Madrid, 7 de febrero de 2000

A la Comunidad Magrebíe en Andalucía
A La Comunidad Inmigrante
A La Población en General

Ante los graves incidentes de agresiones físicas, verbales, amenazas de muerte y manifestaciones racistas y xenófobas contra vuestra comunidad, queremos hacerles partícipes de nuestra solidaridad y expresarles nuestra más enérgica repulsa y condena a estas acciones bárbaras e incontroladas que encubren el resentimiento y el complejo de inferioridad de quienes no tienen capacidad para aceptar la diferencia, tanto étnica, cultural como social. Estos hechos violan los principios constitucionales, constituye una agresión a la dignidad humana y es una flagrante violación de los derechos humanos, es por tanto, la muestra del desprecio a la persona humana, seres sin escrúpulos que fagocitan y destruyen a sus congéneres.

Parece ser que se quiere desconocer públicamente el aporte cultural, social y económico que realizamos los inmigrantes en España. Con nuestra fuerza productiva, con el cumplimiento del pago de nuestros impuestos, estamos contribuyendo a la economía de este país y al parecer, ciertos sectores de la sociedad están empeñados en negar este hecho, intentando proyectar una imagen negativa y molesta, simplemente por el hecho de ser diferentes y con otro color de piel, y extraña aún más, que estos hechos ocurran en España, un país con un fuerte pasado migratorio, aún presente en nuestros días en muchos otros países.

Así como condenamos y exigimos el cumplimiento de la Ley para sancionar a quien comete un delito, sea español o sea extranjero, también lo somos para exigir a las autoridades, organizaciones políticas y sociales una acción inflexible y contundente en la defensa de los derechos de los inmigrantes en España. Creemos que deben manifestarse oficialmente un rechazo total a todo tipo de manifestación racista y xenófoba.

Condenamos así mismo la manipulación política del actual gobierno que ha hecho de la Ley de Extranjería, mostrando una actitud irresponsable son quienes públicamente enviaron a la sociedad un mensaje de emergencia social, y sentaron las bases y las condiciones para que hechos como éstos se vuelvan cotidianos, nos han colocado en el punto de mira de gente irreflexiva y visceral.

No se pueden admitir tibiezas ni excepciones y mucho menos minimizar los hechos como algo anecdótico y aislado, sino como un suceso que ha de servir de reflexión y análisis sobre los valores que están gestándose en el seno de una sociedad que tiende a la globalización, por lo tanto, la sociedad española debe de ser capaz de asumir las consecuencias negativas y positivas que este hecho genera. Así como los países del Norte y entre ellos España, se benefician con este modelo económico a costa de los países del Sur, los que se ven cada vez más empobrecidos, también deben de aceptar en el seno de su sociedad a los ciudadanos proveniente de estos países, que no les queda otra opción más que la emigración como respuesta a éste mismo fenómeno, para poder así, ganarse la vida y servir de sostén de las precarias economías en las que se encuentran sus familiares.

Es ahora cuando los agentes sociales, políticos, sindicales y el conjunto de la sociedad española, ha de pronunciarse públicamente, y aplicar todo el peso de la ley en quienes infringen una flagrante violación de los Derechos Humanos, que además está recogida y tipificada en el Código Penal, para que hechos como éstos no se generalicen y se vuelvan actos cotidianos. Que la España defensora de los principios y valores de la convivencia social, defensora de la paz en otros territorios, sea capaz de poder actuar dentro de sus entrañas, para erradicar estos odios raciales, ello se logrará trabajando en la conciencia colectiva de sus gentes a través de la educación de dichos valores, que deben ser transmitidos por todos los medios públicos y privados a su alcance.

Grupo MALWEN (espacio de mujeres inmigrantes) - PROYECTO CULTURA y SOLIDARIDAD