Punto Final (CHILE)
18 de diciembre de 1998

"¿En qué negocios andaba Pinochet en  Londres?. El secreto mundo de los armamentos."
 

La detención de Pinochet en Londres puede transformarse en una verdadera caja de Pandora. El mundo, sorprendido, no acaba de comprender las razones por las que el gobierno chileno y los partidos de la Concertación (casi            unánimemente) hacen una defensa a brazo partido del senador vitalicio. Se trata, sostienen las autoridades, de     defender principios de soberanía nacional, no a personas en particular. Pero, al parecer, lo que se defiende es más que eso.

     ¿Por qué razón, hasta la fecha, el gobierno chileno se ha resistido a informar cuál era la misión que cumplía Pinochet en Londres? ¿Es que, acaso, no había misión alguna? ¿O se trata más bien de una misión irrevelable? Del
pantanoso misterio, por completo obviado por los medios de comunicación chilenos, comienzan a surgir las      primeras pistas.

     El general de división del ejército de Su Majestad Británica, Alan Sherman, lo reconoció ante una corresponsal del diario mexicano Excelsior: el ex dictador había viajado al frente de una misión militar, que contaba con el
conocimiento y apoyo del gobierno chileno. Iba a coordinar los detalles de un importante negocio de armamentos con empresas británicas como la Royal Ordnance y la British Aerospace. No era su primer viaje ni era el primer negocio de
esta naturaleza. Los gastos militares chilenos son cuantiosos y superiores a los niveles promedio de América Latina. Eso convierte a nuestro país en un cliente apetitoso dentro de un mercado plagado de comisionistas, intermediarios y agentes con influencia que determinan las adquisiciones de armamento.

     El gasto militar de Chile es una abultada cifra que se obtiene, al sumar las cantidades que año a año gastan de manera directa las Fuerzas Armadas y los organismos y empresas públicas asociadas a ellas: FAMAE, ASMAR, ENAER,
Dirección General de Movilización Nacional, Instituto Geográfico Militar, Instituto Hidrográfico de la Armada, Dirección General de la Aeronáutica Civil y Servicio Aerofotogramétrico.

     Los fondos provienen de dos fuentes: la Ley de Presupuesto de la Nación (fondos fiscales) y las Leyes Reservadas (aporte forzado de la empresa minera estatal Codelco). Ambas fuentes están predeterminadas en sus montos por
cuerpos legales creados o modificados por la dictadura militar. Una vez que las Fuerzas Armadas reciben los activos determinados por las distintas fuentes de financiamiento del sector defensa, esos dineros son destinados a cubrir las
necesidades de dos grandes rubros, conocidos en ese medio como "gastos operacionales" e "inversión en     equipamiento bélico". El primer ámbito es cubierto por el aporte fiscal directo, y el segundo por las Leyes Reservadas.

     Pero, ¿quién determina el destino de los fondos asignados en el presupuesto a las Fuerzas Armadas? Las propias instituciones de la defensa nacional. En 1984, cuando la dictadura informaba de un monto total de gasto militar para ese año de 1.004 millones de dólares, la oposición (por intermedio de Genaro Arriagada) señaló que la suma real ascendía a 2.256 millones de dólares, basándose en un informe del Instituto Internacional para la Paz (SIPRI), de
Suecia, que incorporaba al cálculo de gastos militares aquellos desembolsos dirigidos hacia el sector defensa que, en Chile, no eran considerados en ese total: gastos previsionales (financiados de manera mayoritaria por el Estado), y la ley reservada del cobre. A estos montos, según sabemos hoy, deben agregarse otras cifras, como aquella que
emerge del ilícito procedimiento de enajenación de bienes fiscales hecho por las Fuerzas Armadas durante el último cuarto de siglo.

     En 1994, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE) calculó los gastos militares de Chile en cerca de 2.000 millones de dólares. La cifra entregada por el gobierno de la Concertación había sido de 1.140 millones. Las
autoridades habían utilizado la fórmula nueve años atrás rebatida por los mismos que ahora administran los fondos fiscales.

     Año tras año, el gasto militar ha ido en aumento. Sin embargo, la magnitud de su crecimiento supera notablemente la que pudiera deducirse del reajuste legal de acuerdo a las variaciones del IPC, establecido como norma por la
dictadura antes de dejar el poder. En 1995, el gasto presupuestario en las Fuerzas Armadas y de Orden aumentó en 16,4%, que excede la inflación anual; en 1996 el aumento por encima de los reajustes estipulados por ley volvería a repetirse, y el monto del gasto militar global sería un 7,2% superior al de 1995.

     El gasto militar reconocido para 1994 (de 1.426,6 millones de dólares) debe corregirse hasta por lo menos 2.058,2 millones de dólares. El gasto militar reconocido para 1995 (de 1.692,2 millones de dólares), debe corregirse hasta     2.575,7 millones de dólares. El gasto reconocido de 1996 (1.911,1 millones de dólares) debería ser por lo menos de 2.760,9 millones de dólares, lo que sólo para ese año equivale al 21,58% del total del presupuesto nacional. El
presupuesto del Ministerio de Defensa para 1998 alcanzó a 2.053,3 millones de dólares, los que en términos reales deben traducirse a no menos de 3.000 millones.
 

     Negocio de la muerte

     El peso de la industria bélica en el planeta lo demuestra, entre otros factores, la cantidad de personas vinculadas: más de 18 millones de obreros y técnicos trabajan en industrias de esta naturaleza, que, a su vez, contratan a cerca de 800.000 científicos. El impulso dado por la dictadura a la industria militar, permitió que a principios de la década de los 80, Chile se convirtiera en el primer exportador de armas del subcontinente latinoamericano hacia países del Tercer
Mundo, aunque muy por detrás de los líderes mundiales en este negocio.

     Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), organismo técnicamente independiente de la orgánica institucional pero que, en la práctica, es una dependencia subordinada a ésta, mantiene y desarrolla contratos de coproducción     con empresas privadas de Gran Bretaña, Suiza, China, Malaya y España, con las que comparte, entre otras, licencias de producción de material, destacándose la fabricación de fusiles SIG y de carros blindados Mowag (uno de los tres     productores mundiales de la versión Piraña 6x6 y 8x8, junto a Suiza y Estados Unidos).

     Dentro de los proyectos más ambiciosos de FAMAE está la coproducción del cohete Rayo con la Royal Ordnance de Inglaterra, destinado desde el presente año a unidades del Ejército de Chile y de otras fuerzas armadas, así
como el reacondicionamiento de transportes blindados, transformados en unidades todo terreno, con capacidad para convertirse alternativamente en vehículos de transporte de tropas, carros artillados, centrales de comunicaciones,
plataformas de defensa antiaérea y lanzamisiles.

     Pinochet, poco antes de hacer entrega formal del mando de la Nación a Patricio Aylwin, planteó a la Concertación que el cumplimiento de las metas de desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas requería, fundamentalmente,
una estrecha colaboración tripartita: las propias Fuerzas Armadas, la empresa privada, y las autoridades  gubernamentales. Los gobiernos concertacionistas han apostado al desarrollo de la industria militar. El Estado ha hecho importantes esfuerzos tendientes a buscar clientes en el extranjero, así como socios para la coproducción del material bélico, y ha promovido tales manufacturas a nivel de sus relaciones internacionales. De este modo, se han suscrito numerosos acuerdos, y negociado patentes, estrechando vínculos con empresas extranjeras entre las
que destacan las suizas SIG, Mowag, y Oerlikon; las francesas GIAT, Creusot Loire, Thomson Brandt, la inglesa Royal Ordnance y la belga Cockerill Mechanical.
 
 

     RAZONES PARA UN VIAJE SIN RETORNO

     Durante los ocho años de transición, la prensa nacional e internacional ha informado de numerosos viajes de mandos militares, acompañados por funcionarios del Ministerio de Defensa, hacia los mercados mundiales de armas.
Estos viajes y contactos con la industria militar mundial apuntan a importantes adquisiciones de material bélico en aquellas áreas en que Chile no cuenta con capacidad para fabricar sus propias armas (tanques, aviones, barcos, helicópteros, submarinos). Los planes más ambiciosos conocidos de modernización de armamentos del Ejército incluyen la compra (ya negociada), de unos 130 tanques del tipo Leopard-1 A1/A1, varias decenas de los cuales ya han llegado. La Fuerza Aérea, por su parte, ha recibido veinticinco aviones Mirage M-5M Elkan, por un valor informado de
ochenta millones de dólares, dos aviones de transporte (un Beechraft 200 turbohélice, y un birreactor Gulfstream III), un avión tanquero Boeing 707, el primero de una serie de cazabombarderos Mirage duales, el primero de tres F-5 encargados, y el primero de veinticuatro Casa-101. La FACH se encuentra, además, en proceso de estudio y análisis para definir qué aviones comprar para reemplazar quince a veinte aviones A-37 antes del año 2000, con un presupuesto de quinientos millones de dólares (la duda está entre el F-16, el F-18, el Mirage 2000-V, o el JAS 39 Gripen de Suecia,     que tiene un costo unitario de cuarenta millones de dólares).

     La Armada, en este mismo contexto, está involucrada en los proyectos de adquisiciones militares más ambiciosos y caros de los últimos treinta años. El más impresionante es la compra, por 438.500.000 dólares, de dos ubmarinos del     consorcio franco-español Direction des Constructions Navales-Astilleros Bazán. Estos planes de modernización y adquisiciones cuentan con el respaldo de las autoridades civiles, que no sólo han dado su beneplácito y han
acompañado a las misiones militares hasta los mercados internacionales, sino que también han hecho     argumentaciones para justificar los gastos. Para el ex ministro de Defensa del presidente Frei, y actual embajador en Argentina, Edmundo Pérez Yoma, la modernización de la fuerza militar chilena es una necesidad de mediano y largo   plazo, por cuanto se espera que al finalizar el siglo Chile esté exportando productos manufacturados y materias primas por unos 30.000 millones de dólares, "lo que obliga a una política disuasiva que sea complemento fundamental de la política exterior, y ello significa reaccionar con toda la tecnología que se pueda obtener según los recursos de los que se dispone (...) lo que implica (contar con) mayor capacidad bélica, productiva, administrativa y política".
 

     EL MEJOR NEGOCIO DEL MUNDO

    La compraventa internacional de armamentos es, además del negocio más lucrativo del planeta, un semillero de flores del mal. Brotan, con especial energía, fabulosas fortunas personales, oscuros contrabandos, grandes corrupciones de empleados públicos.

     En enero de 1992 estalló un escándalo. En un terminal aéreo de Hungría se encontraron dos containers repletos de armas salidas de FAMAE; treinta y seis toneladas que estaban por embarcarse a Croacia. El cargamento había
arribado a bordo de un avión de Florida West, contratada por el francés Yves Marzialle, representante de la empresa gala IVI Finance Management. Él había comprado la mercadería a FAMAE, violando ambas partes la disposición de
embargo decretada por Naciones Unidas. Su contacto en Chile era el general en retiro de la FACH, Vicente Rodríguez. El general, ex representante de ENAER (Empresa Nacional de Aeronáutica) para América Latina, se había  desempeñado también como jefe de inteligencia de su institución. Era socio, además, del coronel de la FACH, Edgard    Ceballos Jones, encargado de interrogatorios del SIFA en los meses posteriores al golpe de 1973, y luego cofundador del Comando Conjunto, dedicado a la eliminación de cuadros y estructura de los partidos de Izquierda. El general Vicente Rodríguez, según determinaron las investigaciones del juez Milton Juica, estaba involucrado, además, en la red de protección de ex agentes de la DINA y la CNI, estableciéndose un claro vínculo entre la Operación Cóndor y el
tráfico ilegal de armas.

     Poco antes de descubierto el escándalo, el 21 de noviembre de 1991, el general Carlos Krumm había instruido a su subalterno, el coronel Gerardo Huber, encargado de exportaciones e importaciones del Ejército y tercer jefe de la división de logística de la institución, que dispusiera del empleado civil Ramón Pérez para que tramitara ante el servicio de Aduanas el embarque de una exportación de armas de FAMAE. Cuando las armas fueron encontradas en Hungría, y se supo cuál era su destino final y el carácter ilícito de la operación, fue detenido el general Vicente     Rodríguez, pero poco más tarde lo liberó la Corte Suprema. También se citó ante la justicia al coronel Huber, quien murió (¿o desapareció?) misteriosamente antes de ser llevado ante el juez. Hoy, Pinochet se encuentra detenido en
Londres. Muchos han salido a defenderle. Entre ellos, importantes empresarios de Inglaterra, España y Suiza, además de Margaret Thatcher y otros políticos de extrema derecha. Los argumentos de estos defensores del ex dictador han sido varios y no muy convincentes. ¿Qué hay entonces tras esta "espontánea" solidaridad?

     Rogelio García Lupo, periodista argentino especializado en temas de defensa, radicado en Barcelona, divulgó parte de sus investigaciones el día 2 de noviembre. Según él (información ratificada más tarde por el general británico
Alan Sherman, director general de la Asociación de Industriales Británicos de la Defensa), Pinochet "buscaba cobrar su comisión por la adquisición de tres barcos ingleses para la Armada de Chile".

     La gestión que Pinochet realizaba en Londres, según García Lupo, "se traducía en gastos por 443 millones de dólares, con una comisión personal para Pinochet de 4.43 millones de dólares". Pero aquella no sería la única "misión
especial" de Pinochet en Inglaterra. Además, dos de sus anfitriones eran las compañías Royal Ordnance y British Aerospace. Con la primera, Pinochet había logrado el ya mencionado contrato de coproducción (FAMAE-R.O.) del cohete Rayo, primera actividad conjunta que, según los programas de desarrollo, serviría de punto de partida para un proyecto de comercialización de armas a nivel mundial. Con la segunda, Pinochet mantenía lazos desde la guerra de Las Malvinas. Y eso explicaría algunas de las razones para tanto apoyo: uno de los principales accionistas de la      British Aerospace es la propia familia real británica, y habría sido Pinochet quien, por intermedio de Margaret Thatcher, asesoró y sirvió de agente para que esa empresa adquiriera el 35% de las acciones de la compañía sueca Grippen,      fabricante del avión de combate JAS 39. Estos contactos y asesorías, sumadas al apoyo soterrado que Chile brindó a Gran Bretaña durante la guerra de Las Malvinas, fueron razón suficiente para que Chile recibiera en compensación 14   cazas de combate ingleses Hunter en junio de 1982, los que fueron a reforzar la base aérea de Cerro Moreno.
 

     CONTACTO EN BELGICA

     Un nuevo escándalo está por estallar: un millonario negocio de aviones de combate del que poco y nada se ha dicho en nuestro país, a pesar de que, en la actualidad, se lleva a cabo una investigación judicial en Bélgica respecto de los procedimientos con que la Fuerza Aérea chilena adquirió, en 1994, veinte aviones Mirage Mirsip. He aquí retazos de una investigación a tres bandas, datos que han ido apareciendo tanto producto de las pesquisas judiciales belgas, como del acucioso trabajo de los periodistas Philippe Brewaeys y Frank Garbely, labor de recopilación de      antecedentes al que se ha sumado Punto Final en Chile. Hacia fines de la década del 80, la FACH decidió sustituir los
antiguos cazas Hawker Hunter de su Grupo Nº 8. Hasta 1993, los especialistas estudiaron varias alternativas y ofrecimientos: Kfir C-2 y C-7 de Israel; Jaguar de la British Aerospace; Cheetah sudafricanos; Gripen de Suecia; Mig-29 y Su-27 rusos; F-16 norteamericanos. Ofertas sobraban, y finalmente la FACH se decidió por el Mirage de la francesa Marcel Dassault, aviones de propiedad de la fuerza aérea belga que habían sido modernizados por la empresa local SABCA.

     En 1994 comenzó la larga cadena de triangulaciones comerciales, pagos de comisiones y depósitos en cuentas bancarias con que se materializó el negocio. Primero, el gobierno belga vendió los aviones a la compañía
SABCA. El operador de la transacción fue el general en retiro belga, Jacques Lefebvre, quien no sólo realizó la venta, sino que además había estado a cargo de la modernización de los aparatos. Este general, que poco antes se había desempeñado como jefe del gabinete del ministro de Defensa del presidente Paul Vanden Boeynants, al momento de la venta estaba asociado con dos reconocidos comerciantes internacionales de armas, Philippe Chauveau y Mohamad Bashi, y trabajaba como administrador general de la empresa de comercialización de armas francesas, Europavia.

     Los Mirage, propiedad de SABCA, fueron vendidos conjuntamente por esta empresa y Europavia (representada por Lefebvre), a una tercera parte por un total de 109 millones de dólares, por intermedio de una empresa llamada
Berthier International, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y con dirección postal en la ciudad de Miami. Según declaraciones del propio general Lefebvre, esta empresa era un "dispositivo chileno" que operaba en coordinación con otra empresa, Combak S.A., ubicada en Santiago (Seminario 790, 2º Piso A), dirigida por un ciudadano belga, Francois de Smet d'Olbecke, quien radica en Chile desde 1948 y es propietario de miles de hectáreas en el extremo sur. Por
intermedio de esta última empresa, Berthier agilizó la venta de los aviones a la FACH, sirviendo como intermediario el empresario chileno de origen húngaro, Carlos Honzik, dueño de la empresa DECOPAL (Moneda 812, oficina 801), dedicada a la representación de empresas suizas de fabricación de material de guerra.

     Las comisiones por este negocio alcanzaron los 15 millones de dólares, de los cuales 14,5 millones fueron a parar a cuentas administradas por la misteriosa Berthier International, el "dispositivo chileno", y a un banco suizo. Los  investigadores belgas descubrieron documentos que indicaban que las comisiones habían sido depositadas en el Clariden Bank de Zurich. Cuando se exigió a Lefebvre que explicara el destino y razones de estos dineros, el general
contestó con un memorándum: "los documentos relacionados con Chile de los que hablan son confidenciales; su divulgación sería catastrófica por cuanto pondría en evidencia a nuestra contraparte chilena y nuestros agentes se verían en serias dificultades". Lefebvre se suicidó al día siguiente de redactar esta nota.

     Las comisiones habían seguido la llamada "senda verde", metáfora con que la revista Time ha bautizado el procedimiento con que es posible hacer desaparecer la pista de millones de dólares y dejar un rastro tan opaco que resulte imposible reconstruir la ruta. La mencionada "senda", en términos gruesos, funciona del siguiente modo:     quien quiera hacer desaparecer una fuerte suma de dinero debe comenzar por hacer depósitos, utilizando a un palo blanco o nombre falso, en la cuenta local de un banco internacional. Desde ahí los depósitos son transferidos a
una cuenta de "concentración" en la casa matriz del banco en Nueva York, y enviados a las cuentas de una "empresa fantasma" registrada en algún sitio como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes. Estas cuentas, protegidas por el secreto
bancario, son traspasadas como títulos de inversión, en acciones y bonos, a cuentas privadas en la banca suiza, inglesa o de Luxemburgo.

     Así las cosas, es de esperar que existan todavía jueces con capacidad y voluntad suficientes para rastrear y desenmarañar estas triangulaciones

     DAUNO TORTORO