La Fiscal de Medio Ambiente en Guadalajara, Mª Dolores Guiard, ha recibido por segunda vez a representantes de Ecologistas en Acción, del grupo político AVIC y vecinos de la urbanización Caraquiz, los cuales han entregado varios informes y han comparacido como primer paso a las Diligencias Previas Informativas que la fiscal ya ha dado por abiertas. El encuentro ha durado más de una hora y ha servido para la comparecencia de todos los presentes, así como para seguir intercambiando información con el objeto de denunciar por posible prevaricación el pacto entre la Consejeria de Medio Ambiente y la promotora de la IV Fase de Caraquiz, Soloquiz, S.A.

Con el objetivo de agotar todos los recursos a nuestro alcance, Ecologistas en Acción de Guadalajara, también ha mantenido en Toledo, una reunión con varios diputados del Partido Popular en las Cortes Regionales, para trasladarles toda la información relativa al caso de la IV Fase de Caraquiz (UCEDA) y con objeto de que este grupo político haga todo lo que esté a su alcance para denunciar el acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y la promotora Soloquiz, S.A.

A la reunión, que tuvo lugar ayer en las Cortes Regionales, acudieron Carmen Plaza, diputada por Guadalajara y Carmen Bayod, diputada por Albacete y responsable de temas urbanísticos en el partido, para estudiar detenidamente los antecedentes históricos desde que en 1978 se produjera una recalifación de todas la fases urbanizables en el bosque hasta el día de la fecha, donde se ha llegado a un acuerdo para destruir más de 20 has. de bosque mediterráneo en un buen estado de conservación y con un alto valor ecológico.

El grupo parlamentario popular en Castilla-La Mancha se ha comprometido a analizar y estudiar detalladamente este caso, con el que comparten los mismos puntos de vista que Ecologistas en Acción, y trasladaran desde su representatividad en las Cortes todas las preguntas necesarias para clarificar este pacto.

Así mismo, toda la información entregada a la fiscal, se remite a la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, abriendo otra vía dentro de los cauces que tenemos las organizaciones y los ciudadanos para la defensa de los intereses generales. Dicho escrito, con toda la documentación, insta a la Defensora del Pueblo a llevar a cabo una investigación exhaustiva del caso, y que se atenga la decisión final al informe de Calidad Ambiental emitido el 7 de abril de 2002, así como la ratificación por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, de fecha de 26 de abril de 2002.

Desde Ecologistas en Acción sospechamos, incluso, de un posible caso de escándalo político-inmobiliario, donde como siempre son los intereses colectivos los perjudicados por la toma de decisiones erróneas.