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos.

¿Y tras Pinochet?. Por Jesse Helms

En julio, durante la Conferencia de Roma para el establecimiento de una Corte Penal Internacional, advertí que tal tribunal sería arbitrario y desdeñoso para con los procesos judiciales nacionales, y que pisotearía la soberanía de las naciones democráticas.

Los delegados y activistas de "derechos humanos" presentes en Roma se mofaron de mis consideraciones. El nuevo sistema de justicia internacional, prometían ellos, no llegaría nunca a permitir que un fiscal bribón, no sometido a gobierno o institución alguna, interfiriera en el proceso de reconciliación de una democracia estable y dotada de un
sistema jurídico operativo. Solamente las dictaduras resultarían afectadas.

Pues bien, hablan los hechos y no sus palabras. El tratamiento dispensado al antiguo presidente chileno Augusto Pinochet viene a confirmar cada una de mis advertencias. Actualmente, un bribón juez español se sirve del "Derecho internacional" para pisotear la soberanía chilena e imponerse sobre el existente sistema judicial chileno, su gobierno democráticamente elegido y la decisión del pueblo por la que éste optó por la reconciliación frente a la venganza. Y los que abogan por la Corte Penal Internacional le aplauden además por ello.

El Presidente de Amnistía Internacional USA, William Shulz, despachó con premura una carta la semana pasada a la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, declarando que Amnistía Internacional estaba "hondamente preocupada por las declaraciones hechas por Vd. en el sentido de que la decisión acerca de la posible extradición o no de Pinochet
debiera dejarse en manos del pueblo chileno" (¡Por todos los cielos!) "Su declaración", continúa, "equivale a decir que . . . Pinochet no debiera ser extraditado a España". Dicho de otro modo, Amnistía reconoce que el pueblo chileno y sus líderes electos se opongan a la extradición de Pinochet. Esto, sencillamente, carece de importancia. El caso Pinochet
debiera hacer saltar la alarma entre los ciudadanos de cada nación democrática. Pone en peligro la integridad de nuestros sistemas judiciales y el derecho a tener un gobierno propio.

Se ha dicho mucho sobre los abusos de los derechos humanos durante el período de Pinochet. No es que yo condone los abusos de nadie. Sin embargo, la mayoría de los chilenos opinan que el golpe de Estado de 1973 dirigido por Pinochet rescató a su país de una ruinosa anarquía. Su acción detuvo la transformación de Chile en un Estado  comunista al estilo cubano y la expansión de la revolución marxista por toda América Latina.

Y lo que está más allá de toda controversia es que en 1988, Pinochet, voluntariamente, sometió su gobierno a un plebiscito nacional, y después respetó los resultados de esa votación popular bajándose del podio y entregando el poder a un civil elegido presidente democráticamente. Dejó un Chile libre, enriquecido, próspero y convertido en nación democrática.

El pueblo chileno incorporó el legado de Pinochet -tanto el de los éxitos como el de los excesos de su régimen- y tomó la decisión consciente de continuar adelante. Algunos pueden no estar de acuerdo con esto, pero se trataba de una decisión que sólo el pueblo chileno podía tomar. Y ahora aparece Baltasar Garzón, quien arbitrariamente ha decidido obviar esta decisión del pueblo chileno. Muy bien, si negar la reconciliación nacional de Chile resulta aceptable, ¿qué pasa entonces con Sudáfrica?. La Comisión de Verdad y Reconciliación acaba de declarar que el Congreso Nacional Africano cometió graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo torturas, asesinatos y ejecuciones sumarias
de cientos de opositores políticos. Todos los dirigentes del CNA han sido amnistiados. ¿Debería ahora cualquier juez extranjero tener el poder de ignorar esa decisión y forzar su sometimiento a juicio?.

El nuevo sistema de "justicia" global aquí creado es arbitrario y caprichoso. El mismo día que Pinochet era arrestado en Londres, el Presidente de España brindaba con Fidel Castro en la Cumbre Iberoamericana. Sin embargo, cuando un grupo de exiliados cubanos interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Garzón para la puesta en marcha de un procedimiento similar contra Castro, éste desestimó con desdén su caso.

Si Castro sigue libre, ¿qué pasa con Gorbachov?. Bajo su mandato la Unión Soviética cometió actos genocidas, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Afganistán, y envió  esquadrones de la muerte de
la KGB a Letonia y Lituania. ¿Debería entonces ser arrestado Gorbachov en su próxima gira?.

Jiang Zemin se mueve libremente por las capitales europeas. ¿Por qué no se le arresta y procesa por los miles de personas que mató en la Plaza de Tiananmen?. ¿Por qué no se detine a Arafat por los atentados terroristas que ordenó?.

La cuestión es la siguiente: ¿Quién decide quién va a ser enjuiciado y quién va a continuar libre en este desafiante y nuevo mundo de "justicia global"?. ¿Algún juez español por su propia cuenta?. ¿Algún fiscal extranjero de una Corte Penal Internacional?. ¿O los pueblos libres de las naciones democráticas soberanas?.

Garzón y sus aliados cuentan que están poniendo a los dictadores en evidencia y que la justicia ahora atraviesa fronteras. De acuerdo, se pondrá a los dictadores en evidencia. Y la lección será entonces: nunca bajes del podio -estás loco si entregas tu poder, como hizo Pinochet. Lucha hasta llegar al último hombre.

Yo negociaría encantado con Fidel Castro un agradable exilio en España a cambio de que abandonara su poder y dejara a los cubanos vivir en libertad. Pero si Garzón tiene éxito, no habrá más "transiciones pacíficas hacia la democracia". Si a los dictadores no les puede ofrecer una amnistía o un exilio seguro, nunca entregarán el poder a
los movimientos democráticos. El incentivo será el recrudecimiento de la represión y no su aminoramiento.

Esto es lo que los cruzados del mundo en pro de una Corte Penal Internacional están inconscientemente creando. Los Estados Unidos han de oponerse activamente a ello.

El autor es senador republicano por Carolina del Norte y Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores (Edited by Washington Post. Thursday, December 10, 1998; Page A31)

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FOR FURTHER INFORMATION:
1. Special report on the preparation and development of General Augusto Pinochet's detention and Spanish judges' ruling recognizing the principle of universal criminal jurisdiction for domestic courts.
http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/report.html

2. Pinochet in England: High Court Ruling Violates International Law
http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/hc.html

3. Spanish Criminal Prosecutions Use International Human Rights Law to Battle Impunity in Chile and Argentina. Richard Wilson Director Human Rights Law Clinic American University. Washington D.C.
http://www.derechos.org/koaga/iii/5/wilson.html

4. Listado de los 521 oficiales y suboficiales en servicio entre 1973 y 1975 en la organización criminal DINA y en las todas las regiones militares de la República de Chile (List of 521 officers and subordinates in active service between 1973 y 1975 in the criminal organozatin DINA by regional districts.
http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/int/listado.htm

5. The page of the trials in Spain:
http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/

INFORMATION ON ICC:

- UN Conference on the Establishment of an International Criminal Court
http://www.un.org/icc/

- The Inter-Press Service for ICC. Agencia de noticias Inter Press Service especial TPI
http://www.ips.org/icc

- No Peace without Justice (Asociación No hay paz sin Justicia ENG)
http://www.agora.stm.it/npwj

- Reportes directos desde la Conferencia (ENG). "On the Record" reporting on Rome Conference
http://www.advocacynet.org/icc

- NGO Coalition for an International Criminal Court
http://www.igc.org/icc/
 

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