Chile llama a consultas a su embajador en  Madrid

Represalia del Gobierno de Frei por la decisión de Aznar de tramitar la
extradición de Pinochet

  FRANCESCRELEA, Santiago
  Chile vivió una jornada de alta tensión, alimentada en buena parte por
  rumores de diversa índole que hablaban de acuartelamiento de tropas en
  diversos puntos del país. Las Fuerzas Armadas solicitaron al presidente la
  convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación
  creada tras la tramitación de la solicitud de extradición de Augusto
  Pinochet. La noticia del día, sin embargo, fue la llamada a consultas del
  embajador chileno en Madrid, Sergio Pizarro, anunciada por el ministro de
  Exteriores, José Miguel Insulza, quien expresó su decepción en términos
  muy duros: "Se han confirmado nuestras peores expectativas; es decir, en
  el sentido de que el Consejo de Ministros de España es solamente un
  buzón del juez Garzón".

 El canciller (ministro de   Exteriores) chileno aseguró que "existe un malestar generalizado  en el Gobierno" por la decisión  adoptada por el Ejecutivo que   preside José María Aznar, pero  descartó la ruptura de  relaciones diplomáticas entre los  dos países, medida que exigencon vehemencia sectores de la  derecha moderada pinochetista.
Insulza dijo que en las próximas  horas el Gobierno de Chile enviará documentación al de  España, aunque no especificó de qué tipo de documentación se trata y cuál es su   objetivo.

  Un grupo de senadores fieles al ex dictador fue recibido por el jefe de la
  diplomacia chilena, ante quien expresaron una enérgica protesta por la actuación
  española y pidieron que el embajador Pizarro no sea sólo llamado a consultas,
  sino retirado indefinidamente. El diplomático llegará a Santiago en el curso de este
  fin de semana. Entre los senadores se encontraban los ex jefes militares Julio
  Canessa, Ramón Vega y Fernando Cordero. En un nuevo gesto por lograr la
  libertad del ex general Pinochet, el Gobierno chileno envió a Londres un avión de
  la Presidencia de la República con autonomía suficiente para realizar el vuelo entre
  Londres y Santiago sin escalas.

  A primera hora de la tarde, el alto mando del Ejército difundió un comunicado
  para desmentir las informaciones que hablaban de acuartelamiento de tropas en
  algunas guarniciones. Otro de los rumores, no confirmados, daba cuenta de
  helicópteros sobrevolando la Embajada española. Fuentes de la sede diplomática
  rehusaron hacer declaraciones sobre este supuesto incidente.

  Paralelamente, el cuerpo de generales de la guarnición de la capital chilena se
  reunió bajo la presidencia del general Ricardo Izurieta, comandante en jefe del
  Ejército, lo que dio pie a todo tipo de habladurías sobre una supuesta
  intranquilidad en las filas militares. Poco después, los comandantes de las Fuerzas
  Armadas solicitaron de manera oficial al presidente Eduardo Frei la convocatoria
  del Consejo de Seguridad Nacional, organismo que se reúne tan sólo para tratar
  asuntos de gran trascendencia. Fuentes políticas chilenas aseguran que con este
  gesto los militares tratan de presionar al Gobierno democrático para lograr la
  liberación de Pinochet.

  La Corona de España

  Las declaraciones más duras procedieron de los partidos que han cerrado filas en
  torno a la figura del octogenario dictador. El vicepresidente de Renovación
  Nacional (RN), Alberto Cardemil, habló de una nueva forma de colonialismo e
  imperialismo, y dedicó diversos improperios al Gobierno y a los monarcas
  españoles. "Creen que Chile y Argentina siguen sujetos a la Corona de España",
  dijo.

  La juez argentina María Servini de Cubría, que investiga el asesinato del general
  chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en septiembre de
  1974 en Buenos Aires por la DINA (policía política de la dictadura), ha remitido,
  con carácter de reservado, dos exhortos a la Corte Suprema de Chile en los que,
  entre otras cosas, pide "un juego de fichas dactilares" del ex general Augusto
  Pinochet, así como del ex jefe exterior de la DINA Raúl Iturriaga Neuman y otros
  agentes del mismo cuerpo, según indicaron ayer fuentes del alto tribunal.

  La magistrada solicita asimismo que sea interrogado el general retirado Sergio
  Arellano Stark, jefe del operativo caravana de la muerte, en el que fueron
  fusilados 72 opositores, y del antiguo asesor de comunicaciones de la Junta
  Militar Federico Willoughby. En círculos judiciales causó sorpresa la situación de
  estos dos militares, ya que hasta ahora no estaban inculpados en el homicidio del
  que fue comandante en jefe del Ejército chileno en el Gobierno de Salvador
  Allende. La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema deberá resolver la
  próxima semana.

  El nerviosismo en las últimas horas es patente en las filas de la derecha
  pinochetista. Temen que un retraso en el fallo del comité judicial de la Cámara de
  los Lores británica, cuyas sesiones se reanudarán el lunes, dé tiempo a que la
  solicitud de extradición cursada ayer por España surta efecto y complique la
  solución del caso.

  España llamó a consultas a su representante por  el 'caso Soria'

  EL PAÍS, Madrid
  El Gobierno español llamó a consultas a Madrid a su entonces embajador en
  Chile, Pedro Bermejo, el 6 de diciembre de 1993, para expresar su malestar por
  una decisión de la Corte Suprema chilena adoptada cuatro días antes. El tribunal
  había votado contra la propuesta de España, presentada por el Gobierno chileno,
  de nombrar un juez especial para investigar el secuestro, tortura y asesinato en
  julio de 1976 y por la DINA, la policía secreta del régimen de Pinochet, del
  español Carmelo Soria, funcionario de las Naciones Unidas. Entonces, el caso
  pertenecía desde hacía un mes a la jurisdicción militar.

  Bermejo regresó a Madrid por tiempo indefinido. Acto seguido, un juez militar
  concedió en Chile la amnistía a los presuntos asesinos de Soria. Al día siguiente
  fue nombrado, tras la insistencia del Gobierno chileno, recogiendo la propuesta
  española, un juez especial. Días después, el 14 de diciembre de 1993, el
  embajador español regresó a Santiago.

  Pero el resultado final fue desastroso: el 23 de agosto de 1996, el Tribunal
  Supremo chileno decidió aplicar la ley de amnistía dictada bajo el régimen de
  Pinochet en 1978, la Ley 2191, a los responsables del asesinato. Uno de los seis
  militares identificados como presuntos autores fue el coronel René Patricio Quilhot
  Palma, edecán de Pinochet.

  Por otra parte, 50 ciudadanos residentes en Estados Unidos, entre los que figuran
  chilenos, estadounidenses y de otras nacionalidades latinoamericanas, presentaron
  el 21 de octubre una querella criminal contra el general Augusto Pinochet, según
  se supo ayer. En el texto, que ya obra en poder de la fiscal general de EE UU,
  Janet Reno, se solicita la extradición del ex dictador.

  Los firmantes, representados por el abogado Carlos Moreno, confían en que la
  fiscal estadounidense resuelva el caso a principio de la próxima semana, según
  declaró a Europa Press el propio letrado.

  Uno de los firmantes de la querella, Víctor Toro, chileno y testigo de cargo del
  juez Baltasar Garzón en el sumario contra la dictadura chilena, explicó que los
  motivos de la denuncia son dos: entre los muertos y desaparecidos bajo el
  régimen pinochetista figuran varios ciudadanos norteamericanos y que en el propio
  suelo estadounidense se produjeron acciones terroristas.