tallerDMadrid

9 04 2001

Elkarri denuncia la quiebra de derechos y libertades en la instrucción de sumarios en la Audiencia Nacional

Desde 1997 el Juzgado de Instrucción n: 5 de la Audiencia Nacional ha emprendido hasta ocho operaciones de detenciones y acusaciones contra grupos de personas a los que se ha relacionado con supuestas tramas civiles o políticas de ETA. En una primera etapa, estas actuaciones se justificaron en base a la acusación de colaboración con banda armada; y en los últimos casos, en base a la acusación de pertenencia a banda armada. En todas las operaciones el proceso ha sido prácticamente el mismo:

a) Una interpretación extensiva y difusa del delito de colaboración o pertenencia a banda armada sin encaje objetivo en los supuestos contemplados por el Código Penal, y una imputación, implícita o explícita, de la autoría del delito a sujetos colectivos, dando todo ello como resultado la detención y prisión provisional de decenas de personas.

b) En todos los casos, durante el día de las detenciones y los siguientes, la operación se ve acompañada de una importante avalancha informativa de carácter netamente incriminatorio de las personas detenidas y de las entidades puestas en tela de juicio. El contexto que se crea es de atropello de la presunción de inocencia y de juicio paralelo y sumario.

c) Pasados algunos meses y en cuanto el proceso da lugar a la revisión del caso en otra Sala o instancia judicial, la mayor parte de los detenidos son puestos en libertad y se evidencia que las acusaciones que pesaban sobre ellos y sobre las entidades a las que pertenecían carecen de fundamento indiciario o probatorio.

Ante esta situación, tantas veces repetida, elkarri desea manifestar o reiterar los siguientes argumentos:

1. Este movimiento social considera que la defensa de los Derechos Humanos y de un sistema de libertades y garantías jurídicas constituye un absoluto ético. Nuestra premisa es defender todos los derechos y libertades, y defender los derechos y libertades de todas las personas. Es, a partir de este principio, desde el que analizamos y valoramos estos hechos.

2. Los procesos de instrucción que se desarrollan desde la Audiencia Nacional contra entidades de caracter civil o político, a las que se viene atribuyendo una colaboración o pertenencia a banda armada que nunca se termina de probar, provocan inquietud y pérdida de confianza en el funcionamiento de la Justicia y en su fundamento garantista. Son muestra de procedimientos poco serios y faltos de rigor que desembocan en inseguridad jurídica. Suponen una vulneración de las libertades y derechos elementales de las personas y entidades afectadas que es imprescindible denunciar con energía y claridad.

3. Estos procesos acusatorios se han visto acompañados de un contexto político e informativo de justificación de los mismos y de judicialización de ideas que, compartibles o no, son lícitas y legítimas en un país democrático. En este sentido y desde el punto de vista de la salud intelectual y democrática de esta sociedad, resulta sumamente preocupante el unanimismo de la opinión publicada en relación a estas operaciones porque impide y anula toda función de control social de los poderes públicos. Quiebra de facto el principio de contradicción en el que debe basarse un sistema democrático de garantías básicas para el ciudadano. Todo esto es de una enorme gravedad, mucho más cuando, sistemáticamente todos estos procesos, a los pocos meses de ser abiertos, se muestran carentes de fundamento.

4. Desde el punto de vista político, detrás de esta inquietante realidad se encuentran dos convicciones equivocadas y de naturaleza pre-democracia. En primer lugar, el Gobierno español cree que la Justicia puede ser utilizada como parte de una estrategia política propia y concreta. El Gobierno, dentro de esa estrategia política, difunde la idea de que "ETA no son sólo sus comandos sino todos los que coinciden en ideas o proyecto político con ETA". Necesariamente esta premisa debe conllevar una consecuencia jurídica y penal aunque no medie para ello prueba ni indicio incriminatorio alguno. En segundo lugar, se esta extendiendo una doble idea perversa y preocupante: "contra ETA todo vale y frente a ETA lo apremiante es tener un culpable, cualquier culpable sobre el que arrojar todas las responsabilidades".Todo esto viene a representar el triunfo de la iniquidad sobre los principios éticos y democráticos: hacer de lo excepcional lo normal y legitimar como aceptable lo que de ordinario sería inaceptable. Asumir que, cuando del tema de la violencia se trata, no es preciso reparar ni en principios éticos ni en preceptos legales. No importan los criterios, las normas o las reglas de actuación democrática, porque todo vale contra ETA.

5. La mas enérgica defensa del derecho a la vida, la solidaridad mas estrecha, cálida y comprometida con las víctimas y con todas las personas amenazadas o el rechazo mas claro y contudente frente a la violencia de ETA no deben confundirse nunca con la vindicación, ni con la aprobación de lo ética y políticamente inadmisible, ni con la insensibilidad ante otras vulneraciones de derechos y libertades.

6 de abril de 2001

elkarri movimiento social por el dialogo y el acuerdo