El Periódico 22/10/98
Un centenar de detenidos en las manifestaciones en Santiago

  Alrededor de un centenar de personas fueron detenidas y varias más resultaron
  lesionadas la noche del martes en Santiago, en violentas manifestaciones tanto a
  favor como en contra de Augusto Pinochet. Las protestas reflejaron el ambiente de
  profunda división que ha causado en el país al arresto del dictador.

  En el sector más céntrico de la capital chilena, varios miles de manifestantes
  izquierdistas, especialmente estudiantes universitarios, se enfrentaron a la policía
  mientras festejaban ruidosamente la detención del exgobernante, bajo la consigna
  "¡Es carnaval, es carnaval, cayó preso el general!"

  "¡Que salgan los milicos !", era, en cambio, la consigna con la que varios
  centenares de partidarios del senador vitalicio se manifestaron por tercer día
  consecutivo frente a las embajadas de España y el Reino Unido.

  En la marcha izquierdista, los incidentes estallaron cuando los manifestantes trataron
  de llegar hasta el Ministerio de Exteriores para "despedir" simbólicamente de su
  cargo al canciller José Miguel Insulza, al que acusan de "cómplice y encubridor" de
  Pinochet.

  Más de 40 personas fueron detenidas en los disturbios, que se prolongaron por más
  de dos horas y ocasionaron cortes de tráfico. Tres carabineros resultaron heridos al
  ser agredidos con piedras, palos y bombas incendiarias.

  En la manifestación de los conservadores también fueron varios cientos de personas
  los que se enfrentaron con la policía, cuando lanzaron piedras y huevos contra las
  embajadas de España y el Reino Unido, lo que originó los enfrentamientos con la
  policía, que terminaron con medio centenar de detenidos.

El Mundo 22/10/98

              LA TRONERA               ANTONIO GALA

              El desalmado
 

              El señor Frei puede decir, si le apetece, misa. Nuestra modesta
              Transición se hizo bastante mal, pero no por lo que él afirma. Si el
              genocidio no se considera (!) la acusación más oportuna contra el
              horrendo Pinochet, hay muchísimas otras. Su bota sigue aún
              pesando sobre un Chile, que quisiera olvidar, pero no puede.
              También quisiera Aznar que pasase de él este cáliz, pero
              tampoco lo consigue. Aunque tiene razón en algo: este asunto es
              más judicial que político, y estaría mal usarlo para teñir polémicas
              internas. Sin embargo, los vivos que nada le debemos a este
              espantajo estamos contra él. Ya es hora de que los asesinatos
              para la propia afirmación los pague el que los cometió. Cualquiera
              sea el juez que lo condene

El Pais 22/10/98

Pinochet y España
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ZATO

              En la paz de un domingo, rodeado de periódicos y atento como nunca a los
              informativos, leo, oigo y veo con una gran satisfacción, la mayor en mucho
              tiempo, que el ex dictador Pinochet puede visitar España. Lo haría por segunda
              vez. Fue la primera para asistir al entierro del general Franco, al que tanto
              admiraba, lo que hizo luciendo un precioso uniforme al tiempo que era aclamado
              por los ultras de turno que vociferaban: "Pino, Pino, Pinochet".

              No pudo quedarse a la recepción del nuevo jefe del Estado, el rey don Juan
              Carlos, pues según entonces se dijo, los altos dignatarios extranjeros que vinieron
              para tal ocasión, pusieron como condición que semejante personaje no estuviera
              presente en esa ceremonia. Gusto loable el de ellos y el de nuestro rey.

              Pero al cabo de 23 años, don Augusto, senador vitalicio por su voluntad, es
              posible que visite España por un motivo bien distinto. Sería por el empeño de un
              juez que tiene abierto un procedimiento penal contra su persona por delitos
              cometidos durante su larga dictadura fascista: terrorismo, genocidio, torturas y
              desapariciones, siendo víctimas de esas lindezas compatriotas nuestros.

              Se encuentra el tirano detenido en Londres, en la creencia de que goza de una
              inmunidad diplomática, que, al parecer, las autoridades inglesas no reconocen.
              Debido a ello, es posible que ese juez se traslade a la capital británica para
              recibirle declaración sobre los hechos perseguidos como paso previo a una posible
              extradición.

              Dudoso es que don Augusto se preste a declarar. Pero sería sumamente
              interesante oír no sólo que no tiene nada de qué arrepentirse durante su golpe
              permanente, sino que, de darse las mismas circunstancias, volvería a hacer lo
              mismo, como machaconamente ha venido repitiendo.

              La satisfacción que decía es la que, sin duda, tiene cualquier demócrata, cualquier
              persona con un mínimo de sensibilidad ante hechos tan terribles. Pero siendo ello
              así, no puedo olvidar mi condición de fiscal y, como tal, seré respetuoso por el
              momento con la postura que oficialmente mantiene nuestro ministerio.

              En efecto. Hace unos 10 meses, expresé mi parecer, desde estas mismas páginas,
              sobre la competencia de los órganos judiciales españoles para perseguir tan
              execrables hechos como los que se atribuyen a Pinochet y a la dictadura argentina.
              Fue tras una Junta de fiscales de Sala en la que, mayoritariamente, se acordó la no
              competencia de nuestros tribunales con el voto en contra de tres de sus miembros
              y alguna que otra abstención.

              No repetiré ahora lo entonces defendido, salvo que quienes apoyamos la
              competencia española, no lo hicimos de cara a la galería como alguien nos
              atribuyó. Lo hicimos por convicción, interpretando la legislación nacional e
              internacional. Competencia por lo demás, reconocida por varios países, gracias a
              lo cual, han podido avanzar las investigaciones.

              Es lo cierto que, desde entonces, el ministerio fiscal ha adoptado una postura
              beligerante ante la sostenida por los jueces y demás partes personadas. Pues
              bien; como quiera que dentro de muy poco tiempo, la Sala de lo Penal de la
              Audiencia decidirá de una vez por todas esa cuestión, esperemos respetuosamente
              su decisión.

              Si ésta es negativa a esa pretensión, he de decir como fiscal, no otra cosa cabría,
              que la respetaré escrupulosamente. Pero si se admite la competencia española,
              como tantos pensamos en estos momentos, la situación es indudable que habrá de
              cambiar radicalmente.

              Y así debe ser. Porque como lo que no puede negarse es la existencia de los
              crímenes perseguidos, el ministerio fiscal a partir de ese momento, no se me
              alcanza que pueda adoptar entonces postura distinta a la de ser beligerante en la
              persecución de los mismos. No podría explicarse, llegado el caso, una calificación
              absolutoria si procesados hubiere en una y otra causa. Seguro estoy de ello.

              Cosa distinta será, si ese momento llega, la de cuántos procesados podrán sentarse
              en el banquillo de los acusados, ocupe o no asiento nuestro protagonista de hoy, lo
              que la investigación dilucidará. Pero si el general Pinochet ocupara en él un sitio de
              honor -es un decir-, le deseo sinceramente una feliz estancia en España, en la
              seguridad de que tendrá todas las garantías que proporciona un Estado de
              Derecho. Las que él negó a sus víctimas.

              Esperanzador es, de otra parte, que miembros de nuestro Gobierno hayan
              manifestado que respetan y respetarán las decisiones de nuestros tribunales. Ello
              parece obvio por ser lo correcto, pero bueno es saberlo.

              Sé perfectamente que el asunto no es pacífico en Chile. Pero si no lo es, sólo a ese
              general es debido. Que es torpe, lo demuestra el hecho de trasladarse a Londres
              sabiendo que existen procedimientos abiertos contra su persona y si la
              investigación lo avala, podrá perfectamente solicitarse su extradición. Pero sepa él
              y el buen pueblo chileno, todos los chilenos, que nadie en este país desea
              venganza contra quien penosamente rigió sus destinos, sino simplemente que se
              haga justicia.

              Pero venga o no a nuestro país tan augusto personaje, sus crímenes nunca serán
              olvidados. Recordemos a Bertolt Brecht: "General, tu tanque es poderoso/ arrasa
              un bosque y aplasta a mil hombres/ pero tiene un defecto: necesita un conductor.
              General, tu bombardero es poderoso/ vuela más rápido que la tormenta y carga
              más que un elefante/ pero tiene un defecto: necesita un piloto. General, el hombre
              es peligroso/ puede volar y puede matar/ pero tiene un defecto: puede pensar".
              Que se defienda bien ante el juicio de los mortales, si tan feliz acontecimiento llega,
              que el juicio de la Historia ya ha emitido sentencia.
 

              Juan José Martínez Zato es fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la
              Inspección de la Fiscalía General del Estado.

El Pais 22/10/98
Pinochet y la geografía de los derechos
PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ

              Hace unos años, Vázquez Montalbán, refiriéndose a los crímenes de la dictadura
              militar argentina, lamentaba que no pudieran tener otro Nuremberg que "el de la
              memoria". A sabiendas de que en la materia son bastantes los desmemoriados.
              Seguramente, ésa era también la impresión del general Pinochet.

              Sin embargo, las cosas han cambiado. No en el plano normativo, en el que, por lo
              que ahora se ve, las reglas no tenían que cambiar: bastaba simplemente aplicarlas.
              Lo que ha cambiado, o comenzado a cambiar, es la práctica judicial.

              Como el lector recordará, las primeras vicisitudes en el juzgado suscitaron recelos,
              sospechas de afán de protagonismo, de usos retórico-políticos del derecho.
              También intervenciones de una fiscalía con pintoresca interpretación del delito de
              terrorismo, inspirada en un realismo político nada sutil, impregnado de ese
              positivismo jurídico de cuartel al que se debe la teoría de las democracias en
              estado de necesidad y la lectura de las listas de muertos y desaparecidos en clave
              de cirugía patriótica de urgencia.

              Reverdeció también todo un cúmulo de consideraciones acerca del respeto debido
              a los procesos históricos de transición, cuyo protagonismo correspondería en
              exclusiva a las ciudadanías de los países interesados. Se reiteraron las llamadas a la
              prudencia y al sentido común, al respeto a la generosidad de quienes habían
              optado por olvidar el pasado a cambio de paz en el presente y cabe que en el
              futuro. Se recordó la vigencia de una especie de principio de no injerencia en la
              historia de países ajenos; con el argumento implícito de que cada colectividad,
              dentro de sus fronteras, es el único sujeto legitimado para actuar como
              protagonista de la propia.

              No seré yo quien trivialice sobre algunos de estos razonamientos ni reste
              importancia a la gravedad de las situaciones en las que fueron operativos, bajo la
              amenaza real de poderes fácticos heredados , dotados de pleno vigor.

              Ocurre, no obstante, que, sin abandonar el terreno de la experiencia histórica y
              dejando a un lado, de momento, consideraciones normativas, también forma parte
              de ella el dato de que las políticas masivamente homicidas que son el referente de
              esta reflexión se pusieron en marcha bien a sabiendas de que la eventual respuesta
              de alguna justicia criminal no formaba en absoluto parte del horizonte de
              posibilidades a tener en cuenta. Es decir, se contaba con la impunidad como dato
              integrante del futuro previsible, cualquiera que llegase a ser el tratamiento de las
              políticas criminales de las dictaduras; siempre asuntos internos de los respectivos
              países.

              Con lacerante paradoja, mientras los intereses más sórdidos, y, desde luego, los
              nada secundarios de carácter económico inherentes a tales odiosas vicisitudes, no
              conocieron problemas de fronteras ni de aduanas, y disfrutaron de una precoz
              ciudadanía universal; los mecanismos de protección de los derechos
              dramáticamente quebrantados, primero, y las posteriores legítimas acciones de
              reparación jurídica, después, tuvieron que detenerse ante aquellos confines,
              administrados en esto de forma tan distinta que autoriza a hablar de una peculiar
              geografía de los derechos . Que, claramente, ha venido siendo equivalente a la
              negación práctica de los mismos en una parte sustancial de la geografía del planeta.
              Como sigue sucediendo, en este peculiar contexto internacional en el que, sin
              embargo, puede montarse una guerra del Golfo en quince días si la naturaleza y la
              titularidad de los derechos en conflicto lo justifica.

              Pero el asunto, aparte de la dimensión moral, tan obvia como ausente de algunos
              discursos, tiene otra jurídica y jurídico-positiva que no cabe en modo alguno dejar
              de lado. Y tampoco enterrarla con hechuras de rábula bajo la letra pequeña del
              boletín o gaceta oficial del Estado de turno. Estado nacional, por supuesto, en una
              materia en la que por razones del mejor derecho debería ya prevalecer de manera
              incondicionada el más generoso universalismo.

              En el caso del general Pinochet y de los procesos que le afectan en España, aparte
              de las reglas de atribución de la competencia al juez español, de difícil discusión
              con la ley en la mano, concurren razones de derecho sustantivo que los valedores
              de los derechos de las víctimas se han encargado de explicitar de forma no fácil de
              refutar. En todo caso, razones dotadas de un rigor jurídico que hace que la
              decisión al respecto tenga que ser jurisdiccional, esto es, corresponder, de manera
              exclusiva, a los tribunales.

              En efecto, en el caso del delito de genocidio, se debe a los propios inculpados, en
              sus textos y declaraciones, el mejor argumento para la actual criminalización por
              ese concepto. Los asesinados y desaparecidos lo fueron, según tales fuentes de la
              máxima autenticidad, como grupo de nacionales que no cabía en el desalmado
              proyecto de nación concebido por las dictaduras del Cono Sur.

              Y que la hipótesis del terrorismo como título de imputación está asimismo
              justificada lo demuestra la consideración de la naturaleza de los medios empleados
              y la de las acciones realizadas con ellos, que chocaban incluso con el orden
              jurídico de los regímenes golpistas. Que en esto y por eso tuvieron que actuar al
              margen de su aberrante legalidad, que ya es decir.

              A tal sobreabundancia de las mejores y más altas razones de derecho se opone
              ahora la objeción derivada del status de senador de la actual democracia chilena
              del general (¡qué ironía!). El argumento difícilmente podría ser más surrealista y
              menos consistente. Primero, porque se trata de una ley que -como el decreto-ley
              que le hizo beneficiario de la amnistía-, vigente en Chile, no vincula a los tribunales
              españoles. Y, además, porque, considerado el asunto desde un punto de vista
              material y de la racionalidad de la norma, el privilegio invocado en favor del atípico
              parlamentario tendría razón de ser frente a la eventual imputación de acciones
              realizadas en el ejercicio de esa función y para preservar al Parlamento chileno de
              posibles intervenciones interesadas en alterar el resultado de las urnas. Cuando es
              diáfano que los actos que se trata de enjuiciar nada tienen que ver con Pinochet
              senador y todo parece indicar que esa respetable institución del país hermano
              podría soportar sin graves quebrantos en su funcionalidad democrática el traslado
              del ex dictador del escaño al banquillo.

              Los procesos en curso en España por crímenes de las dictaduras chilena y
              argentina implican un cambio de paradigma en el tratamiento judicial de los
              crímenes de lesa humanidad, una recuperación del sentido y de los recursos de la
              legalidad que, lamentablemente, permanecía infrautilizada como paradógica
              garantía de la no persecución real de los crímenes más odiosos. En ese contexto, el
              Gobierno de José María Aznar, que tanto se ha prodigado en declaraciones de
              respeto a la acción de la justicia en ocasiones bien próximas, tiene ante sí un caso
              ideal, toda una oportunidad histórica, para demostrar que en esas afirmaciones
              había algo más que retórica. Aunque parece bueno recordar que, en contra de lo
              que algunos creen, la opción en la materia no es, no puede ser, política, en el
              sentido de facultativa, porque no lo permite la categoría de los valores
              subyacentes.

              Es el momento de poner un verdadero punto final a la estrategia de la indiferencia
              frente a los crímenes más horribles que ha venido prevaleciendo, de afirmar con
              hechos que en el futuro dejarán de existir zonas francas de derecho, fronteras en la
              geografía de los derechos, paraísos de la impunidad para los violadores de los más
              relevantes de éstos.
 

              Perfecto Andrés Ibáñez es magistrado.